Constitución de Estado Mérida

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Constitución de Estado Mérida E1 23 de enero de 1961, el Presidente Rómulo Betancurt promulgaba en la ciudad de Caracas la Constitución de la República, poniendo fin a un proceso político y jurídico iniciado por él mismo el 18 de octubre de 1945 como Presidente de la Junta de Gobierno, para instaurar en Venezuela, un Gobierno democrático, alternativo, responsable y representativo de la voluntad del pueblo. En esa misma fecha, se dio comienzo a un nuevo período político del país signado esencialmente por los propósitos de la Carta Magna que recién se promulgaba. Esta Constitución de la República tiene características esenciales que la orientan y la definen. Es una Constitución de consenso, no sólo por haber permitido la convergencia de todos los partidos políticos representados en el Congreso Nacional, sino porque en su concepción participaron todos los estratos sociales, instituciones, corporaciones y estamentos públicos o privados que reflejaban la voluntad popular. Además, fue ratificada por todas las Asambleas Legislativas, para demostrar no sólo el espíritu federal que la animaba, sino también el apoyo de las entidades políticas que conforman la República. La Constitución no estaba orientada a un orden filosófico o doctrinario determinado, sin embargo, en ella se plasman los más elevados principios como son: la división tripartita del poder; el estado de derecho; el gobierno republicano, la consagración de los derechos y las garantías de los ciudadanos; la estratificación de los órganos del poder público por su orden territorial; la autonomía de estados y municipios; los modernos conceptos sobre la nacionalidad o el territorio; los postulados que norman la actividad del país dentro del concierto internacional; los regímenes de excepción surgidos por razones de emergencia o los procedimientos para hacer efectiva su revisión o su reforma. La Constitución de 1961 es una carta política moderna, en su fondo y en su forma; es de carácter programático, al señalar objetivos generales que deben ser desarrollados por el órgano legislativo ordinario; es una Constitución rígida al preverse su revisión por un órgano distinto al parlamento ordinario a los fines de adecuarla a las nuevas circunstancias sociales, políticas, económicas o culturales de Venezuela, pero también es una Constitución práctica, que previó la solución de los problemas más álgidos de la política venezolana, como el de la reelección presidencial, la conformación de la Corte Suprema de Justicia o la posible elección de los Gobernadores de Estado. Venezuela adoptó una estructura federal sui-géneris, pues si bien reconoció entidades político-territoriales entre el hombre y el estado nacional, como los llamados estados y los municipios, previó un alto grado de concentración de competencias en el Poder Nacional, en desmedro de la autonomía propia y natural de las entidades restantes. Los modelos centralistas de gobierno tienden a desaparecer en el mundo moderno y los procesos de descentralización se han ido convirtiendo en procesos irreversibles y auto-propulsivos, en los que el logro de metas y objetivos, sirven de soporte a nuevos propósitos que procuran el desarrollo integral de los pueblos y regiones, sin afectar el concepto de nacionalidad. La descentralización debe ser territorial y los países mantienen así la organización de estados o provincias, regiones, departamentos o Municipios. Es la conveniencia de mantener entidades estratificadas en las que se descentraliza el poder político y una adecuada forma de acopiar la pesada estructura administrativa de Estado Nacional, para el cumplimiento de sus cometidos y facilitar la prestación de sus servicios públicos. La descentralización también debe ser política en el sentido de distribuir entre todos los órganos, la decisión del gobierno en las áreas de sus propias competencias. Por esta razón, ésta debe ser legislativa, a los fines de dotar a las entidades territoriales de competencias necesarias y convenientes a su desarrollo, mediante normas y procedimientos serios pero flexibles, dado que el proceso no es único o uniforme para todas las regiones, y el objetivo del proceso es garantizar un alto grado de rendimiento en la inversión y la eficacia de la prestación del servicio, de lo contrario, se procede a la reversión. Finalmente, la descentralización es un proceso que implica la dotación de recursos a las entidades político-territoriales, ello significa no sólo una mayor participación porcentual en los ingresos nacionales, sino también la posibilidad de generar nuevos recursos mediante la autonomía impositiva; su asociación con otras entidades públicas o privadas, para disminuir los costos en la prestación de servicios, a utilizar la figura de la concesión para la dotación de obras de infraestructura, en un proceso de entender a la autoridad con un criterio de gerencia pública y animadora de la participación de la sociedad en el logro de los grandes fines del Estado. El alto grado de concentración política en el Poder ejecutivo por 150 años en la gran mayoría de los países de América Latina, permitió l¡ surgimiento de Estados centralistas con una economía estatizadas, y la sola presencia de entidades político-territoriales o la consagración del derecho a la propiedad privada y el derecho a la asociación, no produjeron ningún efecto distinto del observado en los sistemas socialistas, pues el Estado siguió siendo el todo político y el todo social; la democracia participativa ha sido una farsa política al institucionalizar la democracia de partidos; sus economías se derrumbaron, se vive una etapa de crisis en la prestación de los servicios públicos, la educación y la salud tienen indicadores alarmantes, alejados de la ciencia y la tecnología, y, el margen que nos separa de los países desarrollados y de un régimen de justicia social o de una alta calidad de vida, parecieran alejarnos cada día de la idea de lograr un Estado ideal. En Venezuela desde hace muchos años se han organizado los movimientos centralistas del poder, justificando su existencia en el histórico discurso de Simón Bolívar en el Congreso de Angostura de 1819, en el que se opuso al Estado federal y a la autonomía de las provincias por causa de las guerras y la necesidad de un gobierno fuerte para enfrentarla. Pero cambiaron las circunstancias y la guerra fue sustituida por la paz, no obstante el gobierno siguió siendo centralista. Si el centralismo hubiese sido un sistema exitoso de gobierno, nuestra América Latina fuera un sub-continente plenamente desarrollado y los Estados Unidos o los países de Europa Occidental, estarían en etapas de subdesarrollo. La experiencia demuestra justamente lo contrario y hasta los Estados con Monarquías democráticas, han debido descentralizarse para lograr su desarrollo. La Constitución de la república consagró el sistema centralista confiriéndole al poder nacional el mayor cúmulo de competencias posibles previéndose para los estados, una serie de autonomías limitadas por la misma carta fundamental o por la legislación ordinaria. Les permite la organización de sus poderes públicos, pero nacionaliza el poder judicial y señala la integración y atribuciones del Poder Legislativo y hasta la forma de elección del Gobernador del Estado. Permite la organización de sus Municipios y demás entidades locales, pero se dicta una ley orgánica que establece su régimen; previó la administración de sus bienes, pero se limita al situado constitucional y se atiborra de prohibiciones para la generación de recursos o la creación de impuestos; permite el uso de crédito público pero con autorización del gobierno nacional y a pesar de someter a su autoridad la organización de su policía urbana o rural, permitió su manejo a las Fuerzas Armadas Nacionales. La década de los años 80 en Venezuela permitió un cambio de rumbo en el proceso descentralizador: por una parte, se modificó la Ley Orgánica de Régimen Municipal y se recuperó la figura del Alcalde, electo popularmente, como órgano ejecutivo del gobierno local; se aprobó la Ley de elección y remoción de los Gobernadores del Estado, devolviendo a las entidades federales el principio autonómico para designar sus propias autoridades. Igualmente, se aprobó la Ley de Delimitación, Descentralización y Transferencia de competencias del Poder Público, con el propósito de definir las funciones de los Gobernadores como Agentes del Poder Nacional y Jefes del Poder Ejecutivo Estadal; creó los procedimientos para que los Estados obtuviesen la descentralización en la administración de los servicios públicos en las competencias concurrentes de la administración y acordó la transferencia de competencias en algunas áreas originalmente atribuidas al Poder Nacional. Estas decisiones motivaron a los estados a modificar sus propias constituciones, superadas incluso por la legislación ordinaria, pero permitiendo que la imaginación de nuestros legisladores y juristas moldearan nuevos textos no sólo para adaptarlas a las nuevas disposiciones, sino también para crear importantes instrumentos programáticos que permitan a nuestras entidades desplegar un nuevo proceso legislativo, moderno y novedoso, que sirva a los estados para crear nuevas estructuras de orden político, jurídico y administrativo en su futuro desarrollo. El propósito de nuestras entidades está además plenamente justificado, no sólo por razones de orden histórico, político, económico y social, sino también de orden práctico, dado que en los proyectos elaborados en el seno del Congreso de la República para la reforma de la Constitución de Venezuela, en ninguno de ellos se contempla el modificar el sistema centralista y sólo se han reducido a innovar dos disposiciones: la primera, la posibilidad de los Municipios puedan agruparse en Distritos o que estén conformados por parroquias, y la segunda, la atribución para que los estados dicten sus propias Constituciones. Esto resulta inaudito, si se observa que los Distritos fueron justamente la forma de organizar nuestros Municipios desde el siglo XIX y que Venezuela se creó por la voluntad de nuestras ciudades, al convertirse en Provincias en 1810, para conformar el Congreso que proclamó la República el 21 de diciembre de 1811. Evidentemente, no hay voluntad política del Poder Nacional para impulsar el proceso descentralizador, ni de la Nación hacia los Estados ni de éstos hacia los Municipios. Resulta oportuno reconocer el esfuerzo que ha venido realizando la Comisión para la Reforma del Estado en los últimos años para divulgar las ideas descentralizadoras en las diferentes ramas de administración pública, o el esfuerzo que en los últimos gobiernos ha venido desarrollando, con diferentes resultados, el Ministro de Estado para la Descentralización. Las ideas han sido interesantes y han generado una corriente de opinión pública favorable al proceso, pero han carecido de recipendiario y los órganos de voluntad política del país se niegan a aceptarlas. Mérida, ha sido como provincia de Venezuela, ejemplo de la cultura y del avance social. No por casualidad los merideños dictaron la primera Constitución Provincial el 31 de julio de 1811; participó en el Congreso Nacional que formó la República; confirió a Simón Bolívar el título de Libertador; participó en la separación de la Gran Colombia; se sumó a la revolución restauradora; uno de sus hijos más preciaros, figura entre los forjadores de la Organización de las Naciones Unidas y exhibe para honra del país una Universidad bicentenaria, como faro de luz y centro de cultura nacional que, entre tantos méritos, cuenta entre sus egresados a Cristóbal Mendoza, Primer Presidente de la República o a José Humberto Quintero, primer Cardenal de Venezuela. Mérida es un estado ubicado a distancia de los centros del poder político. Además, a pesar de poseer una superficie de 11.300 Km2 el 67% de su territorio tiene limitado su uso, afectado por figuras jurídicas en áreas bajo régimen de administración especial, abarcándose así un área de 7.571 Km2 para la constitución de Zonas protectoras, Reservas ecológicas, Parques Nacionales y Monumentos Naturales. Además, sólo el 15% del espacio permitiría la utilización de su suelo, condicionado a la aplicación de tecnologías especiales. Aquí no conocemos la industria pesada y sin embargo, pese a las dificultades, Mérida se precia de ser un estado de primer orden en la producción de carne, leche y sus derivados, verduras y hortalizas, artesanía y pequeñas industrias que coexisten en zonas naturales, bien definidas, con una vocación extraordinaria por el desarrollo de la economía agrícola, la ganadería, el café, el plátano, los cítricos o el turismo, a las que el Estado debe organizar, promover, asistir y financiar, así como iniciar un proceso de comercialización nacional e internacional en un esquema de desarrollo por áreas que fortalezcan su economía, permitan el acceso a mejores niveles de vida, se alcance el pleno empleo, diversifique la producción, y se dote de mayores y mejores servicios públicos a las comunidades que conforman. He allí el verdadero reto de la animación que el gobierno debe conferirle a la sociedad civil organizada, no sólo ante la perspectiva de una mayor participación política en las labores de dirección del Estado, sino también en las áreas de la economía, la producción, las finanzas, la educación, la ciencia y la cultura. El esfuerzo de este órgano legislativo y de quienes participamos en el diseño de esta nueva Constitución del Estado, apuntó hacia lograr un texto con características bastante definidas: aspiramos al consenso, y nos complace su aprobación por unanimidad de sus legisladores, previa consulta a las principales instituciones públicas o privadas. Es una Constitución de alto nivel científico y jurídicamente adaptada a la legislación nacional, pero también contiene la aspiración de incorporar nuevos elementos e instituciones reclamados por la sociedad y necesarios para lograr una mayor vigencia de los derechos de los ciudadanos y mecanismos de participación popular en los órganos y decisiones del Estado. La Constitución es práctica: permite resolver situaciones concretas como la sustitución del Gobernador en caso de falta absoluta, la descentralización hacia los Municipios y la dotación de recursos necesarios para su inversión. La creación del Defensor de los Derechos; la previsión de la organización de la sociedad civil y sus mecanismos de participación; la instauración del sistema refrendarío como consulta a la población; el incremento en el situado de los Municipios; la redimensión de los órganos y de la función contralora; la modernización de la concepción para la administración política del territorio; la definición del Procurador del Estado y la actualización para su designación; las nuevas normas que definen y caracterizan el Secretario de Gobierno y los Directores del despacho como órganos ejecutivos o la delimitación de las funciones del Gobernador y las causas de su sustitución temporal o absoluta; la adopción de un sistema de economía planificada para el desarrollo de nuestra entidad: además de una clara definición de nuestro territorio; de la previsión para impulsar el proceso de descentralización administrativa; las nuevas concepciones sobre el Municipio y la previsión para legislar sobre un nuevo régimen de comunidades no urbanas, la adopción de amplias atribuciones al Poder Legislativo y al Ejecutivo que pueda abarcar todos los estratos políticos, sociales, económicos y culturales del estado; la incorporación de normas para conservar nuestros valores históricos y culturales; la preservación de nuestros recursos naturales o el logro de una mejor calidad de vida de la población; la colaboración con la nueva justicia de paz, la clarificación de la integración y atribuciones de nuestra Asamblea Legislativa y los grandes propósitos de justicia social y de bien común, dentro de una concepción de los intereses nacionales de Venezuela, son algunas de las incorporaciones que esta Constitución adopta, para convertirse en un extraordinario instrumento del pueblo de Mérida en pro de su desarrollo y su futuro. Por otra parte, el Congreso Nacional tuvo a bien aprobar este año, por unanimidad de sus parlamentarios y de los movimientos políticos allí representados, la Ley que Crea la Zona Libre, Cultural, Científica y Tecnológica de Mérida, en una amplia extensión de los Municipios Santos Marquina, Libertador, Campo Elías y Sucre, estableciéndose un amplio régimen de exenciones a los usuarios y previéndose las libertades de producción, comercialización, exportación y reexportación, así como el libre cambio de la moneda en las áreas más importantes para el desarrollo nacional y de la Sociedad Civil: FUNDACITE, la Universidad de los Andes, la Gobernación del Estado, la Mancomunidad Municipal, el Instituto de Comercio Exterior, el CONAC y especialmente el Ministerio de Hacienda y el SENIAT, deberán integrarse en Junta Directiva y producir en los próximos meses el Reglamento para ser sometido a la consideración del Consejo de Ministros y del Señor Presidente de la República, para aplicar efectivamente la ley y permitirle su funcionamiento, operatividad, promoción, gerencia y comercialización de la Zona. Esta Ley deberá ser el mejor instrumento que los merideños utilizaremos para nuestro propio desarrollo cultural, científico y tecnológico; pero también es un magnífico instrumento para que Venezuela, asuma el compromiso de acoplarse al proceso de formación creciente de la cultura a través de las más variadas áreas de la ciencia moderna, y su incorporación a las nuevas tecnologías que el mundo ofrece. Soñamos los merideños con el establecimiento de esta valiosa herramienta que nos permita acceder al mundo de los países desarrollados, pero también consecuente de sus raíces y su vanguardia de ejemplo a seguir por los pueblos de América Latina: no sólo ofrezcamos nuestro clima y nuestras bellezas naturales o el especial don de nuestro pobladores, sino también las mejores condiciones para la formación integral de nuestros pueblos y la satisfacción de sus aspiraciones. Por azar, en Mérida se está desarrollando un seminario sobre descentralización en las áreas de la ciencia y la tecnología. Esta legislatura ha recibido la solicitud de descentralización por parte del Gobernador del Estado. Ahora, ¡sí estamos completos! No sólo tenemos la Ley, sino los instrumentos legales, administrativos y de recursos que convertirán a Mérida en el eje del nuevo desarrollo nacional, moderno, funcional y humano. Así como el cacao o el café fueron la base de nuestra economía hasta el siglo XIX y el petróleo en el siglo XX, la ciencia, la cultura y la tecnología de avanzada, serán las bases del apuntalamiento de Venezuela en el siglo XXI, inspirada por los merideños, por su sociedad civil, su Universidad, su gobierno y sus legisladores, sus Municipios y sus comunidades; por la empresa privada y por los miles de docentes, científicos, artistas e investigadores que aquí convivimos, en un proceso de unión, de esfuerzo de trabajo y fe en el futuro. La Constitución del Estado, que hoy habrá de promulgarse, también previó las nuevas realidades del Estado y de allí que hayamos preferido un sistema de revisión rígido mediante enmiendas y reformas, para que el espíritu que le anima permanezca en el tiempo y le permita su adaptación a las nuevas exigencias, sin modificar los conceptos esenciales que la orientan. Hoy como ayer, y como en su hora lo invocara Mariano de Talavera y Garcés en 1811, sólo me resta, arrogándome en este acto la representación del pueblo de Mérida, pedir la protección del Todopoderoso para que el instrumento constitucional aprobado por esta Legislatura, no se pierda en nuestras manos. (Mérida, 16 de noviembre de 1995. Discurso de orden pronunciado por el Dr Marcos Avilio Trejo en el Salón de Sesiones de la Asamblea Legislativa del Estado Mérida, en la Sesión Solemne realizada con ocasión de la Sanción de la Constitución del Estado.) REPÚBLICA DE VENEZUELA CONSTITUCIÓN DEL ESTADO MÉRIDA1995 PRESENTACIÓN De las primeras provincias venezolanas que adhirió al grito de Independencia, dado en Caracas el 19 de abril de 1810, a los cinco meses de este gesto preclaro y pionero, Mérida suscribía el acta por la cual rompía todo tipo de ligazón que pudiera hacerla depender de la metrópoli y se sumaba al resto de sus hermanas para constituir nuestra inicial Confederación autónoma. Desligada del nexo colonial y en ejercicio pleno de su albedrío, Mérida estuvo representada en el Congreso Constituyente que declaró a Venezuela libre y soberana, para siempre, de toda dominación extranjera. Ganó, desde entonces, el derecho a figurar como una de las siete estrellas que orlan el azul del pabellón nacional, y a que así se proclame, diuturnamente, corno timbre de orgullo y canción que se lanza al viento, desde los riscos nevados, en las notas marciales de su himno. Luego del solemne compromiso contraído en Caracas y ya como parte integrante de la república recién nacida, Mérida, el 31 de julio de 1811, dictaba la primera Constitución de la Provincia, según el modelo federal que la nueva nación había asumido, ocupando lugar primigenio entre las iniciadoras del proceso constitucionalista venezolano. La circunstancia de haber sido la primera entidad provinciana, dentro del concierto nacional, en darse una constitución, añade un mérito más a los muchos que Mérida ha tenido como expresión de una arraigada y transparente conciencia democrática, cívica y jurídica, que la ha llevado, a lo largo de su historia, a preferir las letras a las armas y los modos equitativos y racionales del derecho, a los bruscos y desmesurados del atropello y la conflagración. Provincia universitaria antes de ser independiente, pues la Junta Patriótica no hizo sino reconocer lo que en realidad ya existía al elevar el viejo Seminario de San Buenaventura al rango de Universidad, en el espíritu de sus ciudadanos se fraguó desde siempre una irrevocable vocación de cultura, que ha permanecido por los siglos. Esa circunstancia la hace propender a la convivencia y al diálogo y a buscar en los valores de la educación, el humanismo, las artes, la tecnología y la ciencia, los objetivos básicos de su desarrollo futuro. Con una historia rica en epopeya y heroísmo, Mérida tuvo el don profético de bautizar y anunciar a Bolívar con el título que habría de señalar su destino, y que la posteridad le reconocería como el único capaz de definirlo en la gigantesca dimensión de su obra. Desde entonces se ha constituido en albacea y legataria del genio, en cuyo homenaje erigió el primer monumento que se le hizo en el mundo y que se eleva sobre valles y hondonadas como un pico más de su emblemática y legendaria sierra. A casi dos centurias de haber dictado su constitución originaria y a más de tres décadas de haber promulgado la que actualmente la rige, los representantes de la antigua Provincia de Mérida, hoy Estado Federal del mismo nombre, luego de estudiar con pausa y reflexión las realidades del tiempo presente y del futuro inmediato, en el ritmo acuciante de sus ondas y la urgencia irrepresable de sus movimientos, y tomando en consideración los anhelos y aspiraciones de su pueblo que, en medio de los tremendos sacudimientos de la crisis que lo envuelve y mortifica, no puede detener el paso de su marcha social, luego de un proceso laborioso mejoramiento y adaptación, han resuelto reformar sustancialmente la constitución que lo estructura y gobierna. En cumplimiento, pues, de esa meta, que es al mismo tiempo un mandato irrecusable, los integrantes de su Asamblea Legislativa, en representación del pueblo merideño para quien impetran la protección de Dios Todopoderoso, y de cuya soberanía son voceros, han sumado unánimemente sus votos para dictar la que se contiene en el texto que sigue a continuación: LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL ESTADO MÉRIDA en uso de las facultades que le confiere el numeral 1° del artículo 17 de la Constitución de la República. DECRETA LA SIGUIENTE CONSTITUCIÓN DEL ESTADO MÉRIDA TÍTULO I DEL ESTADO, SU TERRITORIO Y SU DIVISIÓN POLÍTICA Artículo 1.- El Estado Mérida es una entidad política autónoma de las que integran la República de Venezuela, según lo dispuesto en la Constitución de la República. Artículo 2.- El territorio del Estado Mérida es el mismo que correspondía a la antigua Provincia de Mérida de Venezuela, creada por la Constitución Provincial del 31 de julio de 1811 y conforme con la ley del 28 de abril de 1856, que estableció la división territorial de la República, al que se agregó el Municipio Independencia, antigua Parroquia Independencia, que le fuera atribuido al estado por la Constitución de la República de los Estados Unidos de Venezuela el 5 de agosto de 1909, con las modificaciones resultantes de los convenios celebrados por el estado y las sentencias dictadas conforme a las disposiciones legales. Esta determinación no implica renuncia a los derechos del Estado Mérida al territorio comprendido hasta las aguas nacionales del Lago de Maracaibo, así como a cualquier otro que le corresponda por justo título. El territorio del estado estará determinado por la Ley de División Político-Territorial. Artículo 3.- El territorio del estado, a los fines de su organización política y administrativa, se divide en Municipios, Parroquias y demás entidades locales que determine la ley. El estado, conforme con la ley, podrá integrar con otra o más entidades federales regiones administrativas, a los fines de consolidar el desarrollo regional y armonizar sus planes con los de otros estados y con los de desarrollo económico y social de la Nación, previa aprobación de la Asamblea Legislativa. Artículo 4.- La ciudad de Mérida es la capital del estado y el asiento permanente de los órganos supremos del poder estadal. Lo dispuesto en este artículo no impide el ejercicio transitorio de dicho poder en otros lugares del, territorio del estado. TÍTULO II DEL ESTADO MÉRIDA COMO ENTIDAD DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA Artículo 5.- En los términos y con las limitaciones establecidas en la Constitución de la República, el Estado Mérida proclama la autonomía de su régimen político, administrativo y económico y se declara igual, como entidad política, a los demás estados que constituyen la República de Venezuela. Artículo 6.- El estado se compromete a mantener la defensa, independencia e integridad de la Nación, asegurar la libertad, el orden político , la paz y la estabilidad de las instituciones democráticas: proteger y enaltecer el trabajo, amparar la dignidad humana, promover el bienestar general y la seguridad social: fomentar el desarrollo de la economía al servicio del hombre según los principios de la justicia social; preservar el ambiente y sus recursos naturales renovables y las áreas de importancia ecológica, así como el patrimonio histórico, natural, cultural, arqueológico y paleontológico y su utilización con criterio de desarrollo sostenible; sustentar el orden democrático y representativo, como único e irrenunciable medio de alcanzar la igualdad social y jurídica, así como preservar e incrementar el patrimonio histórico del estado y de la Nación, a los fines de construir una sociedad libre, justa, solidaria y participativa. Artículo 7.- No podrá el estado atentar contra la unidad nacional, hacer guerra a otros estados de la República, aliarse o solicitar protección de ningún Estado extranjero ni en ninguna forma cederle porción de su territorio; y por el contrario, se defenderá y defenderá a la República de cualquier acto de violencia contra la soberanía e integridad nacional. Artículo 8.- Las controversias que se suscitaren con otras entidades de la República, se someterán a la jurisdicción de la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con las leyes. Artículo 9.- El estado reconoce la competencia del Poder Nacional y del Municipio en las materias que les son atribuidas por la Constitución de la República y dará fe de los actos públicos de las autoridades nacionales, de los otros estados y de los Municipios y hará que se ejecuten. Igualmente ejercerá las competencias que le son propias, las que le fueren atribuidas conforme al artículo 137 de la Constitución de la República, las que asumiere en forma concurrente con las demás entidades político-territoriales y las que por su naturaleza correspondan a esta entidad federal. TÍTULO III DEL PODER PÚBLICO Y SU EJERCICIO CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES Artículo 10.-Esta Constitución y las leyes definen las atribuciones del Poder Público Estadal y a ellas debe sujetarse su ejercicio. Artículo 11.-El ejercicio del Poder Público acarrea responsabilidad individual por abuso o desviación de poder, por usurpación de atribuciones y por extralimitación de facultades. Los titulares de los órganos del poder estadal tienen responsabilidad política, administrativa, civil y penal en su ejercicio, conforme con la ley. Artículo 12.- La ley establecerá las normas de ingreso, ascenso, traslados, suspensión, retiros o destitución de los empleados de la administración del estado. Los empleados públicos están al servicio del estado y no de parcialidad política alguna. Artículo 13.-Son nulos e ineficaces los actos dictados por una autoridad usurpada, los obtenidos por requisición directa o indirecta de la fuerza, por reunión de individuos en actitud subversiva, así como los dictados en contravención a la Constitución y a las leyes del estado o de la República. Artículo 14.- Ningúnfuncionario o empleado estadal podrá asumir sus funciones sin haber prestado previamente la promesa legal y deberá cumplir con los requisitos determinados por la ley. Artículo 15.-Todo funcionario o empleado público está obligado a prestar declaración jurada de sus bienes en los casos que señala la ley, y someterse a los requisitos y consecuencias que ésta determine para el ejercicio del cargo. Artículo 16.- Ningún funcionario podrá separarse del cargo o abandonar el ejercicio de sus funciones, aun cuando haya renunciado, mientras no obtenga la licencia temporal o no hubiere sido efectivamente sustituido por quien deba reemplazarlo, salvo los casos previstos en la ley. Artículo 17.-Nadie podrá desempeñar a la vez más de un destino público remunerado, a menos que se trate de cargos académicos, docentes, asistenciales, electorales. edilicios o accidentales que determine la ley. La aceptación de un segundo destino público remunerado, con funciones administrativas, supone la renuncia del primero, salvo las excepciones indicadas. Artículo 18.-Nadie que esté al servicio del estado podrá celebrar contrato alguno con él, por sí o por interpuesta persona, ni en representación de otros, salvo las excepciones que establezcan las leyes. Artículo 19.- La organización de la policía urbana y rural y la determinación de la rama de este servicio que se atribuye a la competencia municipal será objeto de ley especial. Artículo 20.-En los despachos de las oficinas públicas del estado no podrá haber otros emblemas, insignias, fotografías, óleos o símbolos distintos a los autorizados por la heráldica nacional y estadal, retratos o efigies de los próceres de la nacionalidad, cuadros murales de los sucesos de la emancipación o de actividades laboriosas del país y las que la ley señala expresamente. Artículo 21.-La ley regulará la integración, organización y atribuciones de los cuerpos consultivos que se juzguen necesarios para oír las opiniones de la población organizada, los consumidores, las organizaciones sindicales de trabajadores, los colegios profesionales y las universidades, en los asuntos que interesen a la vida económica y social. Asimismo la ley establecerá la forma, modalidades de la designación y participación de los representantes de estas organizaciones, con derecho a voz pero sin voto, en las deliberaciones y sesiones de la Asamblea Legislativa y de sus Comisiones. CAPÍTULO II DE LA COMPETENCIA DEL ESTADO Artículo 22.-Son competencias del Estado Mérida: 1. La organización de sus Poderes Públicos: Legislativo y Ejecutivo, correspondiendo su ejercicio a la Asamblea Legislativa y a la Gobernación del estado, respectivamente, los que colaborarán entre sí en la realización de los fines del Estado. 2. La organización de sus Municipios y demás entidades locales, así como la división político-territorial del estado. 3. La administración de sus bienes y la inversión del situado constitucional y demás ingresos que le correspondan. 4. El uso del crédito público con los requisitos y limitaciones establecidos en la ley. 5. La organización de la policía urbana o rural y la determinación de las ramas de este servicio atribuidas a la competencia municipal. 6. Las materias que te sean atribuidas conforme con lo previsto por el artículo 137 de la Constitución de la República y las leyes, decretos o reglamentos nacionales para promover el proceso de descentralización administrativa. 7. La organización, recaudación, control y administración del ramo del papel sellado. 8. El régimen, administración y explotación de las piedras de construcción y de adorno o de cualquier otra especie que no sean preciosas, el mármol, pórfido, caolín, inagnesita, las arenas, pizarras, arcilla, calizas, yeso, pusolanas, turbas de las sustancias ferrosas, así como la organización, recaudación y control de los impuestos respectivos. El ejercicio de esta competencia está sometido a la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio y a las leyes relacionadas con la protección del ambiente y de los recursos naturales renovables. 9. La conservación, administración y aprovechamiento de las carreteras, puentes y autopistas en su territorio. Cuando se trate de vías interestadales, esta competencia se ejercerá mancomunadamente, a cuyos efectos se celebrarán los convenios respectivos. 10. La organización, recaudación, control y administración de los impuestos específicos al consumo, no reservados por ley al Poder Nacional. 11. La administración y mantenimiento de puertos y aeropuertos de uso comercial. 12. Todo lo que no corresponda, de conformidad con la ley, a la competencia nacional o municipal. Artículo 23.-El Estado Mérida, podrá asumir las competencias que en rama concurrente le señala la Constitución de la República y obtener la administración de sus servicios, previo cumplimiento de las formalidades legales, en las siguientes materias: 1. Planificación, coordinación y promoción de su desarrollo integral. 2. Protección de la familia y, en especial, del menor. 3. Mejoramiento de las condiciones y calidad de vida de la población campesina, la promoción de la agricultura; la conservación, defensa y mejoramiento del ambiente y de los recursos naturales, para lo cual el estado podrá disponer de su terrenos baldíos, previa desafectación de su uso para la Reforma Agraria. 4. Protección de las comunidades indígenas, atendiendo a la preservación de su tradición cultural y la conservación de sus derechos sobre sus territorios. 5. La educación, en los diversos niveles y modalidades del sistema, de conformidad con las directrices y bases que establezca el Poder Nacional. 6. La cultura en sus diversas manifestaciones: la protección y conservación de las obras, objetos y monumentos de valor histórico o artístico. 7. La educación, el deporte, el turismo, la recreación y el esparcimiento. 8. La promoción de los servicios de empleo. 9. La formación de recursos humanos y, en especial, los programas de aprendizaje, capacitación y perfeccionamiento de los trabajadores. 10. La promoción y estímulo para el fomento de la industria, la artesanía y el comercio. 11. La ejecución de las obras públicas de interés estadal, con sujeción a las normas y procedimientos técnicos para obras de ingeniería y urbanismo establecidos por los Poderes Nacional y Municipal, así como la apertura y conservación de las vías de comunicación estadales. 12. La ordenación del territorio del estado, de conformidad con lo dispuesto en las leyes nacionales. 13. La vivienda popular, urbana y rural. 14. La protección a los consumidores, de conformidad con lo dispuesto en las leyes nacionales. 15. La salud pública y la nutrición, observando las direcciones técnicas, las normas administrativas, y la coordinación de los servicios destinados a la defensa de las mismas que disponga el Poder Nacional. 16. La investigación científica y sus aplicaciones tecnológicas. 17. La defensa civil. 18. La promoción del sistema cooperativo. CAPÍTULO III DE LOS MUNICIPIOS Artículo 24.- Los Municipios son comunidades naturales, asentadas sobre un mismo territorio con elementos comunes que los identifican; constituyen entidades políticas primarias y autónomas dentro de la organización estadal. Son personas jurídicas y su representación se ejerce por los órganos que determine la ley. Artículo 25.-La organización y funcionamiento de los Municipios y demás entidades locales se regirá por la Constitución de la República, las leyes nacionales, esta Constitución y las leyes estadales que se dictaren con el mismo propósito. Artículo 26.- El Estado Mérida, sin menoscabo de principios contenidos en las disposiciones nacionales, podrá establecer diferentes regímenes para la organización, gobierno y administración de sus Municipios y demás entidades locales, atendiendo a las condiciones de población, desarrollo económico, situación geográfica, tradición cultural y otros factores de importancia, dentro de una concepción democrática y propia del gobierno local. Artículo 27.-La jurisdicción territorial de los Municipios y demás entidades locales, su denominación y la designación del centro poblado que sirva de Capital y asiento de sus poderes, serán establecidos por la Ley de División Política Territorial del Estado Mérida. Artículo 28.-Los Municipios podrán establecer mancomunidades para la prestación de determinados servicios públicos, de conformidad con la ley. Artículo 29.-Lo relativo a los elementos autonómicos, competencia, administración y régimen de ejidos de los Municipios y demás entidades locales del Estado Mérida, se regirá por lo así dispuesto en la Constitución de la República y las leyes nacionales. Artículo 30.-En la Ley de Presupuesto de Ingresos y Gastos Públicos del Estado Mérida, se incluirá anualmente una partida con el nombre de Situado Municipal, equivalente al veinte por ciento (20%) del total de la estimación de los ingresos ordinarios, la que habrá de distribuirse así: el cincuenta por ciento (50%) por partes iguales entre los Municipios del estado, y el cincuenta por ciento (50%) restante en proporción a la población de cada uno de ellos y la entidad federal. Las Ordenanzas Municipales respectivas dispondrán igualmente del veinte por ciento (20%) del Situado Municipal, con destino a las entidades locales que conformen cada Municipio. La ley determinará los servicios que obligatoriamente debe prestar el Municipio y las condiciones de eficiencia en la inversión del situado municipal. En las Ordenanzas de Presupuesto Municipales se limitará el gasto corriente para su gobierno y administración al treinta y cinco por ciento (35%) del total de sus ingresos. Artículo 31.-Con la finalidad de promover e impulsar la descentralización y la desconcentración de sus servicios, el estado podrá transferirlos total o parcialmente a sus Municipios y demás entes locales, previa aprobación de la Asamblea Legislativa, mediante convenios suscritos por el Gobernador del estado que contengan el programa de transferencia de bienes, personal. recursos financieros y los procedimientos que permitan su reversión. La iniciativa corresponderá al Poder Ejecutivo del estado, a la Asamblea Legislativa, al Municipio o Municipios respectivos o a las demás entidades locales interesadas. El convenio deberá ser sancionado por la Asamblea Legislativa, mediante ley especial. Artículo 32.-El Estado Mérida cooperará con los Municipios que así lo soliciten en su desarrollo y modernización institucional; y colaborará con ellos para la prestación de los servicios públicos en condiciones de eficiencia y continuidad. Esta cooperación será obligatoria cuando el servicio tenga o requiera instalaciones o se preste en dos o más Municipios, y cuando para la prestación, adecuada requiera de tecnologías o inversiones que superen las posibilidades del Municipio. TÍTULO IV DEL PODER LEGISLATIVO Y DEL ESTADO CAPÍTULO I DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA Artículo 33.-El Poder Legislativo del estado lo ejerce la Asamblea Legislativa. Sus miembros serán los Diputados elegidos por votación popular, directa y secreta, con representación proporcional de las minorías, de La Directiva de la Asamblea Legislativa estará integrada por un Presidente, un primer Vice-presidente y un segundo Vice-presidente, así como por un Secretario y un Subsecretario, electos éstos últimos fuera de su seno. La Directiva deberá ser electa en el acto de instalación en cada primer período de sesiones ordinarias. Los miembros de la Directiva podrán ser reelectos. Artículo 34.-La Asamblea Legislativa celebrará sus sesiones en la capital del estado; pero podrá sesionar en un sitio diferente, en forma ordinaria o extraordinaria, cuando por algún motivo grave o de conveniencia, así lo acordaren las dos terceras partes de sus miembros, caso en el cual lo participará al Poder Ejecutivo del estado. La sociedad civil organizada del estado, por órgano de sus representantes, podrá participar con derecho a voz, pero sin voto, en las deliberaciones y sesiones de la Asamblea Legislativa y de sus Comisiones, conforme con la ley. Artículo 35.-Las sesiones ordinarias de la Asamblea Legislativa se desarrollarán sin necesidad de previa convocatoria en su sede natural, el día veintitrés, (23) de enero de cada año, a las diez de la mañana, o en la fecha más inmediata posible y durarán hasta el veintitrés de diciembre. En todo caso, la Asamblea Legislativa podrá, mediante acuerdo tomado por la mayoría absoluta de sus miembros, decidir la prórroga de sus sesiones para el despacho de materias pendientes. Articulo 36.-La Asamblea Legislativa podrá reunirse en sesiones extraordinarias, cuando éstas sean convocadas por la Comisión Delegada, por el Gobernador del estado o por solicitud de por lo menos la mitad de sus miembros. En dichas sesiones sólo se tratarán las materias expresadas en la convocatoria, salvo que, al legislar sobre ellas sea necesario reformar otras que rijan materias conexas. Artículo 37.-La instalación de la Asamblea Legislativa se efectuará con las dos terceras partes de sus miembros, por lo menos, Cuando no se lograre este número, los Diputados presentes, constituidos en comisión preparatoria, adoptarán las medidas necesarias para la asistencia de los ausentes. Si transcurrieren cinco días y la comisión preparatoria no lograre la instalación de la Asamblea Legislativa, ésta podrá instalarse con la mayoría absoluta de los miembros incorporados. Artículo 38.-Puede cualquier Diputado, sin renunciar a su cargo, excusarse de asistir a las sesiones por un término fijo o tiempo indefinido. En estos casos y si ocurriere antes de la instalación de la Asamblea Legislativa, la solicitud de permiso la dirigirá la Comisión Delegada, la cual convocará al suplente que corresponda en el orden de su elección y lo participará, en su oportunidad, a la Asamblea Legislativa. Cuando estuviere instalada, dichas excusas serán presentadas a la Asamblea para su debida convocatoria. Artículo 39.-Los Diputadosde la Asamblea Legislativa gozarán de inmunidad dentro del territorio del estado, desde diez días antes de la fecha prevista para el inicio de las sesiones ordinarias, hasta diez días después de terminar éstas o de separarse del ejercicio de sus funciones; en consecuencia, no podrán ser arrestados, detenidos, confinados ni sometidos a juicio penal, a registro personal o domiciliario, ni coartados en el ejercicio de sus funciones. Los Diputados suplentes, debidamente incorporados, gozarán del mismo privilegio hasta diez días después de su desincorporación. En caso de delito flagrante de carácter grave cometido por un Diputado en el período de su inmunidad, la autoridad competente lo pondrá bajo custodia en su residencia y comunicará inmediatamente el hecho, con información debidamente circunstanciada, a la Asamblea Legislativa o a su comisión Delegada. Esta medida cesará si dentro del término de noventa y seis horas la Asamblea Legislativa o la Comisión Delegada no autoriza que continúe en ese estado, mientras se decida sobre el allanamiento. Cuando un Diputado sea sometido a custodia, la autoridad competente le notificará la obligación de permanecer en su residencia, respetando siempre la inviolabilidad de su hogar. Artículo 40.-Cuando haya denuncia o acusación penal contra algún miembro de la Asamblea Legislativa o de la Comisión Delegada en el goce de su inmunidad, el Tribunal que conozca de la causa practicará las diligencias necesarias y las pasará a la Corte Suprema de Justicia. Si ésta declarare que hay mérito para la continuación del proceso, no se procederá al enjuiciamiento hasta que se produzca el allanamiento de la inmunidad del indiciado por la Asamblea Legislativa o por su Comisión Delegada. Artículo 41.-La Asamblea Legislativa o la Comisión Delegada sólo podrán acordar el allanamiento de la inmunidad parlamentaria en sesión expresamente convocada al efecto, con veinticuatro horas de anticipación por lo menos, y mediante acuerdo expresamente aprobado por las dos terceras partes de sus miembros. Artículo 42.-Los funcionarios o empleados públicos que directa o indirectamente violen la inmunidad parlamentaria, incurrirán en responsabilidad penal y serán sancionados de conformidad con la ley. Artículo 43.-Los Diputados amparados por la inmunidad, comunicarán a la Presidencia de la Cámara o de la Comisión Delegada cualquier hecho o circunstancia que, a su juicio, lesione, perturbe o limite su fuero, la que ordenará iniciar la averiguación correspondiente. Artículo 44.-Los Diputados no pueden celebrar, en su propio nombre o en representación de otra persona, directa o indirectamente, contrato alguno con el Estado, salvo las excepciones que establezcan las leyes. Artículo 45.-Corresponde a la Asamblea Legislativa, legislar sobre las materias de la competencia del estado, ejercer el control de su Administración Pública y ser Foro de discusión de los asuntos de interés general, en los términos establecidos por esta Constitución y las leyes. Artículo 46.-Son atribuciones de la Asamblea Legislativa: 1. Velar por la observancia de la Constitución de la República, de la Constitución del estado, de las leyes nacionales y estadales, así como asegurar la efectiva vigencia de los derechos y garantías ciudadanas. 2. Organizar los Municipios y demás entidades locales, y su división político-territorial, de conformidad con la ley. 3. Sancionar la Ley de Presupuesto de Ingresos y Gastos Públicos del estado en cada periodo fiscal, no pudiendo exceder la estimación de ingresos previstos en el proyecto que al efecto presente el Gobernador del estado. 4. Realizar las investigaciones que juzgue convenientes al interés público o social. 5. Calificar sus miembros, conocer y autorizar sus licencias cuando las mismas fueren superiores a diez días, de su renuncia o de sus excusas conforme a lo dispuesto en esta Constitución o en el Reglamento Interior y de Debates. 6. Acordar y ejecutar su presupuesto anual de ingresos y gastos. 7. Dictar su Reglamento Interior y de Debates. 8. Conocer el plan de desarrollo económico y social del estado que al efecto presente el Gobernador. 9, Autorizar al ejecutivo del estado para decretar modificaciones a la Ley de Presupuesto de ingresos y gastos públicos. 10. Autorizar créditos adicionales al presupuesto y la utilización del crédito público con las limitaciones y requisitos que establezca la ley. 11, Crear, mediante ley especial, impuestos a la producción, venta y consumo de bienes, que no hayan sido reservados al Poder Nacional o Municipal, y los demás permitidos por la ley. 12. Crear instancias especializadas para una efectiva, actualizada y ordenada legislación, así como para la adopción de normas y procedimientos que promuevan la descentralización y desconcentración administrativas y la participación ciudadana en la vida política del estado. 13. conocer anualmente la gestión del Gobernador, así como la del Secretario General de Gobierno, en la sesión especial que al efecto se convoque, así como impartir su aprobación o improbación. 14. Interpelar al Gobernador, al Secretario General de Gobierno, a los Directores y demás funcionarios del Poder Ejecutivo del estado que juzgue conveniente, para que informen sobre actos o gestiones determinadas de su competencia. También están obligados a comparecer ante la Asamblea Legislativa o sus Comisiones y suministrar la información o documentos que se requieran, todos los funcionarios públicos, así como las personas naturales o jurídicas que estime conveniente, a quienes se le notificará el objeto de su citación, con cuarenta y ocho horas de anticipación, por lo menos, antes de su comparecencia, Si quedare establecida la responsabilidad político-administrativa de algún funcionario, la Asamblea podrá solicitar su destitución o suspensión al órgano competente. 15. Conocer, aprobar o improbar los informes anuales del Procurador del estado y el del Contralor del estado. 16. Crear mediante Ley especial institutos o entidades autónomas adscritas al Ejecutivo del estado. 17. Autorizar al Gobernador del estado para la constitución de asociaciones, fundaciones o empresas del estado, las cuales estarán sujetas a la supervisión y fiscalización de la Contraloría General del estado. 18. Autorizar la enajenación de bienes inmuebles del dominio privado del estado, con las excepciones establecidas por la ley. 19. Autorizar o negar la suscripción de contratos que pretenda celebrar el Ejecutivo del estado. sobre materias de interés estadal que te fueren sometidos a su consideración conforme con la ley, prescindiéndose de esta aprobación cuando fueren relativos a materias ordinarias o a regular situaciones pre-existentes. 20. Aprobar o improbar la iniciativa de transferencia al estado de servicios públicos específicos, así como su reversión. 21. Designar al Contralor del estado y su suplente, y tomarles juramento. 22. Autorizar la designación del Procurador General del estado y su suplente. 23. Ejercer el control de la Administración y Hacienda del estado, en cuanto a los bienes, ingresos y egresos, créditos y demás derechos que le correspondan. 24. Tomar juramento al Gobernador del estado al inicio de su período constitucional o de quien lo sustituya, de conformidad con la ley, en sesión especial convocada al efecto. 25. Ejecutar y ordenar sus resoluciones, así como remover los obstáculos que se opongan al ejercicio de sus funciones. 26. Organizar la policía urbana y rural, y determinar las ramas de este servicio atribuidas a la competencia municipal. 27. Informar al Ejecutivo Nacional y al Gobernador del estado sobre irregularidades, deficiencias u omisiones que observare en las dependencias nacionales o regionales. 28. Promover la participación de los ciudadanos y de las organizaciones vecinales en el proceso de formulación y ejecución de las decisiones estadales. 29. Acordar honores o distinciones a ciudadanos o instituciones que se hubiesen destacado al servicio de la comunidad. 30. Modificar los actuales límites del estado, así como acordar compensaciones o cesiones de su territorio con otros estados, previa ratificación del Senado de la República. 31. Solicitar que se diriman las controversias que pudieran suscitarse entre el Estado Mérida y otros estados de la República. 32. Organizar su servicio interior de vigilancia y custodia, así como dictar las medidas necesarias para la conservación del orden en su recinto. 33. Designar las Comisiones permanentes o temporales que sean necesarias para el cumplimiento de sus funciones. 34. Aprobar o improbar los convenios de transferencia de servicios públicos a los Municipios. 35. Designar al Defensor de los Derechos y su Suplente, y tomarles juramento, 36. Convocar a consulta popular, mediante referéndum, de conformidad con esta Constitución y la ley. 37. Acordar los símbolos del Estado Mérida, mediante Ley especial. 38. Derogar las leyes estadales conforme al resultado favorable al referéndum abrogatorio. 39. Ejercer cualquier otra atribución que le confieran esta Constitución y las leyes. CAPÍTULO II DE LA COMISIÓN DELEGADA Artículo 47.- Duranteel receso de la Asamblea Legislativa funcionará la Comisión Delegada, la que será elegida cada año, dentro de los últimos cinco días del primer período de las sesiones ordinarias. Artículo 48.-La Comisión Delegada estará integrada por el Presidente seis Diputados de la Asamblea, quienes con sus correspondientes suplentes serán elegidos, de modo que reflejen en lo posible, la composición política de la Cámara. Artículo 49.-Son atribuciones de la Comisión Delegada de la Asamblea Legislativa: 1. Velar por, la observancia de la Constitución y las leyes y el respeto las garantías ciudadanas. 2. Ejercer las funciones de investigación atribuidas por esta Constitución a, la Asamblea Legislativa. 3. Convocar a la Asamblea Legislativa a sesiones extraordinarias, cuan do así lo exija la importancia de algún asunto. 4. Revisar proyectos de leyes pendientes e informar a la Asamblea Legislativa sobre los que, a su juicio, deban continuar en discusión en las sesiones siguientes. 5. Preparar proyectos de leyes e iniciarlos en la oportunidad correspondiente. 6. Gestionar el cumplimiento de las resoluciones pendientes aprobadas por la Asamblea Legislativa. 7. Autorizar al Ejecutivo del estado para crear, modificar o suprimir servicios públicos, en caso de urgencia comprobada. 8. Autorizar al Ejecutivo del estado para decretar créditos adicionales y traslado de partidas de la Ley de Presupuesto. 9. Autorizar las operaciones de crédito del estado de conformidad con la ley. 10. Autorizar al Ejecutivo del estado para la enajenación de bienes del dominio privado, con las excepciones que la ley establezca. 11. Conocer de las causas que afecten la inmunidad de los Diputados y dar cuenta de sus decisiones a la Asamblea Legislativa dentro de los tres primeros días de sus sesiones inmediatas. 12. Designar, para el mejor cumplimiento de sus funciones, comisiones integradas por Diputados de la Asamblea Legislativa. Estas comisiones podrán estar asesoradas por el personal calificado que considere necesario. 13. Las demás que le atribuyan esta Constitución y las leyes. Artículo 50.- La Comisión Delegada se instalará dentro de los cinco días siguientes a la terminación del primer período de sesiones ordinarias de la Asamblea Legislativa, a las diez de la mañana, sin necesidad de convocatoria y con la mayoría absoluta de sus miembros. Artículo 51.-La Comisión Delegada presentará a la Asamblea Legislativa el informe de sus actuaciones, dentro de los diez días siguientes al inicio del período de sesiones ordinarias. CAPÍTULO III DE LA FORMACIÓN DE LAS LEYES Artículo 52.-Los actos sancionados por la Asamblea Legislativa siguiendo el procedimiento previsto en este Capítulo, se denominan leyes. Artículo 53.-Se denominan leyes orgánicas las que sean investidas con tal carácter por las dos terceras partes de los Diputados de la Asamblea Legislativa, al iniciar la discusión del respectivo proyecto, las cuales, dada su naturaleza, tendrán aplicación preferente sobre las leyes ordinarias. Artículo 54.-La iniciativa de las leyes corresponde: 1° .- A la Comisión Delegada o a las Comisiones permanentes de la Asamblea Legislativa. 2° .- A los Diputados de la Asamblea Legislativa en número no menor de tres. 3° .- Al Poder Ejecutivo del estado. 4° .- A los Alcaldes de los Municipios que conforman el Estado Mérida, en número no menor de tres. 5° .- A un número de electores residentes en el Estado Mérida, no menor del tres por ciento (3%) del total de los inscritos en el Registro Electoral Permanente, debidamente identificados de acuerdo con la ley. Artículo 55.- Todo Proyecto de ley presentado a la Asamblea Legislativa debe contener su correspondiente exposición de motivos. Artículo 56.- El Proyecto de ley se remitirá a la Comisión Permanente respectiva para su estudio e informe a la Asamblea, a menos que ésta decida considerarlo de inmediato en primera discusión. Con motivo de la consideración del informe de la Comisión, la Asamblea realizará la primera discusión, la cual se limitará a un debate general sobre la importancia, conveniencia, oportunidad y otras condiciones básicas del proyecto, a los fines de su aprobación, diferimiento o rechazo. Artículo 57.-Todo Proyecto de ley recibirá tres discusiones, con observancia de las reglas que establezca el Reglamento Interior y de Debates. No obstante, si la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea declarare la urgencia de un proyecto, éste podrá ser sancionado en dos discusiones que se efectuarán con intervalo de un día por lo menos. Artículo 58.-Los proyectos rechazados no podrán ser considerados de nuevo durante las sesiones del mismo año, a menos que fuere decidida su discusión por la mayoría absoluta de los Diputados. Artículo 59.-La discusión de los proyectos que quedaren pendientes al término de las sesiones podrá continuarse en las sesiones siguientes, si así lo decidiere la Asamblea. Artículo 60.- El Gobernador del estado tendrá derecho de palabra en la discusión de los Proyectos de ley, en la oportunidad de su estudio en el seno de las comisiones permanentes o de la propia Cámara. Artículo 61.- Al texto de las leyes precederá la siguiente fórmula: “La Asamblea Legislativa del Estado Mérida, Decreta:”. Artículo 62.- Una vez sancionada la ley, se extenderá por duplicado con la redacción final que haya resultado de las discusiones. Ambos ejemplares serán firmados por el Presidente, el Primer Vice-presidente, el Segundo Vice-presidente y el Secretario de la Asamblea Legislativa, y llevarán la fecha de su definitiva aprobación. A los fines de su promulgación, uno de esos ejemplares será enviado por el Presidente de la Asamblea Legislativa al Gobernador del estado. Artículo 63.- El Gobernador del estado promulgará la ley dentro de los diez días siguientes al de su recibo, pero podrá, en el transcurso de ese lapso, pedir a la Asamblea Legislativa su revisión mediante exposición razonada, a fin de que modifique algunas de sus disposiciones o levante la sanción a toda o parte de la ley. La Asamblea decidirá acerca de las observaciones formuladas y podrá efectuar modificaciones de fondo o de forma en las disposiciones objetadas y en las que tengan conexión con ellas. Si lo solicitado fuere el levantamiento de la sanción, se decidirá en una sola discusión. Artículo 64.- Cuando el lapso señalado para la promulgación de la ley venciere después de haber concluido el período de sesiones ordinarias, el Gobernador podrá solicitar la revisión correspondiente a la Asamblea Legislativa, previa convocatoria a sesiones extraordinarias. Artículo 65.- Cuando las observaciones formuladas por el Gobernador del estado a la ley sancionada por la Asamblea Legislativa se fundaren en la violación de la Constitución de la República, sin que éstas fueren aceptadas, podrá abstenerse de promulgarla y ocurrirá ante la Corte Suprema de Justicia para que decida sobre su constitucionalidad. Si la Corte negare la inconstitucionalidad, el Gobernador deberá promulgar la ley. Artículo 66.- Cuando las observaciones formuladas por el Gobernador a la ley sancionada por la Asamblea Legislativa, se fundaren en la violación de la Constitución del Estado Mérida, sin que éstas fueren aceptadas, podrá abstenerse de promulgarla y ocurrirá a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para la solución del conflicto. Artículo 67.- Cuando el Gobernador no promulgare la ley en los términos señalados, la misma será promulgada por el Presidente y refrendada por el Secretario de la Asamblea Legislativa, sin perjuicio de la responsabilidad en que aquél incurriere por su omisión. Artículo 68.- La ley entrará en vigencia desde su publicación o en la fecha posterior que la misma señale. Artículo 69.- Las leyes sólo se derogan por otras leyes, y podrán ser reformadas parcial o totalmente. La ley que sea objeto de reforma se publicará en un solo texto que incorpore las modificaciones aprobadas. Artículo 70.- La facultad de legislar de la Asamblea Legislativa no es delegable en ningún caso. TÍTULO V DEL PODER EJECUTIVO CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES Artículo 71.-El gobierno y la administración del Estado Mérida corresponde al Poder Ejecutivo, el que también podrá denominarse como Gobernación del Estado. Artículo 72.-El Gobernador del estado es el Jefe del Ejecutivo del estado y agente del Poder Ejecutivo Nacional en su jurisdicción. Artículo 73.-El Secretario General de Gobierno conjuntamente con los Directores estadales, actuarán como órganos directos del Gobernador del estado en las áreas de su competencia. Artículo 74.-La Ley de la Administración del Estado Mérida establecerá lo relativo a la organización, atribuciones y responsabilidad de los órganos del Poder Ejecutivo, de los entes descentralizados, así como la administración del territorio. Artículo 75.-La forma de actuación del Gobernador del estado como Jefe del Poder Ejecutivo se hará mediante Decretos, y la del Secretario General de Gobierno y directores estadales será mediante Resoluciones. Los mismos serán numerados consecutivamente y publicados en la Gaceta Oficial del Estado Mérida y entrarán en vigor desde la fecha de su publicación o en la fecha posterior que éstos indiquen. CAPÍTULO II DEL GOBERNADOR DEL ESTADO COMO AGENTE DEL PODER EJECUTIVO NACIONAL Artículo 76.-El Gobernador del estado como agente del Poder Ejecutivo Nacional tiene las siguientes atribuciones: 1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución Nacional y las leyes de la República, así como ejecutar y hacer ejecutar las órdenes y resoluciones que reciba del Ejecutivo Nacional. 2. Colaborar con el Poder Público Nacional en la realización de los fines del Estado venezolano. 3. Coordinar la acción de las diversas dependencias de la administración pública nacional, central o descentralizada, que actúen en su jurisdicción. 4. Participar en los órganos del sistema nacional de planificación del desarrollo económico y social. 5. Tomar parte en los órganos del sistema nacional de regionalización administrativa y actuar como agente del proceso de regionalización. 6. Cumplir con las demás funciones que le atribuyan las leyes y le encomiende el Ejecutivo Nacional. Artículo 77.- El Gobernador deberá rendir informes al Presidente de la República, directamente o por intermedio del Ministro de Relaciones Interiores, cada vez que se le solicite. Artículo 78.-A los fines de garantizar la necesaria coordinación y oportuna ejecución de los planes y programas del Ejecutivo Nacional y en cumplimiento de las instrucciones que a estos efectos se dicte, el Gobernador del estado podrá dictar órdenes e instrucciones a los Jefes de las Oficinas de las dependencias nacionales y organismos regionales con jurisdicción en este estado. A tales fines, estos funcionarios deberán prestarle colaboración y cumplir sus órdenes e instrucciones como Agente del Ejecutivo Nacional y presentarle diligentemente los informes que le fueren solicitados. Artículo 79.-El incumplimiento reiterado de las órdenes e instrucciones del Gobernador, actuando como agente del Ejecutivo Nacional, será causal de remoción de los jefes de las oficinas nacionales y de los organismos regionales con jurisdicción en el estado. El Gobernador solicitará la remoción del funcionario de que se trate, ante el Ministro o el Presidente del instituto autónomo, empresa del estado u organismo regional correspondiente, quien deberá decidir en un lapso máximo de treinta días. En caso de silencio o de respuesta negativa a su solicitud, el Gobernador podrá dirigirse al Presidente de la República, a los fines consiguientes. Articulo 80.-El Comité de Planificación y Coordinación del Estado Mérida será convocado y presidido por el Gobernador del estado y estará integrado además por: el Secretario General de Gobierno, los Directores estadales, las máximas autoridades directivas de los entes descentralizados del estado, el Presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Legislativa, una representación de la Universidad de los Andes, los Alcaldes, los Jefes de las oficinas de las dependencias nacionales y de los organismos regionales con jurisdicción en el estado, a fin de garantizar la coordinación, planificación, evaluación y control de los programas y acciones que se ejecuten o se propongan ejecutar en esta entidad federal, de conformidad con el Reglamento que al efecto dicte el Gobernador del estado, previsto en la ley. Artículo 81.-El Gobernador dictará el Reglamento del Comité de Planificación y Coordinación, a los fines de organizar su integración y funcionamiento interno, por materia, por ramas o áreas de su actividad, así como también podrá prever la participación de los parlamentarios nacionales o estadales y de los sectores económicos, sociales, laborales y culturales del estado. Artículo 82.-El Gobierno del estado dirigirá, mediante el Comité de Planificación y Coordinación, el proceso de elaboración del Plan de Desarrollo del estado y el Plan Operativo anual, estableciendo la concurrencia y coordinación con los planes nacionales correspondientes, cuyos lineamientos y objetivos generales deberán ser presentados por el Poder Ejecutivo a la Asamblea Legislativa en los primeros ciento veinte (120) días del período constitucional. Artículo 83.-El Gobernador del estado recibirá información de las decisiones referidas al estado que adopte el Presidente de la República, así como de aquellas adoptadas por los Ministros, los Presidentes de institutos autónomos, las empresas del Estado y los Presidentes de los organismos regionales de desarrollo, relativas a las órdenes e instrucciones que transmitan a los jefes de sus respectivas oficinas en jurisdicción del estado. Artículo 84.-De las decisiones que adopte el Gobernador en su carácter de representante del Ejecutivo Nacional, responderá la República y no comprometen la responsabilidad patrimonial del Estado Mérida, salvo que sean aprobadas por la Asamblea Legislativa. A tal efecto, al dictar el acto correspondiente, el Gobernador deberá indicar el carácter con el cual actúa. CAPITULO III DEL GOBERNADOR COMO JEFE DEL EJECUTIVO DEL ESTADO Artículo 85.-El Poder Ejecutivo en el Estado Mérida se ejerce por órgano del Gobernador del estado y los demás funcionario que determine esta Constitución y la Ley. Artículo 86.-Como garante del orden público y de la seguridad de la personas y los bienes en jurisdicción del Estado Mérida, el Gobernador ejerce la suprema inspección y dirección de la Policía del estado. Artículo 87.-Corresponde al Gobernador la máxima dirección y administración de la Hacienda estadal. Artículo 88.-Para ser Gobernador se requiere ser venezolano por nacimiento, mayor de treinta años, elector, de estado seglar y no estar incurso en las inhabilidades establecidas por la ley. Artículo 89.-El Gobernador del estado será elegido por el pueblo del Estado Mérida por votación universal, directa y secreta, conforme a la ley. Resultará electo el candidato que obtenga mayoría relativa de votos. Artículo 90.-La elección del Gobernador del estado se celebrará el día que fije el Consejo Supremo Electoral. Artículo 91.-El Gobernador electo tomará posesión del cargo, previa juramentación ante la Asamblea Legislativa, dentro de los quince días siguientes a su instalación. Cuando por cualquier circunstancia no pudiere hacerlo en la forma prevista, se juramentará ante un Juez Superior de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida. Artículo 92.-El Gobernador del estado durará tres años en el ejercicio de sus funciones. Cuando el Gobernador electo no tomare posesión del cargo en el lapso y en la forma previstos para su juramentación, el Gobernador saliente resignará sus poderes en la persona llamada a suplirlo en caso de falta absoluta, quien lo ejercerá con carácter de encargado de la Gobernación hasta tanto se proceda a la sustitución definitiva. Artículo 93.-Cuando se produzca la falta absoluta del Gobernador del estado, se encargará del ejercicio de esta función el Presidente de la Asamblea Legislativa. Si la falta absoluta se produjere antes de la juramentación o en la primera mitad del período constitucional, se procederá a una nueva elección del Gobernador del estado en la fecha que al efecto señale la Asamblea Legislativa, la que decidirá en un lapso no mayor de quince días contados a partir del momento de la vacante, y la elección habrá de realizarse dentro de los treinta y sesenta días siguientes a la convocatoria. Las postulaciones se efectuarán ante la Junta Electoral Principal del Estado, entre la fecha de la convocatoria y los veinte días anteriores a la elección. Si la falta absoluta del Gobernador se produjere en la segunda mitad del periodo constitucional estadal, se encargará del ejercicio de esta función el Presidente de la Asamblea Legislativa, la que en un lapso de treinta días, contados a partir de la falta, procederá a elegir al nuevo Gobernador del Estado por el resto del período constitucional, mediante votación secreta y en sesión especial convocada al efecto. Para esta elección no se considerará la inhabilidad prevista en el artículo 8 de la Ley sobre elección y remoción de los Gobernadores de Estado. Se entiende como falta absoluta la muerte, renuncia, inhabilitación, destitución, o abandono del cargo por más de treinta (30) días sin causa justificada. Artículo 94.- Las faltas temporales del Gobernador serán suplidas por el secretario General de Gobierno, previo el Decreto correspondiente. Artículo 95.-Cuando la Corte Suprema de Justicia declare que hay mérito para el enjuiciamiento del Gobernador del estado, éste quedará suspendido en el ejercicio de sus funciones. En este caso, la Asamblea Legislativa procederá dentro de los treinta (30) días siguientes a designar al ciudadano que deberá suplir al Gobernador titular, hasta tanto se produzca la decisión judicial definitiva o el vencimiento del período. En caso de sentencia condenatoria, se procederá conforme con lo previsto en la circunstancia prevista para las faltas absolutas. Mientras torna posesión el designado, se encargará de la Gobernación el Secretario General de Gobierno o el Director de Política, previa, juramentación ante la Asamblea Legislativa o ante un Juez superior de la Circunscripción Judicial, Esta interinaria debe ser ratificada por la Asamblea Legislativa o la Comisión Delegada en su caso, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes. Artículo 96.-El Gobernador del estado será removido de su cargo por las causas y conforme con el procedimiento establecido en la ley o cuando la Asamblea Legislativa impruebe su gestión, en el caso que así sea acordado expresamente por el voto de las dos terceras partes de sus Diputados. El Gobernador removido no podrá postularse para el mismo cargo, sino hasta después de transcurrido el período constitucional siguiente al de su elección. Artículo 97.-Son atribuciones y deberes del Gobernador del estado: 1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República, esta Constitución y las leyes nacionales y estadales, así como ejecutar y hacer ejecutar las órdenes o resoluciones que reciba del Poder Ejecutivo Nacional. 2. Promulgar las leyes sancionadas por la Asamblea Legislativa, así como ordenar su publicación en la Gaceta Oficial del Estado Mérida. 3. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones emanadas de la Asamblea Legislativa del Estado o de su Comisión Delegada. 4. Dictar mediante Decreto los Reglamentos de las leyes del estado sin alterar su espíritu, propósito o razón, o sobre aquellas competencias de naturaleza estadal que no hubieren sido objeto de legislación ordinaria, conforme con los principios que orientan la legislación del Estado Mérida. 5. Comparecer anualmente ante la Asamblea Legislativa, dentro de los diez primeros días del período de sesiones ordinarias, para presentar el informe de la gestión político-administrativa correspondiente al año inmediato anterior. En el último año del período de su gestión, este informe será presentado dentro de los diez días siguientes, a la fecha de proclamación del nuevo Gobernador del estado. 6. Presentar anualmente por ante la Asamblea Legislativa, dentro de los diez primeros días del segundo lapso del período de sesiones ordinaria, el Proyecto de Ley de Presupuesto de Ingresos y Gastos para el próximo ejercicio fiscal. 7. Convocar por razones de especial interés e importancia para el estado, a la Asamblea Legislativa a sesiones extraordinarias, señalando el objeto de las mismas. Esta decisión la hará conocer al Presidente de la Cámara. 8. Concurrir a la Asamblea Legislativa o su Comisión Delegada, previa aprobación, para informar sobre situaciones relacionadas con la administración del estado. 9. Constituir, previa aprobación de la Asamblea Legislativa o de su Comisión Delegada, las asociaciones, fundaciones o empresas, en las que se prevea participación económica del estado, así como los servicios públicos que estime necesarios. La solicitud debe contener mención expresa al objeto, patrimonio, organización, funcionamiento y el órgano contralor de los mismos. 10. Decretar créditos adicionales y demás modificaciones y rectificaciones a la Ley de Presupuesto del Estado, previo cumplimiento de los requisitos legales. 11. Negociar las operaciones de crédito público y suscribir su contratación, con las limitaciones y requisitos establecidos por la ley, una vez autorizada por la Asamblea Legislativa o su Comisión Delegada, conforme a la ley. 12. Administrar la Hacienda Pública del estado. 13. Decretar, en caso de urgencia, durante el período de receso de la Asamblea Legislativa, la creación, organización y dotación de nuevos servicios públicos o la modificación o eliminación de los existentes, previa aprobación de la Comisión Delegada. 14. Decretar la construcción de obras públicas en jurisdicción del estado, de conformidad con la ley, así como supervisar su ejecución. 15. Nombrar y remover al Secretario General de Gobierno, a los Directores estadales, y a todos aquellos funcionarios dependientes del Ejecutivo del Estado cuya designación no esté atribuida a otra autoridad. 16. Convocar y presidir el Comité de Planificación y Coordinación del Estado Mérida, dictar su Reglamento Interno, así como velar por la elaboración del Plan de Desarrollo del Estado y el Plan Operativo anual, teniendo por objetivo el desarrollo integral de la entidad, especialmente en el área económica, social, cultural, científica y tecnológica, con la finalidad de crear mejores condiciones de vida para la población. 17. Promover la participación de las sociedades intermedias y de la comunidad en general, en la formulación y ejecución de las decisiones del Gobernador del estado. 18. Defender la autonomía del estado, su integridad territorial, sus fueros y derechos, contra todo hecho o circunstancia que pudiere comprometerla. 19. Celebrar convenios o contratos con entidades públicas o privadas, sobre materias de interés estadal previa aprobación de la Asamblea Legislativa o de su Comisión Delegada, de conformidad con la ley, presidiéndose de la aprobación si fueren relativos a materia ordinaria, a regular situaciones pre-existentes, todo conforme con la ley. 20. Declarar al Secretario General de Gobierno como encargado de la Gobernación, cuando se traslade fuera del territorio del estado o por cualquier otra causa temporal que estime necesaria o conveniente. 21. El Gobernador del Estado deberá comunicar a la Contraloría y Procuraduría del estado, al Ministerio Público o a los órganos jurisdiccionales competentes los hechos, omisiones o irregularidades administrativas o supuestamente delictivas en la que estuvieren incursos funcionarios o empleados del Estado Mérida en el ejercicio de sus funciones. 22. Solicitar a la Asamblea Legislativa del Estado o su Comisión Delegada opinión para asumir la prestación de un servicio público y suscribir el convenio o convenios respectivos conforme con el procedimiento legal. Igualmente, podrá aprobar o improbar, con motivación razonada, la transferencia de un servicio público al Estado Mérida, cuando la iniciativa hubiere sido tomada por el Poder Ejecutivo Nacional. 23. Solicitar la reversión de la administración de un servicio público al Ejecutivo Nacional, previa opinión favorable de la Asamblea Legislativa. 24. Suscribir la correspondencia dirigida a los Poderes Públicos Nacionales, a los Gobernadores de las demás entidades federales, a las autoridades civiles, eclesiásticas y militares, así como a los órganos de dirección de la Administración Descentralizada. Esta atribución podrá ser asumida por el Secretario General de Gobierno, previa delegación del Gobernador del estado. 25. Ejercer la función de última instancia administrativa contra los actos de los órganos o autoridades del Poder Ejecutivo del estado. 26. Ejercer el control y vigilancia sobre las Direcciones estadales y de los entes de la administración descentralizada, así como de los servicios que prestaren. 27. Declarar en emergencia a todo a parte del territorio del estado en caso de epidemia o calamidad pública, así como adoptar las medidas que estime necesarias, conforme con la ley. 28. Las demás que le fueren atribuidas por la Constitución de la República, las leyes nacionales, la Constitución del Estado o las leyes estadales. CAPÍTULO IV DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO Artículo 98.-El Secretario General de Gobierno es un órgano directo del Gobernador del estado y será de su libre nombramiento y remoción. Artículo 99.-Para ser Secretario General de Gobierno se requiere ser venezolano por nacimiento, mayor de treinta años y de estado seglar. Artículo 100.-El Secretario General de Gobierno ejerce la coordinación de las Direcciones estadales, así como de los entes de la administración descentralizada. Artículo 101.-El Secretario General de Gobierno tiene las siguientes atribuciones y deberes: 1. Sustitución al Gobernador en caso de falta temporal, conforme con los previsto en esta Constitución. 2. Refrendar todos los actos del Gobernador del estado, salvo su propio nombramiento. 3. Presentar anualmente a la Asamblea Legislativa, junto con el Gobernador del estado, la cuenta de cada ejercicio económico. 4. Concurrir a la Asamblea Legislativa o a sus Comisiones Permanentes para informar sobre alguna materia o cuando el Gobernador lo juzgue conveniente. En este último caso, deberá dirigirse por escrito indicando el asunto a cuyo debate desea asistir. 5. Ordenar y supervisar la inserción en la Gaceta Oficial del Estado Mérida de las leyes, reglamentos, decretos o resoluciones emanadas de los poderes legislativo y ejecutivo que deban ser publicados, y de los actos de los tribunales de la Circunscripción Judicial del estado que se solicitare. 6. Dar cuenta diaria al Gobernador de los asuntos que cursen en la Secretaría General. 7. Tramitar los permisos y licencias que le fueran atribuidos, así como recibir y dar curso a las solicitudes en cuya tramitación o procedimiento las leyes nacionales atribuyan participación al Ejecutivo Estadal. 8. Supervisar todas las dependencias administrativas del estado y formular sus observaciones a los órganos competentes. 9. En ausencia del Gobernador del Estado, ejercer su representación en los actos públicos. 10. Autorizar la correspondencia que sea dirigida a los funcionarios del estado. 11. Ejercer la coordinación de los órganos encargados de la administración del territorio y vigilar la correcta instrucción de los expedientes administrativos que se instruyan a los funcionarios públicos del Poder Ejecutivo del Estado, así como en la aplicación de las leyes que se refieran a sujetos en estado de peligrosidad. 12. Las demás que le atribuyan esta Constitución y las leyes del estado. Artículo 102.-El Secretario General de Gobierno podrá ser removido de su cargo por el Gobernador del Estado, cuando por exhorto lo acuerde expresamente la Asamblea Legislativa, mediante el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, previa comparecencia a la Cámara para su defensa. El acuerdo respectivo deberá ser debidamente razonado y comunicado por órgano del Presidente de la Asamblea Legislativa. CAPÍTULO V DE LAS DIRECCIONES ESTADALES Artículo 103.- Parael cumplimiento de los fines del estado, la administración centralizada del Poder Ejecutivo estará integrada por direcciones estadales, cada una a cargo de un Director, de libre nombramiento y remoción del Gobernador y con las atribuciones que al efecto señales esta Constitución y la ley. Artículo 104.-Para ser Director Estadal se requiere ser venezolano, mayor de veintiún años y de estado seglar. Artículo 105.-Los Directores Estadales son órganos directos del Gobernador y son responsables aún de aquellos actos dictados por orden expresa de aquél. Su actuación compromete al patrimonio del estado, conforme con el contenido de esta Constitución y las leyes nacionales o estadales. Los Directores podrán ser removidos por el Gobernador del estado cuando así lo acuerde la Asamblea Legislativa, con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus Diputados, previa comparecencia a la Cámara para su defensa; el acuerdo respectivo deberá ser comunicado por órgano de] Presidente de la Asamblea Legislativa al Gobernador del estado. CAPÍTULO VI DE LA PROCURADURÍA DEL ESTADO Artículo 106.-La Procuraduría del estado estará a cargo y bajo la dirección del Procurador General del Estado Mérida. Artículo 107.-Para, ser Procurador del estado o suplente del mismo se requiere: ser venezolano, mayor de treinta años, abogado de la República y haber ejercido la profesión por un lapso no menor de cinco años, o haber estado, por el mismo período, servicios a la judicatura o desempeñado la función de docente a nivel superior en materia jurídica. Artículo 108.-El Procurador General del estado y su suplente serán designados por el Gobernador del estado, previa aprobación de la Asamblea Legislativa. Artículo 109.-Son atribuciones y deberes del Procurador del estado: 1. Representar y defender judicial o extrajudicialmente los intereses del Estado Mérida relativos a sus ingresos y egresos públicos, bienes, derechos o acciones, conforme con las instrucciones del Poder Ejecutivo del estado. 2. Redactar los documentos contentivos de actos, contratos o negocios relacionados con la actividad estadal que le fueren solicitados por la autoridad competente, así como suscribir aquéllos cuando sea expresamente fuere facultado por el Gobernador del estado. 3. Representar y defender al estado en los juicios en que una de las partes sea el Estado Mérida, ante personas jurídicas o naturales, públicas o privadas, por causa de nulidad, caducidad, resolución, alcance, interpretación, cumplimiento y cualquier otro que se suscitare. 4. Asesorar jurídicamente a la administración estadal. 5. Emitir dictámenes o informes que le fueren solicitados por los órganos del Poder Público del estado. 6. Dictar el Reglamento Interno de la Procuraduría General del estado. 7. Designar y remover los funcionarios adscritos a su dependencia. 8. Autorizar expresamente la suscripción de transacciones, convenimientos o desistimientos judiciales o extrajudiciales en procesos en los que sea parte el Estado Mérida, so pena de nulidad. 9. Presentar anualmente a la Asamblea Legislativa, informe de sus actividades, en los diez primeros días del período de sesiones ordinarias. La improbación del informe acarrea la destitución del cargo. 10. Constituir apoderados especiales para representar en juicio al Estado Mérida, reservándose siempre el ejercicio de la representación y el derecho de la revocatoria. 11. Proponer al Gobernador la modificación, reforma o actualización de leyes, decretos o reglamentos del Estado para el mejor funcionamiento de la administración pública estadal. 12. Ejercer las funciones que le señale la Ley Orgánica del Ambiente. 13. Las demás que le atribuyan las leyes. Artículo 110.- El Procurador General del estado supervisará la organización y funcionamiento de las consultorías jurídicas de las dependencias estadales y formulará sus observaciones al órgano competente. Artículo 111.- Cuando hubiere discrepancia entre el criterio del Procurador del estado y el Poder Ejecutivo sobre asunto que le fueren sometidos a la consideración en razón de sus atribuciones, lo notificará al Gobernador y a la Asamblea Legislativa a su Comisión Delegada, en los cinco días siguientes a su conocimiento, pero siempre actuará conforme con las instrucciones que le indique el Gobernador del estado. Artículo 112.-El Procurador General del estado o quien haga sus veces, es responsable de sus actos, salvo lo dispuesto en el artículo anterior. CAPÍTULO VII DE LA ADMINISTRACIÓN CIVIL Y POLÍTICA DEL TERRITORIO Articulo 113.-El Gobernador del estado ejercerá las funciones del gobierno y administración en los territorios de los Municipios y demás entidades locales, mediante un funcionario de su libre nombramiento y remoción, denominado Prefecto, a quién podrá delegarle parte de sus funciones administrativas en su jurisdicción. Artículo 114.-Para se Prefecto se requiere: ser venezolano, mayor de veintiún años, de estado seglar y estar residenciado en jurisdicción del mismo Municipio. Artículo 115.-Son atribuciones y deberes de los Prefectos: 1. Cumplir y hacer cumplir en su jurisdicción, la Constitución de la República, esta Constitución, leyes, decretos y ordenanzas municipales. 2. Ejercer la autoridad de policía y velar por la preservación del orden público y la seguridad de las personas y sus bienes. 3. Ejercer las funciones regístrales atribuidas por el Código Civil. 4. Nombrar o remover a los Comisarios o Jueces de Aldea. 5. Mantener informado al Poder Ejecutivo del Estado sobre la ejecución de obras, prestación de servicios o hechos de especial importancia ocurridos en su jurisdicción. 6. Gestionar la conciliación o mediación en los conflictos surgidos por razones de vecindad o entre los vecinos y el Municipio. 7. Colaborar con el Alcalde y demás funcionarios del Municipio, en el cumplimiento de las ordenanzas, decretos o resoluciones municipales en su jurisdicción. 8. Prestar colaboración a la Justicia de Paz. 9. Representar al Gobernador del estado en actos y ceremonias, previa autorización. 10. Las demás que le atribuyan las leyes. TÍTULO VI DE LA HACIENDA ESTADAL CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES Artículo 117.-La Hacienda Pública del Estado está constituida por los bienes, rentas, derechos, acciones y obligaciones que forman el activo y el pasivo del Estado, el situado constitucional y los demás bienes, rentas o ingresos cuya administración le correspondan. Artículo 118.- El caso de modificación del monto estimado como situado constitucional durante el lapso de ejecución previsto, la Asamblea Legislativa hará el reajuste correspondiente, a petición del Gobernador del estado. Artículo 119.-La suprema dirección y administración de la Hacienda del Estado compete al Poder Ejecutivo, quien lo ejercerá por medio de los órganos que determine la ley. Artículo 120.-El sistema tributario del Estado Mérida procurará la justa distribución de las cargas según la capacidad económica de los contribuyentes, atendiendo al principio de progresividad, así como a la protección de la economía y las variaciones en el nivel de vida la población. Artículo 121.-No se autorizará ninguna erogación del tesoro del estado que no haya sido prevista en la Ley de Presupuesto, salvo que se hubieren decretado créditos adicionales suficientemente discriminados, conforme con la ley. Los funcionarios que autoricen pagos distintos a los previstos, serán responsables personalmente y deberán reintegrar a la Hacienda del Estado el monto de los así autorizados. Artículo 122.-Sólo podrán decretarse créditos adicionales al Presupuesto en caso de gastos necesarios no previstos o cuyas partidas resulten insuficientes, siempre que el tesoro cuente con los recursos para atender la respectiva erogación. Los créditos adicionales serán decretados por el Gobernador del estado previa autorización de la Asamblea Legislativa o su Comisión Delegada. Se exceptúan de este requisito las órdenes de avance referidas a los adelantos de fondos del tesoro del estado a funcionarios autorizados para su administración, sólo para sufragar obligaciones válidamente contraídas por razones de emergencia excepcional, o cuando sean expresamente autorizados por la Contraloría General del estado. Esto funcionarios deberán estar acreditados previamente ante la Contraloría General del Estado, haber presentado caución suficiente conforme con la ley y rendir informe sobre el empleo de tales fondos. En todo caso, los fondos de avance deberán ser autorizados por la Contraloría General del Estado. Artículo 123.-No podrán cobrarse ningún impuesto u otra contribución que no esté expresamente establecida por la ley, ni concederse exenciones, rebajas o exoneraciones de los mismos, sino en el caso por ella previstos. Artículo 124.-No podrá ninguna autoridad establecer impuestos pagaderos en servicios personales. Artículo 125.-La recaudación de todos los tributos y demás ingresos del estado se hará por los órganos que determine la Ley de Hacienda del Estado. Artículo 126.-La ley que establezca o modifique un impuesto u otra contribución deberá fijar un término previo para su aplicación. Si no lo fijare, sólo podrá aplicarse después de sesenta (60) días de su publicación en la Gaceta Oficial del Estado Mérida. Artículo 127.-El traslado de partidas de la Ley de Presupuesto, será decretada por el Gobernador del estado, previa solicitud razonada a la Asamblea Legislativa o su Comisión Delegada para la autorización correspondiente, salvo aquellos traslados que por razón de su cuantía sean permitidos por la Ley. Artículo 128.-El Gobernador del estado presentará a la Asamblea Legislativa el Proyecto de Ley de Presupuesto de Ingresos y Gastos para el siguiente ejercicio fiscal, en la oportunidad fijada por esta Constitución. La Asamblea Legislativa podrá alterar las partidas presupuestarias, pero no autorizará gastos que excedan el monto de las estimaciones de ingresos contempladas en el respectivo Proyecto. Artículo 129.-Cuando dejare de votarse el Presupuesto correspondiente al año fiscal, continuará rigiendo el del año inmediatamente anterior, previo Decreto de reconducción dictado por el Gobernador del estado y conforme con la Ley de Régimen Presupuestario. Artículo 130.-Sólo por ley especial podrán crearse institutos o entidades autónomas, los que estarán sujetos al control de la Asamblea Legislativa y de la Contraloría General del Estado, de conformidad con la ley. Artículo 131.- El Estado Mérida podrá negociar empréstitos, para obras reproductivas o de conveniencia estadal, cumpliendo con las condiciones y procedimiento previstos en la Ley de Crédito Público. Artículo 132.-El estado no reconocerá otras obligaciones que las contraídas por sus órganos legítimos, de acuerdo con la ley. Artículo 133.-El Estado Mérida tendrá los privilegios y prerrogativas fiscales y procesales conferidas por la ley. CAPÍTULO II DE LA CONTRALORÍA DEL ESTADO Artículo 134.-Corresponde a la Contraloría General del Estado Mérida el control, vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos, bienes, derechos y acciones del estado: evaluar, orientar y coordinar las operaciones relativas a los mismos; actuar procesalmente cuando conociere por acusación, denuncia o aún de oficio, sobre hechos o actuaciones que pudieran lesionar el patrimonio del estado: instruir los respectivos expedientes, y determinar por auto de sobreseimiento, absolución o responsabilidad administrativo, imponiendo las sanciones a que hubiere lugar conforme con la ley. Artículo 135.-La Contraloría General del Estado en un órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa, con autonomía funcional. En consecuencia, podrá elaborar o ejecutar su propio presupuesto, su organización y funcionamiento, así como las referidas al ingreso, ascenso o remoción de su personal. Artículo 136.- La Contraloría General del estado actuará bajo la dirección y responsabilidad del Contralor General. Para ser Contralor General se requiere: ser venezolano, mayor de treinta años y de estado seglar, así como profesional universitario en las áreas de Economía, Administración, Contaduría o Derecho, con más de cinco años en el ejercicio profesional, o tener experiencia en la administración pública, en el ejercicio docente o investigación en las áreas mencionadas. Artículo 137.-El Contralor General del estado tendrá un suplente, quien lo sustituirá en caso de faltas temporales o absolutas. En esta última circunstancia, el suplente ejercerá esta función hasta tanto sea designado el titular. Artículo 138.-El Contralor General y su suplente serán designados por la Asamblea Legislativa dentro de los primeros treinta (30) días de cada período constitucional estadal pudiendo acordarse un sistema de consultas a las instituciones públicas o privadas para su selección, No podrán ser designados como Contralor General del estado o como suplente del mismo quienes se encuentren unidos por parentesco hasta tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad con el Gobernad del estado, el Secretario General de Gobierno, el Procurador, los Directores estadales o de los entes de la administración descentralizada. Artículo 139.-La Contraloría General del Estado ejercerá sus funciones mediante los sistemas de control previo, posterior y de gestión. Igualmente verificará la Memoria y Cuenta del Poder Ejecutivo, a los fines de emitir criterios técnicos que facilite a la Asamblea Legislativa adoptar la decisión correspondiente. Los entes descentralizados de la administración pública estadal, creados por Ley especial, tendrán a juicio de la Contraloría General del Estado, un Contralor Interno, designado mediante concurso. Los Contralores Internos actuarán como agentes de la Contraloría General del Estado. Los demás entes de la administración descentralizada estarán sometidos al control ordinario del estado. Artículo 140.-El Contralor General del estado o quien ejerza sus funciones presentará trimestralmente un resumen de sus actividades ante la Asamblea Legislativa, en los primeros diez días del primer período de sesiones ordinarias, un informe de su gestión y la cuenta sobre la ejecución de su presupuesto. La improbación del Informe o de la Cuenta del Contralor del estado por las dos terceras partes de los miembros de la Asamblea Legislativa, implicará su destitución, El Contralor General o su suplente están obligados a concurrir a la Asamblea Legislativa o a su Comisión Delegada cuando le sea requerido expresamente. Artículo 141.-El Contralor General o su suplente podrán ser removidos de sus cargos antes de concluir su ejercicio, por causas graves y previa audiencia para su defensa, cuando así lo acordase la Asamblea Legislativa con el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros. Artículo 142.-En la Ley de Presupuesto estadal se preverá una partida equivalente a sesenta centésimas (0,60%) del monto estimado de los ingresos, destinada a la Contraloría General del estado para su funcionamiento. TÍTULO VIII DEL DEFENSOR DE LOS DERECHOS Artículo 143.-La defensoría de los Derechos en jurisdicción del Estado Mérida, es el órgano competente para conocer e investigar sobre la violación de los derechos humanos y constitucionales, individuales o colectivos y estará a cargo del Defensor de los Derechos. Artículo 144.-Para la organización y cumplimiento de sus fines, la Defensoría de los Derechos tendrá autonomía funcional administrará y ejecutará su presupuesto; nombrará y removerá el personal a su cargo y dictará su Reglamento interno. Artículo 145.-Para ser defensor de los Derechos o su suplente se requiere ser venezolano, mayor de treinta años, de estado seglar, abogado, de conducta intachable y reconocida honorabilidad. Artículo 146.-La condición de Defensor de los Derechos es incompatible con todo mandato representativo o cargo de dirección político-partidista, sindical o de la carrera judicial. Artículo 147.-El Defensor de los Derechos y su suplente serán elegidos por las dos terceras partes de los miembros de la Asamblea Legislativa, dentro de los primeros treinta (30) días de cada período constitucional estadal; de no lograrse su designación en este periodo, serán designados por mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Legislativa. Artículo 148.-Las faltas temporales o absolutas del Defensor de los Derechos serán cubiertas por su suplente, en este último caso ejercerá las funciones hasta la designación del titular. Artículo 149.-La Asamblea Legislativa podrá remover o suspender al Defensor de los Derechos o quien haga sus veces, por negligencia en el desempeño del cargo, mala conducta o incapacidad, mediante decisión razonada de las dos terceras partes de sus miembros, previa audiencia para su defensa. Artículo 150.-Son atribuciones del Defensor de los Derechos, las siguientes: 1. Velar por el respeto y vigencia de los derechos humanos, y defenderlos ante cualquier persona, organismo o instancia. 2. Defender los intereses comunales frente a las actuaciones arbitrarias o ilegítimas de los órganos de la administración pública. 3. Iniciar las investigaciones sobre actuaciones que atenten contra el interés colectivo, a los fines del restablecimiento de los derechos o constitucionales en los establecimientos y retenes policiales, así como en los internados judiciales y cárceles bajo la jurisdicción y competencia del Estado Mérida. 8. Revisar archivos y documentos administrativos vinculados con los casos que le hayan sido planteados. 9. Proponer a la administración estadal la revisión de sus decisiones y advertir sobre su abstención u omisión. 10. Nombrar y remover, para el mejor cumplimiento de sus funciones, Comisionados Especiales en quienes delegará su representación, señalándoles sus atribuciones específicas conforme con la ley. 11. Coordinar su actuación con los órganos nacionales encargados de la defensa de los derechos humanos. 12. Presentar el Informe anual de su gestión durante los primeros treinta (30) días siguientes a la instalación de la Asamblea Legislativa. 13. Las demás que le atribuyan las leyes. Artículo 151.-Las personas naturales o jurídicas y especialmente los funcionarios públicos, están obligados a comparecer por ante el Defensor de los Derechos, así como suministrar la información o documentos que le sean requeridos para el cumplimiento de sus funciones. Artículo 152.-El Defensor de los Derechos y los funcionarios adscritos a su dependencia, guardarán secreto sobre sus actuaciones. Solo podrán informar sobre el inicio de los mismos. La revelación de asuntos privados será causa de destitución inmediata de los funcionarios implicados e incluso del defensor si tal fuere el caso. Artículo 153.-La ley podrá determinar las demás atribuciones, responsabilidades o normas de funcionamiento de la Defensoría de los Derechos. TÍTULO VIII DE LA CONSULTA POPULAR Artículo 154.- El pueblo del Estado Mérida o parte de él será consultado mediante referéndum en los casos siguientes: 1. Cuando se pretendiere cambiar la denominación del estado, modificar sus límites o efectuar compensaciones, fusiones o cesiones de su territorio. 2. Cuando por iniciativa del tres por ciento (3%) de los electores del estado, se solicite la abrogación de leyes. decretos o resoluciones estadales, salvo las relativas al Presupuesto, la Hacienda o Regulaciones impositivas. 3. Cuando por iniciativa del Gobernador, de la Asamblea Legislativa, de los Alcaldes de los municipios interesados o del tres por ciento (3%) de sus electores, se solicite la consulta para la ejecución de programas, proyectos u obras que pudieran afectar el interés colectivo. 4. Cuando por iniciativa de la Asamblea Legislativa o de las organizaciones de la sociedad civil que permita la ley, se proponga la consulta relativa a la declaración, denominación, fusión o adscripción de municipios, parroquias o demás entidades locales. 5. Por acuerdo de la Asamblea Legislativa del estado, adoptado por las dos terceras partes de sus miembros, sobre materias no previstas en esta Constitución. Artículo 155.-El referéndum será convocado por la Asamblea Legislativa mediante acuerdo publicado en la Gaceta Oficial del Estado Mérida, con por lo menos treinta (30) días de anticipación a su celebración y sus resultados tendrán valor decisorio. Los gastos que se ocasionaren con motivo de la convocatoria, organización y realización de referéndum, se hará con cargo al presupuesto de ingresos y gastos del Estado Mérida. Artículo 156.- El referéndum tendrá las opciones del SI o NO y se decidirá por la mayoría de sufragantes. Artículo 157.-La materia objeto de un referéndum que fuere rechazada no podrá someterse a consulta en el mismo periodo constitucional. Artículo 158.- El procedimiento del referéndum será objeto de ley especial. TÍTULO IX DE LA REVISIÓN CONSTITUCIONAL Artículo 159.-Esta Constitución podrá ser objeto de revisión, mediante enmiendas o reformas. El inicio de la discusión correspondiente deberá hacerse en sesiones ordinarias de la Asamblea Legislativa. Artículo 160.-La enmienda de esta Constitución no afectará el contenido fundamental de la misma. La iniciativa podrá partir de una cuarta parte, por los menos, de los Diputados de la Asamblea Legislativa, o bien de una cuarta parte de los Concejos Municipales que conforman el Estado Mérida, mediante acuerdos adoptados por mayoría absoluta de los miembros de cada Concejo. El Proyecto se discutirá según el procedimiento establecido en esta Constitución para la formación de leyes. Las enmiendas serán numeradas consecutivamente, y se publicarán de seguida de la Constitución, sin alterar el texto de ésta, pero anotando al pie del artículo o artículos enmendados la referencia al número y fecha de la enmienda que lo modifique. Artículo 161.-La iniciativa de la reforma de esta Constitución deberá partir de una tercera parte, por lo menos, de los Diputados de la Asamblea Legislativa, o de la mayoría absoluta de los Concejos Municipales que conforman el Estado Mérida, mediante acuerdos adoptados por la mayoría absoluta de los miembros de cada Concejo. El proyecto se discutirá según el procedimiento establecido en esta Constitución para la formación de las leyes, pero para su sanción se requerirá el voto favorable de las dos terceras partes de los Diputados de la Asamblea Legislativa. Una vez promulgada la Reforma Constitucional, entrará en vigencia desde la publicación de su texto íntegro en la Gaceta Oficial del Estado Mérida. Artículo 162.-Las iniciativas de revisión constitucional que fueren rechazadas no podrán presentarse nuevamente durante el mismo periodo constitucional. Artículo 163.-Las disposiciones relativas a los casos de urgencia en el procedimiento de la formación de las leyes no serán aplicables a los procesos de revisión constitucional. TÍTULO X DE LA INVIOLABILIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Artículo 164.-Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza, o fuere derogada por cualquier otro medio distinto del que ella misma dispone. En tal eventualidad todo ciudadano, investido o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia. TÍTULO XI DISPOSICIONES FINALES Artículo 165.-Serán nulos los actos estadales contrarios a la Constitución del Estado Mérida. Artículo 166.-Los recursos por razones de inconstitucionalidad o ilegalidad contra los actos violatorios de esta Constitución, serán sometidos a la jurisdicción Contencioso-administrativa ordinaria. Artículo 167.-Las disposiciones transitorias de esta Constitución se dictan en texto separado y se sancionan con las mismas formalidades. Su texto no será susceptible de revisión sino mediante el procedimiento previsto en el Título IX. Artículo 168.-Se deroga la Constitución del Estado Mérida sancionada el 18 de diciembre de 1984, promulgada el 21 de diciembre del mismo año y publicada en la Gaceta Oficial del Estado Mérida el 28 de diciembre de 1984. Dado, firmado y sellado en el Salón de Sesiones de la Asamblea Legislativa del Estado Mérida, en Mérida, a los siete días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y cinco. Año 185° de la Independencia y 136° de la Federación. EL PRESIDENTE, DIP. JESUS RAMON UZCÁTEGUI GUTIERREZ EL PRIMER VICE-PRESIDENTE, DIP. ORLANDO RAMÍREZ EL SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, DIP. EDUARDO SILGUERO EL SECRETARIO, DR. TULIO GÓMEZ CARRERO DIPUTADOS: ELOY DÁVILA SPINETTI GONZALO UZCÁTEGUI MALDONADO FERNADO CERMEÑO ALEXISPAPARONI LUBÍN DÍAZ EMMA VERGARA DE GUERRERO ARON VARELA DANIEL DUGARTE OMAR DELGADO TAMARIZ JOSÉ RAMÓN CEPEDA GERARDO MOLINA BARRETO FRANK CASTILLO en conformidad con el Artículo 167 de la Constitución del Estado Mérida, decreta las siguientes DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA CONSTITUCIÓN DEL ESTADO MÉRIDA Primera: Hasta tanto se dicte la Ley que determine la rama de los servicios policiales atribuida a los municipios, las Fuerzas Armadas Policiales del Estado Mérida prestarán la asistencia que le sea requerida por los Alcaldes para el cumplimiento de sus funciones. Segunda: El actual titular de la Contraloría General del Estado y su suplente, continuarán en el ejercicio de sus funciones por el resto del actual período constitucional del estado. Tercera: La ley determinará las normas generales y procedimientos relativos a la transferencia de los servicios del estado. Cuarta: El actual titular de la Procuraduría General del Estado y su suplente, continuarán en el ejercicio de sus funciones, hasta tanto el Gobernador del estado proceda a la designación correspondiente, conforme con lo dispuesto en el Artículo 108 de la Constitución del Estado Mérida. Quinta: Dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la promulgación de la Constitución del Estado Mérida, la Asamblea Legislativa del Estado procederá a designar al Defensor de los Derechos y su suplente, quienes ejercerán sus funciones por el resto del actual período constitucional estadal. Sexta: A los fines de cumplir con lo previsto en el Artículo 139 de la Constitución del Estado, dentro de los treinta días siguientes a su promulgación, los entes de la administración descentralizada estadal, procederán a convocar públicamente los concursos para la designación de los Contralores Internos de cada una de ellas, En la formulación de las bases de los concursos y en la integración de los jurados correspondientes, deberá participar la Contraloría General del Estado. Dado, firmado y sellado en el Salón de Sesiones de la Asamblea Legislativa del Estado Mérida, en Mérida, a los siete días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y cinco. Año 185° de la Independencia y 136° de la Federación. EL PRESIDENTE, DIP. JESUS RAMON UZCÁTEGUI GUTIERREZ EL PRIMER VICE-PRESIDENTE, DIP. ORLANDO RAMÍREZ EL SEGUNDO VICE-PRESIDENTE, DIP. EDUARDO SILGUERO EL SECRETARIO, DR. TULIO GÓMEZ CARRERO DIPUTADOS: ELOY DÁVILA SPINETTI GONZALO UZCÁTEGUI MALDONADO FERNADO CERMEÑO ALEXISPAPARONI LUBÍN DÍAZ EMMA VERGARA DE GUERRERO ARON VARELA DANIEL DUGARTE OMAR DELGADO TAMARIZ JOSÉ RAMÓN CEPEDA GERARDO MOLINA BARRETO FRANK CASTILLO REPÚBLICA DE VENEZUELA.- GOBERNACIÓN DEL ESTADO MÉRIDA MÉRIDA, 16 DE NOVIEMBRE DE 1995.- AÑOS: 185° DE LA INDEPENDENCIA Y 136° DE LA FEDERACIÓN. CÚMPLASE EL GOBERNADOR DEL ESTADO MÉRIDA DR. JESUS RONDON NUCETE REFRENDADO. EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO ING. HONORIO RODRIGUEZ BELANDRIA LA DIRECTORA DE POLÍTICA DRA. HILVA MARINA RENDON EL DIRECTOR DE INFORMACIÓN LIC. GERMÁN DE JESUS CERRADA LA DIRECTORA DE EDUCACIÓN LIC. GARBINIE DE MOLINA EL DIRECTOR DE CULTURA Y PRESIDENTE DEL PATRONATO CULTURAL DR. CAMILO SILVA LA DIRECTORA DE DESARROLLO AGRÍCOLA ARQ. VOLANDA DE ACOSTA EL DIRECTOR DE ORDENAMIENTO URBANO ARQ. PASCUALE RIZZARRI EL DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN (E) LIC. ROBERT ESLAVA LA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN LIC. INMACULADA DE RAMIREZ LA TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO EC. NORMA MENDEZ EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PARA LA REFORMA DEL ESTADO DR. NESTOR LUIS TREJO EL COMISIONADO PARA EL DESARROLLO SOCIAL EC. JORGE PEREIRA LA COMISIONADA PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA T PRESIDENTA DE FUNDACITE-MERIDA DRA. ELDRYS DE GIL EL COMISIONADO PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO ING. GERMAN MORA EL PRESIDENTE DE LA CORPORACIÓN MERIDEÑA OETURISMO DR. RAFAEL HERNANDEZ EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO REGIONAL DE LA VIVIENDA ARQ. CARLOS SUESCUM EL PRESIDENTE DEL FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA EC DAVID PADRÓN EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO ING. JUAN CARLOS ARAUJO EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO DE DEPORTES PROF. RICARDO CORREDOR EL DIRECTOR GENERAL DE LA CORPORACIÓN DE SALUD DR. FREDDY RANGEL V. COORDINADOR DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR Y BÁSICA DR. ANGEL GUERRERO SUMARIO Congreso de la República Ley sobre la Zona Libre Cultural, Científica y Tecnológica del Estado Mérida. - Ley del Deporte CONGRESO DE LA REPÚBLICA EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA DECRETA la siguiente, LEY SOBRE LA ZONA LIBRE, CULTURAL, CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DEL ESTADO MÉRIDA TITULO I DISPOSICIONES FUNDAMENTALES ARTÍCULO 1° . Esta ley es un instrumento para el desarrollo y el afianzamiento de la soberanía cultural, científica y tecnológica del país, y como tal, es de carácter estratégico para el desarrollo nacional. Tiene como objeto la creación y regulación de un régimen jurídico e institucional que estimule la producción, la divulgación y la distribución de bienes y actividades culturales, científicas y tecnológicas en las jurisdicciones que esta ley establece. ARTÍCULO 2° . Son beneficiarios de esta Ley, todos los venezolanos y extranjeros residentes en el país vinculados con las actividades culturales, científicas y tecnológicas, los cuales tendrán acceso a los mecanismos de distribución y difusión de bienes y servicios culturales, científicos y tecnológicos, con base a lo pautado en este instrumento legal. PARÁGRAFO ÚNICO.- Gozarán de los beneficios adicionales contemplados en esta Ley, las personas naturales y jurídicas que operen dentro del ámbito geográfico de la Zona Libre Cultural, Científica y Tecnológica del Estado Mérida, y que cumplan las condiciones establecidas por el marco legal que la rige. ARTCULO 3° A los efectos de esta Ley, se entiende por bienes culturales, científicos y tecnológicos, aquellos destinados de manera exclusiva a la producción y divulgación de productos y actividades artísticas, científicas, humanísticas, así como los de tecnologías avanzadas orientadas hacia la producción o la investigación científica. ARTÍCULO 4° . El Ejecutivo Nacional, previa consulta con la Junta de la Zona Libre Cultural, Científica y Tecnológica del Estado Mérida, determinará los bienes que serán objeto de importaciones dentro del régimen de esta Ley. TITULO II DEL RÉGIMEN FISCAL ESPECIAL Y ÓRGANOS DE DIRECCIÓN ARTÍCULO 5° . Se crea el Régimen Fiscal Especial de carácter preferencial de la Zona Libre Cultural, Científica y Tecnológica del Estado Mérida, el cual será aplicado en toda el área territorial que comprende los Municipios Libertador, Campo Elías, Sucre y Santos Marquina del Estado Mérida, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 14 de esta Ley. ARTÍCULO 6° . El Presidente de la República en Consejo de Ministros, creará las aduanas de la Zona Libre Cultural, Científica y Tecnológica del Estado Mérida y delimitará sus circunscripciones, de conformidad con los fines de esta Ley. ARTÍCULO 7° . Los bienes y servicios culturales, científicos y tecnológicos que se produzcan en el país, que cumplan con los establecido en el artículo 9° de esta Ley, así como los bienes y sus partes procedentes del exterior, que ingresen a Venezuela con destino a la Zona Libre Cultural, Científica y Tecnológica del Estado Mérida, estarán sujetos al siguiente régimen preferencial: a. No causarán derechos arancelarios, b. Estarán exentos de impuestos a las ventas al mayor y al consumo suntuario, así como de cualquier otro impuesto nacional, que de forma directa o indirecta, graven la importación o venta de bienes o servicios-, c. No causarán tasas por servicios de aduana; y d. No estarán sujetos a tasas arancelarias y paraarancelarias con excepción de las de carácter sanitario. PARÁGRAFO ÚNICO.- Estarán exentas del Impuesto sobre la renta las actividades de producción, distribución , comercialización y promoción de los bienes y servicios culturales, científicos y tecnológicos sujetos al régimen establecido por esta Ley, realizadas por personas autorizadas para operar en el Régimen Especial, y residentes en la Zona Libre, Cultural, Científica y Tecnológica del Estado Mérida. ARTÍCULO 8° . A los efectos establecidos en esta Ley, gozarán de la protección del Régimen Fiscal, exclusivamente aquellos bienes y servicios culturales, científicos y tecnológicos producidos dentro de la Zona Libre Cultural, Científica y Tecnológica del Estado Mérida, y los bienes y servicios importados que cumplan con las siguientes condiciones: a. Estar amparados por la documentación aduanera y de transporte señaladas en la Ley Orgánica de Aduanas y su Reglamento y cumplir el trámite aduanero de internación a la Zona Libre Cultural, Científica y Tecnológica del Estado Mérida en la Aduana que se establezca al efecto; b. Cumplir las disposiciones sanitarias vigentes en el país; y c. Estar sus patrocinantes autorizados para operar y domiciliados en la jurisdicción de la Zona Libre Cultural, Científica y Tecnológica del Estado Mérida determinada en esta Ley, y existir correspondencia entre los bienes importados y los procesos y actividades de sus consignatarios operantes. ARTULO 9° . Los bienes y servicios a que se refiere esta Ley, que hayan sido adquiridos legalmente en la Zona Libre, Cultural, Científica y Tecnológica del Estado Mérida podrán: a. Ser exportados o reexportados libremente; y b. Ser trasladados por sus compradores al resto del territorio nacional, cuando el valor total de los bienes no exceda el establecido por las normas de las Zonas Francas o Puertos Libres del país o el que se establezca reglamentariamente. PARÁGRAFO ÚNICO.- Los bienes culturales, científicos y tecnológicos que entren desde la Zona Libre Cultural, Científica y Tecnológica del Estado Mérida, al resto del territorio nacional, deberán pagar el gravamen arancelario correspondiente en proporción al componente importado, de acuerdo con la norma que dicte el Ejecutivo Nacional, sin perjuicio de lo establecido en el literal b de este artículo. ARTÍCULO 10. El Ministerio de Hacienda tendrá a su cargo todo lo concerniente al Régimen Fiscal y Aduanero de la Zona Libre cultural, Científica y Tecnológica del Estado Mérida y ejercerá sus funciones a través del personal competente que designe al efecto. De igual manera tendrá a su cargo todo lo referente a la gerencia, control, promoción y registro. PARÁGRAFO PRIMERO.- En el cumplimiento de sus funciones gerenciales de control, promoción y registro, se crea la Junta de la Zona Libre Cultural, Científica y Tecnológica del Estado Mérida, la cual estará conformada por un Director General, en representación del Ministerio de Hacienda nombrado por el Presidente de la República; y por seis (6) Directores Institucionales, designados respectivamente por la Gobernación del Estado Mérida, la Universidad de los Andes, el Instituto de Comercio Exterior, el Consejo Nacional de la Cultura, la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología del Estado Mérida, y la Mancomunidad de los Concejos Municipales donde esté vigente el Régimen de la Zona Libre Cultural, Científica y Tecnológica del Estado Mérida. PARÁGRAFO SEGUNDO.- La Junta de la Zona Libre Cultural, Científica y Tecnológica del Estado Mérida, someterá a la consideración y sanción del Presidente de la República en Consejo de Ministros, el Reglamento que definirá el alcance de sus funciones y normará sus operaciones. PARÁGRAFO TIERCIERO.- La Junta de la Zona Libre Cultural, Científica y Tecnológica del Estado Mérida, creará mecanismos para que los beneficios del Régimen se trasladen razonablemente al consumidor y, en particular, expondrá al público, el listado de los precios de importación. ARTÍCULO 11. El Ejecutivo Nacional, a solicitud motivada de la Junta de la Zona Libre Cultural, Científica y Tecnológica del Estado Mérida, podrá otorgar autorización para la ejecución de las operaciones portuarias de carga, descarga, tránsito, transbordo, cabotaje, caleta, estiba, acarreo, arrumaje, almacenamiento, despacho y otras actividades inherentes a la movilización de los cargamentos destinados a la Zona Libre Cultural, Científica y Tecnológica del Estado Mérida. TITULO III DE LAS SANCIONES, CONVENIOS Y NORMAS TRANSITORIAS ARTÍCULO 12. Se suspenderá la autorización para operar dentro del Régimen Fiscal creado por esta Ley, por el término de seis (6) meses, a aquellos beneficiarios que incumplan con: a. Las normas fiscales y aduaneras de la República; b. Las normas de seguridad, higiene, resguardo ecológico y ambiental, conservación y desarrollo urbanístico y paisajístico, y previsiones vigentes en el ámbito territorial de la Zona Libre Cultural, Científica y Tecnológica del Estado Mérida; c. Las medidas de control y seguridad, tanto fiscal como de cualquier otra índole, que corran a su cargo; d. Los sistemas de registro, control de inventarios de bienes, mercancías y actividades; e. Las medidas de protección al consumidor a que hace referencia el Parágrafo Tercero del artículo 10 de esta Ley; y Las norma de la Ley Orgánica de Hacienda Pública Nacional que acarreen procedimientos penales por el delito de contrabando. La suspensión se mantendrá durante el tiempo de duración del proceso y, en caso de ser condenado el beneficiario por tal delito, se le revocará la autorización para continuar operando y gozando de los beneficios concedidos en esta Ley, por el término de diez (10) años. ARTÍCULO 13. El Ejecutivo Nacional, podrá establecer nuevas causales de revocación o de suspensión de las autorizaciones para operar dentro del Régimen de la Zona Libre Cultural, Científica y Tecnológica del Estado Mérida. Podrá así mismo imponer multas por monto comprendido entre doce (129 y sesenta (60) salarios urbanos mínimos mensuales establecidos por el Ejecutivo Nacional. ARTÍCULO 14. La Junta de la Zona Libre Cultural, Científica y Tecnológica del Estado Mérida, podrá celebrar, previa autorización del Ejecutivo Nacional, convenios con los Concejos Municipales del Estado Mérida no pertenecientes al ámbito territorial de la Zona Libre Cultural, Científica y Tecnológica del Estado Mérida, para la construcción y administración de centros de almacenamiento y producción de los bienes culturales, científicos y tecnológicos a que se refiere esta Ley, así como para la realización de festivales, ferias, congresos y demás actividades de promoción y venta de los bienes y servicios regulados por esta Ley. En estos casos se aplicará lo estipulado en el artículo 9' de esta Ley. ARTICULO 15. Esta Ley entrará en vigencia a partir de los ciento ochenta (180) días siguientes a su publicación en la GACETA OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA, dejando a salvo lo establecido en los artículos 10 y 11 de esta Ley. Dada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas, a los veintisiete días del mes de junio de mil novecientos noventa y cinco. Años 185° de la Independencia y 136° de la Federación. EL PRESIDENTE, EDUARDO GÓMEZ TAMAYO EL VICEPRESIDENTE, CARMELO LAURIA LESSEUR LOS SECRETARIOS, JULIO VELÁSQUEZ MARTINEZ EDUARDO FLORES SEDEK Palacio de Miraflores, en Caracas a los catorce días del mes de julio de mil novecientos noventa y cinco. Año 185° de la Independencia y 136° de la Federación. Cúmplase, (L.S.) RAFAEL CALDERA Refrendado El Encargado del Ministerio de Hacienda (L.S.) JOSÉ MANUEL TINEO Refrendado El Ministro de la Secretaría de la Presidencia (L.S.) ANDRÉS CALDERA PIETRI Refrendado El Ministro de Estado (L.S.) GUIDO ARNAL ARROYO