Decreto Nº 251

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GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA Caracas, lunes 8 de noviembre de 1999 Número 36.824 Decreto Nº 251 10 de agosto de 1999 HUGO CHÁVEZ FRÍAS Presidente de la República En ejercicio de la atribución que le confiere el ordinal 8º del Artículo 190 de la Constitución y de conformidad con lo dispuesto en el literal c) del numeral 4 del Artículo 1º de la Ley Orgánica que autoriza al Presidente de la República para Dictar Medidas Extraordinarias en Materia Económica y Financiera requeridas por el Interés Publico, publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 36.687 de fecha 26 de abril de 1999, en Consejo de Ministros, DICTA el siguiente DECRETO CON RANGO Y FUERZA DE LEY QUE REGULA EL SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍAS RECIPROCAS PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1º: El presente Decreto-Ley regula el Sistema Nacional de Garantías Recíprocas para la Pequeña y Mediana Empresa. El Sistema reposa en la cooperación de los integrantes básicos que lo constituyen: pequeñas y medianas empresas, entidades financieras y entes públicos nacionales, regionales o municipales. Dicha cooperación constituye un valor esencial para desarrollar sistemas eficaces de garantías, permitiendo a la pequeña y mediana empresa facilitar el acceso al crédito del sistema financiero y entes crediticios, públicos y privados, mediante el otorgamiento de garantías que avalen los créditos que las pequeñas y medianas empresas requieran para financiar sus proyectos, mejorando de esta manera, las condiciones de financiamiento para este sector, y a la vez, contribuyendo al desarrollo, estabilidad y seguridad del sistema financiero nacional. Artículo 2º: A los fines del presente Decreto-Ley, el término: empresa, está referido tanto a unidades de producción de la industria manufacturera, como a las de apoyo o servicio a ésta y a la actividad comercial o turística, así como a la producción agrícola, pecuaria, forestal, minera o pesquera, sean dichas unidades de producción, propiedad de personas naturales o jurídicas. Artículo 3º: El Sistema Nacional de Garantías Reciprocas para la Pequeña y Mediana Empresa, estará integrado por los fondos nacionales de garantías reciprocas, y las sociedades degarantías recíprocas, nacionales o regionales; además, contará con la participación de los gremios y entes asociativos empresariales y las agrupaciones de trabajadores. Sólo las pequeñas y medianas empresas podrán ser socios beneficiarios; los restantes, serán socios de apoyo. Artículo 4º: Los fondos nacionales de garantías reciprocas y las sociedades de garantías reciprocas, deberán incluir en su denominación social la indicación "Fondo Nacional de Garantías Reciprocas", "Sociedad de Garantías Reciprocas" o las abreviaturas F.N.G.R. ó S.G.R., la cual es exclusiva de las sociedades de este tipo regidas por el presente Decreto-Ley. Ninguna persona jurídica o firma mercantil, a excepción de las autorizadas conforme a este Decreto-Ley, podrá utilizar en su denominación o documentación, tales términos o palabras afine o derivados de dichas palabras o equivalentes en su traducción a otros idiomas distintos al castellano. Parágrafo Único: El registrador mercantil o cualquier otra oficina de registro público, se abstendrá de inscribir aquellas sociedades, asociaciones, fundaciones o firmas mercantiles o fondos de comercio cuya denominación o razón social implique una contravención a lo dispuesto en este Artículo. CAPITULO II DE LOS FONDOS NACIONALES DE GARANTÍAS RECIPROCAS Artículo 5º: Los fondos nacionales de garantías reciprocas, tendrán como objeto respaldar las operaciones que realicen las sociedades de garantías reciprocas pertenecientes a su respectivo sector económico, mediante la suscripción de acciones representativas del capital de éstas; el otorgamiento o apertura de lineas de crédito para programas y proyectos específicos y, operaciones de segunda fianza, con base en la normativa, los reglamentos y procedimientos que el Ejecutivo Nacional o la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, establezcan al efecto. Artículo 6º: Los fondos nacionales de garantías recíprocas se constituirán bajo la forma de sociedades anónimas. Sus acciones podrán ser suscritas por los entes del Estado, sociedades de garantías recíprocas de la pequeña y mediana empresa y gremios empresariales del respectivo sector. Artículo 7º: El patrimonio de los fondos nacionales de garantías reciprocas, estará constituido por los aportes que les hagan la República y los demás entes del Estado, los gremios empresariales y las sociedades de garantías recíprocas. El capital inicial de los fondos y los sucesivos aportes, sera determinado por el Ejecutivo Nacional mediante resolución de los respectivos ministerios que se relacionan con el sector económico del cual se trate. Artículo 8º: Los aportes de los entes del Estado, se expresaran en acciones nominativas de tipo "A", y las acciones de tipo "B", serán suscritas por los gremios empresariales y las sociedades de garantías reciprocas. Artículo 9º: Los fondos nacionales de garantías recíprocas podrán suscribir, bajo cualquier régimen o modalidad, contratos de reafianzamiento o de segundo aval sobre parte de los riesgos que hayan asumido las sociedades de garantías reciprocas, hasta por el cincuenta por ciento (50%) del monto del aval o fianza otorgado por la respectiva sociedad. CAPITULO III DE LAS SOCIEDADES DE GARANTÍAS RECIPROCAS PARA LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA Artículo 10: Las sociedades de garantías recíprocas, nacionales o regionales, sectoriales o multisectoriales, son institucionales que tienen como objeto garantizar mediante avales o fianzas, el reembolso de los créditos que sean otorgados a sus socios beneficiarios por instituciones financieras o entes crediticios públicos o privados, ya sean éstos regulados por la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras, por la Ley del Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo o por cualquier otra ley especial, así como también, otorgar a dichos socios, fianzas directas para participar en licitaciones y prestarles servicios de asistencia técnica y asesoramiento en materia financiera o de gestión. Artículo 11: Las sociedades de garantías reciprocas podrán ser nacionales o regionales, según la cobertura geográfica de sus operaciones o, sectoriales o multisectoriales, dependiendo de la actividad económica a la cual se dediquen sus socios beneficiarios. Parágrafo Primero: Se consideran sociedades de garantías recíprocas sectoriales, aquellas que otorguen garantías para una sola actividad económica, y multisectoriales, aquellas que otorguen garantías para dos o mas actividades económicas. Parágrafo Segundo: Se consideran sociedades de garantías recíprocas regionales, a aquellas que cumplan con los siguientes requisitos: 1. Tener su asiento principal en zonas fuera del área metropolitana de Caracas; 2. Tener a la mayoría de los miembros de su junta administradora residenciados en alguna de las entidades federales que conforman la región que les sirva de sede; 3. Tener el noventa por ciento (90%) de sus socios beneficiarios, domiciliados en alguna de las entidades federales que conforman la región que les sirva de asiento. Parágrafo Tercero: A los efectos de este Decreto-Ley, el área metropolitana de Caracas comprende el Distrito Federal y los Municipios Baruta, Chacao, El Hatillo, sucre, Los Salías, Carrizal, Guaicaipuro, Plaza, Zamora del Estado Miranda y el Estado Vargas. Artículo 12: Sin perjuicio de otros criterios definidos al efecto por la respectiva sociedad de garantías reciprocas, a los efectos de este Decreto-Ley, se entiende por pequeñas y medianas empresas, aquellas cuyo numero de trabajadores no exceda de ciento cincuenta (150). Artículo 13: Las sociedades de garantías reciprocas, estarán constituidas bajo la forma de sociedades anónimas, con no menos de ciento veinte (120) socios beneficiarios, cuando tengan carácter nacional y con no menos de sesenta (60) socios beneficiarios, cuando tengan carácter regional. Parágrafo Único: Toda sociedad de garantías reciprocas, deberá tener como socios de apoyo, al menos, la representación de los gremios empresariales de la pequeña y mediana empresa, una entidad bancaria y un ente publico nacional, regional o municipal. Artículo 14: Al constituirse el capital social mínimo de la sociedad de garantías reciprocas de carácter nacional, deberá ser equivalente a no menos de un mil millones de bolívares (Bs. 1.100.000.000,00). Este capital, estará integrado por los aportes de los socios beneficiarios y de apoyo y estará representado en acciones ordinarias de igual valor y derechos, en los términos del presente Decreto-Ley. Las sociedades de garantías reciprocas de carácter regional, deberán tener un capital social mínimo de quinientos cincuenta millones de bolívares (Bs. 550.000.000,00). Parágrafo Primero: Al constituirse la participación de los socios de apoyo, vinculados a la República o a los entes públicos regionales o municipales, no podrá exceder del ochenta y cinco por ciento (85%) del capital social. La participación de cada socio beneficiario no podrá superar las ochocientas treinta y tres milésimas por ciento (0,833%) del mismo. Otros socios de apoyo podrán tener participación ilimitada. Parágrafo Segundo: Sea cual fuere la participación o tenencia accionaria de los socios beneficiarios, éstos nunca tendrán de forma individual más de un cinco por ciento (5%) de los votos de la Asamblea de Accionistas. Parágrafo Tercero: Los Fondos Nacionales de Garantías Reciprocas y las Sociedades de Garantías Reciprocas con participación mayoritaria de entes del Estado, estarán adscritas al Ministerio que corresponda en razón del respectivo sector económico en el cual actúe la sociedad y estarán sujetas al control y gestión de sus gastos fiscales de acuerdo a las disposiciones legales vigentes. Parágrafo Cuarto: La Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, tendrá facultades para exigir el aporte de cantidades superiores en el capital fundacional de las sociedades o garantías reciprocas si, a su juicio, ello resultare conveniente o necesario, de acuerdo con el entorno económico correspondiente al respectivo sector en el cual actuará la sociedad. Artículo 15: Los Fondos Nacionales de Garantías Recíprocas y las Sociedades de Garantías Recíprocas, podrán mantener un capital autorizado por sus Estatutos Sociales superior al monto del capital suscrito y pagado, siempre y cuando la respectiva Asamblea de Accionistas autorice a los administradores para que aumenten el capital suscrito hasta el límite del capital autorizado mediante la emisión de nuevas acciones en la oportunidad y cuantía que ellos decidan, sin necesidad de una nueva Asamblea. El monto del capital autorizado que no haya sido suscrito, no podrá ser superior al capital pagado, el cual no sera menor a su vez, de la suma que fije la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras. Las sociedades que hayan conferido una autorización a sus administradores según lo antes establecido, deberán indicar en los documentos que emitan el monto del capital autorizado. Parágrafo Único: Cuando las referidas sociedades anónimas concurran al mercado de capitales deberán cumplir con los tramites y obtener las autorizaciones de la Comisión Nacional de Valores, previstas en la Ley de Mercado de Capitales. Artículo 16: Los Administradores podrán decretar los aumentos de capital social dentro del plazo de dos (2) años, a contar de la fecha de la Asamblea que conceda la autorización. Vencido este plazo, caducará la autorización por la parte no utilizada de ella. Artículo 17: Los Administradores al decretar los aumentos de capital social, fijarán en cada caso las modalidades, cuotas o plazos en los que deberán ser pagadas las acciones emitidas. En ningún caso el plazo para el pago de las acciones suscritas podrá exceder de dos (2) años, contados a partir de la fecha de resolución del aumento; y la cuota inicial del pago de la suscripción, no podrá ser inferior al diez por ciento (10%) del monto suscrito. Artículo 18: La autorización dada por la Asamblea para efectuar un aumento del capital no podrá ser revocada ni modificada, una vez registrada el acta de la Asamblea que la acordó. Artículo 19: Toda sociedad de garantías recíprocas, deberá constituir un fondo de coberturas de riesgos, llamado Fondo de Reserva para Riesgo, que formará parte de su patrimonio y sólo será utilizado para cancelar créditos fallidos ante el ente financiero acreedor, en razón de la respectiva garantía. También, deberá constituir un Fondo operativo para sus gastos de funcionamiento. Parágrafo Único: Los fondos en referencia podrán ser invertidos en instrumentos, bonos u obligaciones emitidos por instituciones reguladas por la Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras; valores emitidos o garantizados por la República, valores de empresas públicas o privadas emitidos por instituciones reguladas por la Ley de Mercado de Capitales y en activos reales, inversiones éstas que podrán ser en moneda nacional o en moneda extranjera, conforme a las disposiciones de sus respectivas juntas administradoras y cuyos lí mites de inversión serán normados por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras. Artículo 20: Sólo podrán ser socios beneficiarios, las personas calificadas como pertenecientes al sector de la pequeña y mediana empresa del respectivo sector económico, conforme a los términos establecidos en los artículos 2º y 12 del presente Decreto-Ley. Las sociedades de garantías reciprocas, sólo podrán otorgar fianzas o avales a favor de los socios beneficiarios, y éstos serán destinatarios exclusivos de los programas de asistencia técnica y asesoría financiera y de gestión establecidos por la sociedad, dándole preferencia a las empresas productoras de mercancías. Artículo 21: Las sociedades de garantías reciprocas, estarán constituidas bajo la forma de sociedades anónimas, con acciones nominativas divididas en tantas clases como grupos de socios la integren, al menos así: aciones tipo "A", las cuales podrán ser suscritas por entes del sector público; acciones tipo "B" a ser suscritas por los bancos y demás instituciones financieras o entidades de ahorro y préstamo; acciones tipo "C" a ser suscritas por las agrupaciones gremiales y demás socios de apoyo y acciones tipo "D" a ser suscritas por los socios beneficiarios. La referida tenencia accionaria, estará adecuadamente representada en las respectivas juntas administradoras de las sociedades de garantías reciprocas. CAPITULO IV DE LA PROMOCIÓN, CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS FONDOS NACIONALES DE GARANTÍAS RECIPROCAS Y DE LAS SOCIEDADES DE GARANTÍAS RECIPROCAS Artículo 22: La promoción, constitución y funcionamiento de las sociedades reguladas por el presente Decreto-Ley, será normada por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras. Artículo 23: Las sociedades de garantías recíprocas deberán mantener un índice de solvencia acorde con el nivel de riesgo de las obligaciones que asumen. La Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, fijará mediante normas de carácter general, el índice de solvencia requerido para la cobertura general de los riesgos. Dicho índice estará referido a la relación máxima que la respectiva sociedad deberá mantener entre su patrimonio y la sumatoria de los saldos eventualmente exigibles por las garantías otorgadas vigentes al cierre de cada trimestre. Parágrafo Único: La Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, establecerá la normativa específica o reglamento aplicable a las sociedades regidas por este Decreto-Ley, la cual consultará con el Ejecutivo Nacional por órgano de los ministerios de adscripción de las sociedades existentes para el tiempo en el cual se produzca la regulación. Artículo 24: El fondo de reserva para riesgos, se formará con el ochenta por ciento (80%) del capital pagado, y el fondo operativo se formará con el veinte por ciento (20%) restante. Ambos fondos formarán parte del patrimonio de la respectiva sociedad. De la rentabilidad que genere el fondo de reserva para riesgos, un monto no menor del 40% deberá ser destinado al incremento del mismo, el resto pasara al fondo operativo. Artículo 25: A los fondos mencionados en el Artículo anterior, y en la misma proporción, también podrán ser destinados los recursos que la sociedad reciba por concepto de subvenciones, donaciones u otros aportes. De igual forma, podrán ser destinados a dichos fondos, los apartados que la sociedad efectúe con cargo a sus utilidades lí quidas, así como las cantidades generadas por las inversiones y colocaciones de los recursos de los mismos y cualesquiera otros aportes que estatutariamente se establezcan. Artículo 26: En las operaciones de otorgamiento de fianzas o avales a favor de sus socios beneficiarios, por parte de las sociedades de garantías recíprocas y en las operaciones de otorgamiento de segundo aval por parte de los fondos nacionales de garantías reciprocas de la pequeña y mediana empresa, se deberá cumplir, según el caso, con los siguientes requisitos: 1. En el documento por el cual se constituya una fianza o aval, deberá dejarse constancia expresa de la resolución por la cual la junta administradora de la sociedad de que se trate aprobó su otorgamiento; 2. El documento deberá contener estipulaciones en las cuales se establezca la subrogación de los derechos, acciones y garantías del acreedor principal contra el deudor; la caducidad de las acciones contra la sociedad de garantías recíprocas y la obligación del acreedor de notificar a la sociedad tan pronto como tenga conocimiento de todo hecho o circunstancia que pueda dar lugar al incumplimiento del deudor principal y, en consecuencia, a la ejecución de la respectiva garantía. 3. En el documento por el cual se otorgue la fianza o aval se deberá determinar el monto máximo de cobertura dela misma y su duración, la cual no deberá exceder el ochenta por ciento (80%) del monto del crédito otorgado, salvo en el caso de microempresas, asociaciones civiles y cooperativas cuya cobertura podrá ser hasta un cien por ciento (100%) del monto del crédito otorgado, en el caso de las sociedades de garantías reciprocas; y de cincuenta por ciento (50%) en el caso de segundo aval, prestado por los fondos de garantías reciprocas. Artículo 27: Las sociedades de garantías recíprocas podrán prestar a sus socios beneficiarios servicios de asistencia técnica y de asesoría financiera o de gestión, así como cualquier otro servicio de apoyo directo a la pequeña y mediana empresa, dándole preferencia a las industrias manufactureras productoras de mercancías. de igual forma, podrán participar en el capital social de otras sociedades de promoción empresarial o de servicios de apoyo para la pequeña y mediana empresa, una vez cubiertas las reservas y provisiones establecidas en el presente Decreto-Ley, para lo cual se requerirá la opinión favorable de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras. Artículo 28: Las sociedades de garantías recíprocas reguladas por el presente Decreto-Ley, deberán informar trimestralmente a la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, en la oportunidad y forma que dicho ente disponga, de lo s contratos de avales, fianzas y reafianzamientos realizados. La Superintendencia estudiará las condiciones de los contratos celebrados y podrá solicitar información adicional en la oportunidad que juzgue conveniente, acerca de las circunstancias y las razones técnicas y económicas que hayan justificado su celebración. CAPITULO V DE LA CONTABILIDAD, ESTADOS FINANCIEROS E INFORMES Artículo 29: La Contabilidad de los fondos de garantías reciprocas y de las sociedades de garantías reciprocas reguladas en el presente Decreto-Ley, deberá llevarse conforme a lo establecido por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras y deberá reflejar fielmente todas las operaciones derivadas de los actos realizados y contratos suscritos. Artículo 30: Los fondos nacionales de garantías reciprocas y las sociedades de garantías recíprocas deberán presentar ante la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, en la forma y oportunidad en que ésta disponga, un balance de sus actividades durante el trimestre inmediato anterior. Artículo 31: La Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras podrá convocar a los auditores externos, inscritos en el registro llevado por ésta, de las sociedades reguladas por el presente Decreto-Ley, a celebrar reuniones confidenciales sin la presencia de los administradores, comisarios o cualquier empleado de éstas. Artículo 32: Las sociedades reguladas por este Decreto-Ley, deberán remitir a la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, dentro de los quince (15) días, pero no después de cinco (5) días continuos de anticipación a la fecha de celebración de sus asambleas de accionistas, copia certificada de los informes, proposiciones, o cualquier otra medida que sus administradores, comisarios o accionistas presenten a dichas asambleas de accionistas. Igualmente suministrarán la información que el mencionado organismo les solicite sobre su situación financiera, o cualquiera de sus operaciones o actividades. Artículo 33: La Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, podrá ordenar a las sociedades reguladas por este Decreto-Ley la contratación de auditorías especiales. Así mismo, podrán contratar directamente la realización de dichas auditorías, cuando lo consideren necesario, con cargo a las mencionadas sociedades. Parágrafo Único: Dentro de los ocho (8) días continuos siguientes a la reunión de sus asambleas ordinarias o extraordinarias, las sociedades reguladas por este Decreto-Ley, deberán remitir a la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, una copia debidamente certificada del acta respectiva. CAPITULO VI DEL CONTROL Y SUPERVISIÓN Artículo 34: Los fondos de garantías recíprocas y las sociedades de garantías recíprocas estarán sometidos a la regulación, control, inspección, supervisión y vigilancia de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, la cual podrá formular a dichas sociedades, las indicaciones y recomendaciones que juzgue necesarias, a los fines del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente Decreto-Ley. Artículo 35: Cuando las sociedades sujetas a este Decreto-Ley, incumpliere las indicaciones formuladas por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, ésta podrá ordenar la adopción, dentro del plazo que indique, de medidas preventivas de obligatoria observancia, destinadas a corregir las situaciones planteadas. Artículo 36: Cuando las sociedades de garantías recíprocas, hubieren incurrido en infracciones graves o recurrentes a las disposic iones de este Decreto-Ley, al Código de Comercio, al Codigo Civil y demás leyes, así como a las disposiciones reglamentarias aplicables; o cuando presenten durante, al menos, dos (2) semestres continuos, pérdidas equivalentes a un porcentaje comprendido entre el quince por ciento (15%) y el veinticinco por ciento (25%) del capital pagado o, cuando se presente cualquier situación grave de tipo administrativo o gerencial, que afecte o pudiera afectar significativamente sus operaciones normales o la solvencia de la sociedad, la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras podrá dictar una o más de las siguientes medidas precautelativas: a) Prohibición de otorgar nuevas fianzas o avales. b) Prohibición de emitir nuevas acciones. c) Prohibición de decretar pago de dividendos. d) Prohibición u obligación de vender o liquidar algún activo o inversión e) Todas las medidas de administración que estime pertinentes. Estas medidas se mantendrán en vigor hasta tanto la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, considere corregidas las situaciones que dieron lugar a ellas. Parágrafo Único: En los casos en los cuales se determine que el capital pagado de la respectiva sociedad, hubiere disminuido en un monto mayor del veinticinco por ciento (25%), el fondo nacional de garantías reciprocas socio de la respectiva sociedad podrá, a su conveniencia, aportar los recursos necesarios para solventar la situación. Artículo 37: Para la adopción de las medidas a las que se refiere este Capitulo, la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras dará audiencia a la sociedad respecto de la cual se toma la decisión. En caso de urgencia, podrá adoptar tales medidas en la misma fecha del informe en el cual se determinen los hechos que dan lugar a las mismas. CAPITULO VII DE LA REVOCATORIA DE LA AUTORIZACIÓN DE FUNCIONAMIENTO Y LIQUIDACIÓN SECCIÓN PRIMERA DE LA INTERVENCIÓN Artículo 38: Si en los supuestos previstos en el Artículo 36 de este Decreto-Ley, las medidas adoptadas por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, no fueren suficientes para resolver las situaciones que las motivaron o cuando el margen de solvencia no se ajustare a la fórmula o a la cuantía establecida, procederá a la intervención de la sociedad de la cual se trate. Artículo 39: En el mismo acto en el cual se acuerde la intervención, la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, designará uno o varios interventores, a quienes se conferirán las más amplias facultades de disposición, control, y vigilancia, incluyendo todas las atribuciones que las leyes y los estatutos confieren a la asamblea, a la junta administradora, al presidente, a los comisarios y a los demás órganos de la sociedad intervenida. Artículo 40: Todas las actuaciones de los interventores deberán ser motivadas y notificadas a la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras. Los interventores designados están en la obligación de presentar a la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, cuantos informes y documentos ésta les requiera con la periodicidad que establezca la misma. Artículo 41: La intervención se mantendrá hasta que a criterio de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, se hayan corregido las situaciones que dieron lugar a la misma o si transcurrido un (1) año de impuesta la medida, la rehabilitación de la sociedad no fuere procedente, caso en el cual se revocara la autorización de funcionamiento y se resolverá su liquidación. SECCIÓN SEGUNDA DE LA LIQUIDACIÓN Artículo 42: La Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras podrá revocar la autorización otorgada a las sociedades reguladas por este Decreto-Ley, en los siguientes casos: Cuando no inicie sus operaciones dentro de los noventa (90) días siguientes a la fecha en que se publique en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela, la decisión mediante la cual se autoriza el inicio de sus operaciones. Cuando por cualquier causa hayan cesado, definitivamente, sus operaciones en el semestre precedente. Por disolución de la Sociedad, por decisión voluntaria de sus accionistas, siempre que la misma se encuentre en condiciones que permitan responder con las obligaciones asumidas. Cuando se hubiere disminuido el capital pagado en un monto mayor al cincuenta por ciento (50%). Artículo 43: Una vez acordada la revocatoria de la autorización de funcionamiento, los administradores de la sociedad solicitarán dentro de los cinco (5) días siguientes y por ante la autoridad judicial competente, la declaración de quiebra. Cuando se trate de la disolución de la sociedad y una vez acordada la revocatoria de la autorización de funcionamiento, los accionistas deberán dentro del plazo de quince (15) días siguientes, solicitar ante la misma autoridad, el nombramiento de uno o más liquidadores. Transcurridos los lapsos antes señalados sin que los accionistas, administradores o interventores, solicitaren ante el tribunal competente la liquidación de la sociedad, la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras procederá a solicitar a dicho tribunal, la liquidación de la misma. Parágrafo Único: La liquidación de las sociedades de garantías reciprocas y de los fondos nacionales de garantía, se realizará de conformidad con el procedimiento previsto al efecto en el Código de Comercio. CAPITULO VIII DE LAS SANCIONES Artículo 44: Quienes usen en su firma, razón social o denominación comercial las palabras "Sociedad de Garantías Reciprocas" o "Sociedad de Reafianzamiento", o, "Fondo de Garantía" o términos afines o derivados de dichas palabras, o equivalentes en su traducción a otros idiomas distintos al castellano, sin estar autorizados para ello de acuerdo a este Decreto-Ley o estando autorizados, no cumplieren con esta denominación, serán sancionados con una multa de hasta el uno por ciento (1%) del capital mínimo exigido a las sociedades de garantías reciprocas nacionales, sin perjuicio de las medidas que sean procedentes, si de dichas infracciones se derivan perjuicios a terceros. Artículo 45: Sin perjuicio de las demás medidas que sean procedentes, las sociedades regidas por este Decreto-Ley, que mantengan índices de solvencia por debajo del establecido en las normas a que hace referencia el Artículo 23, o que tengan su capital social en un monto inferior al determinado conforme a este Decreto-Ley, serán sancionadas con multa de hasta el cero coma cinco por ciento (0,5%) de su capital pagado. Artículo 46: Las sociedades reguladas por este Decreto-Ley que infrinjan las disposiciones que dicte la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras en ejercicio de las atribuciones que le confiere los artículos 35 y 36, serán sancionadas con multa de hasta el cero como cinco por ciento (0,5%) de su capital pagado. Artículo 47: Las sociedades reguladas por este Decreto-Ley, sus administradores o empleados, que impidan u obstaculicen las labores de inspección, supervisión, vigilancia y control de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, o no acaten las medidas acordadas por dicho organismo, serán sancionadas con multa de hasta el cero coma cinco por ciento (0,5%) de su capital pagado. Cuando el infractor sea un administrador o empleado o profesional contratado de la sociedad, éste será sancionado con multa de hasta un treinta por ciento (30%) de su salario anual integral percibido en el año inmediato anterior. En caso de que el infractor no hubiere percibido remuneración alguna en el año anterior, la multa será equivalente a treinta y un unidades tributarias (31 U.T.). Artículo 48: Las sociedades regidas por este Decreto-Ley que sin causa justificada dejaren de suministrar a la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, la información, informes, documentos, y demás datos a los que se refieren los artículos 28, 30 y en el parágrafo único del Artículo 29, serán sancionados con multa de hasta 0,5% de su capital pagado. Cuando la infracción impida conocer razonablemente la verdadera situación patrimonial de la sociedad, la multa sera de hasta 0,1% de su capital pagado. La multa se aumentara en un diez por ciento (10%) de su monto por cada día de retraso en la consignación de la información debida. Artículo 49: Los accionistas, directores, administradores, auditores, comisarios, y demás empleados y funcionarios de las sociedades regidas por el presente Decreto-Ley, que sin causa justificada debidamente razonada, se negaren a suministrar a la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras las informaciones y documentos que ésta les requiera, serán sancionados con multa de hasta treinta por ciento (30%) de su ingreso anual total percibido en el año inmediato anterior, por concepto de remuneración correspondiente a la posición o cargo por el cual debió dar la información. En caso de que el infractor no hubiere percibido remuneración alguna en el año anterior, la multa será equivalente a treinta y un unidades tributarias (31 U.T.). Artículo 50: Para la aplicación de las sanciones administrativas se seguirá el procedimiento establecido en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, debiendo tomarse en cuenta las circunstancias agravantes o atenuantes, tales como la gravedad de la infracción, la reincidencia y el grado de responsabilidad del infractor en la actuación objeto de sanción. Cuando se constate la concurrencia de diferentes hechos que constituyan infracciones conforme a la Ley, se aplicará la sanción correspondiente al hecho más grave, aumentada a la mitad. Parágrafo Único: Queda expresamente prohibida la concurrencia de miembros de la Junta Directiva de las sociedades, en las sesiones en que se discuta, analice y decida la aprobación de temas o hechos que involucraren directamente a dichos miembros. CAPITULO IX DE LAS LIMITACIONES Artículo 51: Lo relativo a las regulaciones sobre prohibiciones y limitaciones, se hará conforme a la que disponga la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras. Artículo 52: Las sociedades de garantías reciprocas y los fondos nacionales de garantías reciprocas, no podrán: a) Otorgar avales o fianzas a sus socios de apoyo. b) Recibir depósitos de ahorro a la vista o a plazos. c) Efectuar operaciones de intermediación financiera. d) Realizar cualquier otra operación no prevista en el presente Decreto-Ley, sin la previa autorización de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras. e) Celebrar contratos de aval o fianza a favor de un solo socio beneficiario, por un monto que exceda del veinte por ciento (20%) de su capital pagado y reservas. CAPITULO X DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES Artículo 53: La Sociedad Nacional de Garantías Reciprocas para la Mediana y Pequeña Industria S.A. S.A.C.A. (SOGAMPI), queda autorizada para realizar las operaciones establecidas en el presente Decreto-Ley y deberá adecuarse a sus disposiciones dentro del plazo de ciento ochenta (180) días. Parágrafo Primero: Cualquier otra empresa o sociedad mercantil interesada en actuar como sociedad de garantías recíprocas o fondo de garantías recíprocas, deberá solicitar la debida autorización de funcionamiento con los lineamientos establecidos en este Decreto-Ley y, para poder operar deberá cumplir con las disposiciones previstas en el mismo. Artículo 54: Los fondos nacionales de garantías recíprocas y las sociedades de garantías recíprocas donde el estado tenga una participación accionaria mayor al cincuenta por ciento (50%), quedan exentos del pago de todos los impuestos, tasas y contribuciones parafiscales, nacionales, estadales o municipales, incluidos timbre fiscal y arancel judicial por registro y notaría. Artículo 55: Los aportes de capital y los aportes al fondo de riesgo que efectúen los socios de apoyo y los socios beneficiarios son deducibles de la renta imponible para la determinación del Impuesto sobre la Renta de las respectivas sociedades. De igual forma estarán exentas de dicho impuesto los dividendos devengados en razón de la tenencia de las respectivas acciones. Artículo 56: El Presente Decreto-Ley entrara en vigencia a los ciento ochenta (180) días contados a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela. Dado en Caracas, a los diez días del mes de agosto de mil novecientos noventa y nueve. Año 189º de la Independencia y 140º de la Federación. (L.S.) HUGO CHÁVEZ FRÍAS NOTA: ESTA LEY SE REIMPRIME POR ERROR MATERIAL DEL ENTE EMISOR GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA (Caracas, 11 de agosto de 1999, Número 5372 Extraordinario Decreto Nº 251 de fecha 10 de agosto de 1999)