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<b>GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA </b><br />
<b>Caracas, martes 07 de diciembre de 1999 </b><br />
<b> Nº 36.845 </b><br />
Decreto Nº 368 05 de octubre de 1999<br />
<b>HUGO CHAVEZ FRÍAS </b><br />
Presidente de la República<br />
En ejercicio de la atribución que le confiere el ordinal 8º del artículo 190 de la<br />
Constitución y de conformidad con lo dispuesto en el literal e), numeral 1 del<br />
artículo 1º de la Ley Orgánica que Autoriza al Presidente de la República para<br />
Dictar Medidas Extraordinarias en Materia Económica y Financiera Requeridas<br />
por el Interés Público, en Consejo de Ministros,<br />
<b>DICTA </b><br />
el siguiente<br />
<b>DECRETO CON RANGO Y FUERZA DE LEY SOBRE </b><br />
<b>SIMPLIFICACIÓN DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS </b><br />
<b>TÍTULO I </b><br />
<b>DISPOSICIONES GENERALES </b><br />
<b><br />
Artículo 1º</b> : El presente Decreto-Ley tiene por objeto establecer los principios y<br />
bases conforme a los cuales, los órganos de la Administración Pública Central y<br />
Descentralizada funcionalmente a nivel nacional, realizarán la simplificación de los<br />
trámites administrativos que se efectúen ante los mismos.<br />
<b>Artículo 2º :</b> Este Decreto-Ley podrá ser de aplicación supletoria a las<br />
Administraciones Públicas Estadales y Municipales y a los demás organismos<br />
que tengan un régimen especial, en todo aquello no regulado por su<br />
Constitución y leyes respectivas.<br />
<b>Artículo 3º</b> : A los efectos de este Decreto-Ley, se entienden por trámites<br />
administrativos las diligencias, actuaciones o gestiones que realizan los<br />
particulares ante los órganos y entes de la Administración Pública para la<br />
resolución de un asunto determinado.<br />
<b>TÍTULO II </b><br />
<b>DE LA SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS </b><br />
<b>Artículo 4º :</b> La simplificación de los trámites administrativos tiene por objeto<br />
racionalizar las tramitaciones que realizan los particulares ante la Administración<br />
Pública; mejorar su eficacia, pertinencia y utilidad, a fin de lograr mayor celeridad<br />
y funcionalidad en las mismas; reducir los gastos operativos; obtener ahorros<br />
presupuestarios; cubrir insuficiencias de carácter fiscal y mejorar las relaciones de<br />
la Administración Pública con los ciudadanos.<br />
<b>Artículo 5º :</b> Cada uno de los órganos y entes de la Administración Pública, en el<br />
ámbito de sus competencias, llevará a cabo la simplificación de los trámites<br />
administrativos que se realicen ante los mismos. A tales fines, elaborarán sus<br />
respectivos planes de simplificación de trámites administrativos, con fundamento<br />
en las bases y principios establecidos en este Decreto-Ley de conformidad con<br />
los siguientes lineamientos:<br />
1. Suprimir los trámites innecesarios que incrementen el costo operacional de la<br />
Administración Pública, hagan menos eficiente su funcionamiento y propicien<br />
conductas deshonestas por parte de los funcionarios.<br />
2. Simplificar y mejorar los trámites realmente útiles, lo cual supone, entre otros<br />
aspectos:<br />
a) Llevar los trámites a la forma más sencilla posible, reduciendo al mínimo<br />
los requisitos y exigencias a los ciudadanos, dejando única y exclusivamente los<br />
pasos que sean verdaderamente indispensable para cumplir el propósito de los<br />
mismos o para ejercer el control de manera adecuada.<br />
b) Rediseñar el trámite.<br />
c) Propiciar la participación ciudadana.<br />
d) Utilizar al máximo los elementos tecnológicos de los que se dispongan<br />
actualmente.<br />
e) Incorporar controles automatizados que minimicen la necesidad de<br />
estructuras de supervisión y control adicionales<br />
f) Crear incentivos o servicios adicionales que puedan otorgarse a la<br />
comunidad en contraprestación al cumplimiento oportuno del trámite.<br />
g) Evitar en lo posible las instancias en las cuales el juicio subjetivo del<br />
funcionario pueda interferir en el proceso.<br />
h) Evitar la agrupación de funciones en una misma instancia, a los fines de<br />
prevenir la manipulación de información.<br />
3. Concentrar trámites, evitando la repetición de un mismo trámite en diversas<br />
entidades. A tal fin, se hace necesario aumentar el número de entidades<br />
beneficiarias de un mismo trámite y reducir el cúmulo de exigencias para la<br />
comunidad.<br />
<b>Artículo 6º :</b> Los planes de simplificación de trámites administrativos deberán<br />
contener, como mínimo, los siguientes aspectos:<br />
1. Identificación de los trámites que se realizan con mayor frecuencia en el<br />
respectivo órgano o ente.<br />
2. Clasificación de los trámites de acuerdo con los destinatarios del mismo.<br />
3. Determinación de los objetivos y metas a alcanzar en un lapso establecido.<br />
4. Identificación de los indicadores de gestión conforme a los cuales se realizará<br />
la evaluación de la ejecución de los planes.<br />
<b>Artículo 7º :</b> Los órganos y entes de la Administración Pública, conjuntamente<br />
con el órgano competente, deberán hacer del conocimiento de los ciudadanos los<br />
planes de simplificación de trámites administrativos que dicten. A tales fines se<br />
deberán publicar en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela, así como<br />
darles la publicidad necesaria a través, entre otros, de los medios de<br />
comunicación social.<br />
<b>TÍTULO III </b><br />
<b>DE LOS PRINCIPIOS GENERALES QUE REGULAN LA </b><br />
<b>SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS </b><br />
<b><br />
Artículo 8º :</b> Los planes de simplificación de trámites administrativos que<br />
elaboren los organismos sujetos a la aplicación de este Decreto-Ley, deberán<br />
realizarse con base en los siguientes principios:<br />
1. La presunción de buena fe del ciudadano.<br />
2. La simplicidad, transparencia, celeridad y eficacia de la actividad de la<br />
Administración Pública.<br />
3. La actividad de la Administración Pública al servicio de los ciudadanos.<br />
4. La desconcentración en la toma de decisiones por parte de los órganos de<br />
dirección.<br />
<b>CAPITULO I </b><br />
<b>DE LA PRESUNCIÓN DE BUENA FE </b><br />
<b><br />
Artículo 9º :</b> De acuerdo con la presunción de buena fe, los trámites<br />
administrativos deben mejorarse o rediseñarse para lograr el objetivo propuesto<br />
en la generalidad de los casos y no para cubrir las posibles excepciones al<br />
comportamiento normal del ciudadano. En consecuencia, en todas las<br />
actuaciones que se realicen ante la Administración Pública, se debe tener como<br />
cierta la declaración del administrado, salvo prueba en contrario.<br />
<b><br />
Artículo 10 :</b> Los órganos y entes de la Administración Pública, en sus<br />
respectivas áreas de competencia, deberán realizar un inventario de los<br />
documentos y requisitos cuya exigencia pueda suprimirse de conformidad con la<br />
presunción de buena fe, aceptando en sustitución de los mismos las<br />
declaraciones juradas hechas por el interesado o un representante con carta<br />
poder.<br />
<b><br />
Artículo 11 :</b> Salvo los casos establecidos expresamente por Ley, no será<br />
indispensable la comparecencia personal del interesado para realizar tramitaciones<br />
ante la Administración Pública, debiéndose exigir la presentación de carta poder a<br />
la persona que actúe en su representación.<br />
<b>Artículo 12</b> : Los órganos y entes de la Administración Pública sujetos a la<br />
aplicación de este Decreto-ley, no exigirán a los administrados pruebas distintas o<br />
adicionales a aquellas expresamente señaladas por Ley.<br />
<b><br />
Artículo 13 :</b> Los órganos y entes de la Administración Pública se abstendrán de<br />
exigir algún tipo de prueba para hechos que no hayan sido controvertidos, pues<br />
mientras no se demuestre lo contrario, se presume cierta la información declarada<br />
o proporcionada por el ciudadano en su solicitud o reclamación.<br />
<b><br />
Artículo 14</b> : Los órganos y entes de la Administración Pública aceptarán la<br />
presentación de instrumento privado en sustitución de instrumento público y de<br />
copia simple o fotostática en lugar de original o copia certificada de documentos<br />
que hayan sido protocolizados, autenticados o reconocidos judicialmente, salvo<br />
los casos expresamente previstos en la Ley.<br />
<b><br />
Artículo 15 :</b> No se podrá exigir el cumplimiento de un requisito cuando éste, de<br />
conformidad con la normativa aplicable, debió acreditarse para obtener la<br />
culminación de un trámite anterior ya cumplido. En este caso, dicho requisito se<br />
tendrá por cumplido para todos los efectos legales.<br />
<b><br />
Artículo 16 :</b> No se exigirán comprobantes de pago correspondientes a períodos<br />
anteriores como condición para aceptar un nuevo pago a la Administración. En<br />
estos casos, dicha aceptación no implica el pago de períodos anteriores que se<br />
encuentren insolutos.<br />
<b><br />
Artículo 17 :</b> Los órganos y entes sujetos a la aplicación de este Decreto-Ley, no<br />
podrán exigir la presentación de solvencias emitidas por los mismos para la<br />
realización de trámites que se lleven a cabo en sus dependencias, salvo los casos<br />
expresamente previstos en la Ley.<br />
<b><br />
Artículo 18 :</b> Los trámites administrativos deberán estar acompañados de un<br />
idóneo mecanismo de control posterior, así como de sanciones aplicadas con<br />
rigor a quienes violen la confianza dispensada por la Administración Pública.<br />
<b><br />
Artículo 19 :</b> A los efectos de este Decreto-Ley, el control posterior comprende<br />
el seguimiento y verificación que realiza la Administración Pública a las<br />
declaraciones formuladas por el interesado o su representante y está orientado a<br />
identificar y corregir posibles desviaciones, abusos o fraudes. Este control se<br />
debe ejecutar en forma permanente, sin que implique la paralización de la<br />
tramitación del expediente respectivo ni gasto alguno para el ciudadano.<br />
Las autoridades encargadas de la prestación de los servicios serán responsables<br />
de asegurar las acciones de fiscalización posterior.<br />
<b><br />
Artículo 20 :</b> En el diseño del control posterior, se deberá hacer empleo racional<br />
de los recursos humanos, materiales y presupuestarios de los que actualmente<br />
disponga la Administración Pública. El Estado propenderá la dotación de la<br />
infraestructura y los medios necesarios para un efectivo control posterior.<br />
<b>CAPITULO II </b><br />
<b>DE LA SIMPLICIDAD, TRANSPARENCIA, CELERIDAD Y </b><br />
<b>EFICACIA DE LA ACTIVIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN </b><br />
<b><br />
Artículo 21 :</b> El diseño de los trámites administrativos debe realizarse de<br />
manera que los mismos sean claros, sencillos, ágiles, racionales, pertinentes,<br />
útiles y de fácil entendimiento para los particulares, a fin de mejorar las relaciones<br />
de éstos con la Administración, haciendo eficaz y eficiente la actividad de la<br />
misma.<b><br />
Artículo 22 :</b> Cuando un derecho o una actividad hayan sido regulados de<br />
manera general, la Administración no podrá exigir requisitos adicionales, no<br />
contemplados en dicha regulación, salvo los que se establezcan en los<br />
instrumentos normativos que se dicten con ocasión de este Decreto-Ley.<br />
<b><br />
Artículo 23 :</b> No se exigirá la presentación de copias certificadas o fotocopias<br />
de documentos que la Administración tenga en su poder, o de los que tenga la<br />
posibilidad legal de acceder, en virtud del principio de colaboración que debe<br />
imperar entre los órganos de la Administración Pública, en sus relaciones<br />
interorgánicas y con las demás ramas del Poder Público. A tal fin, se deberán<br />
implementar bases de datos de fácil acceso, tanto para los ciudadanos como para<br />
los mismos órganos y entes públicos.<br />
<b><br />
Artículo 24 :</b> Con el objeto de mantener una Administración Pública<br />
simplificada, sólo se aprobarán las modificaciones a las estructuras organizativas<br />
de los organismos sujetos a este Decreto-Ley que no implique adiciones ni<br />
complicaciones innecesarias de los trámites administrativos existentes.<br />
<b><br />
Artículo 25</b> : Mediante el establecimiento de reglas claras y sencillas de fácil<br />
cumplimiento para el ciudadano, que permitan la corresponsabilidad en el gasto<br />
público y eliminen la excesiva documentación, los órganos y entes sujetos a la<br />
aplicación de este Decreto-Ley, eliminarán las autorizaciones innecesarias,<br />
solicitudes excesivas de información de detalle, y en general, la exigencia de<br />
trámites que entorpezcan la actividad administrativa, salvo los casos<br />
expresamente establecidos en la Ley.<br />
<b><br />
Artículo 26 :</b> Los órganos y entes de la Administración Pública deberán<br />
identificar y disponer la supresión de los requisitos y permisos no previstos en la<br />
Ley, que limiten o entraben el libre ejercicio de la actividad económica o la<br />
iniciativa privada.<br />
<b><br />
Artículo 27</b> : Los particulares podrán presentar la información solicitada por la<br />
Administración Pública en formularios oficiales, copia fotostática de éstos o<br />
mediante cualquier documento que respete integralmente el contenido y la<br />
estructura exigidos en dichos formatos.<br />
<b><br />
Artículo 28 :</b> Todos los actos a través de los cuales se exprese la<br />
Administración Pública por escrito, deberán expedirse en original y un máximo<br />
de tres copias, una de las cuales deberá ser enviada para su conservación y<br />
consulta al archivo central del organismo, sin perjuicio de las copias que se<br />
pudieran solicitar a cargo de los particulares.<br />
<b><br />
Artículo 29 :</b> No podrá exigirse para trámite alguno, la presentación de copias<br />
certificadas, actualizadas de partidas de nacimiento, matrimonio o defunción, así<br />
como de cualquier otro documento público, salvo los casos expresamente<br />
establecidos por Ley.<br />
<b><br />
Artículo 30 :</b> Los órganos y entes de la Administración Pública se abstendrán de<br />
exigir copias certificadas de la partida de nacimiento como requisito para el<br />
cumplimiento de una determinada tramitación, cuando sea presentada la cédula de<br />
identidad, salvo los casos expresamente establecidos por Ley.<br />
<b>Artículo 31</b> : Los órganos y entes de la Administración Pública realizarán un<br />
inventario de los documentos que pudieren tener vigencia indefinida o de aquellos<br />
cuya vigencia pudiere ser prorrogada, a fin de modificar dichos lapsos, según el<br />
caso y siempre cuando el mismo no esté establecidos en la Ley.<br />
<b><br />
Artículo 32</b> : En caso de pérdida, deterioro o destrucción de documentos<br />
personales, será suficiente la declaración del administrado para su reexpedición y<br />
no podrá exigirse prueba adicional para la misma, salvo lo dispuesto en la Ley.<br />
<b><br />
Artículo 33 :</b> Con el objeto de facilitar el pago de las obligaciones de los<br />
particulares a los órganos y entes de la Administración, se deberá incentivar al<br />
máximo la utilización del sistema financiero, sin que ello signifique pérdida del<br />
control sobre el trámite por parte de la Administración.<br />
A tales fines, los órganos y entes de la Administración Pública deberán abrir<br />
cuentas únicas nacionales en los bancos y demás instituciones financieras<br />
autorizadas de conformidad con la Ley General de Bancos y otras Instituciones<br />
Financieras, con el objeto de que los ciudadanos depositen el importe de sus<br />
obligaciones en cualquier sucursal del país. En este caso, el pago se entenderá<br />
efectuado en la fecha en que se realice el depósito respectivo.<br />
<b><br />
Artículo 34 .</b> El pago de la obligaciones a que se refiere el artículo anterior,<br />
podrá realizarse a través de cualquier medio, incluyendo las transferencias<br />
electrónicas de fondos, abono en cuenta y sistema de crédito.<br />
Para tal efecto, se deberán difundir amplia y profusamente las tarifas vigentes<br />
que permitan a los particulares efectuar la liquidación y pago de tales<br />
obligaciones.<br />
<b>CAPITULO III </b><br />
<b>DE LA ACTIVIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA AL </b><br />
<b>SERVICIO DE LOS CIUDADANOS </b><br />
<b><br />
Artículo 35 :</b> La actividad de los órganos y entes de la Administración Pública<br />
debe estar dirigida a servir eficientemente a los particulares, mediante la plena<br />
satisfacción de las necesidades colectivas. En tal sentido, el funcionario público<br />
es, ante todo, un servidor público.<br />
<b><br />
Artículo 36 :</b> La Administración Pública organizará la instrucción de cursos de<br />
capacitación del personal, a fin de propiciar en los funcionarios conciencia de<br />
servicio a la comunidad. Dichos cursos versarán, entre otras, sobre las siguientes<br />
áreas:<br />
1. Atención al público.<br />
2. Simplificación de trámites y diseño de formularios.<br />
3. Conservación y destrucción de documentos.<br />
<b><br />
Artículo 37 :</b> Los órganos y entes sujetos a la aplicación de este Decreto-Ley<br />
tienen el deber de ofrecer a los ciudadanos información completa, oportuna y<br />
veraz en relación con los trámites que se realicen ante los mismos.<br />
A tales fines, deberán fijar en sitio visible al público los requisitos exigidos para<br />
cada trámite, las oficinas que intervienen y su ubicación, la identificación del<br />
funcionario responsable del trámite, su duración aproximada, los derechos del<br />
ciudadano en relación con el trámite o servicio en cuestión y la forma en que se<br />
puedan dirigir sus quejas, reclamos y sugerencias. Además, esta información<br />
deberá publicarse mediante guías simples de consulta pública, suminis tradas en<br />
forma gratuita y a los cuales se le dará una adecuada publicidad a través de los<br />
medios de comunicación social.<br />
<b><br />
Artículo 38 :</b> Toda persona que haya presentado una petición, reclamación,<br />
consulta o queja ante los órganos y entes de la Administración Pública, tiene<br />
derecho a conocer el estado en que se encuentra su tramitación y a que se le<br />
informe el plazo dentro del cual se atenderá la misma.<br />
<b><br />
Artículo 39 :</b> Los funcionarios públicos tienen la obligación de atender las<br />
consultas telefónicas que formulen los particulares sobre información general<br />
acerca de los asuntos de su competencia, así como las que realicen los<br />
interesados para conocer el estado de sus tramitaciones. A tal efecto, cada<br />
organismo implementará un servicio de información telefónico que satisfaga las<br />
necesidades del ciudadano, haciendo empleo racional de los recursos humanos,<br />
presupuestarios y tecnológicos de que disponga actualmente.<br />
<b>Artículo 40 :</b> Cada uno de los organismos sujetos a la aplicación de este<br />
Decreto-Ley, deberá crear un servicio de atención al público, encargado de<br />
brindar toda la orientación y apoyo necesario al particular en relación con los<br />
trámite que realicen en dicho organismo, así como recibir y procesar las<br />
denuncias, sugerencias y quejas que, en torno al servicio y a la actividad<br />
administrativa, formulen los mismos. Se prestarán igualmente servicios de<br />
recepción y entrega de documentos, solicitudes y requerimientos en general.<br />
<b><br />
Artículo 41</b> : Para el establecimiento del servicio a que se refiere el artículo<br />
anterior, se empleará racionalmente los recursos humanos, materiales y<br />
presupuestarios de los que dispone actualmente cada organismo, procurando su<br />
automatización y haciendo particular énfasis en suministrar una adecuada<br />
capacitación al personal que se encargará de la misma.<br />
<b><br />
Artículo 42 :</b> Los órganos y entes de la Administración Pública podrán crear<br />
oficinas o ventanillas únicas en donde se realice la totalidad de la actuación<br />
administrativa que implique la presencia del interesado en relación con un mismo<br />
trámite.<br />
<b><br />
Artículo 43 :</b> Los órganos y entes de la Administración Pública deberán<br />
implementar adicionalmente horarios especiales de atención al público, a fin de<br />
que los administrados puedan cumplir con mayor facilidad sus obligaciones y<br />
adelantar los trámites ante los mismos.<br />
<b><br />
Artículo 44 :</b> En el diseño de los trámites administrativos se tendrá en cuenta la<br />
opinión de la comunidad, la cual se materializará a través de propuestas y<br />
alternativas de solución a los trámites que generen problemas, trabas u<br />
obstáculos. Cada organismo determinará los mecanismos idóneos de<br />
participación ciudadana de acuerdo con la naturaleza de los trámites que realice.<br />
<b><br />
Artículo 45 :</b> Cada organismo de la Administración Pública creará un sistema de<br />
información centralizada, automatizada, ágil y de fácil acceso que sirva de<br />
apoyo al funcionamiento de los servicios de atención al público, disponible para<br />
éste, para el personal asignado a los mismos y, en general, para cualquier<br />
funcionario de otros organismos, a los fines de integrar y compartir la<br />
información, propiciando la coordinación y colaboración entre los órganos de la<br />
Administración Pública, de acuerdo con el principio de la unidad orgánica.<br />
Así mismo, deberán habilitar sistemas de transmisión electrónica de datos para<br />
que los administrados envíen o reciban la información requerida en sus<br />
actuaciones frente a la Administración Pública.<br />
<b><br />
Artículo 46 :</b> Cuando los órganos y entes de la Administración Pública requieran<br />
comprobar la existencia de alguna circunstancia o requisito necesario para la<br />
culminación de una determinada tramitación y el mismo repose en los archivos<br />
de otro organismo público, se procederá a solicitar la información por cualquier<br />
medio, sin que en ningún caso se transfiera dicha carga al particular. Los<br />
organismos a quienes se solicite la información darán prioridad a la atención de<br />
dichas peticiones y las remitirán haciendo uso en lo posible de los medios<br />
automatizados disponibles al efecto.<br />
<b>CAPITULO IV </b><br />
<b>DE LA DESCONCENTRACIÓN EN LOS PROCESOS </b><br />
<b>DECISORIOS </b><br />
<b><br />
Artículo 47 :</b> Los órganos de dirección deben tender a liberarse de todo tipo de<br />
rutinas de ejecución y de tareas de mera formalización de actos administrativos,<br />
con el objeto de que puedan concentrarse en actividades de planeamiento,<br />
supervisión, coordinación y control de las políticas públicas, en virtud de su rol<br />
de dirección estratégica.<br />
<b><br />
Artículo 48 :</b> Para la aplicación del artículo anterior, los órganos y entes de la<br />
Administración Pública podrán:<br />
1. Reforzar la capacidad de gestió n de los órganos desconcentrados, mediante la<br />
transferencia de competencias y funciones de ejecución.<br />
2. Transferir competencias decisorias a los niveles inferiores, por razones de<br />
especificidad funcional o territorial, reservándose los aspectos generales de la<br />
formación, planificación, supervisión, coordinación y control, así como la<br />
evaluación de resultados.<br />
<b><br />
Artículo 49 :</b> De conformidad con el ordenamiento jurídico vigente, los órganos<br />
superiores podrán delegar sus competencias decisorias en los funcionarios de<br />
inferior jerarquía, con el objeto de que un mayor número de éstos pueda atender,<br />
tramitar y resolver las cuestiones que sean sometidas a su consideración.<br />
<b><br />
Artículo 50</b> : De conformidad con el ordenamiento jurídico vigente, los órganos<br />
de dirección podrán delegar la firma de aquellos documentos cuya tramitación<br />
pueda sufrir frecuentes retrasos por el hecho material de la firma del superior<br />
jerárquico.<br />
<b>TÍTULO IV </b><br />
<b>DE LA SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LOS PLANES DE </b><br />
<b>SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS </b><br />
<b><br />
Artículo 51 :</b> La supervisión y control de la elaboración y ejecución de los<br />
planes de simplificación de trámites administrativos, estará a cargo del Ministerio<br />
de Planificación y Desarrollo.<br />
<b><br />
Artículo 52 :</b> A los fines del artículo anterior, el Ministerio de Planificación y<br />
Desarrollo ejercerá las siguientes funciones:<br />
1. Discutir y analizar conjuntamente con cada uno de los órganos y entes de la<br />
Administración Pública, los planes de simplificación de trámites administrativos<br />
elaborados por estos, con el objeto de verificar que los mismos se ajusten a las<br />
bases y principios establecidos en este Decreto-Ley.<br />
2. Supervisar y controlar permanentemente la ejecución de los planes de<br />
simplificación de trámites administrativos por parte de los órganos y entes sujetos<br />
a este Decreto-Ley.<br />
3. Evaluar los resultados de la ejecución de los planes de simplificación de<br />
trámites administrativos, con base en los indicadores de gestión establecidos en<br />
cada uno de ellos.<br />
4. Promover y difundir conjuntamente con el órgano competente la participación<br />
ciudadana en el diseño y control de las actividades encaminadas a simplificar los<br />
trámites administrativos.<br />
5. Propiciar la organización periódica de cursos de capacitación del personal al<br />
servicio de la Administración Pública, en materia de atención al público.<br />
6. Las demás que establezcan las leyes y demás actos de carácter normativo.<br />
<b><br />
Artículo 53 :</b> La evaluación de los resultados de la ejecución de los planes de<br />
simplificación de trámites administrativos, se realizará conforme a los<br />
mecanismos que se determinen en el reglamento que se dicte al efecto, en el cual<br />
se deberán regular además, los incentivos y correctivos institucionales, necesarios<br />
para garantizar su cumplimiento.<br />
<b><br />
Artículo 54 :</b> Si en la ejecución de los planes de simplificación de trámites<br />
administrativos, surgiere la necesidad de realizar modificaciones a los mismos, el<br />
respectivo órgano o ente deberá justificar ante el Ministerio de Planificación y<br />
Desarrollo las razones que motivan tal modificación. El referido Ministerio<br />
examinará la solicitud y se pronunciará al respecto debiendo motivar su decisión.<br />
<b>TÍTULO V </b><br />
<b>DE LAS SANCIONES </b><br />
<b><br />
Artículo 55 :</b> Sin perjuicio de su responsabilidad civil y penal, los particulares<br />
que hayan suministrado datos falsos en el curso de las tramitaciones<br />
administrativas a que se refiere el artículo 3º del presente Decreto-Ley, serán<br />
sancionados con multa cuyo monto se determinará entre 6,25 y 25 unidades<br />
tributarias, según la gravedad de la infracción.<br />
<b><br />
Artículo 56 :</b> Los funcionarios y empleados al servicio de los órganos y entes<br />
sujetos a la aplicación de este Decreto-Ley, que sean responsables de retardo,<br />
omisión o distorsión de los trámites a que se refiere el artículo 3º de este<br />
Decreto-Ley, así como del incumplimiento de las disposiciones del mismo, serán<br />
sancionados con multa cuyo monto se determinará entre el veinticinco (25) y<br />
cincuenta (50) por ciento de su remuneración total correspondiente al mes en que<br />
cometió la infracción, según la gravedad de la misma. En estos casos, el superior<br />
inmediato del sancionado deberá iniciar el procedimiento para la aplicación de la<br />
multa.<br />
<b><br />
Artículo 57</b> : La máxima autoridad del organismo respectivo será la encargada de<br />
imponer las multas a las que se refiere este Título y lo hará conforme al<br />
procedimiento previsto en el Capítulo IX del Título XII de la Ley Orgánica de la<br />
Hacienda Pública Nacional, en cuanto sea aplicable.<br />
<b><br />
Artículo 58 :</b> La multa prevista en el artículo 56 se establecerá sin perjuicio de la<br />
responsabilidad civil, penal y administrativa en que puedan incurrir los<br />
funcionarios por el ejercicio de la función pública.<br />
<b>Artículo 59 :</b> La imposición de dos multas de las previstas en el artículo 56 de<br />
este Decreto-Ley, en el lapso de un año, será causal de destitució n del<br />
funcionario o empleado público, de conformidad con el procedimiento previsto<br />
en la Ley de Carrera Administrativa y su Reglamento.<br />
<b><br />
Artículo 60 :</b> Las sanciones establecidas en este Decreto-Ley se aplicarán<br />
mediante resolución motivada, la cual podrá ser recurrida en reconsideración<br />
dentro de los diez (10) días hábiles a la notificación. El recurso será decidido<br />
dentro de los quince (15) días hábiles siguientes. Contra esta decisión se podrá<br />
recurrir ante la jurisdicción contencioso-administrativa, dentro de los diez (10)<br />
días hábiles siguientes a la notificación.<br />
<b>TÍTULO VI </b><br />
<b>DISPOSICIONES FINALES </b><br />
<b><br />
Artículo 61 :</b> Las máximas autoridades de los órganos y entes sujetos a la<br />
aplicación de este Decreto-Ley, dentro de los noventa (90) días siguientes a su<br />
entrada en vigencia, deberán presentar al Ministerio de Planificación y Desarrollo,<br />
los planes de simplificación de trámites administrativos que se realicen ante los<br />
mismos. Los funcionarios que incumplan con esta disposición serán sujetos de la<br />
sanción prevista en el artículo 56 de este Decreto-Ley, sin perjuicio de la<br />
posibilidad de remoción del cargo que ostenten.<br />
<b><br />
Artículo 62 :</b> Se deroga todas las disposiciones que colidan con este Decreto-<br />
Ley.<br />
Dado en Caracas, a los cinco días del mes de octubre de mil novecientos<br />
noventa y nueve. Año 189º de la Independencia y 140º de la Federación.<br />
(L.S.)<br />
<b>HUGO CHAVEZ FRÍAS </b><br />