Ley Orgánica de Crédito Público - 1992
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LEY ORGANICA DE CREDITO PUBLICO
Gaceta Oficial N° 35.077 de fecha 26 de octubre de 1992
EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE VENEZUELA
Decreta
la siguiente ,
LEY ORGANICA DE CREDITO PUBLICO
TITULO I
Disposiciones Generales
Artículo 1.- El Crédito Público se rige por las disposiciones de esta Ley Orgánica y su Reglamento,
y por las leyes especiales, decretos, resoluciones y convenios relativos a cada operación.
Artículo 2.- Están sujetos a las disposiciones de la presente Ley:
1. La República, los Estados, las Municipalidades, los Institutos Autónomos y demás personas de
derecho público.
2. Las sociedades en las cuales la República y demás personas a que se refiere el presente artículo
tengan participación igual o superior al cincuenta y uno por ciento (51%) del capital social.
3. Las sociedades en las cuales las personas a que se refiere el ordinal anterior tengan
participación igual o superior al cincuenta y uno por ciento (51%).
4. Las fundaciones constituidas y dirigidas por alguna de las personas referidas en el presente
artículo, o aquellas de cuya gestión pudiera derivarse compromisos financieros para esas
personas.
Artículo 3.- Las operaciones de Crédito Público tendrán por objeto arbitrar fondos o recursos para
realizar obras productivas, atender casos de evidente necesidad o de conveniencia nacional y cubrir
necesidades transitorias de tesorería.
Conjuntamente con el Proyecto de la Ley de Presupuesto de cada año, el Ejecutivo Nacional
presentará al Congreso, para su autorización mediante ley especial que será promulgada
simultáneamente con la Ley de Presupuesto, el monto máximo de endeudamiento neto que podrá
contraer la República durante el respectivo ejercicio fiscal.
El monto máximo a contratar de las operaciones de crédito público a ser celebradas durante el
ejercicio presupuestarios respectivo por los entes de carácter nacional sujetos al régimen
autorizatorio de esta Ley, así como el monto máximo de letras del Tesoro que podrán (estar en
circulación al cierre del ejercicio del respectivo ejercicio presupuestario, será presentado por el
Ejecutivo Nacional al Congreso de la República para su autorización mediante ley especial,
acompañado de una exposición que incluya los programas y proyectos a ser financiados por las
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operaciones de crédito a realizar y la opinión del Banco Central de Venezuela de conformidad con lo
establecido en el artículo 32 de esta Ley.
El monto máximo referido se determinará atendiendo a la capacidad de pago y a los requerimientos
de un desarrollo ordenado de la economía, y tomará como referencia los ingresos fiscales ordinarios
previstos para el año, las exigencias del servicio de la deuda existente, el Producto Interno Bruto, el
ingreso de exportaciones y aquellos índices macroeconómicos del Banco Central de Venezuela, que
permitan medir la capacidad económica del país para atender las obligaciones de la Deuda Pública.
Por encima del monto máximo autorizado conforme al aparte anterior, sólo podrán celebrarse
aquellas operaciones requeridas para hacer frente a gastos extraordinarios como consecuencia de
calamidades o de catástrofes públicas, las cuales deberán autorizarse mediante ley especial.
Parágrafo Único: En los casos en que haya reconducción del Presupuesto, se entenderá que el
monto autorizado para el endeudamiento del año será igual al del año anterior.
Artículo 4.- La Deuda Pública puede originarse en:
a. La emisión y colocación de títulos, incluyendo Letras del Tesoro, constitutivos de unos
empréstitos, externos o internos, o de operaciones de tesorería.
b. La apertura de crédito de cualquier naturaleza.
c. La contratación de obras, servicios o adquisiciones cuyo pago total o parcial se estipule
realizar en el transcurso de uno o más ejercicios fiscales posteriores al vigente;
d. El otorgamiento de garantías en los casos de excepción previstos en esta Ley.
e. La consolidación, conversión unificación u otras operaciones destinadas a refinanciar o
reestructurar Deuda Pública existente.
Artículo 5.- Los títulos de la Deuda Pública, emitidos al portador, deberán ser colocados en el
mercado por el Banco Central de Venezuela, salvo que la Ley que autorice la respectiva operación
prevea otros procedimientos. El Banco Central de Venezuela podrá autorizar a tal fin los servicios de
cualquier otra persona natural o jurídica de carácter público o privado.
Artículo 6.- Se exceptúan del cumplimiento de los requisitos establecidos en esta Ley.
1. Los contratos de obras que reúnan las siguientes condiciones:
a. Que su ejecución se extienda más allá de un ejercicio presupuestario y que los pagos se
hagan a medida que se ejecutan las obras, de tal manera que, en ningún ejercicio o
concluidas éstas, el ente público contratante que de afecto a obligación alguna;
b. Que los pagos a efectuarse en ejercicios posteriores al vigente, tanto por los contratos
que se celebren durante el ejercicio presupuestario en curso como por los celebrados
en ejercicios anteriores, no excedan en total del cinco por ciento (5%) de los ingresos
ordinarios estimados inicialmente en el presupuesto del ente público contratante. En
el caso de la República, dicho porcentaje se calculará sobre la cantidad que resulte de
deducir a los mencionados ingresos ordinarios los aportes presupuestarios destinados
al Fondo de Inversiones de Venezuela, a los que constituyan el Situado establecido
por el Artículo 229 de la Constitución y los aportes específicos establecidos por leyes
especiales e incluidos en la Ley de Presupuesto.
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Antes del último día del mes febrero de cada año, todos los entes públicos presentarán
al Presidente de la República, por intermedio del Ministro de Hacienda, para su
aprobación en Consejo de Ministros, una relación de los contratos de obras que
pretendan celebrar en el año, en los términos previstos en este numeral. Una copia de
dicha relación, ya aprobada será remitida al Contralor General de la República.
2. Los contratos que tengan por objeto la adquisición o construcción de inmuebles destinados a la
prestación de los servicios de los respectivos entes públicos, inclusive los inmuebles que
requiera en el exterior, el servicio diplomático y consular de la República, siempre que se
encuentren comprendidos dentro del correspondiente programa que apruebe el Ejecutivo
Nacional por órgano del Ministerio de Hacienda, y siempre que el pago deba realizarse en un
plazo no menor de siete (7) años.
3. Las obligaciones derivadas de la participación de la República en instituciones financieras
internacionales en las cuales esta sea miembro.
Artículo 7.- En el caso de los contratos a los cuales se refiere el literal c. del artículo 4° , la Ley de
Presupuesto en la cual se incluya el primer pago autorizará al Ejecutivo Nacional para contratar una
parte del costo total, guardando una adecuada proporción con la asignación que en la misma Ley de
Presupuesto se destine a dichas contrataciones, de acuerdo al número de ejercicios fiscales en los
cuales se vaya a cancelar y ejecutar. En tal caso dicha Ley indicará expresamente la autorización
para contratar que se dé al Ejecutivo Nacional, enumerará las obras a las cuales se contrae la
autorización y ordenará la inclusión en los sucesivos presupuesto de las asignaciones anuales
requeridas por el programa de ejecución y los cuales se indicarán. El costo de las obras que se
contraten según este artículo no se tomará en cuenta para el cálculo del porcentaje a que se refiere la
letra b. del numeral 1° del artículo 6 ni para el monto máximo a que se refiere el artículo 3 en los
montos que no correspondan al año de que se trate.
Artículo 8.- No se podrá contratar operaciones de crédito público con garantía o privilegios sobre
bienes o rentas nacionales, estatales o municipales.
Artículo 9.- No se podrá variar o modificar, directa o indirectamente, el destino de la operación de
crédito público sin nueva autorización del ente autorizante.
Artículo 10.- Las obligaciones provenientes de la deuda pública o los títulos que la representen
prescriben a los diez (10) años, los intereses o los cupones representativos de éstos prescriben a los
tres (3) años, ambos lapsos se contarán desde las respectivas fechas de vencimiento de las
obligaciones.
Artículo 11.- En los presupuestos de los entes públicos deberán incluirse las partidas
correspondientes al servicio de la Deuda Pública, sin perjuicio de que éste se centralice, total o
parcialmente, en el Ministerio de Hacienda.
A los afectos del cumplimiento de lo dispuesto en este artículo, los recursos previstos para el
Servicio de la Deuda Pública no estarán sujetos al régimen de dozavo presupuestario.
Artículo 12.- Los títulos de la Deuda Pública podrán generar intereses y ser colocados a la par, a
descuento o con prima.
Artículo 13.- La Contraloría General de la República llevará en cuenta especial el movimiento de las
erogaciones con cargo a los recursos originados en operaciones de Crédito Público, ya se efectúen
mediante apertura de crédito o colocación o entrega de títulos de la Deuda Pública, igualmente,
llevará la relación de las garantías concedidas por los entes sujetos a esta Ley con especial indicación
de las obligaciones principales a que ellas se refieren.
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Parágrafo Único: Además del control financiero establecido en este artículo, la Contraloría General
de la República, para asegurar el cumplimiento del objeto de cada operación de Crédito Público,
dictará las normas de control perceptivo que juzgue adecuado.
Artículo 14.- Las normas para la emisión, canje, depósito, sorteos, operaciones de mercado para
rescate anticipado y cancelación de títulos de la Deuda Pública al portador, serán establecidas en el
Reglamento de esta Ley.
Artículo 15.- Sólo podrán realizar operaciones de endeudamiento a corto plazo la República, los
institutos autónomos y las Sociedades del Estado dentro de los términos establecidos en esta Ley.
Artículo 16.- La opinión de las comisiones permanentes de finanzas y de cualquier otra comisión
permanente del congreso cuando fuere requeridas por esta ley o por las leyes de crédito público que
se dicten conforme a ella, deben ser remitidas al Ejecutivo Nacional dentro de los veinte (20) días
siguientes a la fecha en la cual se dé cuenta de la solicitud en reunión ordinaria de la Comisión de
Finanzas de la Cámara de Diputados, en caso de que dicha opinión no sea remitida dentro del lapso
aquí indicado, se considerara como favorable a la realización de las operaciones.
TITULO II
De las Operaciones de Cédito Público de la República
Artículo 17.- El Ejecutivo Nacional indicará en la exposición que dirija al Congreso, a los fines
previstos en el artículo 3, con la aproximación que permitan los datos existentes, los principales
efectos económicos y sociales que ocasionarán los proyectos a ser financiados con las operaciones de
crédito público de que se trate. El Congreso podrá exigir al Ejecutivo Nacional cualesquiera otros
datos que considere necesarios para otorgar la autorización solicita.
Artículo 18.- En uso de la autorización a que se refiere el primer aparte del artículo 3 de esta Ley, el
Ejecutivo Nacional podrá establecer que los organismos de la administración descentralizada
realicen directamente aquellas operaciones que sean de su competencia o bien que la República les
transfiera los fondos obtenidos en las operaciones que ésta realice. Esta transferencia se hará en la
forma que determine el Ejecutivo Nacional y en todo caso le corresponderá decidir si mantiene,
cede, remite o capitalizada la acreencia, total o parcialmente, en los términos y condiciones que el
mismo determine.
Artículo 19.- Antes de celebrar cada operación de crédito público, el Ejecutivo Nacional oirá la
opinión del Banco Central de Venezuela así como la opinión favorable de las Comisiones
Permanentes de Finanzas del Senado y de la Cámara de Diputados sobre las condiciones financiera
aplicables a dicha operación.
Artículo 20.- Las Letras del Tesoro y los bonos de la Deuda Pública tendrán las Condiciones que se
establezcan en los respectivos decretos de emisión, previo el cumplimiento de los requisitos
determinados en esta Ley.
Artículo 21.- El Ejecutivo Nacional podrá emitir Letras del Tesoro durante el ejercicio
presupuestario, siempre que su monto en circulación al final de cada ejercicio no exceda del máximo
fijado por el Congreso, de conformidad con lo previsto en el artículo 3° de esta Ley.
Artículo 22.- Las Letras del Tesoro y toda obligación de Deuda Pública a corto plazo deberán ser
canceladas a su vencimiento.
Artículo 23.- Los contratos de empréstitos y los títulos de la Deuda Pública de la República, llevarán
la firma del Ministro de Hacienda o del funcionario designado al efecto por el Presidente de la
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República. Se exceptúan aquellos títulos para los cuales se establezcan otras modalidades de
emisión, incluidas la utilización de procedimiento electrónicos, de acuerdo con lo que disponga el
respectivo decreto de emisión.
Artículo 24.- Para la ejecución de las operaciones a que se refiere esta Ley, la República, podrá
aceptar letras de cambio, emitir pagarés o cualquier otro título valor.
Artículo 25.- Los títulos de la Deuda Pública son admisibles por su valor nominal en toda garantía
que haya de constituirse a favor del Fisco Nacional.
Artículo 26.- Los títulos de Deuda Pública al portador emitidos por la República serán pagaderos
desde las fechas de su vencimiento contra entrega de los mismos, en la Tesorería Nacional o en las
entidades auxiliares de la misma. En las leyes especiales que autoricen operaciones de Crédito
Público podrá establecerse que los mencionados títulos de Deuda Pública sean utilizados a su
vencimiento para el pago de cualquier impuesto o contribución nacional.
Los títulos nominativos se pagarán a su vencimiento previa comprobación derecho a percibir el
pago, la cual se hará en los términos que establezca el Reglamento de esta Ley,
Artículo 27.- La república no podrá otorgar ninguna garantía para respaldar obligaciones de
personas naturales o jurídicas de cualquier naturaleza.
Artículo 28.- No se otorgaran nuevas garantías a las personas naturales o jurídicas, públicas o
privadas, que se encuentren en mora en el pago de obligaciones garantizadas por la República.
TITULO III
De la intervención del banco Central de Venezuela
Artículo 29.- Las operaciones de Crédito Público, cualquiera que sea su cuantía deberán ser
consultadas previamente por el Ejecutivo Nacional con el Banco Central de Venezuela.
Artículo 30.- El Ejecutivo Nacional deberá oír la opinión del Banco Central de Venezuela antes de
otorgar cualquier garantía o de autorizar, en los términos de esta Ley, cualquier operación de Crédito
Público de los entes sujetos a la misma.
Artículo 31.- A los efectos de lo establecido en el artículo 3 de la presente Ley, el Ejecutivo
Nacional solicitará la opinión del Banco Central de Venezuela sobre los efectos fiscales y
macroeconómicos del endeudamiento neto y el monto máximo de Letras del Tesoro a las que se
refiere el mismo artículo 3° .
Artículo 32.- La opinión del Banco Central de Venezuela sobre las operaciones de crédito público,
versará sobre las condiciones financieras de las operaciones. Cuando se trate de las operaciones de
crédito público previstas en los artículos 34, 38 y 39 de la presente Ley, el Banco Central de
Venezuela deberá evaluar también la capacidad de pago del ente público que propone realizar la
operación.
Artículo 33.- El Ministerio de Hacienda deberá enviar al Banco Central de Venezuela una
información mensual sobre el movimiento y estado de cada una de las deudas y demás operaciones
de Crédito Público de la Nación, los Estados, las Municipalidades, Institutos Autónomos, Sociedades
o Empresas del Estado y de las obligaciones que tengan fianza de la Nación.
TÍTULO IV
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De las operaciones de Crédito Público de los Estados y de las Municipalidades
Artículo 34.- Los Estados y las Municipalidades y los entes por ellos creados, no podrán realizar
operaciones de crédito público externas.
Artículo 35.- Los Estados, las Municipalidades y los entes por ellos creados, no podrán realizar
operaciones de crédito público interno sin la autorización del Congreso de la República mediante ley
especial. La solicitud de autorización para la realización de dichas operaciones será formulada por
medio de acuerdo de la respectiva Asamblea Legislativa o Consejo Municipal, que deberá ser
trasmitida al Congreso, a través del Ejecutivo Nacional, y contener la aprobación de éste, la opinión
del Banco Central de Venezuela, en los términos establecidos en el Título III de este Ley y, además
las siguientes indicaciones: programas de inversiones, plazo para amortización, tasa máxima de
interés, forma de pago, garantías ofrecidas y cualesquiera otras características financiera de la
operación. Deberá, así mismo, someterse a los requisitos que señale el Reglamento de esta Ley.
Artículo 36.- Las operaciones de crédito público interno que hayan de celebrar los Estados y las
Municipalidades deberán ser autorizadas por las respectivas Asamblea Legislativas o Consejos
Municipales mediante leyes u ordenanzas en las que se incluirán las menciones y la autorización a
que se refiere el artículo anterior.
Artículo 37.- Los Estados y Municipalidades deberán enviar al Ministerio de Hacienda una
información mensual sobre le movimiento y estado de cada una de las operaciones de Crédito
Público y de las demás deudas.
TITULO V
De las operaciones de Crédito Público de los institutos Autónomos, Sociedades del Estado, y
demás Entes Públicos regidos por esta Ley
CAPITULO I
De las operaciones de Crédito Público de los Institutos Autónomos
Artículo 38.- Los Institutos Autónomos y todas las personas jurídicas públicas que no revistan el
carácter de sociedades mercantiles, así como las fundaciones constituidas y dirigidas por alguna de
las personas referidas en el artículo 2 de la presente Ley, no podrán realizar operaciones de crédito
público. Se exceptúan de lo dispuesto en este artículo los institutos autónomos cuyo objeto principal
sea la actividad financiera, sólo a los efectos del cumplimiento de dicho objeto.
Parágrafo Único: Las personas jurídicas exceptuadas conforme a este artículo deberán publicar en
dos (2) diarios de circulación nacional, dentro de los quince (15) días siguientes a la terminación de
su ejercicio económico, el balance con indicación expresa del monto de endeudamiento pendiente,
debidamente suscrito por un Contador Público inscrito en el Registro de Contadores Públicos en
Ejercicio Independiente de la Profesión que lleva la Comisión Nacional de Valores.
Un ejemplar de dicha publicación deberá remitirse a las Comisiones Permanentes de Finanzas del
Senado y de la Cámara de Diputados, dentro de los cinco (5) días siguientes a aquel en que fue
publicado el correspondiente balance.
CAPITULO II
De las operaciones de Crédito Público de las Sociedades del Estado
Artículo 39.- Las sociedades del Estado sólo podrán realizar operaciones de crédito público,
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conforme a lo establecido en este artículo.
En ningún caso podrán garantizar obligaciones de personas naturales o jurídicas de cualquier
naturaleza.
Las sociedades del Estado podrán realizar operaciones de crédito público con la sola autorización del
Presidente de la República en Consejo de Ministros, previa opinión del Banco Central de Venezuela,
donde se haga constar la factibilidad del endeudamiento y capacidad de pago de la respectiva
sociedad y además la opinión favorable de las Comisiones Permanentes de Finanzas del Senado y de
la Cámara de Diputados, reunidas conjuntamente. En todo caso el monto de las obligaciones
pendientes por tales operaciones, mas el monto de las operaciones a tramitarse no debe exceder de
dos (2) veces el patrimonio de la respectiva sociedad.
Parágrafo Primero: Quedan exceptuadas del régimen previsto en esta Ley, las sociedades del
Estado dedicadas a la intermediación de créditos regidas por la Ley General de Bancos y otros
Institutos de Crédito, las regidas por la Ley de Empresas de Seguro y Reaseguros, las creadas o que
se crearen de conformidad con la Ley Orgánica que reserva al Estado la Industria y el Comercio de
los Hidrocarburos las creadas o que sea crearen de conformidad con el artículo 10 del Decreto Ley
No 580 del 26 de noviembre de 1974, mediante el cual se reservó el Estado la industria de la
explotación del mineral de hierro, siempre y cuando se certifique la capacidad de pago de estas
sociedades.
Parágrafo Segundo: La respectiva sociedad deberá publicar en un (1) diario de circulación nacional
y por lo menos en un (1) diario de la zona donde tenga su sede principal, dentro de los quince (15)
días siguientes a la terminación de su ejercicio económico, el balance con indicación expresa del
monto de endeudamiento pendiente, debidamente suscrito por un Contador Público inscrito en el
Registro de Contadores Públicos en Ejercicio Independiente de la Profesión que lleva la Comisión
Nacional de Valores.
Un ejemplar de dicha publicación deberá remitirse a las Comisiones Permanentes de Finanzas del
Senado y de la Cámara de Diputados, dentro de los cinco (5) días siguientes a aquel en que fue
publicado el correspondiente balance.
Artículo 40.- Las sociedades del Estado, no podrán garantizar obligaciones asumidas por terceros.
Se exceptúan las sociedades cuyo objeto es el otorgamiento de garantías, las cuales deben ser
autorizadas en forma general para este propósito mediante Ley.
Artículo 41.- Queda exceptuado del régimen previsto en esta Ley el Banco Central de Venezuela.
TITULO VI
Del Refinanciamiento de la Deuda Pública
Artículo 42.- La consolidación, conversión, unificación o cualquier forma de refinanciamiento de la
Deuda Pública, cuando exceda del monto máximo de endeudamiento neto autorizado de
conformidad con lo establecido en el tercer aparte del artículo 3 de esta Ley deberá ser autorizada
expresamente por el Congreso mediante ley especial.
Artículo 43.- Cuando las condiciones existentes en los mercados financieros internacionales lo
aconsejen, el Ejecutivo Nacional podrá adoptar programas generales de refinanciamiento de la
totalidad o parte de la deuda pública externa de los entes mencionados en el artículo 2° . En este caso,
el Congreso de la República podrá otorgar al Ejecutivo Nacional una autorización general para
celebrar, en un plazo determinado, operaciones de crédito público, dentro de los límites y
condiciones fijados por el Congreso.
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En esta autorización se podrá establecer que la deuda de los entes distintos a la República a ser
refinanciada sea asumida por ésta o contratada directamente por el respectivo ente deudor, a juicio
del Ejecutivo Nacional, en cuyo caso se establecería expresamente el criterio adoptado y se
informará al Congreso de la República.
Artículo 44.- La Ley especial que autorice el refinanciamiento a que se refiere el artículo anterior,
podrá establecer que la negociación de las operaciones de crédito público sea realizada por órgano
del Ministro de Hacienda, sin participación de los diversos entes deudores. Estos quedarán sometidos
a lo que al respecto disponga el Ministro de Hacienda en relación al refinanciamiento total o parcial
de su deuda.
Artículo 45.- En los supuestos previstos en los artículos 42 y 43, el Ejecutivo Nacional presentará al
Congreso de la República una exposición razonada de la solicitud de autorización y la opinión del
Banco Central de Venezuela.
Artículo 46.- Obtenida la autorización prevista en el artículo 43, el Ejecutivo Nacional podrá
celebrar las operaciones de crédito público que sean necesarias para el refinanciamiento, en las
oportunidades, plazos, formas y, modalidades que considere más convenientes a los intereses
nacionales, dentro de las condiciones existentes en los mercados financieros internacionales. Antes
de celebrar cada operación, el Ejecutivo Nacional deberá oír la opinión del Banco Central de
Venezuela.
Artículo 47.- El Ejecutivo Nacional, dentro de los treinta (30) días siguientes a la celebración de
cada operación, deberá informar al Congreso o a la Comisión Delegada, de las actuaciones
cumplidas en virtud de la autorización dada conforme al artículo 43.
TÍTULO VII
De la administración del Crédito Público
Artículo 48.- La negociación y administración de la Deuda Pública estará bajo la dirección y
responsabilidad del Ministerio de Hacienda. En el Ministerio de Hacienda se llevará la contabilidad
de la Deuda Pública y un registro de las operaciones de crédito público realizados por los entes
sujetos a la presente Ley.
El registro a que se refiere este artículo contendrá los montos que se efectúen por concepto de
amortizaciones y pago de intereses. Los entes sujetos a esta Ley deberán suministrar al Ministerio de
hacienda la información relativa a operaciones realizadas, desembolsos y el servicio de su deuda
dentro de los primeros diez (10) días de cada mes.
Esta información estará a disposición del Congreso cuando éste la solicite. Quedan exceptuados de la
obligación establecida en este artículo el Banco Central de Venezuela y las sociedades del Estado
dedicadas a la intermediación de créditos regidas por la Ley General de Bancos y otros Institutos de
Crédito, y las regidas por la Ley de empresas de seguros y de reaseguros.
Artículo 49.- Los entes sujetos a esta Ley deberán suministrar al Ministerio de Hacienda todas las
informaciones que éste le solicitare sobre las operaciones de Crédito Público realizadas o en trámite.
Artículo 50.- Antes de realizar las operaciones de crédito público autorizadas por el Congreso los
respectivos entes públicos deberán solicitar la intervención del Ministerio de Hacienda para iniciar
conjuntamente las gestiones necesarias a fin de llevar a cabo la operación.
Una vez celebrada la operación el ente deudor deberá registrarla en el Ministerio de Hacienda.
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Artículo 51.- En el caso de refinanciamiento a que se refiere el Título VI de la presente Ley los
directores y administradores de los entes sujetos a esta Ley, así como los directores o gerentes de
Finanzas y quienes desempeño en funciones similares, están obligados a cumplir las instrucciones,
que les imparta el Ministro de Hacienda.
Artículo 52.- Dentro de los sesenta (60) días del vencimiento de cada semestre el Ministerio de
Hacienda presentará a las Comisiones Permanentes de Finanzas del Senado y de la Cámara de
Diputados, un uniforme pormenorizado sobre la situación de la Deuda Pública que deberá
comprender los siguientes elementos;
1. El monto colocado y amortizado de cada operación autorizada por el Congreso y el saldo de la
misma con señalamiento de la Ley respectiva;
2. Las operaciones que tengan por objeto la reducción del tipo de interés;
3. Las cantidades asignadas en la Ley de Presupuesto para el Servicio de la Deuda Pública a
cargo de la República, los Institutos Autónomos y las Sociedades del Estado y las
efectivamente pagadas por concepto de cada operación de Crédito Público autorizadas, en
cuanto a los Estados, las Municipalidades y demás entes sujetos a esta Ley, una relación del
movimiento y estado de sus operaciones del Crédito Público autorizadas;
4. La aplicación de los recursos provenientes de cada operación en función del programa que
sirvió de fundamento a la autorización respectiva, tanto en términos reales como financieros;
5. Las condiciones en que se han celebrado las operaciones autorizadas;
6. Una relación de las operaciones de Créditos Público de los institutos autónomos y sociedades
del Estado, autorizadas por el Ejecutivo Nacional; así como una de las operaciones a corto
plazo realizadas y de las garantías otorgadas por dichos entes;
7. Una información sobre las tendencias prevalecientes tanto en el mercado interno como en el
mercado internacional de capitales en cuanto a plazos, tipos de interés y descuentos;
8. Información sobre la capacidad el mercado para absorber los títulos valores, bonos y otros
documentos financieros, emitidos o por emitir por la República.
Parágrafo Único: El Ministerio de Hacienda acompañará a su informe los contratos de apertura de
crédito que se hayan suscrito en el semestre de acuerdo con las autorizaciones otorgadas.
Artículo 53.- Serán sancionados con destitución del cargo o con multa hasta de diez mil bolívares
(Bs. 10.000,00) de acuerdo con la gravedad de la falta, quienes no remitan al Ministerio de
Hacienda, dentro del plazo que se les haya fijado, las informaciones y documentos que les hubieren
sido requeridos.
La destitución será aplicada por la autoridad que hubiere hecho el nombramiento. La multa la
impondrá el Ministro de Hacienda.
Artículo 54.- Sin perjuicio de la aplicación de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio
Público, quienes incumplieren los deberes establecidos en los artículos 50 y 51 serán sancionados,
según la gravedad de la falta, con multa o con destitución o despido. Estas sanciones serán impuestas
de oficio por el superior jerárquico del ente deudor o a requerimiento del Ministro de Hacienda. Las
multas serán calculadas de conformidad con lo previsto en el artículo 100 de la Ley Orgánica de
Procedimientos Administrativos y aplicadas de acuerdo con el procedimiento señalado en el artículo
102 de la misma.
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En el caso de que la falta deba ser castigada con destitución o despido, la sanción se aplicará en
procedimiento sumario, con audiencia del presunto responsable.
Artículo 55.- Las personas naturales o jurídicas cuyas obligaciones fueren garantizadas por
cualesquiera de los entes sujetos a la presente Ley, estarán obligados a permitir la inspección y
fiscalización de la Contraloría General de la República y a contratar auditorías externas de sus
actividades económicas, a solicitud de aquella o del garante.
TITULO VIII
Disposiciones Finales
Artículo 56.- Las operaciones de Crédito Público celebradas en contravención de lo dispuesto en la
presente Ley, son nulas y sin efecto, sin perjuicio de la responsabilidad personal de los que las
celebren. Las obligaciones que se derivan de las mismas no serán oponibles ni a la República ni al
ente contratante.
Los funcionarios con capacidad para obligar a los organismos públicos en razón de las funciones que
ejerzan, que celebren o autoricen operaciones de Crédito Público nulas, sin perjuicio de las
responsabilidades administrativas, civiles o penales en que incurran, serán sancionadas con
destitución del cargo y prohibición para ejercer cualquier cargo público por cinco (5) años.
Artículo 57.- Las controversias que surjan entre las personas sujetas a la presente Ley y los
particulares con ocasión de las operaciones previstas en la misma, serán de la competencia de la
Corte Suprema de Justicia en Sala Político-Administrativa.
Artículo 58.- A los efectos de lo establecido en esta Ley, se autoriza a la Sociedad Nacional de
Garantías Reciprocas para la Mediana y Peque a Industria (SOGAMPI) a otorgar garantías para
respaldar obligaciones de terceros.
Artículo 59.- El Ejecutivo Nacional presentará el primer proyecto de ley especial a que se refiere el
artículo 3° de la presente Ley, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la entrada en vigencia de la
misma, a fin de que el Congreso de la República lo apruebe antes del inicio del próximo ejercicio
presupuestario.
Artículo 60.- El Ejecutivo Nacional y los demás entes sujetos a esta Ley, podrán contratar las
operaciones de crédito público y otorgar las garantías a que estén autorizados por leyes especiales de
créditos público que hubieren sido aprobadas antes de la entrada en vigencia de la presente Ley.
Dada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas, veintiséis días del mes de
octubre de mil novecientos noventa y dos. Años 182° de la Independencia y 133° de la Federación.
El Presidente (E)
(L.S.)
Luis Enrique Oberto G.
El Vicepresidente,
Felipe Montilla
Los Secretarios,
Luis Aquiles Moreno C.
Douglas Estanga Fajardo
Palacio de Miraflores, en Caracas a los veintiséis días del mes de octubre de mil novecientos noventa
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y dos. Años 182° de la Independencia 133° de la Federación.
(L.S.)
CARLOS ANDRES PEREZ
Refrendado,
El Ministro de Relaciones Interiores,
Luis Piñerua Ordaz
El Ministro de Relaciones Exteriores (E),
Fernando Gerbasi
El Ministro de Hacienda,
Pedro Rosas Bravo
El Ministro de la Defensa,
Iván Jiménez Sánchez
El Ministro de Fomento,
Frank de Armas Moreno
El Ministro de Educación,
Pedro Augusto Beauperthuy
El Ministro de Sanidad y Asistencia Social (E),
Rodrigo Infante
El Ministro de Agricultura y Cría,
Jonathan Coles Ward
El Ministro del Trabajo,
Jesús Rubén Rodriguez V
El Ministro de Transporte y Comunicaciones,
Fernández Martínez M
El Ministro de Justicia,
José Mendoza Angulo
El Ministro de Energía y Minas (E),
Rafael M Guevara
El Ministro del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables
Enrique Colmenares Finol
El Ministro del Desarrollo Urbano,
Diógenes Mujica
La Ministra de la Familia,
Teresa Albanez Barnola
El Ministro de la Secretaría de la Presidencia,
Celestino Armas
El Ministro de Estado,
http://www.defiendete.org/html/de-interes/LEYES%20DE%20VENEZUELA/LEYES... 21/07/2009
LEY ORGANICA DE CREDITO PUBLICO
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Ricardo Haussmann
El Ministro de Estado,
Leopoldo Sucre Figarella
http://www.defiendete.org/html/de-interes/LEYES%20DE%20VENEZUELA/LEYES... 21/07/2009