Ley del Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI)

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GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA DE VENEZUELA Caracas, viernes 23 de mayo de 1975 Número 1.746 Extraordinario DECRETO NUMERO 908 13 DE MAYO DE 1975 CARLOS ANDRES PEREZ PRESIDENTE DE LA REPUBLICA De conformidad con lo previsto en el ordinal 1º del artículo 1º de la Ley Orgánica que autoriza al Presidente de la República para dictar Medidas Extraordinarias en Materia Económica y Financiera, en Consejo de Ministros; Decreta: la siguiente: LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA TITULO I Disposiciones Fundamentales De la Naturaleza Jurídica y Objeto Artículo 1º.- El Banco Obrero, Instituto Autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio y distinto del Fisco Nacional, creado por Ley del 30 de junio de 1928, se transforma, con el mismo carácter, en el Instituto Nacional de la Vivienda, adscrito al Ministerio de Obras Públicas o a otro Ministerio que determine el Ejecutivo Nacional. Artículo 2º.- El Instituto Nacional de la Vivienda es el organismo ejecutor y administrador de la política de vivienda de interés social, de conformidad con el plan general de desarrollo económico y social y en un todo de acuerdo a la política de desarrollo urbanístico y ordenación territorial que al efecto formule el Ejecutivo Nacional. El Instituto tendrá por principal objeto atender al problema habitacional de la población que el Ejecutivo Nacional califique como sujeto de protecció n especial en la dotación de vivienda. Artículo 3º.- A los efectos del cumplimiento de sus objetivos, el Instituto se dividirá en Departamentos Especializados para la administración de viviendas; para la adquisición y venta de tierras; para la construcció n de viviendas o para cumplir otras funciones que se considere conveniente realizar a través de estos Departamentos, los cuales actuarán en forma descentralizada, con contabilidad separada y con los bienes y recursos que el Directorio afecte al servicio de cada uno y se regirán, en sus respectivas actividades, por las disposiciones de esta Ley y su Reglamento. La suprema dirección de estos Departamentos la ejercerá el Directorio del Instituto y la administración de cada uno, la persona que éste designe, quien firmará todos los actos y documentos del Departamento respectivo a nombre del Instituto Nacional de la Vivienda. Artículo 4º.- El Instituto podrá constituir empresas locales o regionales que tengan por objeto la administración de viviendas, la adquisición y venta de tierras, la construcción de viviendas o cualesquiera otras funciones que se le atribuyan para el cumplimiento de actividades temporales o permanentes, inherentes a las funciones propias del Instituto. Artículo 5º.- El Instituto tiene su domicilio en la ciudad de Caracas y podrá establecer las dependencias regionales y zonales que juzgue necesarias. TITULO II Del Patrimonio Artículo 6º.- El Patrimonio del Instituto Nacional de la Vivienda en de cinco mil millones de bolívares (Bs.5.000.000.000,00) y está constituido por el conjunto de los bienes, derechos y obligaciones del Banco Obrero, del cual es continuador jurídico. Este patrimonio podrá ser aumentado con nuevos aportes del Ejecutivo Nacional o por cualquier otro medio legal. Los recursos necesarios para cubrir los gastos del funcionamiento del Instituto, serán provistos por el Ejecutivo Nacional a través de la Ley General de Presupuesto de Ingresos y Gastos Públicos. TITULO III De la Administración y Dirección Artículo 7º.- La Dirección y Administración del Instituto, estará a cargo de un Directorio, integrado por un Presidente y cuatro Directores, uno de éstos, en representación de los trabajadores. Los miembros del Directorio serán de libre nombramiento y remoción del Presidente de la República por intermedio del Ministro de Obras Pública. El representante de los trabajadores y sus suplentes, serán designados de acuerdo con lo previsto en la Ley sobre representación de los trabajadores en los Institutos Autónomos, Empresas y Organismos de Desarrollo Económico del Estado. Artículo 8º.- El Presidente del Instituto será funcionario a dedicación exclusiva. Los Directores tendrán, además de las obligaciones que le señalen esta Ley y su Reglamento, la de asistir a las reuniones del Directorio, y no se considerarán funcionarios públicos. Artículo 9º.- Entre las personas que constituyan el Directorio no deberá existir parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad, ni segundo de afinidad, ambos inclusive. Artículo 10.- Los funcionarios a que se refiere el artículo 7º no podrán celebrar válidamente ningún tipo de contrato con el Instituto ni con ninguna de las empresas previstas en el artículo 4º de esta Ley. Artículo 11.- Son atribuciones del Directorio: a) Ejercer la suprema dirección de los negocios del Instituto; b) Estudiar y decidir sobre el otorgamiento de créditos, préstamos y avales; c) Estudiar y decidir sobre la concesión de subsidios al costo de las viviendas, conforme lo determine el Ejecutivo Nacional; d) Estudiar y decidir los financiamientos y refinanciamientos que debe hacer el Instituto en sus diversas actividades; e) Acordar la emisión de obligaciones financieras; f) Resolver sobre la inversión de los recursos del Instituto, de acuerdo con esta Ley y su Reglamento; g) Estudiar y resolver la creación de empresas, previa autorización del Ejecutivo Nacional; h) Disponer y realizar los actos para cumplir con el objeto y funciones que le atribuyen esta Ley y su Reglamento; i) Dictar el reglamento interno del Instituto, previa aprobación del Ejecutivo Nacional; j) Acordar el establecimiento, reorganización o supresión de los Departamentos, Oficinas o Dependencias Nacionales, regionales o zonales; k) Conocer y resolver acerca de los demás actos y negocios que interesan directamente al Instituto; l) Todas las demás atribuciones que le señalen esta Ley y su Reglamento. Artículo 12.- El Directorio podrá delegar, en funcionarios del Instituto, bajo su responsabilidad, la firma de actos y documentos. La delegación se hará por resolución firmada por los miembros del Directorio, que se publicará en la GACETA OFICIAL DE LA REPUBLICA; en esta resolución se especificará en forma precisa y taxativa, los actos y documentos cuya firma se delega. TITULO IV De las Operaciones Artículo 13.- Para el cumplimiento de su objeto el Instituto Nacional de la Vivienda podrá efectuar las siguientes operaciones: 1.- Construir y adquirir viviendas para ser vendidas o arrendadas a las personas indicadas en esta Ley, a los precios establecidos por el Directorio; y construir las instalaciones necesarias para el equipamiento comunitario; 2.- Adquirir y vender terrenos si así conviniere a los fines del Instituto; 3.- Celebrar contratos de comodato y de enfiteusis de inmuebles; 4.- Conceder créditos con garantías hipotecarias; 5.- Construir, renovar y remodelar áreas residenciales; 6.- Fomentar la construcción de viviendas; 7.- Promover con el sector privado de la construcción, el desarrollo de obras de urbanismos y edificaciones de viviendas, conforme a los planes formulados por el Ejecutivo Nacional; 8.- Adquirir bienes muebles para uso del Instituto, los cuales podrá enajenar o gravar cuando lo juzgue conveniente, conforme a la Ley; 9.- Comprar, vender y permutar créditos hipotecarios; 10.- Otorgar fianzas y avales para la construcción de urbanizaciones y de viviendas cónsonas con la finalidad del Instituto. Cuando las fianzas y avales superen a los diez millones de bolívares, se requerirá de la autorización previa del Presidente de la República, en Consejo de Ministros. El monto total de las fianzas y avales otorgados no podrá exceder de veinticinco por ciento del patrimonio del Instituto. El Ejecutivo Nacional podrá modificar el porcentaje anterior cuando lo considere procedente; 11.- Importar o comprar en el país materiales de construcción para los fines previstos en esta Ley. 12.- Obtener crédito público mediante la emisión de Bonos de la Deuda Pública, según las previsiones de la Ley de Crédito Público; 13.- Contratar préstamos en el país o en el exterior, a plazos menores de un año, previa autorización del Ministerio de Hacienda; 14.- Acordar y conceder subsidios, totales o parciales, permanentes o temporales a los adjudicatarios cuyos ingresos no le permitan sufragar los costos de las viviendas definidas en el artículo 2º de esta Ley. El Reglamento de la Ley establecerá los montos máximos y los requisitos que deberán cumplirse para el otorgamiento de los subsidios en este numeral; 15.- Ejecutar los programas y realizar los actos permitidos por otras leyes o que le encomiende el Ejecutivo Nacional; 16.- Ejecutar operaciones de fideicomiso y comisiones de confianza de organismos públicos y privados, que estén relacionados con su objeto principal; 17.- Elaborar y desarrollar programas de acción social para las comunidades que se instalen o que existan en las áreas urbanas atendidas por el Instituto; 18.- Otorgar créditos para la construcción o adquisición de viviendas, con la garantía de las prestaciones sociales de los correspondientes beneficiarios; 19.- En general, ejecutar todos aquellos actos que sean necesarios para llevar a efecto o liquidar las operaciones autorizadas pos esta Ley y su Reglamento. TITULO V De los Contratos Artículo 14.- El Instituto podrá vender al contado o a plazo, dar en arrendamiento puro y simple o con opción a compra, o en comodato y enfiteusis los inmuebles de su propiedad, solamente a las personas que no posean vivienda propia y que reúnan las demás condiciones que se establecerán en el Reglamento de esta Ley. Artículo 15.- Ninguna persona podrá adquirir más de una vivienda; y ésta deberá destinarse, en todo caso, exclusivamente a habitación del adquiriente y su familia y personas a su cargo. Cuando el comprador adquiera otra vivienda con posterioridad y por cualquier titulo, el Instituto dará por terminado el contrato. Artículo 16.- El Instituto Nacional de la Vivienda tiene derecho de preferencia para readquirir los inmuebles que haya vendido en cumplimiento del objetivo fundamental que le asigna esta Ley, dentro de los veinticinco (25) años siguientes a la operación de compra-venta. A tal efecto, el comprador interesado en vender el inmueble adquirido, lo notificará al Instituto, a fin de que éste, dentro de los noventa (90) días siguientes a contar de la fecha de la notificación, ejerza el derecho aquí establecido o entregue al interesado constancia de que no está dispuesto a ejercerlo. Artículo 17.- El Registrador no protocolizará documento alguno de enajenación de inmuebles a que se refiere el artículo anterior, si no le fuere presentada la constancia escrita de que el referido Instituto no tiene interés en la correspondiente readquisición. La protocolización en contravención de lo dispuesto en este artículo se tendrá como no hecha. TITULO VI De la venta judicial de los inmuebles hipotecados Artículo 18.- Cuando se haga exigible la totalidad o el saldo de una deuda hipotecaria; el Instituto podrá hacer uso del procedimiento de ejecución de hipoteca establecido en el Título III del Libro Tercero del Código de Procedimiento Civil, con las modificaciones contenidas en este Capítulo. Artículo 19.- El Instituto acompañará a su solicitud además del documento hipotecario, un estado demostrativo de la cuenta del deudor autorizado por el Presidente o por el funcionario del Instituto en quien se haya delegado tal facultad. El Tribunal, previo examen de los recaudos acompañados, acordará, sin citación alguna, el embargo del inmueble hipotecado. Artículo 20.- Llegada la oportunidad del remate, éste se anunciará en un solo cartel que se fijará en las puertas del Tribunal, y se publicará en un diario de Caracas y también si lo hubiere, en un diario que se edite en el Distrito, Departamento o Territorio de la ubicación del inmueble. Artículo 21.- El cartel indicará: 1.- el nombre del Instituto y el nombre, apellido y domicilio deudor; 2.- la situación y linderos del inmueble; 3.- la base del remate; 4.- los gravámenes que tenga el inmueble; y 5.- el lugar, día y hora en que se haya de verificar el remate. Artículo 22.- La base del remate serán las tres cuartas partes del avalúo, el cual se efectuará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 de esta Ley. Si no hubiere oferta por la base del remate, el inmueble será adjudicado al Instituto por la cantidad correspondiente al monto de la base establecido en este artículo. Artículo 23.- La publicación del cartel de remate hará las veces de citación respecto a los demás acreedores hipotecarios y de cualquier otra persona que se considere con algún derecho sobre el inmueble objeto de la ejecución. Artículo 24.- Iniciado el procedimiento de venta en pública subasta, no podrá decretarse ninguna medida preventiva, ni ejecutiva sobre el inmueble a instancia de terceros. Artículo 25.- El rematador no estará en posesión del inmueble si no hubiere consignado el precio, a menos que presente la prueba de que el Instituto lo ha aceptado como deudor. En este caso, si la adjudicación se ha hecho por una cantidad mayor que la acreencia del Instituto deberá, además haber consignado la diferencia. Solo podrán ser postores en los remates las personas que reúnan las condiciones requeridas en esta Ley para ser adjudicatorios del Instituto. TITULO VII De los cobros judiciales Artículo 26.- En los demás casos en que el Instituto proceda al cobro judicial de sus créditos, regirán las disposiciones del Código de Procedimiento Civil, con las modificaciones contenidas en los artículos siguientes. Artículo 27.- Cuando a petición del Instituto se acuerde el embargo de bienes muebles o inmuebles, el nombramiento de depositario deberá recaer en la persona que indique el Instituto, la cual podrá ser un funcionario del mismo. Artículo 28.- El remate de cosas muebles que haya de efectuarse a petición del Instituto se anunciará con tres (3) días de anticipación, por un solo cartel que se publicará, además, por la prensa, si en el lugar se editare algún periódico. Artículo 29.- El remate de los bienes inmuebles o de derechos sobre los mismos que deba efectuarse a petición del Instituto, se anunciará por medio de un cartel que se publicará con diez (10) días de anticipación al acto, observándose para los demás actos lo dispuesto en el Título anterior de esta Ley. Artículo 30.- El justiprecio de la casa embargada se hará siempre por un solo perito que el Instituto y el ejecutado designarán de común acuerdo. A falta de acuerdo entre las partes o en caso de no comparecencia al acto de cualquiera de ellas, el nombramiento lo hará el Tribunal. Artículo 31.- Cuando se trate de la citación de los miembros de una sucesión, de varios demandados con intereses comunes, por una misma obligación, no presentes, se nombrará un solo defensor que los represente a todos. TITULO VIII De la Retención Obligatoria para el Pago de Viviendas Artículo 32.- El patrono está obligado a retener a sus trabajadores, cuando estos sean deudores del Instituto por concepto de vivienda, en la oportunidad del pago del sueldo o salario, la parte correspondiente a la cuota de amortización o al alquiler, según el caso. Artículo 33.- A los efectos de esta Ley se consideran patronos tanto a las personas naturales como jurídicas, públicas o privadas que tengan contratos o relación de trabajo con deudores del Instituto por concepto de vivienda. Estos deudores están sujetos a la retención obligatoria, cualquiera que fuera el monto de su remuneración y tiempo de duración del contrato o relación de trabajo. Artículo 34.- Los patronos depositarán mensualmente en el Instituto o en cuentas especiales que éste tenga en los bancos comerciales las cantidades retenidas. Artículo 35.- Los deudores del Instituto por concepto de viviendas están en la obligación de declarar a sus patronos esa condición, para que éstos procedan a aplicar la retención obligatoria. Todo patrono debe constatar si entre sus trabajadores hay deudores del Instituto, con el fin de aplicar la retención obligatoria. A los efectos del control de esta retención, se creará un sistema mediante la emisión de una credencial a nombre del deudor, que deberá ser firmada por el patrono. Parágrafo Unico: El patrono que no cumpla con la obligación de realizar la retención obligatoria a que se contrae este artículo, una vez que haya recibido del Instituto o de los deudores, la información mencionada, queda obligado solidariamente por la deuda de sus trabajadores para con el Instituto. Artículo 36.- Los procedimientos y modalidades para la aplicación de la retención obligatoria se establecerán en el Reglamento de esta Ley. TITULO IX De las Sanciones Artículo 37.- Cuando los miembros de la Junta Directiva del Instituto, contravengan lo establecido en el artículo 10, los contratos que se celebren estarán afectados de nulidad absoluta y su protocolización se tendrá como no hecha. El funcionario será destituido del cargo y cualquier enriquecimiento que haya obtenido en el negocio jurídico se considerará ilícito y dará motivo a enjuiciamiento conforme a lo previsto en la Ley de la materia. Artículo 38.- El incumplimiento en el pago de seis (6) mensualidades en los contratos de venta a plazos o de arrendamiento con opción a compra; y de tres (3) mensualidades en los de arrendamiento simple da derecho al Instituto para proceder judicialmente de conformidad con lo dispuesto en el Título V de esta Ley. Artículo 39.- El incumplimiento en el pago de seis (6) mensualidades en los arrendamientos con opción a compra hace perder el derecho a ejercer la opción. Sin embargo, el Instituto puede mantener la opción a favor del arrendatario si las circunstancias así lo aconsejan. Asimismo, el incumplimiento en el pago de seis (6) mensualidades en los contratos enfitéuticos da derecho al Instituto a la rescisión del contrato respectivo. Artículo 40.- El incumplimiento en el pago de seis (6) mensualidades en los contratos de préstamos con amortización gradual da derecho al Instituto a proceder judicialmente de conformidad con lo dispuesto en el Título V de esta Ley. Artículo 41.- Cuando se enajene, traspase, grave o arrienden los bienes o derechos dados en garantía al Instituto, sin consentimiento escrito y motivado de éste, el Instituto considerará la obligación como de plazo vencido y procederá a ejecutar la garantía. Los gastos de ejecución serán de cargo del deudor. Artículo 42.- Cuando el propietario de un inmueble vendido por el Instituto esté pagado totalmente o nó, lo venda sin notificar previamente al Instituto para que éste ejerza el derecho de preferencia, el Instituto ejercerá de todos modos dicho derecho y los gastos que ello ocasione serán por cuenta del propietario. Artículo 43.- Cuando el inmueble vendido por el Instituto o dándole en garantía por préstamos concedidos por éste sea destinado a un uso diferente al establecido en el contrato de compra-venta se considerará la obligación como de plazo vencido, según el caso. Artículo 44.- Las personas que infrinjan las disposiciones de esta Ley en forma que pueda causar perjuicio al Instituto o interferir su función social, serán sancionadas con multas que oscilarán entre 500 y 50.000 bolívares. Artículo 45.- Todo aquel que especule con bienes muebles o inmuebles adquiridos del Instituto, será considerado reo del delito previsto en los artículo 1o. y 2o. de la Ley contra el Acaparamiento y la Especulación y sancionado con multa de 500,00 a 5.000,00 bolívares o con arresto proporcional de acuerdo a la gravedad de la infracción. Incurso en el mismo delito se considerará quien incumpla las condiciones de oferta de terrenos urbanizados o de inmuebles construidos con respaldo del Instituto, bien sea que la especulación se realice directamente o por personas interpuestas. La multa en este caso será de 500.000,00 a 2.000.000,00 de bolívares. En caso de reincidencia se aplicarán las penas previstas en la Ley anteriormente citada. Artículo 46.- Para el enjuiciamiento del delito señalado en el artículo anterior, se aplicará el procedimiento previsto en el Capítulo X del Libro Tercero del Código de Enjuiciamiento Criminal. Artículo 47.- Cuando un inmueble dado en arrendamiento simple sea subarrendado, el Instituto dará por terminado el contrato y procederá a solicitar su desocupación en la forma establecida en el artículo siguiente. Artículo 48.- En los casos en que fueren ocupados los inmuebles propiedad del Instituto o administrados por éste, por personas a quienes no les hayan sido adjudicados, el Instituto, previa constatación de los hechos mediante inspección ocular, requerirá de un Juez de Parroquia o Municipio de la jurisdicción, la desocupación del inmueble y éste la acordará de inmediato, haciendo uso si fuere necesario de la fuerza pública. Si de la averiguación que al efecto hiciere el Instituto apareciere que la ocupación se ha originado por impericia, imprudencia o negligencia de algún funcionario o empleado del Instituto, se procederá a su destitución inmediata y a imponérsele una multa de 1.000,00 a 5.000,00 bolívares. TITULO X Disposiciones Generales Artículo 49.- A los efectos de la expropiación, se declaran de utilidad pública la construcción de viviendas, la urbanización de terrenos, la renovación o remodelación de áreas urbanas que emprenda y realiza el Instituto Nacional de la Vivienda. Artículo 50.- La importación de artículos y materiales de construcción que efectúe el Instituto está exenta del pago de las correspondientes tasas e impuestos. Artículo 51.- El Instituto está exento de todo impuesto o contribución especial sobre utilidades y sobre emisión y cancelación de obligaciones financieras, y goza de franquicia postal y telegráfica. Artículo 52.- Los inmuebles propiedad del Instituto están exentos de los impuestos nacionales. Artículo 53.- Las viviendas vendidas por el Instituto no están sujetas a ejecución judicial por parte de terceros, mientras que los adquirientes tengan operaciones pendientes con el Instituto, relativas a las mismas. Artículo 54.- Ningún Tribunal podrá decretar embargo de los créditos acordados por el Instituto ni de cualquiera otra cantidad que se hallen en poder de éste por razón de las operaciones que hubiere celebrado. Artículo 55.- El Instituto deberá desempeñar cualquier función acorde con el espíritu de esta Ley, que le encomiende el Ejecutivo Nacional y proceder a la expropiación de cualquier bien, necesario a los fines del Instituto, decretado por el Ejecutivo Nacional. Artículo 56.- Las actuaciones judiciales o extrajudiciales, contratos de arrendamiento puro y simple o con opción a compra, están exentos del pago de impuestos de papel sellado y de estampillas. Los demás actos, contratos o negocios, gozarán de esta exoneración en cuanto beneficien al Instituto. Artículo 57.- A los efectos legales, los empleados del Instituto se considerarán funcionarios públicos. Artículo 58.- El Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio de adscripción, cuantas veces lo crea conveniente, enviará a la persona o personas que al efecto designe, para que practiquen el examen y la verificación de los libros de contabilidad, de actos y demás comprobantes del Instituto y asistan a las reuniones del Directorio, con voz en las deliberaciones. Artículo 59.- El Instituto remitirá al Ministerio de adscripción las cuentas y el informe semestral, sin perjuicio de suministrarle a ese Despacho los datos y comprobantes que en cualquier oportunidad se le pidan. El Ministerio de adscripción, incluirá estos balances e informes semestrales en su Memoria que presentará al Congreso Nacional. Artículo 60.- Los Tribunales, los Registradores y todos los funcionarios y autoridades de la República, deberán prestar gratuitamente los oficios legales de su ministerio en favor del Instituto, a requerimiento de un representante o apoderado de éste, para cualquier acto o diligencia en que deban intervenir por razón de sus funciones. Las solicitudes, actuaciones, documentos y copias que sean necesarias en estos casos, en interés del Instituto, se extenderán en papel común, sin estampillas y no estarán sujetos a impuestos ni contribución alguna. Artículo 61.- En ningún caso podrá exigirse caución al Instituto para una actuación judicial ni podrá ser condenado en costas, aún cuando se declaren confirmadas las sentencias apeladas desfavorables al Instituto, se nieguen los recursos interpuestos, se declaren sin lugar, se dejen perecer o se desista de ellos. Artículo 62.- El Instituto no responderá por la demora en el otorgamiento, autenticación o registro de las escrituras que comprueben las operaciones que celebre. Artículo 63.- La liquidación del Instituto Nacional de la Vivienda sólo podrá ser ordenada por una Ley especial y, llegado este caso, se pagarán sus obligaciones en el orden siguientes. a) Las hipotecas constituidas por Instituto, sobre los bienes objeto de la garantía; b) Las obligaciones financieras en circulación; c) Las demás obligaciones en el orden establecido por las Leyes. TITULO XI Disposiciones Transitorias y finales Artículo 64.- Queda sustituida la denominación "Ley de Banco Obrero" por la "Ley de Instituto Nacional de la Vivienda". Artículo 65.- El cambio de denominación no altera en absoluto las obligaciones, derechos, acciones, defensas, recursos, actuaciones, ni nada de los vigente, en favor o en contra del Instituto, todo lo cual continuará éste, a partir de la fecha de vigencia de esta Ley, con la nueva denominación. Parágrafo Unico: Los depósitos de ahorro vigentes actualmente en el Banco Obrero serán traspasados a las Entidades de Ahorro y Préstamo que indique el Banco Nacional de Ahorro y Préstamo. Artículo 66.- La forma, modalidades y la fecha de inicio de la retención obligatoria a que se refiere el artículo 32 de esta Ley serán fijadas y hechas públicas oportunamente por el Instituto. Artículo 67.- La presente Ley entrará en vigencia el 15 de junio de 1975, fecha esa en la cual quedará derogada la Ley de Banco Obrero de fecha 29 de noviembre de 1970. Artículo 68.- Infórmese a la Comisión Especial del Congreso de la República de la forma y contenido del presente Decreto antes de su promulgación. Dado en Caracas, a los trece días del mes de mayo de mil novecientos setenta y cinco . - Año 166º. de la Independencia y 117º. de la Federación. CARLOS ANDRES PEREZ. Y demás miembros del Gabinete.