Constitución del Estado Apure

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EXPOSICION DE MOTIVOS Los pueblos que no evolucionan están condenados a la pobreza y el atraso. El Pueblo de Apure, con la protección y la ayuda de Dios Todopoderoso, está encarrilado por la senda del progreso y obligado a defender su nombre, su territorio, su identidad, a mejorar su realidad, a buscar y encontrar el desarrollo integral sustentable hoy y por siempre, de allí que Apure se ha impuesto la necesidad de dictarse una nueva Constitución, cuya génesis se funda en la realidad actual del país y de nuestro Estado, cónsona con los principios y cambios acordados y previstos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y es que Apure reclamaba con apremio la existencia y vigencia de un marco constitucional que adelantara dichos cambios, emprendidos y acogidos en toda la República, sin temor de asumir sus compromisos y ejercer su atribuciones públicas, en tanto que se conviniera en innovar en todo lo necesario conforme a la realidad social, política, económica, jurídica, cultural y científica del país, pero atendiendo a la realidad del contexto regional con una perspectiva progresista y de integración nacional e internacional. El dictar esta Constitución es una atribución exclusiva del Estado, a través de los legítimos representantes del pueblo, electos de manera democrática, mediante votación directa, universal y secreta, atendiendo al criterio de un gobierno democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables, con la participación obligante de la sociedad civil organizada mediante los mecanismos previstos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes. De allí que la necesidad referida de darnos una nueva Constitución, dictada por un órgano nacido de la voluntad popular y con la participación indelegable de la sociedad organizada, era una deuda que hoy estamos saldando desde todo punto de vista, con este cuerpo normativo constitucional. La Constitución que nos hemos dado hoy, abraza y ratifica con fuerza al Sistema Democrático como el único sistema de libertades capaz de garantizarnos el ejercicio pleno y amplio de los derechos y deberes inherentes a la persona humana consagrados universalmente, conduciéndonos al bienestar colectivo, la convivencia pacífica, la creación de espacios para que los ciudadanos, en su rol protagónico, corresponsable y solidario en el desarrollo de Apure, a través de la participación, puedan crecer en lo personal, cultural y social, desplegando sus capacidades y aptitudes, contribuyendo de esta manera a fomentar el Apure que queremos y que nos merecemos. De igual forma fortalece la Autonomía y la propia personalidad jurídica del Estado y de sus Municipios, apoyada en el Federalismo y la Descentralización, principios plasmados literalmente en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y que ratifica mas adelante en su propio texto, con la distribución de los Poderes Públicos y la asignación de competencias señaladas a cada uno de ellos, estableciendo además, la factibilidad jurídica de transferir competencias escalonadamente, hacia las formas de gobierno mas cercanas a los ciudadanos, indicando en este orden de ideas a los Municipios y sus poderes locales, como el norte de la descentralización y el verdadero afianzamiento del federalismo. Señala también, la posibilidad jurídica de la prestación directa de determinados servicios por parte de la propia sociedad civil, la cual está obligada a organizarse para el ejercicio saludable de toda forma de autogestión y también para su participación efectiva en las tomas de decisiones públicas en pro del establecimiento de su propio destino. Por esta razón, el Municipio como unidad política primaria de la organización nacional, interactuando con la sociedad civil organizada, reviste un carácter de primer orden en el texto Constitucional, hacia el cual deben converger progresivamente el mayor número de competencias públicas y de los recursos correspondientes. Hoy por primera vez, se le atribuye al Estado, en su acepción mas amplia, competencias no señaladas en Constituciones anteriores, dándole rango constitucional, entre otros asuntos, a la protección de la familia como célula fundamental de toda sociedad; a la protección de los niños y adolescentes en su dignidad humana, inclusive a los clínicamente considerados como especiales y los considerados por la Ley en situación de peligro, por ser todos ellos, las semillas que se convertirán en los hombres y mujeres responsables de conducir y mejorar la calidad de vida de las próximas generaciones, así como es nuestro deber hoy luchar por crear sólidas bases sobre las cuales camine el desarrollo integral y exaltar nuestro gentilicio alcanzado con esfuerzo por nuestros antepasados. También se legisla a favor de los derechos que tenemos a en la áreas de salud, educación, deporte, recreación, cultura, investigación científica, defensa civil, mejoramiento campesino y la necesidad de fomentar las actividades agrícolas, pecuarias, la cría, la pesca, etc, por ser todas éstas, herramientas básicas e indispensables para la protección alimentaria de los pueblos. Se le da rango constitucional a la posibilidad de otorgar incentivos a los deportistas que en sus actuaciones enaltezcan el orgullo de ser apureños con sus logros deportivos, como una experiencia de vieja data utilizada en países con un potencial deportivo reconocido mundialmente. El tema fronterizo, por ser Apure un Estado con frontera internacional, se aborda de manera frontal como nunca antes, reconociendo la necesidad de incorporarnos en principio, a través del Alto Apure, a un proceso de integración con nuestros hermanos colombianos y más allá de ellos, a la Comunidad Andina de Naciones y a todo el espectro latinoamericano. La realidad fronteriza no podía seguir adormecida y menos fuera de nuestro texto Constitucional, toda vez que con largo aliento, compartimos intereses sociales, económicos y culturales, con las Naciones Andinas y en lo mas cercano a Colombia. La necesidad de reforzar los aspectos fronterizos positivos y de emprender y ocupar los espacios no conquistados, nos motivó a proteger nuestros intereses en la frontera y combatir los muchos flagelos que le aquejan, logros que deben formar parte de una política integral bajo el concepto mas moderno de frontera viva, asumida no solo por nuestra Entidad y sus Municipios involucrados, sino también, con el concurso de las Entidades Federales y órganos nacionales vinculados por mandato de Ley al tema fronterizo. Un eslabón muy importante dentro del fin común a todos, para alcanzar el desarrollo en todas las áreas del quehacer humano en nuestra Región, es el factor de la participación ciudadana, que hoy cumple una función protagónica, preservando los principios intrínsecos a ella como son la responsabilidad social, asistencia humanitaria, autogestión, corresponsabilidad y coordinación, y así lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dándole preeminencia a la justicia social y al espacio que deben ocupar los ciudadanos dentro de la toma de decisiones adoptadas por los Poderes Públicos que interactúan en la Entidad. El tratar de hacer una nueva Constitución Estadal, apegada a los criterios y principios establecidos por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, no ha sido una tarea fácil, pero sin embargo, el reto fue asumido y logrado, estableciéndose tanto principios arraigados a nuestra realidad regional, como la corresponsabilidad entre el Estado y los ciudadanos, para alcanzar los fines de gobierno, entre ellos la ampliación de los medios de la participación ciudadana, por lo que se añade el Capitulo de la Seguridad Ciudadana y lo relativo a derechos deberes y garantías, haciéndose especial énfasis, en la educación y el desarrollo del sector rural, entre otros. Entre algunos aspectos resaltantes de la parte orgánica, se establece y desarrolla la existencia del Poder Ciudadano, señalando la existencia de la Defensoría del Pueblo; además ésta Constitución cubre vacíos dejados por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en materia de Contratos de Interés Público Estadal y Municipal; el establecimiento de competencias concurrentes y residuales atribuidas al Estado no previstas en la Carta Magna; precisa también lo relativo al Consejo de Planificación de Políticas Públicas del Estado Apure; y le da relevancia y ordena a los poderes públicos facilitar, orientar y canalizar las iniciativas de los ciudadanos a organizarse bajo toda formula asociativa permitida por Ley, especialmente las que persigan fines productivos de propiedad colectiva, con el objetivo de motorizar el crecimiento económico en la entidad y en consecuencia aliviar la pesada e insostenible carga burocrática del Estado como principal empleador, amén de auspiciar y apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas en nuestra geografía, para fortalecer el crecimiento de la empresa privada en su rol de elemento indispensable en la economía, generador de bienestar social en nuestro hermoso Estado. Se le ratifica y fortalece al Consejo Legislativo sus funciones deliberantes, legislativas y de control, precisando y ampliando a la vez sus competencias; y adecuándose la composición de su directiva a la prevista en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por lo que se reduce ésta a un Presidente y un Vicepresidente, con la incidencia correspondiente tanto en la composición de la Comisión Delegada, como en el resto de las Comisiones existentes en el Consejo Legislativo. De igual forma se amplía la normativa correspondiente al Titulo del Poder Ejecutivo Estadal, incluyendo el Capitulo de la Administración Descentralizada. En materia presupuestaria, se incorpora la obligación de destinar a la inversión pública el 50% del situado constitucional y del resto de los ingresos ordinarios estadales, sin menoscabo de las disposiciones que la Ley de la Hacienda Pública Estadal establezca, en concordancia con la legislación dictada por la Asamblea Nacional. En el área de planificación deben estar conciliados el Consejo Federal de Gobierno, el Consejo de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas y el Consejo Local de Planificación Publica, para que sus políticas caminen coordinadamente hacia los fines de Estado con la mejor distribución de los recursos. Todo lo señalado es con el propósito de que los ciudadanos se paseen por el nuevo texto constitucional y conozcan otras tantas incorporaciones normativas no previstas en la pasada Constitución Estadal, hoy derogada. En cuanto a la estructura de la Constitución se compone de un Preámbulo, trece Títulos, cuarenta y cuatro Capítulos, diez Secciones, y ciento sesenta y dos Artículos, con sus correspondientes Disposiciones Derogatoria, Transitorias y Final. En el Preámbulo se expresa la facultad legisladora que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela le otorga, por vía de representación, al Consejo Legislativo del Estado Apure y por la voluntad creadora del pueblo apureño, para dictar y decretar la Constitución Estadal, impulsado por los principios fundamentales inherentes a la persona humana y a la preservación de un orden justo, propio del Sistema Democrático, para refundar el Estado federal y descentralizado, con una sociedad participativa, democrática, multiétnica y pluricultural, donde reine la justicia, la libertad, la independencia, la paz y el bien común. En el Titulo I, Principios Fundamentales, se define la organización jurídico política que adopta el Estado Apure como entidad autónoma, igual a los demás Estados que integran la República Bolivariana de Venezuela, donde se consagra la figura de Estado Federal Descentralizado. La autonomía se entiende como un poder limitado para la gestión de sus propios intereses y es esencial para afrontar la descentralización administrativa y garantizar así el cumplimiento del Artículo 4 y 16 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esa autonomía basada en competencias del Estado está conformada por cuatro grandes vertientes: la política, la administrativa, la tributaria y la normativa. La autonomía política implica la potestad de organizar sus poderes públicos, sus Municipios y la división política de su territorio. Esta autonomía también conlleva a la elección de sus propias autoridades, así como la creación de Institutos autónomos y otros entes descentralizados. La autonomía administrativa esta referida a la disposición de sus bienes y a la inversión del situado constitucional; así como también a la utilización del crédito público. La autonomía tributaria esta definida dentro de los limites establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; y por último la autonomía normativa en el sentido que el Consejo Legislativo del Estado Apure puede regular, mediante leyes, las materias de la competencia estadal exclusivas, concurrentes o residuales. El ejercicio de la autonomía permite la orientación y desarrollo del gobierno Estadal en función de una política propia, por ello la autonomía política es cualitativamente superior a la administrativa. Por otra parte, el principio de autonomía no puede oponerse al de la unidad nacional y estadal, antes bien, la autonomía solo adquiere sentido en esa unidad. Y a la unidad política y jurídica se le añade la unidad económica y por consiguiente, la unidad de mercado. Ello supone un espacio económico homogéneo de circulación así como condiciones básicas de la actividad económica comunes en todo el territorio del Estado. Sobre ese principio autonómico se consagra la figura del Estado Federal Descentralizado consustanciándose con la tradición histórica de Apure, así como también las obligaciones del Estado para con la Nación, el cumplimiento de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las Leyes y la defensa de la democracia como sistema político. En este Titulo también se establece el principio de legalidad y jerarquía de la Constitución Estadal, su eficacia jurídica directa e inmediata. Se estableció la corresponsabilidad de la sociedad civil, junto al Poder Público Nacional, Estadal y Municipal, en el cumplimiento de los fines esenciales del Estado. Entendemos por sociedad civil una estructura polivalente y difusa, única e integrada, que no se motoriza en torno a la acumulación de poder, que existe sólo en la medida en que sus miembros individuales participan en su desarrollo y en tanto es capaz de ejercer influencia en tres instituciones pilares de la sociedad Apureña: El Estado, la Iglesia y el Mercado. La sociedad civil está configurada por el conjunto de organizaciones sociales cuyas finalidades no están asociadas a los principios propios de la sociedad militar, ni a la imposición de un orden moral, propio de la sociedad religiosa, ni a la creación de riqueza, propia de la sociedad mercantil, ni a la obtención del poder, propio de la sociedad política, ni persigue fines genéricos sino particulares al grupo que se auto organiza para ello. En fin, la sociedad civil está asociada a la defensa de los derechos humanos, incluyendo los derechos civiles de las personas y los derechos difusos o colectivos. Esto refleja la norma al consagrar la corresponsabilidad de la sociedad civil en el cumplimiento de los fines del Estado. Una sociedad civil saludable, protege al individuo de un poder estadal abrumador. Por último, se le da rango Constitucional al nombre del Himno del Estado Apure, conocido como “Vuelvan Caras”. En el Titulo II, Del territorio del Estado y su División Política, se define el territorio como parte esencial del Estado, siendo éste el ámbito físico de acción de los órganos que ejercen el Poder Público y de eficacia del ordenamiento jurídico del Estado. El territorio del Estado es el mismo que la Ley de División Territorial del 28 de abril de 1.856 señaló a la antigua Provincia de Apure, con las modificaciones acogidas y resultantes de actos jurídicos validamente celebrados conforme a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y cuyos límites están plasmados en la actual Ley de División Político territorial del Estado Apure. Se consagra además la disposición de establecer una política integral para atender las necesidades y obligaciones que conlleva el carácter de condición Fronterizo en la entidad. Se ratifica a la ciudad de San Fernando de Apure, como la Capital del Estado Apure. Se reconoce y afianza la existencia fundamental, en su aspecto jurídico político, de los Municipios como unidad política primaria de la organización nacional. En el Titulo III, De los Deberes, Derechos humanos y Garantías, se encuentran las más profundas innovaciones dentro de la Constitución Estadal y es el que la hace alcanzar los mayores niveles de modernidad, incluso mas allá que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por atender este Título al objetivo central y principal de toda forma de organización social, política, económica, cultural y científica, es decir, al ser humano. Este Titulo fue elaborado partiendo de dos principios básicos: Alteridad y Progresividad. Alteridad significa que cada derecho tiene su correlativo deber, que a cada deber corresponde un derecho y que el ciudadano apureño no puede considerar sus derechos como exigencias incondicionales sin dar nada a cambio en cuanto a responsabilidades, que él no es sujeto exclusivo de derechos: ningún derecho sin responsabilidad será una norma de justicia social. Progresividad en el sentido que incorpora todos los avances que van emergiendo en el mundo, en el país o en el Estado sin desmerecer la dignidad de la persona humana. Contempla las tres generaciones de derechos que han surgido históricamente: Los civiles y políticos (primera generación); Los sociales, económicos y culturales (segunda generación) y los derechos difusos o colectivos como la paz, el desarrollo y los del ambiente (tercera generación). Se establecen algunos derechos de naturaleza económica que el Estado está obligado a propiciar para crear condiciones mínimas de vida y que sirvan de plataforma para que la población tenga una existencia digna y autosuficiente. Por primera vez en la Constitución del Estado, aparecen plasmados los derechos de la familia, la protección a la mujer, a los niños y adolescentes, incluyendo los clínicamente considerados especiales y los considerados por la Ley como en situación de peligro; el tratamiento a las victimas de drogas, así como, de la calidad de vida de los habitantes del Estado y de la salud. También por primera vez aparecen los derechos educativos, donde se reafirma el carácter democrático, obligatorio y gratuito de los mismos, la atención a las personas con necesidades especiales, y otros logros preeminentes. En cuanto a la cultura, el texto busca hacerla salir del marginamiento y del olvido. La cultura define el perfil de los cambios que se viven. La cultura por muy pequeña que sea su referencia, siempre constituye un elemento revolucionario y de avance. La ley estadal deberá profundizar este avance logrado en la Constitución del Estado. El deporte y la recreación se incorpora dentro de la sección de educación dándole rango Constitucional Estadal, y en esto se hace justicia con una región donde la actividad deportiva debe constituirse en un modus vivendi. Es absolutamente imprescindible. Dentro de este Título se le incorpora el capitulo de la Seguridad Ciudadana, por ser este un tema que dentro del complejo mundo social, desde hace algún tiempo, no sólo ha incidido en su concepción delictiva en contra de las personas y sus bienes, como una arista del problema, sino que ha pasado a constituir un factor que ha remontado los valores morales fundamentales, afectando la economía y la política inclusive, modificando de manera perversa el comportamiento humano en todos los quehaceres de la vida, trayendo mas caos y pobreza. El Titulo IV, La Participación Ciudadana, es el alma de ésta Constitución y es el animus del sistema democrático, protagónico y participativo como fin supremo del Estado. Aquí aparecen las figuras novedosas de los veedores, de la planificación consultiva de las políticas e inversión social, y la promoción de una cultura democrática de participación, inclusive en las instituciones educativas. En el Titulo V, Del Poder Público del Estado, es donde se refleja la distribución de los poderes y la división del Poder Público Estadal. Aquí también se innovó al establecer además de las competencias exclusivas del Estado, las competencias concurrentes y las residuales, todo explicado detalladamente y que al final, redimensiona el papel del Poder Estadal, profundiza y acelera el proceso de descentralización político administrativa y le da concreción al hecho de definirnos como Estado Federal Descentralizado. Se abren sendos capítulos llenándose el vació constitucional en relación a los Contratos de Interés Público Estadal, y el Consejo de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas del Estado Apure. En el Titulo VI, Del Poder Legislativo Estadal, es donde, con las innovaciones incorporadas, el Consejo Legislativo del Estado Apure se reivindica en sus funciones de legislar y especialmente de control, tan vital para darle transparencia al ejercicio del poder o para limpiarlo de abusos y desenfrenos que nunca faltan. En cuanto a la conformación de la Directiva del Consejo Legislativo se reduce a un Presidente y un Vicepresidente, con su incidencia organizacional en la Comisión Delegada y el resto de sus comisiones. En el Titulo VII, Del Poder Ejecutivo Estadal, Se consagraron atribuciones, deberes y organismos que reafirman este Poder como palanca fundamental para refundar al Estado Apure, como el órgano líder de la descentralización político administrativa. Se incorpora el Capitulo referido a la Administración Descentralizada. En el Titulo VIII, Del Poder Publico Municipal, se ratifica la autonomía del Municipio y por primera vez se consagra constitucionalmente el régimen político de los municipios y parroquias, la organización de los Municipios, la gestión municipal y materias concurrentes. Se introduce el Capitulo del Consejo Local de Planificación Pública, ordenado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En el Titulo IX, De la Hacienda Pública Estadal, Las innovaciones están referidas al Fondo de Estabilización Macroeconómica y a la materia presupuestaria. Esto es novedoso por cuanto el presupuesto constituye un verdadero programa de acción para los poderes públicos estadales, aprobado con la participación popular que garantice la honestidad, eficiencia y transparencia en su ejecución. En el Titulo X, Del Poder Ciudadano, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela abrió el compás jurídico para la creación del Poder Ciudadano a nivel Estadal y Municipal en sus Artículos 163, 283 y 286. Apure, entidad política que hace uso del Federalismo y la Descentralización, principios de primer orden en la Carta Magna, previstos en su Artículo 4 y que definen a la República Bolivariana de Venezuela; ejercitando la autonomía política que tiene en la organización de su poder público y basado en la distribución de poderes también consagrados en el Artículo 136 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, sin temor de asumir sus competencias y ante la debilidad jurídica de los administrados frente a las autoridades Públicas en el ejercicio de sus funciones; el pueblo apureño ejerciendo soberanía indirectamente a través del Consejo Legislativo del Estado Apure, con la participación de la sociedad apureña organizada, se vió en la obligación de legislar en su Constitución sobre la creación del Poder Ciudadano el cual será ejercido por el Consejo Moral Estadal e integrado por el Contralor del Estado, el Defensor Delegado del Pueblo del Estado Apure y el Ministerio Público, a través del Fiscal Superior de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, cuya existencia y vigencia no podía seguir en espera, orientados siempre por el empeño de consolidar al Gobierno Estadal como un Gobierno participativo, es decir, donde los ciudadanos organizados en su rol protagónico participen en las decisiones públicas mediante los mecanismos institucionales establecidos, asuma su corresponsabilidad social en los fines que persigue el Estado y logre cierto equilibrio frente a los entes públicos mediante las funciones descritas en el Artículo 274 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que deben ejercer los órganos que integran el Poder Ciudadano Estadal, creado este último como un puente o mecanismo de apoyo por y para los ciudadanos apureños. Toda vez que la soberanía, a los efectos de elegir a los sujetos pasivos de los Poderes Públicos del Estado señalados en la ley, que reside en el pueblo apureño y es intransferible, se ejercitó directamente eligiendo al Poder Legislativo Estadal y éste como órgano legítimo que emana de la soberanía popular y sometido a ella, está en la obligación de ejercer en nombre del pueblo apureño las atribuciones que el propio Estado le ha dictado a través de su Constitución, creada esta última a tenor de lo establecido en el numeral 1° del Artículo 164 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Así, no puede algún otro Poder distinto al Poder Estadal, asumir atribuciones respecto al Poder Ciudadano Estadal, pues sólo el pueblo apureño, en ejercicio indirecto de su soberanía, debe organizar sus propios poderes estadales a través de su Constitución, tal como lo ordena la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y no le ha dado directa ni indirectamente, en relación a la organización de sus poderes estadales, repetimos, esta facultad a ningún otro órgano del Poder Nacional. En el Titulo XI, Frontera e Integración, encontramos, mas que una novedad, un acto de justicia que se incorpora a la Constitución del estado, no solo para darle el carácter de Estado fronterizo a Apure, sino también para rei- vindicar e impulsar las luchas de los habitantes de la franja fronteriza por igualar sus condiciones de vida a las del resto del país y acabar con el marginamiento económico, social, cultural y político que ha vivido. El Titulo XII, Vigencia de la Constitución, consagra los mecanismos de modificación constitucional a tenor de lo dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El Titulo XIII, Disposición sobre el Género Femenino, además de ratificar la igualdad de derechos y deberes entre ambos sexos, se incorpora este Titulo con el propósito de darle fluidez lingüística y legislativa al texto constitucional. PREÁMBULO Por autoridad del pueblo de Apure, bajo la protección de Dios, siguiendo el ejemplo y sacrificio de nuestros antepasados y de los hombres y mujeres que han forjado esta tierra con identidad, libre, soberana y autónoma. Con el fin de consolidar al Estado Apure dentro del sistema democrático, participativo y protagónico, federal, descentralizado, de derecho y de justicia, pluricultural, que consolide los valores de libertad, solidaridad, de la moral pública, asegure el derecho a la vida, a la igualdad, a la paz, al respeto a la Ley, a la cultura, a la educación, al trabajo productivo, a la propiedad, al deporte y a la ciencia, promueva y consolide el disfrute de los demás derechos humanos de los apureños; impulse el desarrollo armónico e integral de la entidad, de su condición fronteriza dentro del marco de la integración, y del uso racional de sus recursos naturales; fomente y resguarde la autonomía de los municipios; defienda a la Nación; y a los fines de organizar a los Poderes Públicos del Estado de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; el pueblo de Apure en ejercicio indirecto de su soberanía a través de el Consejo Legislativo del Estado Apure, DECRETA La siguiente: CONSTITUCIÓN DEL ESTADO APURE TITULO I PRINCIPIOS FUNDAMENTALES Art. 1º El estado Apure es una entidad político territorial autónoma, con personalidad jurídica igual a los demás Estados que integran la República Bolivariana de Venezuela como Estado Federal Descentralizado, para fines de gobierno y administración territorial; obligado a defender y mantener la independencia, la soberanía e integridad de la Nación; cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley, consolidar y profundizar la democracia como sistema político que garantiza el desarrollo y el ejercicio pleno de las libertades, derechos y garantías ciudadanas, todo como un derecho irrenunciable e indiscutible. Art. 2º El estado Apure es y será siempre democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables. La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en esta Constitución, y en las Leyes e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público Estadal. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos Art. 3º El Poder Público Estadal es corresponsable con el Poder Público Nacional, Municipal, Parroquial y la Sociedad Civil, de dar cumplimiento a los fines esenciales del Estado, en los términos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta Constitución y las demás leyes nacionales, estadales y ordenanzas municipales; poniendo especial énfasis en la protección y defensa de la dignidad humana de las personas que se encuentren en el territorio de esta entidad federal. Art. 4º La Constitución del estado Apure constituye el fundamento de nuestro ordenamiento jurídico estadal y todas las personas naturales y jurídicas, así como los órganos que ejercen el Poder Público, están obligados a cumplirla y hacerla cumplir. Art. 5º Los símbolos patrios del estado Apure son: el Himno conocido con el nombre de “Vuelvan Caras”, la Bandera y el Escudo de Armas del Estado Apure. Una Ley Especial regulará sus características, significado y uso. TITULO II DEL TERRITORIO DEL ESTADO Y SU DIVISIÓN POLÍTICA CAPITULO I DEL TERRITORIO Art. 6º El territorio del Estado Apure es el mismo que la Ley de División Territorial del 28 de abril de 1856 señaló a la antigua Provincia de Apure, con las modificaciones acogidas y resultantes de actos jurídicos validamente celebrados conforme a la Constitución Nacional. Art. 7º Los órganos del Poder Público del Estado Apure en coordinación con las autoridades de las entidades federales que tienen fronteras internacionales y el Poder Público Nacional, tienen la responsabilidad de establecer una política integral en los espacios fronterizos que preserve la integridad territorial, la soberanía, la seguridad, la defensa, la identidad nacional, que respete la diversidad biológica, social y cultural y el ambiente; de acuerdo con los valores éticos y el desarrollo económico, social, cultural, científico y la integración que persigue el Estado, a través de la educación y el trabajo, como procesos fundamentales para alcanzar dichos fines. Art. 8º El territorio del Estado Apure no podrá ser cedido, traspasado, arrendado, ni en forma alguna enajenado, ni aún temporal o parcialmente a Estados Extranjeros u otros sujetos de derecho internacional. CAPITULO II DE LA DIVISIÓN POLÍTICA Art. 9º El territorio del Estado Apure se divide a los fines de su organización político administrativa, en el Distrito Alto Apure y cualquier otro que se creare por Ley, Municipios y Parroquias. La organización, el ámbito territorial, la denominación, número y capitales de estos se determinarán en la Ley. El Gobierno del Estado, así como los demás órganos del Poder Público Estadal reconocen y están obligados a garantizar la autonomía municipal, la personalidad jurídica de éstos y la descentralización político administrativa, dentro de los límites que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley orgánica que se dicte al efecto. Art. 10º La ciudad de San Fernando de Apure, es la capital del Estado y el asiento principal de los órganos del Poder Publico Estadal. Excepcionalmente, el Consejo Legislativo del Estado Apure podrá acordar en sesión convocada al efecto, por su propia iniciativa o a petición del Gobernador del Estado, el ejercicio transitorio de sus poderes públicos en otros lugares de la geografía estadal, siempre que dicho acuerdo, cuente con el voto favorable de la mayoría simple de los Legisladores que la conforman. TITULO III DE LOS DEBERES, DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS CAPITULO I DISPOSICIÓN GENERAL Art. 11º Los órganos del Poder Público del Estado conforme al principio de progresividad, y los ciudadanos conforme a los principios de solidaridad, responsabilidad social y asistencia humanitaria, sin discriminación alguna, están obligados a garantizar de manera universal e indivisible los derechos humanos, sociales, familiares, civiles, culturales, educativos, económicos, ambientales y demás derechos, difusos, inclusive, establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta Constitución y la ley, de acuerdo con sus capacidades; con el propósito de defender a la persona humana y asegurar la convivencia pacífica, el desarrollo armónico e integral y la vigencia de un orden justo. CAPITULO II DE LOS DEBERES Art. 12º Toda persona, y en especial la de origen o arraigo apureño, debe participar activamente en el desarrollo integral del Estado, difundir, proyectar y defender sus símbolos, los valores espirituales, éticos, históricos, étnicos, culturales, turísticos y económicos de la comunidad apureña en el contexto local, regional, nacional e internacional. Art. 13º Toda persona debe participar a las autoridades competentes y efectuar la denuncia cuando corresponda, de aquellos actos, hechos u omisiones que considere irregulares o ilícitos de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los convenios, acuerdos, tratados y pactos internacionales suscritos y ratificados por la República Bolivariana de Venezuela, esta Constitución, las leyes nacionales, las leyes estadales, ordenanzas municipales y actos administrativos de aplicación general. CAPITULO III DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS Art. 14º Los órganos del Poder Público Estadal y la sociedad apureña organizada, garantizarán y adoptarán los mecanismos legítimamente establecidos para la protección, defensa de los derechos y garantías fundamentales inherentes al ser humano, consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los convenios, acuerdos, tratados y pactos internacionales suscritos y ratificados por la República Bolivariana de Venezuela, esta Constitución, las leyes Nacionales y demás normas del ordenamiento jurídico estadal y local. Art. 15º Los ciudadanos tienen derecho a acceder a los archivos y registros administrativos, dentro de las limitaciones que impone la ley. El Estado está en el deber de organizar, clasificar y conservar los documentos producidos por sus órganos públicos en el ejercicio de sus funciones, bien sea que la información contenida en ellos se encuentre en un soporte material o por medios técnicos digitales, magnéticos o virtuales, que registren cualquier acción pública y especialmente los considerados como documentos históricos. CAPITULO IV DE LOS DERECHOS SOCIALES Y DE LA FAMILIA SECCIÓN PRIMERA PROTECCIÓN DE LA FAMILIA Art. 16º El Estado y la sociedad garantizan la protección integral a la familia. Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes, la solidaridad, el esfuerzo común, la comprensión mutua y el respeto reciproco entre sus integrantes. El Estado garantizará protección a la madre, al padre o a quienes ejerzan la jefatura de la familia, todo de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Art. 17º El Estado Apure, a través de sus instituciones educativas y organismos especializados, creará e implementará programas de educación y orientación a los padres y representantes sobre la responsabilidad con sus hijos, el rechazo de toda forma de violencia contra cualquier miembro de la familia y fomentará la protección a los niños y adolescentes. De igual forma, brindará la atención y la protección adecuada a los niños y adolescentes especiales, así como aquellos considerados por la ley en situación de abandono o peligro, apoyando los programas de iniciativa privada, social y familiar orientados en este sentido. SECCIÓN SEGUNDA DE LOS DERECHOS SOCIALES Art. 18º El Estado implementará programas y apoyará toda iniciativa privada, orientada a la prevención y lucha contra las drogas y las enfermedades infectocontagiosas y de transmisión sexual. Art. 19º El Estado garantizará mediante políticas sociales impulsadas solidariamente con la participación activa y organizada de la sociedad civil, el acceso conforme a la ley, a una vivienda digna, especialmente a las familias de escasos recursos, a la salud como parte del derecho a la vida, el derecho al trabajo como hecho social, todo de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y demás leyes. Art. 20º La salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizara como parte del derecho a la vida. El Estado promoverá y desarrollará políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios. Todas las personas tienen derecho a la protección de la salud, así como el deber de participar activamente en su promoción y defensa, y el de cumplir con las medidas sanitarias y de saneamiento que establezca la ley, de conformidad con los tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados por la República. Art. 21º El Estado establecerá estímulos o incentivos para las personas, instituciones o comunidades que creen, protejan, preserven, promuevan, apoyen, desarrollen o difundan los valores propios del gentilicio apureño dentro y fuera del Estado Apure. CAPITULO V DE LOS DERECHOS EDUCATIVOS Y CULTURALES SECCIÓN PRIMERA LA EDUCACIÓN Art. 22º La educación es un derecho humano y un deber social fundamental como instrumento del conocimiento científico, humanístico y tecnológico al servicio de la sociedad. El Estado reafirma el carácter democrático, obligatorio y gratuito del sistema educativo en las instituciones públicas y garantiza la igualdad de oportunidades para incorporarse en él, en tanto que reconoce, que la educación es el medio más eficaz para alcanzar sus fines. Art. 23º En todos los niveles y modalidades del sistema educativo estadal, es obligatorio establecer programas orientados a la educación preventiva contra la producción, tráfico, consumo de drogas y demás actividades conexas, así como el alcohol y tabaco, contra enfermedades de trasmisión sexual, infectocontagiosas y otras que amenacen a la población así como también, de educación vial, ambiental y de los consumidores. Art. 24º El Estado podrá establecer entre otros planes, un sistema de becas dirigido a estudiantes en edad de trabajo y pertenecientes a familias en situación de reconocida pobreza, con el fin de evitar la deserción escolar en este sector de la población estudiantil. Art. 25º En las instituciones educativas públicas y privadas del Estado, es obligatorio el establecimiento de programas para la enseñanza de la historia y geografía del Estado, resaltando los valores literarios, musicales, científicos, pedagógicos, políticos, artísticos, históricos, étnicos, los símbolos patrios y el contenido y significado de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de esta Constitución. Art. 26º Los servicios informativos y los medios de comunicación social, públicos o privados, que funcionen en el Estado, deberán garantizar espacios para el fomento de la educación y la cultura. El Estado impulsará la educación científica y la aplicación de las nuevas tecnologías, de sus innovaciones en el sistema educativo, así como también en la sociedad en general, dentro de las limitaciones que impone la ley. Art. 27º Las instituciones de educación superior asentadas en esta entidad, coadyuvarán a coordinar y desarrollar con el Poder Público Estadal y el sector productivo, las políticas, estrategias y programas integrales, así como el aprovechamiento de sus recursos humanos, físicos y económicos, la creación de nuevas carreras, postgrados y las asignaciones presupuestarias estadales, en función del desarrollo de la región. Art. 28º El sistema educativo y el ejercicio de la profesión Docente dentro del Estado, estarán a cargo de personas de reconocida solvencia moral y de comprobada idoneidad académica y será regulado de conformidad con la Ley y el Reglamento de Educación, El Estado garantiza estabilidad en el ejercicio de sus funciones, libertad de pensamiento, mejoramiento de sus condiciones básicas de trabajo, remuneración y seguridad social acorde con su elevada misión. Art. 29º El Estado garantizará a todas las personas, mediante la construcción, dotación y mantenimiento de su infraestructura, el derecho a la práctica del deporte y a la recreación de su preferencia, como una política de educación y salud pública. Facilitará el libre acceso a las instalaciones deportivas y recreativas públicas, apoyando además, las iniciativas privadas en esta materia. Art. 30º El Estado procurará la masificación del deporte en todos los sectores de la sociedad y la creación de instituciones deportivas de alta competencia. Establecerá incentivos para los deportistas que contribuyan con sus logros a elevar la imagen de Apure y para las personas, instituciones privadas o comunidades que promuevan, desarrollen o financien planes, programas y actividades deportivas en la entidad. SECCIÓN SEGUNDA LA CULTURA Art. 31º El Estado garantizará el derecho irrenunciable de la persona humana a la creación, acceso y disfrute de los bienes y servicios culturales. Así mismo promoverá proyectos de investigación de la cultura de la entidad y hará publicaciones que difundan el patrimonio cultural y los valores propios de la región. Art. 32º El Estado se obliga a garantizar la diversidad de culturas y sus manifestaciones que conviven en esta entidad fronteriza y valora la conciencia multiétnica existente, sin menoscabo de la defensa irrenunciable de los valores culturales que identifican nuestra identidad nacional y especialmente de las diferentes manifestaciones culturales del estado Apure, las cuales gozarán de protección especial por ser legítimas del gentilicio apureño. De igual forma, propenderá a la inversión de obras de infraestructura de carácter cultural y educativo, especialmente aquellas orientadas a crearles espacios a los niños para el conocimiento, la recreación y el despliegue de sus aptitudes. Art. 33º El patrimonio cultural del Estado que por su relevancia e importancia, haya sido declarado como patrimonio nacional, se regirá por las Leyes que regulan la materia. Es potestad del Estado declarar como patrimonio estadal las manifestaciones, bienes y patrimonios existentes de acuerdo a la ley. Los Municipios tienen potestad sobre los patrimonios, manifestaciones y bienes en el ámbito de su territorio. CAPITULO VI DEL AMBIENTE Art. 34º Toda persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar la vida en un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado. El Estado implementará políticas de protección al ambiente, la diversidad biológica, los procesos ecológicos, parques, monumentos naturales y áreas de importancia ecológicas, especialmente las relativas a la deforestación de las cuencas hidrográficas, para la protección de la riqueza hídrica del Estado de conformidad con la Ley nacional. Art. 35º El Estado, a través de sus órganos de seguridad, adoptará las medidas pertinentes para evitar el ingreso de productos tóxicos y que sus efectos dañinos se propaguen dentro del territorio Estadal, aunque hayan sido vertidos intencional o accidentalmente en otra entidad federal o país extranjero, todo ello de conformidad con los acuerdos internacionales suscritos por la República. CAPITULO VII DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS Art. 36º El Estado Apure garantizará a todos sus habitantes y transeúntes, el libre ejercicio de la actividad económica de su preferencia, fundamentalmente las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras y avícolas, debiendo estimular estas actividades privilegiando la producción interna y velando por el uso optimo de la tierra, mediante la dotación de las obras de infraestructura necesarias, insumos, créditos, servicios, capacitación y asistencia técnica. Art. 37º El turismo es una actividad de interés prioritario para el Estado, en su estrategia de diversificación y desarrollo sustentable. Dentro de las fundamentaciones del régimen socioeconómico previsto en esta Constitución, se dictarán las medidas que garanticen su desarrollo y se velará por la creación y fortalecimiento del sector turístico regional. Art. 38º El Estado Apure garantizará y promoverá la pequeña y mediana industria, las cooperativas, las cajas de ahorro, así como también la empresa familiar, la microempresa y cualquier otra actividad comunitaria, para el trabajo, el ahorro y el consumo, garantizando la capacitación, asistencia técnica y el financiamiento oportuno, de acuerdo a esta constitución y la ley. CAPITULO VIII DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Art. 39º Además de los derechos que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra a favor de los pueblos y comunidades indígenas, el estado Apure garantizará, en coordinación con el Poder Nacional, la instrumentación y ejecución de planes de mejoramiento social, cultural y económico de los pueblos y comunidades indígenas asentados en esta entidad federal y propiciará una efectiva participación de ellos en los sistemas de organización de la sociedad civil. Art. 40º Las comunidades indígenas asentadas y autóctonas del territorio del estado Apure, tienen derecho a la participación política en los órganos de elección popular de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las Leyes. De igual forma, la representación de sus comunidades organizadas podrá participar ante el Consejo de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas del estado Apure en toda actividad que se realice para el desarrollo integral y sustentable de la región. Art. 41º El Estado fomentará y protegerá el turismo indígena y lo promoverá gestionando la asistencia técnica y financiera necesaria para los proyectos que puedan impulsar los propios pueblos y comunidades indígenas, bajo una perspectiva de revitalización, rescate y fortalecimiento del patrimonio cultural autóctono. Art. 42º El Estado garantizará a sus pueblos indígenas la prestación de los servicios públicos y obras de infraestructura de carácter social y deberá establecer políticas públicas de salud, sin menoscabo del derecho que tienen a una salud integral en consideración a sus practicas y culturas, reconociendo su medicina tradicional y terapias complementarias, con sujeción a principios bioéticos. Art. 43º El Estado Apure reconoce la importancia y el valor de los conocimientos, innovaciones y prácticas de los pueblos indígenas, para la conservación y utilización sostenible de la diversidad biológica. Así mismo, se reconoce la necesidad de proteger estos conocimientos y establecer mecanismos para acceder a su utilización en caso necesario, con el consentimiento expreso de dichos pueblos y comunidades indígenas. Art. 44º El Estado Apure reconoce el pleno derecho y uso que tienen los pueblos indígenas a la propiedad, control y protección de su patrimonio cultural, artístico, espiritual, tecnológico y científico, incluyendo sus recursos humanos y genéticos en general, semillas, medicina, conocimientos de vida animal y vegetal, diseños y procedimientos originales, de acuerdo a sus usos, costumbres y tradiciones. CAPITULO IX DE LA SEGURIDAD CIUDADANA Art. 45º El Estado a través de los órganos de seguridad pública que actúan en su territorio, coordinados entre sí y con los distintos operadores de justicia y la sociedad civil organizada, están obligados a establecer de manera frontal, una lucha contra la delincuencia en todas sus formas de organización y modalidades de ejecución, diseñando, ejecutando y supervisando permanentemente planes conjuntos dirigidos a tal fin. TITULO IV PARTICIPACIÓN CIUDADANA CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES Art. 46º La participación ciudadana es esencial para la consecución de los fines del Estado y se fundamenta en los principios de solidaridad, responsabilidad social, asistencia humanitaria, autogestión, corresponsabilidad y coordinación, en los términos que establezca la Ley respectiva. Es deber de los ciudadanos y ciudadanas participar en la búsqueda de soluciones que beneficien a su comunidad, elevando ante los órganos del Poder Público propuestas y proyectos que propendan al mejoramiento de su calidad de vida. CAPITULO II MEDIOS DE PARTICIPACIÓN POLÍTICA, SOCIAL Y ECONÓMICA Art. 47º Son medios de participación política del pueblo apureño la elección de los cargos públicos determinados en la Ley, el referendo, la consulta, la iniciativa de las Leyes, la revocatoria del mandato, los cabildos abiertos y la asamblea de ciudadanos, todo de conformidad con las leyes. Art. 48º Los ciudadanos pueden organizarse como veedores, a fin de fiscalizar y examinar el funcionamiento de los servicios públicos, la construcción y mantenimiento de obras públicas y la ejecución de programas sociales. Podrán participar igualmente, en la elaboración y ejecución de proyectos de interés social por autogestión o cogestión, de acuerdo con el principio de corresponsabilidad. Art. 49º Los ciudadanos pueden, con el respaldo del Poder Público Estadal, constituir cooperativas, microempresas familiares, asociaciones o empresas comunitarias y cualquier otro tipo de organización colectiva que tienda a lograr un modelo de desarrollo económico y social productivo, sustentable y generador de riqueza y bienestar. Art. 50º La participación ciudadana comprende también el derecho de la comunidad de estar informados sobre las políticas de gestión pública de interés colectivo por parte del Poder Público Estadal. Asimismo, los ciudadanos debidamente organizados, podrán convocar asambleas consultivas comunitarias para discutir asuntos de su interés, a los cuales deben asistir los funcionarios o representantes de entes públicos o privados, cuando el interés social así lo amerite. Art. 51º El Poder Público Estadal debe promover la cultura de la participación ciudadana, para consolidar los valores democráticos de la población y en especial, de los niños y adolescentes, para su incorporación gradual a la vida política y social, así como la toma de decisiones colectivas. TITULO V DEL PODER PUBLICO DEL ESTADO CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES Art. 52º El Poder Público se distribuye en: Poder Público Estadal y Poder Público Municipal. El Poder Público Estadal se divide en: Ejecutivo, Legislativo y Ciudadano. Art. 53º La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta Constitución y las Leyes, definen las funciones propias de los órganos del Poder Público del estado Apure, los cuales deberán colaborar entre sí y con los demás órganos del Poder Público Nacional, en el cumplimiento de sus fines. Art. 54º El Estado responderá patrimonialmente por los daños y perjuicios causados a las personas, siempre que la lesión sea imputable al funcionamiento de la Administración Pública y los funcionarios públicos involucrados tendrán responsabilidad administrativa, civil y penal, según sea el caso, cuando resulte comprobado su dolo, negligencia o impericia. CAPITULO II DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA Y EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PUBLICA Art. 55º La Administración Pública del Estado está al servicio de los ciudadanos y en todas sus actuaciones se fundamenta en los principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública, con sometimiento pleno a la Ley. Art. 56º Los funcionarios públicos están al servicio del Estado y no de parcialidades, secta, etnia, estamento, grupo o tendencia política, económica, religiosa, gremial o cultural alguna. En el ejercicio de la función pública están sometidos a permanente auditoria social, la cual se ejerce por los mecanismos de la participación ciudadana establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta Constitución y las Leyes. Art. 57º Sólo por Ley podrán crearse los Institutos Autónomos, los cuales están sujetos al control del Estado en la forma establecida en la Ley. CAPITULO III DE LOS CONTRATOS DE INTERÉS PÚBLICO ESTADAL Art. 58º Sólo podrán celebrarse contratos de interés público estadal o municipal con Estados o entidades oficiales extranjeras o con sociedades no domiciliadas en la República Bolivariana de Venezuela, cuando el ente estadal o municipal obtenga la aprobación de la Asamblea Nacional, previa autorización del Consejo Legislativo del Estado Apure y dictamen del Procurador General de la República y del Procurador General del Estado. Cualquier modificación o traspaso deberá contar con esas aprobaciones y dictámenes. Los Contratos que celebre el Estado, el Municipio o alguno de sus entes, que tengan interés público nacional, requerirán la aprobación de la Asamblea Nacional, previa autorización del Consejo Legislativo del Estado Apure y los dictámenes de la Procuraduría General de la República y de la Procuraduría General del Estado. Art. 59º El pronunciamiento del Consejo Legislativo del Estado Apure contemplado en el artículo precedente, se hará dentro de un lapso no mayor de sesenta (60) días continuos contados a partir de la fecha en que se reciba la solicitud. El silencio de pronunciamiento se entenderá como negación a dicha solicitud. CAPITULO IV DE LAS COMPETENCIAS DEL PODER PÚBLICO ESTADAL SECCIÓN PRIMERA DISPOSICIONES GENERALES Art. 60º Las Competencias del Estado son exclusivas, concurrentes y residuales. Son competencias exclusivas, aquéllas que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela ha señalado de ejercicio exclusivo para los Estados como entidades políticas autónomas y las que les sean transferidas para su ejercicio exclusivo, cumplidos los requerimientos constitucionales y legales pertinentes. El Consejo Legislativo del Estado Apure dictará las leyes que regularán el ejercicio de estás competencias. Son competencias concurrentes, aquéllas establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que puedan ser ejercidas en forma autónoma por cualquiera de los órganos del Poder Público Estadal o conjuntamente con otros órganos del Poder Público Nacional o Municipal. Son competencias residuales, todas aquellas que no correspondan, de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a la competencia Nacional o Municipal y que sean susceptibles de prestación por parte del Estado y éste las declare como tales, mediante Ley que dicte para regular su gestión. Art. 61º Las materias objeto de competencias concurrentes, serán reguladas mediante Leyes de desarrollo dictadas por el Consejo Legislativo del Estado Apure, en cumplimiento de lo señalado en las Leyes de base que al efecto dicte el Poder Nacional. Este conjunto de Leyes tendrá como fundamento los principios de interdependencia, coordinación, cooperación, corresponsabilidad y subsidiariedad. Art. 62º Con el fin de promover la descentralización, el Estado transferirá a los Municipios las materias y servicios de su competencia, que éstos requieran y estén en capacidad de asumir. La Ley determinará las materias propias de la competencia del Estado que serán transferidas a los Municipios y los mecanismos para asumirlas, así como los recursos correspondientes. SECCIÓN SEGUNDA COMPETENCIAS EXCLUSIVAS DEL ESTADO Art. 63º Son competencias exclusivas del Estado: 1. 1. Dictar su Constitución, con potestad de modificarla para organizar sus poderes públicos, de acuerdo a los principios Constitucionales de la República Bolivariana de Venezuela. 2. 2. La organización de los Municipios, Parroquias y demás entidades locales, así como la división político - territorial de su espacio geográfico. 3. 3. La administración e inversión de sus bienes, recursos propios e ingresos, incluso los provenientes de transferencias, subvenciones, asignaciones especiales del Poder Nacional, así como lo asignado como participación en los tributos nacionales. 4. 4. La organización, recaudación, control y administración de los ramos tributarios propios, según las disposiciones de las leyes Nacionales y Estadales. 5. 5. El régimen, administración y explotación de los minerales no metálicos, no reservados al Poder Nacional, así como la organización, recaudación y control de los impuestos respectivos. 6. 6. La administración de las tierras baldías de conformidad con la Ley. 7. 7. La organización de la policía estadal y la determinación de las ramas de este servicio atribuidas a la competencia municipal. 8. 8. La creación, organización, recaudación, control y administración de los ramos de papel sellado, timbres y estampillas. 9. 9. La creación, régimen y organización de los servicios públicos estadales. 10.10. La ejecución, conservación, administración y aprovechamiento de las vías terrestres estadales. 11.11. La conservación, administración y aprovechamiento de carreteras y autopistas nacionales, así como de puertos y aeropuertos de uso comercial, en coordinación con el Ejecutivo Nacional. 12.12. Las que le sean atribuidas por la Asamblea Nacional con el fin de promover la descentralización, de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y esta Constitución. SECCIÓN TERCERA COMPETENCIAS CONCURRENTES Art. 64º Los poderes del Estado ejercen, autónoma o conjuntamente con el Poder Nacional y el de los Municipios que lo integran, las siguientes competencias: 1. 1. La defensa y el desarrollo de la persona en garantía de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y esta Constitución. 2. 2. El establecimiento de una política integral en el espacio fronterizo, la preservación de la integridad nacional, la soberanía, la seguridad, la defensa, la identidad nacional, la diversidad y el ambiente, de acuerdo con nuestro desarrollo cultural, económico, social y la integración, en atención a la naturaleza propia de la realidad fronteriza y el uso de las asignaciones económicas especiales, establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 3. 3. La protección a la familia, a la madre, al padre o a quien ejerza la jefatura de familia. 4. 4. La asistencia, protección integral a la madre, a los niños y adolescentes, sujetos de derechos. 5. 5. La protección a los ciudadanos de la tercera edad. 6. 6. La creación de espacios, oportunidades para la capacitación y acceso de los jóvenes al empleo. 7. 7. La promoción y desarrollo de políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a la salud. 8. 8. El fomento al empleo. 9. 9. La alfabetización de la población. 10.10. La conservación de la paz y el orden público en el territorio. 11.11. Las políticas y los servicios estadales de educación, cultura, ciencia y tecnología, salud, deporte, turismo, recreación y la conservación del ambiente. 12.12. Las políticas estadales para la producción agrícola, ganadera, pesquera, avícola y forestal. 13.13. Las políticas de beneficencia pública. 14.14. Cualquier otra que el Poder Nacional disponga como objeto de prestación de la República Bolivariana de Venezuela, los Estados y los Municipios. SECCIÓN CUARTA COMPETENCIAS RESIDUALES Art. 65º Son competencias residuales del Estado, entre otras: 1. 1. La protección de su integridad y nombre como entidad política autónoma de la República Bolivariana de Venezuela. 2. 2. La defensa y suprema vigilancia de sus intereses generales. 3. 3. Su política y actuación internacional, dentro de los principios que rigen la política y actuación internacional de la República Bolivariana de Venezuela. 4. 4. Sus políticas de desarrollo. 5. 5. La promoción de la inversión privada nacional o extranjera generadora de riqueza y empleo en el territorio. 6. 6. Su inserción como eje de intercambio comercial y cultural fronterizo, en las políticas de desarrollo e intercambio comercial y cultural andino suramericano. 7. 7. Su bandera, escudo de armas, himno, fiestas, condecoraciones y honores. 8. 8. Los censos y estadísticas estadales. 9. 9. Las obras públicas de su interés. 10.10. Su régimen de Transporte. 11.11. Su sistema de vialidad. 12.12. Sus políticas financieras y fiscales. 13.13. La ordenación y promoción de su desarrollo socioeconómico. 14.14. La dotación y prestación de sus servicios públicos. 15.15. La conservación de su patrimonio histórico y cultural. 16.16. La protección de sus especies autóctonas. 17.17. Sus programas de investigación y desarrollo. 18.18. La imposición de gravámenes a bienes de consumo, después que entren en su territorio. 19.19. El establecimiento de gravámenes a la agricultura, la cría, la pesca y la actividad forestal, en la oportunidad, forma y medida que la Ley Nacional lo permita. 20.20. La gestión de transferencias de competencias y recursos de manera progresiva, de acuerdo a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la singularidad como Estado fronterizo. 21.21. Aquellas otras competencias no señaladas que le sean inherentes de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta Constitución y las leyes que regulen la materia. CAPITULO V DEL CONSEJO DE PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN DE POLÍTICAS PUBLICAS DEL ESTADO. Art. 66º Se crea el Consejo de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas del Estado Apure, el cual estará presidido por el Gobernador del Estado e integrado por los Alcaldes, los directores estadales de los ministerios, dos (02) diputados elegidos por el Estado a la Asamblea Nacional, Tres (03) legisladores del Consejo Legislativo del Estado Apure, un (01) concejal por cada municipio, tres (03) representantes de las comunidades organizadas y un (01) representante de los indígenas. El Gobernador del Estado nombrará un Secretario del Consejo, quien coordinará y convocará las reuniones en nombre de éste. Este Consejo tendrá entre sus funciones, determinar las prioridades de obras y servicios públicos, planificar, coordinar su ejecución con la audiencia y la participación activa de las comunidades y sus representantes, evitando la duplicidad de esfuerzos, funciones y gastos de la actividad pública, para hacerla más expedita y eficiente. La Ley determinará el funcionamiento y la organización del Consejo de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas del Estado Apure, el cual es la máxima autoridad de coordinación y planificación de las políticas públicas en el territorio del Estado, cuyo objeto de estudio es el conocimiento científico de la realidad geoambiental, económica, social, cultural y política del Estado, cuya función es diseñar el Plan de Desarrollo Económico y Social del Estado, que será el plan piloto para mejorar las condiciones de vida de cada sector. TITULO VI DEL PODER LEGISLATIVO ESTADAL CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES Art. 67º El Poder Legislativo del Estado se ejerce por el Consejo Legislativo del Estado Apure, al cual corresponden las funciones: deliberante, legislativa y de control. Estará conformado por Legisladores quienes proporcionalmente representarán a la población del Estado y los Municipios. Art. 68º El Consejo Legislativo del Estado Apure ejerce el control de la Administración Pública Estadal, en los términos establecidos en esta Constitución y las Leyes. En tal sentido, podrá realizar las investigaciones que crea conveniente sobre cualquier organismo de la Administración Pública del Estado, de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las Leyes. Art. 69º Los actos que emanen del Consejo Legislativo del Estado Apure no están sujetos al veto, examen o control de otras ramas del Poder Público, salvo los casos de inconstitucionalidad, ilegalidad o extralimitación de atribuciones, los cuales deben alegarse ante los organismos competentes de conformidad con la Ley. CAPITULO II DE LAS ATRIBUCIONES DEL CONSEJO LEGISLATIVO DEL ESTADO APURE Art. 70º Corresponde al Consejo Legislativo del Estado Apure las siguientes atribuciones: 1. 1. Sancionar la Constitución del Estado, presentar iniciativas, enmiendas o reformas de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 2. 2. Dictar y sancionar las Leyes Estadales, así como los acuerdos y reglamentos en materia de su competencia. 3. 3. Ejercer la iniciativa legislativa y participar en los procesos de consulta por ante la Asamblea Nacional cuando se trate de Leyes relativas a los Estados y especialmente al Estado Apure. 4. 4. Realizar las investigaciones que juzgue conveniente al interés público y social sobre cualquier acto de la Administración Pública Estadal, con el respeto a las garantías y derechos humanos. 5. 5. Autorizar al Ejecutivo del Estado para decretar modificaciones a la Ley de Presupuesto de Ingresos y Gastos Públicos del Estado, permitidas por el ordenamiento jurídico. 6. 6. Autorizar la celebración de contratos de interés público estadal o municipal, en los casos que esta Constitución y la Ley lo requiera. 7. 7. Sancionar las Leyes para crear impuestos y demás contribuciones de la competencia del Estado y de los ramos fiscales que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela atribuye a los Estados, incluyendo los que sean transferidos por el Poder Nacional. 8. 8. Autorizar al Ejecutivo del Estado para realizar operaciones de empréstitos sobre créditos del Estado, de conformidad con la Ley Nacional. 9. 9. Autorizar la creación, fusión y eliminación de Institutos Autónomos y Fundaciones del Estado, de cuerdo a la legislación y ordenamientos que rigen a tal efecto. 10.10. Promover la participación del Estado en el proceso de descentralización, así como estimular la participación de la sociedad civil y sectores organizados de las comunidades en el proceso de formación y ejecución de decisiones sobre las políticas públicas. 11.11. Interpelar a los Directivos de los Organismos Nacionales que laboren en el Estado, sobre las acciones o políticas que afecten al Estado Apure. 12.12. Interpelar a los Secretarios del Gobierno Estadal, Presidentes de Institutos, Fundaciones y cualquier otro organismo del Ejecutivo del Estado Apure, dentro del ejercicio de sus atribuciones de control, seguimiento y evaluación parlamentaria. 13.13. Acordar honores a las personas e instituciones que hayan prestado servicios relevantes a la humanidad, a la República Bolivariana de Venezuela, al Estado y los Municipios que lo integran, mediante la decisión adoptada por las dos terceras partes de sus integrantes. 14.14. Las demás atribuciones que le confiere la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta Constitución y las Leyes. CAPITULO III DE LOS LEGISLADORES Art. 71º Los requisitos para ser elegido Legislador son: 1. 1. Ser venezolano por nacimiento. 2. 2. Ser mayor de veintiún años. 3. 3. Haber residido como mínimo los últimos cuatro (4) años antes de la fecha de postulación, en el lugar o territorio que pretende representar. 4. 4. Estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos. 5. 5. No estar incurso en las prohibiciones establecidas en los numerales 2 y 3 del Artículo 189 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Art. 72º El cargo de Legislador constituye una actividad de servicio público y exige dedicación exclusiva, en virtud que son representantes del pueblo, al que deben rendir cuentas mediante un contacto permanente con ellos. Los Legisladores no obedecen órdenes y sólo deben atenerse a su conciencia en pro del bienestar y desarrollo de la sociedad. La Ley y los Reglamentos del Cuerpo establecerán el régimen de incompatibilidades y garantizaran que el interés público prevalezca en caso de conflicto con intereses particulares. Art. 73º El Legislador cuyo mandato sea revocado no podrá optar a cargos de elección popular en el siguiente período. Art. 74º Los Legisladores de los Consejos Legislativos de los Estados gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones, en los términos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta Constitución y la Ley. El Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Plena, autorizará de manera privativa del enjuiciamiento del Legislador a quien se le impute la presunta comisión de un hecho punible y previa autorización del Consejo Legislativo del Estado Apure, podrá ordenar su detención. El expediente respectivo será remitido al tribunal de instancia competente para la continuación del enjuiciamiento. En caso de delito flagrante, la autoridad competente lo pondrá bajo su custodia en su residencia y comunicará inmediatamente el hecho al Tribunal Supremo de Justicia, debiendo seguirse el procedimiento previsto en la ley que regule la materia. Art. 75º Los Legisladores no son responsables por votos y opiniones emitidas en el ejercicio de sus funciones. Sólo responderán ante el cuerpo legislativo de conformidad con ésta Constitución y los Reglamentos. Art. 76º Los Legisladores serán elegidos por un período de cuatro años y podrán ser reelegidos solamente por dos períodos consecutivos. CAPITULO IV FUNCIONAMIENTO Y ORGANIZACIÓN DEL CONSEJO LEGISLATIVO DEL ESTADO APURE Art. 77º El Consejo Legislativo del Estado Apure se reunirá en la capital del Estado para sus Sesiones Ordinarias y Extraordinarias. La realización de sesiones en lugares distintos dentro del territorio del Estado, debe ser adoptada en sesión mediante acuerdo aprobado por la mayoría absoluta de los Legisladores que la conforman, debiendo notificar al Gobernador del Estado lo acordado. Art. 78º Las Sesiones Ordinarias se celebrarán en dos períodos y comenzarán, luego de su instalación, sin previa convocatoria. El primero comenzará el cinco (5) de enero de cada año o el día posterior más inmediato posible y finalizará el quince de agosto. El segundo período comenzará el quince de septiembre o el día posterior más inmediato posible y terminará el quince de diciembre. Cuando lo considere necesario para el despacho de las materias pendientes, el Consejo Legislativo del Estado Apure, con el voto de la mayoría absoluta de los miembros presentes, podrá prorrogar dichos lapsos por el tiempo que consideren conducente. Durante el receso de las Sesiones Ordinarias funcionará la Comisión Delegada. Art. 79º El Consejo Legislativo del Estado Apure podrá celebrar Sesiones Extraordinarias cuando sea convocado, en circunstancias excepcionales que así lo ameriten, por su Presidente, por su Comisión Delegada y por el Gobernador. En las sesiones extraordinarias se tratarán solamente las materias que se hubieren expresado en la convocatoria, salvo que al deliberar o legislar sobre éstas, sea menester legislar o analizar cuestiones conexas. Art. 80º El Reglamento Interior y de Debates establecerá los requisitos y procedimientos para la instalación, postulación, debate, quórum, deliberaciones y régimen de votaciones y mociones en las sesiones. En todos los casos, el quórum para la instalación de las sesiones no será inferior a la mitad mas uno de sus integrantes. Art. 81º El Consejo Legislativo del Estado Apure elegirá cada año, al inicio del primer período de sesiones ordinarias, por votación pública e individual, una Junta Directiva que lo representará, integrada por un Presidente y un Vicepresidente. Igualmente, nombrará fuera de su seno, un Secretario. El Reglamento establecerá las formas de suplir las faltas temporales o absolutas. Art. 82º Las Sesiones serán públicas, pero podrán ser secretas cuando así lo decida la mayoría absoluta de los Legisladores presentes en la Sesión en que se adopte la medida, dada la naturaleza reservada de los asuntos a tratarse. CAPITULO V DE LAS COMISIONES SECCIÓN PRIMERA: COMISIÓN DELEGADA Art. 83º Durante el receso del Consejo Legislativo del Estado Apure funcionará la Comisión Delegada, integrada por el Presidente del Consejo Legislativo del Estado Apure, quien la presidirá, y un número no mayor de cuatro (04) de sus integrantes, quienes representarán en lo posible la composición política del cuerpo en pleno. La Ley y el Reglamento regularán lo relativo a sus funciones. Art. 84º Son atribuciones de la Comisión Delegada: 1. 1. Velar por el estricto cumplimiento de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta Constitución y las Leyes. 2. 2. Convocar para la celebración de Sesiones Extraordinarias del Consejo Legislativo del Estado Apure, cuando lo requiera la importancia de alguna materia. 3. 3. Ejercer las funciones de investigación, fiscalización e interpretación atribuidas al Consejo Legislativo del Estado Apure. 4. 4. Autorizar al Gobernador del Estado para salir fuera del territorio Nacional. 5. 5. Designar comisiones especiales integradas por los miembros del Consejo Legislativo del Estado Apure. 6. 6. Autorizar al Ejecutivo del estado Apure con el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros, para crear, modificar o suspender servicios públicos, en caso de emergencia comprobada. 7. 7. Autorizar al Ejecutivo del estado Apure para decretar créditos adicionales y traslados de partida de conformidad con la Ley. 8. 8. Las demás que le señalen la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta Constitución y las Leyes. SECCIÓN SEGUNDA DE LAS DEMÁS COMISIONES Art. 85º El Consejo Legislativo del Estado Apure funcionará en pleno en Comisiones Permanentes y Especiales, las cuales se regirán por lo previsto en esta Constitución y en su reglamento interno. CAPITULO VI DE LA FORMACIÓN DE LAS LEYES Art. 86º Las Leyes Estadales son los actos legislativos de efectos generales, sancionados por el Consejo Legislativo del Estado Apure como cuerpo legislador, siendo ésta facultad una atribución indelegable. Art. 87º Todo proyecto de Ley será admitido por el Consejo Legislativo del Estado Apure y éste lo remitirá a la Comisión Permanente que le competa. Art. 88º La iniciativa para la formación de las leyes corresponde: 1. 1. A la Comisión Delegada o las Comisiones Permanentes. 2. 2. A los Legisladores en un número no menor de dos. 3. 3. Al Gobernador del Estado. 4. 4. A los Concejos Municipales. 5. 5. A un número no menor del uno por mil de los electores residentes en el territorio de la entidad, inscritos en el Registro Electoral del Estado. Art. 89º La discusión de los Proyectos de Ley presentados por iniciativa ciudadana conforme al artículo anterior, se iniciará a más tardar en el periodo de Sesiones Ordinarias siguiente al que se haya presentado. Si el debate no se inicia dentro de dicho lapso, el proyecto será sometido a referendo aprobatorio, conforme a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta Constitución y la Ley. Art. 90º Para convertirse en ley todo proyecto recibirá dos (02) discusiones, en días diferentes, con sujeción a las disposiciones establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el Reglamento Interior y de Debates del Consejo Legislativo del Estado Apure. Aprobado el proyecto, el Presidente del Consejo Legislativo del Estado Apure declarará sancionada la Ley. Art. 91º En la primera discusión se considerará la exposición de motivos y se evaluarán sus objetivos, alcances y viabilidad a fin de determinar la pertinencia de la Ley, y se discutirá su articulado. Aprobado en primera discusión, el proyecto será remitido a la comisión directamente relacionada con la materia objeto de la ley. En caso de que el proyecto de ley este relacionado con varias Comisiones Permanentes, se designará una comisión mixta para realizar el estudio y presentar el informe. Las Comisiones que estudien proyectos de ley presentarán el informe correspondiente en un plazo no mayor de treinta (30) días consecutivos. Art. 92º Recibido el informe de la comisión correspondiente, se dará inicio a la segunda discusión del proyecto de Ley, la cual se hará artículo por artículo. Si se aprueba sin modificaciones, quedará sancionada la Ley. En caso contrario, si sufre modificaciones, será devuelto a la comisión respectiva para que ésta las incluya en un plazo no mayor de quince (15) días continuos; leída la nueva versión del proyecto de ley en la Plenaria del Consejo Legislativo del Estado Apure, ésta decidirá, por mayoría simple de votos de los Legisladores presentes, lo que fuere procedente respecto a los artículos en los que hubiere discrepancia y a los que tuvieren conexión con éstos. Resuelta la discrepancia, el Presidente declarará sancionada la Ley. Art. 93º La discusión de los proyectos que quedaren pendientes al término de las sesiones, podrá continuarse en las sesiones siguientes o en Sesiones Extraordinarias. Art. 94º El Consejo Legislativo del Estado Apure y las Comisiones Permanentes, durante el procedimiento de discusión y aprobación de los proyectos de Leyes, consultarán a los otros órganos del estado, a los ciudadanos y a la sociedad organizada para oír su opinión sobre los mismos. Tendrán derecho de palabra, tanto en plenaria como en las comisiones, el Gobernador del Estado o su representante, el Secretario General de Gobierno, el Procurador General del Estado, el Juez Rector, un (1) representante del Poder Ciudadano, los representantes designados por los Concejos Municipales y los representantes de la sociedad civil organizada, en los términos y condiciones establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta Constitución y el Reglamento correspondiente. Art. 95º Al texto de las Leyes precederá la siguiente fórmula solemne: “El Consejo Legislativo del Estado Apure, decreta”. Art. 96º Una vez sancionada la Ley, el texto aprobado se extenderá por duplicado con la redacción final que haya resultado de las discusiones. Ambos ejemplares serán firmados por el Presidente, el Vicepresidente y el Secretario del Consejo Legislativo del Estado Apure, con la fecha de su aprobación definitiva. Uno de los ejemplares de la Ley sancionada será enviado al Gobernador del Estado para su promulgación. Art. 97º El Gobernador promulgará la Ley dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que la haya recibido. Dentro de ese lapso podrá solicitar al Consejo Legislativo del Estado Apure mediante exposición razonada, que modifique alguna de las disposiciones de la Ley o levante la sanción a toda la Ley o parte de ella. El Consejo Legislativo del Estado Apure decidirá acerca de los aspectos planteados y podrá dar a las disposiciones objetadas y a las que tengan conexión con ellas, una nueva redacción o suprimirlas, conforme al pedimento del Ejecutivo. Cuando la decisión se hubiere adoptado por las dos terceras partes del Consejo Legislativo del Estado Apure, el Gobernador procederá a la promulgación de la Ley, dentro de los cinco días calendarios siguientes a su recibo, sin que pueda formular nuevas objeciones. Si la objeción del Gobernador se fundare en la inconstitucionalidad de la Ley o algunos de sus artículos, solicitará el pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia dentro del lapso de los diez (10) días hábiles que tiene para promulgar la misma. El Tribunal Supremo de Justicia decidirá en el término de quince (15) días contados desde el recibo de la solicitud del Gobernador. Si el Tribunal negare la inconstitucionalidad invocada o no decidiere en el lapso anterior, el Gobernador promulgará la Ley dentro de los cinco (5) días calendarios siguientes a la decisión del Tribunal o al vencimiento de dicho lapso. Art. 98º La Ley quedará promulgada al publicarse con el correspondiente “Cúmplase” en la Gaceta Oficial del Estado y entrará en vigencia desde su promulgación o en la fecha posterior que la misma Ley señale. Cuando el Gobernador no la promulgue en los términos señalados, el Presidente y el Vicepresidente del Consejo Legislativo del Estado Apure, procederán a su promulgación, sin perjuicio de la responsabilidad en que el Gobernador incurra por su omisión. Art. 99º Las leyes se derogan por otras Leyes y se abrogan por referendo. Podrán ser reformadas total o parcialmente por Leyes de igual o superior rango. La Ley que sea objeto de reforma parcial se publicará en un solo texto que incorpore las modificaciones aprobadas. TITULO VII DEL PODER EJECUTIVO ESTADAL CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES Art. 100º El Poder Ejecutivo del Estado Apure se ejerce por órgano del Gobernador, a quien corresponde dirigir el Gobierno y la Administración, de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta Constitución y las Leyes. Art. 101º La organización, funciones y responsabilidades de la rama ejecutiva, serán determinadas en las leyes respectivas. Art. 102º Los actos administrativos dictados por las autoridades de la Administración Pública Estadal, deberán ajustarse a la ley que los rija, en cuanto fuere aplicable. De igual forma, los actos administrativos de efectos generales deberán publicarse en la Gaceta Oficial del Estado Apure y entrarán en vigencia desde su publicación o en la fecha posterior que ellos mismos indiquen. Art. 103º Los actos administrativos que dicte el Gobernador del Estado en ejercicio de sus atribuciones, se denominan Decretos y Resoluciones y los del Secretario General de Gobierno, se denominan Resoluciones. Art. 104º El Poder Ejecutivo tiene su asiento en la Capital del Estado, pero puede ser trasladado transitoriamente a otro lugar de la Entidad, de conformidad con el Artículo 10 de esta Constitución. CAPITULO II DEL GOBERNADOR DEL ESTADO Art. 105º Para ser Gobernador del Estado se requiere ser venezolano por nacimiento, no poseer otra nacionalidad, mayor de 25 años de edad, de estado seglar e inscrito en el registro electoral de la circunscripción del Estado, y no haber sido sometido a condena mediante sentencia definitivamente firme. El Gobernador Electo del Estado que haya ejercido el cargo por un periodo legal o por más de la mitad del mismo, conforme a lo dispuesto en la Ley, podrán ser reelegido, en la misma jurisdicción, para el periodo inmediato siguiente, pero no podrá ser elegido nuevamente, hasta después de transcurridos dos (02) periodos, contados a partir de la ultima elección. CAPITULO III DE LA TOMA DE POSESIÓN Y AUSENCIAS DEL GOBERNADOR Art. 106º El Gobernador electo tomará posesión de su cargo mediante juramento que prestará ante el Consejo Legislativo del Estado Apure, dentro de los diez (10) días siguientes a la instalación de éste en el primer año del período de su mandato constitucional. Si por cualquier motivo no pudiere hacerlo ante el órgano legislativo, lo hará ante el Juez Rector o Juez Superior de la Circunscripción Judicial del Estado. Art. 107º Cuando el Gobernador electo no tomare posesión de su cargo en el término señalado, el Gobernador saliente designará sus poderes en la persona determinada a suplirlo en caso de ausencia absoluta, conforme a esta Constitución, para que ejerza el cargo provisionalmente con el carácter de Encargado de la Gobernación del Estado. Si el Gobernador electo no toma posesión del cargo en el término establecido por esta Constitución y transcurren más de noventa (90) días continuos contados a partir del día siguiente a aquel en que vence el lapso para juramentarse, sin que lo hiciere, el Consejo Legislativo del Estado Apure decidirá por mayoría absoluta de sus miembros, si debe considerarse que hay ausencia absoluta. Art. 108º Serán faltas absolutas del Gobernador: su muerte, su renuncia, la destitución decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, la incapacidad física o mental permanente, certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia y con la previa aprobación del Consejo Legislativo del Estado Apure, el abandono del cargo, declarado éste por el Consejo Legislativo del Estado Apure, así como la revocatoria popular de su mandato. Art. 109º Cuando se produzca la falta absoluta del Gobernador se procederá de la forma que prevé la ley especial que rija la materia. Art. 110º Las ausencias temporales del Gobernador serán suplidas por el Secretario General de Gobierno o el Secretario del Ejecutivo que él mismo designe, con todas sus atribuciones y prerrogativas. Esta Delegación es revocable en cualquier momento. Tanto la Delegación como la revocatoria se hará mediante Decreto razonado y publicado en la Gaceta Oficial del Estado. Si la ausencia temporal se prolonga por mas de treinta (30) días consecutivos, el Consejo Legislativo del Estado Apure determinará por mayoría absoluta de sus miembros si hay méritos suficientes para declarar la falta absoluta; si así la declara, se procederá conforme a lo establecido en los artículos precedentes. CAPITULO IV ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL GOBERNADOR DEL ESTADO Art. 111º Corresponde al Gobernador: 1. 1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta Constitución, las Leyes nacionales y estadales. 2. 2. Reglamentar total o parcialmente las Leyes estadales, sin alterar su espíritu, propósito y razón. 3. 3. Dirigir la acción de Gobierno. 4. 4. Ejercer la máxima jefatura de la Administración Pública Estadal. 5. 5. Presentar el Plan de Desarrollo del Estado al Consejo Legislativo del Estado Apure, en el transcurso del tercer trimestre del primer año de cada período constitucional. 6. 6. Rendir públicamente cuenta de su gestión al Contralor del Estado, durante el primer trimestre de cada año y presentar el informe anual de gestión del año precedente ante el Consejo Legislativo del Estado Apure, en la sesión que éste fije para dicho efecto. 7. 7. Celebrar y suscribir contratos de interés colectivo y cualquier otro tipo de acuerdo o convenio, con la autorización previa del Consejo Legislativo del Estado Apure, cuando así lo exija la Ley. 8. 8. Presentar y promover la iniciativa legislativa. 9. 9. Nombrar y remover al Secretario General de Gobierno y a los Secretarios de los órganos de la Administración Estadal y todos aquellos que las Leyes estadales establezcan. 10.10. Nombrar y remover todos aquellos funcionarios o empleados cuya designación y remoción no sea atribuida a ninguna otra autoridad, todo de conformidad con lo que dispongan las Leyes. 11.11. Presentar anualmente al Consejo Legislativo del Estado Apure, el Proyecto de Ley de Presupuesto de Ingresos y Gastos Públicos. 12.12. Solicitar autorización al Consejo Legislativo del Estado Apure para decretar las modificaciones a la Ley de Presupuesto del Estado, permitidas por el ordenamiento jurídico y los créditos adicionales al presupuesto del Estado, conforme a la Ley. 13.13. Contraer operaciones de crédito público con las limitaciones que establezca la Ley. 14.14. Solicitar autorización al Consejo Legislativo del Estado Apure o a su Comisión Delegada, para la adquisición de bienes inmuebles con destino al patrimonio del Estado, así como para la enajenación o cesión en comodato de los mismos y los bienes muebles determinados en la Ley. 15.15. Convocar al Consejo Legislativo del Estado Apure a sesiones extraordinarias en situaciones de emergencia. 16.16. Solicitar permiso al Consejo Legislativo del Estado Apure para ausentarse del país por un lapso mayor de cinco (5) días consecutivos. 17.17. Integrar y asistir al Consejo Federal de Gobierno de acuerdo con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley. 18.18. Presidir el Consejo de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas. 19.19. Ejercer, en su carácter de Comandante en Jefe de la Policía del Estado, la suprema autoridad jerárquica de la misma y adoptar las medidas necesarias para la seguridad y defensa del Estado, la soberanía e integridad del territorio. 20.20. Establecer políticas que contribuyan a la descentralización administrativa y promover la participación del Estado en las mismas y la incorporación ciudadana a la formulación de las políticas públicas, a la creación de organizaciones comunitarias de economía social, mecanismos de autogestión, cooperativas y empresas comunales de servicios, la creación de nuevos sistemas de descentralización en parroquias, comunidades, barrios y vecindades. 21.21. Declarar el Estado de emergencia en caso de calamidad pública o ante la inminencia de acontecimientos o fenómenos naturales catastróficos y dictar las medidas necesarias para la protección de las vidas de las personas, sus bienes, así como la reparación de los daños causados, pudiendo disponer para ello de los recursos financieros del Estado con sujeción a la Leyes, previa autorización del Consejo Legislativo dada por la mitad más uno de sus miembros. 22.22. Administrar la Hacienda Pública y vigilar la recaudación e inversión de las rentas, con sujeción a la Ley. 23.23. Promulgar las Leyes que sanciona el Consejo Legislativo del Estado Apure y ordenar su publicación en la Gaceta Oficial del Estado, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su recibo. 24.24. Concurrir al Consejo Legislativo del Estado Apure o a su Comisión Delegada, por voluntad propia o a requerimiento de aquellos, para informar sobre asuntos relacionados con la Administración Estadal. 25.25. Declararse en visita oficial en determinados Municipios del Estado. Durante la misma se considerará asiento del Poder Ejecutivo el sitio donde se encuentre el Gobernador, de conformidad con esta Constitución. 26.26. Fomentar los intereses del Estado, particularmente la educación básica, especial, artesanal, industrial y comercial; la protección a la niñez y la adolescencia; los servicios de salud y asistencia social. 27.27. Fomentar, proteger y divulgar el patrimonio cultural, moral e histórico del Estado. 28.28. Decretar y emprender obras públicas en el territorio del Estado, vigilar su ejecución y la inversión de los fondos que se destinen para ello, de conformidad con la Ley. 29.29. Custodiar la conservación del orden público, administrativo y económico del Estado. 30.30. Presentar ante el Consejo Legislativo del Estado Apure, los proyectos de inversión que serán solicitados ante los organismos internacionales de financiamiento. 31.31. Efectuar al Consejo Legislativo del Estado Apure, la solicitud para la celebración de contratos de interés público estadal o municipal con estados o entidades oficiales extranjeras o con sociedades no domiciliadas en el país, a que hace referencia el artículo 58 de ésta Constitución. 32.32. Nombrar y remover al Procurador General del Estado, con la aprobación del Consejo Legislativo del Estado Apure, de conformidad con el procedimiento establecido en esta Constitución y la Ley. 33.33. Derogar total o parcialmente y previo el cumplimiento de todos los extremos de ley, los decretos y Resoluciones que se encuentren viciados de nulidad absoluta o relativa o que sean violatorios de los principios establecidos por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta Constitución y la Ley. 34.34. Las demás que les señalen la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta Constitución, las Leyes nacionales y estadales. CAPITULO V DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO Y LAS SECRETARÍAS DEL ESTADO. Art. 112º La administración del Estado tendrá una Secretaría General de Gobierno y las Secretarías que se determinen en la Ley de la Administración del Estado con las competencias en ella asignadas. Art. 113º Para ser Secretario General de Gobierno se requieren los mismos requisitos exigidos para ser Gobernador del Estado y no estar vinculado por parentesco con éste, con el Contralor ni con el Procurador del Estado, hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Art. 114º Los actos que autorice o ejecute el Secretario General de Gobierno comprometen su responsabilidad personal, aún cuando actúe por orden expresa del Gobernador. Art. 115º El Secretario General de Gobierno y los Secretarios del Ejecutivo estadal son los órganos directos del Gobernador, de su libre nombramiento, remoción y destitución. Salvo el decreto por el cual se le nombra, el Secretario General de Gobierno refrendará todos los actos del Gobernador y los Secretarios del ejecutivo refrendarán aquellas materias relativas a su competencia. Los actos del Secretario General de Gobierno y de los Secretarios del Ejecutivo se denominarán Resoluciones. Los actos que autoricen o refrenden los Secretarios del Ejecutivo del Estado comprometen su responsabilidad personal, aún cuando actúen por orden expresa del Gobernador. Art. 116º Para ser Secretario del Ejecutivo del Estado se requiere ser venezolano, mayor de veintiún años, no haber sido sometido a condena penal por sentencia definitivamente firme y no estar vinculado por parentesco con el Gobernador del Estado ni con el Secretario General de Gobierno hasta el cuarto grado de consaguinidad y segundo de afinidad. Art. 117º El Secretario General de Gobierno y los Secretarios Ejecutivos, en las materias de su competencia tendrán derecho de palabra en el Consejo Legislativo del Estado Apure y sus comisiones, cuando éstos lo requieran, de acuerdo a lo previsto en la Ley Orgánica de los Consejos Legislativo de los Estados y el Reglamento Interior y de Debates del Consejo Legislativo del Estado Apure. Art. 118º El Secretario General de Gobierno y cada uno de los Secretarios del Ejecutivo del Estado, presentarán ante la Contraloría del Estado, dentro de los diez (10) días siguientes a la rendición de cuenta del Gobernador del Estado, una memoria razonada y suficiente sobre la gestión de su Despacho en el año inmediatamente anterior. Copia de esta memoria deberá ser presentada por dichos funcionarios dentro del mismo lapso indicado anteriormente, al Consejo Legislativo del Estado Apure y al Consejo de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas. Art. 119º Todos los Secretarios del Ejecutivo del Estado son de igual jerarquía y dependen del Gobernador y del Secretario General de Gobierno. CAPITULO VI DE LA ADMINISTRACIÓN DESCENTRALIZADA. Art. 120º La Administración Descentralizada está adscrita al Poder Ejecutivo Estadal e integrada por los institutos autónomos, fundaciones, asociaciones, empresas estadales y demás entes que se creen para la realización de los fines del Estado. Se rigen por las Leyes estadales que los creen y por sus propios estatutos. Art. 121º Mediante Ley orgánica Estadal, se establecerán las bases normativas de los entes de la administración descentralizada. Los principios contenidos en dicha Ley, preverán que aquella tenga una estructura gerencial eficiente, dinámica, transparente, responsable y vinculada a la participación ciudadana en la definición de sus políticas, gestión y control. CAPITULO VII DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO Art. 122º La Procuraduría General del Estado estará a cargo y bajo la dirección del Procurador General del Estado, quien es el representante legal del Estado y requiere ser venezolano por nacimiento, mayor de treinta años, abogado, con mas de cinco (05) años en el ejercicio de su profesión, de estado seglar y comprobada aptitud para el cargo. El Procurador del Estado será nombrado por el Gobernador, con autorización dada por la mayoría simple de los Legisladores del Consejo Legislativo del Estado Apure. Art. 123º El Procurador General del Estado será removido de su cargo por el Gobernador, con la previa aprobación del Consejo Legislativo del Estado Apure, con el voto de las dos terceras partes de sus miembros, por lo menos. Art. 124º La Ley determinará lo relativo a su organización, competencias y funcionamiento. Art. 125º Corresponde a la Procuraduría General del Estado: 1. 1. Representar y defender judicial y extrajudicialmente los intereses patrimoniales del Estado. 2. 2. Instaurar de oficio o a instancia de los órganos del Poder Público Estadal, denuncia contra los funcionarios del Estado que den motivo para ser enjuiciados por hechos o actos lesivos al patrimonio público, sin menoscabo del deber que tienen todos los funcionarios y las personas, de denunciar la perpetración de algún hecho punible del cual tengan conocimiento, de conformidad con la Ley. 3. 3. Emitir opinión para la realización de contratos de interés estadal. 4. 4. Dictaminar sobre la procedencia o improcedencia de la enajenación, gravamen, cesión y afectación de los bienes inmuebles del patrimonio del Estado o de los entes de la administración descentralizada y de los bienes muebles que la Ley determine. 5. 5. Dictaminar en los demás casos sometidos a consulta y con los efectos señalados en las leyes. 6. 6. Las demás que le atribuyan las Leyes. TITULO VIII DEL PODER PÚBLICO MUNICIPAL. CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES Art. 126º Los Municipios constituyen la unidad política primaria de la organización nacional, gozan de personalidad jurídica y autonomía dentro de los límites de la Constitución y de la Ley. Su organización es de carácter democrático y tienen por finalidad el eficaz gobierno y administración de los intereses de la colectividad y de la entidad. La autonomía municipal comprende: la elección de sus autoridades, la gestión de las materias de su competencia, la creación, recaudación e inversión de sus ingresos y las demás que determinen la ley. Art. 127º El Gobierno y Administración del Municipio corresponden al Alcalde, quien es su primera autoridad civil. La función legislativa del Municipio corresponde al Concejo Municipal, integrado por Concejales elegidos en la forma, número y condiciones de elegibilidad que determine la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley. La función de Control, vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes del Municipio corresponde a la Contraloría Municipal, dirigida por el Contralor Municipal, sin menoscabo del alcance de las atribuciones de la Contraloría General de la República. Art. 128º Los actos de los Municipios no estarán sometidos al veto, examen o control de la autoridades del Poder Público Estadal, ni del Poder Público Nacional; sólo podrán ser impugnados ante los tribunales competentes, de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta Constitución y las Leyes. CAPITULO II ORGANIZACIÓN DE LOS MUNICIPIOS Y OTRAS ENTIDADES LOCALES Art. 129º La legislación que se dicte sobre organización, gobierno, administración de los Municipios y demás entidades locales, tomará en cuenta las condiciones de la población, desarrollo económico, capacidad para generar ingresos propios, situación geográfica, elementos históricos, culturales y otros factores relevantes, de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ésta Constitución y las leyes orgánicas nacionales. Art. 130º Con el fin de mejorar la prestación de los servicios públicos, establecer un espacio de cooperación entre vecinos y gobierno, desconcentrar la administración municipal, promover la participación ciudadana para lograr la planificación consultiva, el control administrativo y financiero en el manejo de los asuntos públicos de carácter local, el Municipio creará otras entidades locales de conformidad con la Ley. La creación de éstos atenderá a la iniciativa vecinal o comunitaria. Las parroquias, como entidades locales, son la base de la división político territorial del Municipio, pero en ningún caso serán asumidas como divisiones exhaustivas o imperativas del territorio del Municipio. La Parroquia se regirá por lo dispuesto en la Ordenanza Municipal que apruebe su funcionamiento, estableciendo las atribuciones, funciones, asignación presupuestaria y los mecanismos de control necesarios, consolidando los medios y procedimientos de gestión ciudadana y comunitaria. CAPITULO III COMPETENCIAS DEL MUNICIPIO Art. 131º Es de la competencia del Municipio todo lo concerniente al gobierno y administración de sus intereses, la vida local, la ordenación y promoción del desarrollo económico y social, dotación y prestación de los servicios públicos domiciliarios, la aplicación de la política referente a la materia inquilinaria de conformidad con la Ley que regula la materia, la promoción de la participación y el mejoramiento en general, de las condiciones de vida de la comunidad, dentro de los limites establecidos en la Ley. CAPITULO IV DEL CONSEJO LOCAL DE PLANIFICACIÓN PUBLICA Art. 132º En cada municipio se creará un Consejo Local de Planificación Pública, presidido por el Alcalde e integrado por los Concejales, los Presidentes de las Juntas Parroquiales, tres (3) representantes de las organizaciones vecinales, dos (2) de la sociedad organizada, mas uno (1) de las comunidades indígenas en los Municipios donde los hubiere, de conformidad con las disposiciones que establezca la Ley. Las organizaciones vecinales, las sociedades organizadas y las comunidades indígenas interesadas en participar, oficiarán al Concejo Municipal respectivo y éste decidirá quienes de los solicitantes integrarán el Consejo Local de Planificación Pública. TITULO IX DE LA HACIENDA PUBLICA ESTADAL CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES Art. 133º La Hacienda Pública Estadal comprende el conjunto de bienes, rentas derivadas de su administración, el situado constitucional, los ingresos tributarios propios y los compartidos con el Poder Nacional, las asignaciones especiales, las participaciones en el Fondo de Compensación Interterritorial, las transferencias, subvenciones y demás asignaciones, los derechos, acciones y obligaciones que forman el activo y el pasivo de la entidad. El Estado, incluyéndose también dentro de éste los Institutos Autónomos y el Consejo Legislativo del Estado Apure, tendrán los mismos privilegios y prerrogativas fiscales y procésales de que goza la República Bolivariana de Venezuela. Art. 134º La Hacienda Pública Estadal Estará sometida al régimen que dispongan las Leyes nacionales y estadales. Así, no se exigirá tributo alguno, ni se hará erogación presupuestaria que no hayan sido previstas en las Leyes correspondientes. Art. 135º La Hacienda Pública Estadal estará bajo la dirección y administración del Ejecutivo Estadal, que la ejerce por medio de sus órganos de acuerdo con las Leyes. Art. 136º Los bienes y dinero del Estado, incluyéndose también entre éstos, los pertenecientes a los Institutos Autónomos, fundaciones y asociaciones donde el Estado tenga una participación igual o mayor al cincuenta por ciento (50%), así como los del Consejo Legislativo del Estado Apure, son inembargables y por ende no podrán ser condenados en costas. Los del dominio Público son además, inalienables e imprescriptibles. En la ley de Presupuesto de Ingresos y Gastos Públicos del Estado se incluirán cada año las partidas para cubrir las obligaciones derivadas de sentencias definitivamente firmes. CAPITULO II DE LA INVERSIÓN FISCAL Art. 137º En cada ejercicio fiscal, el Estado destinará a la inversión un mínimo del cincuenta por ciento (50%) del situado constitucional, un mínimo del cincuenta por ciento (50%) de los ingresos propios del Estado y el porcentaje que indiquen las leyes nacionales de los demás ingresos fiscales, para atender de manera prioritaria, las necesidades colectivas de educación, salud, cultura, seguridad, ciencia, tecnología, recreación, deporte, vialidad, infraestructura y prestación de servicios sociales fundamentales. El Estado preverá los fondos para las emergencias, que deberán colocarse en instituciones garantes de recuperación efectiva y alto rendimiento financiero. CAPITULO III DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS Art. 138º Es atribución del Consejo Legislativo del Estado Apure, aprobar mediante Ley, el Presupuesto de Ingresos y Gastos Públicos de cada año. La distribución de los ingresos, gastos e inversiones se hace estrictamente de conformidad con los porcentajes de inversión fiscal prevista en la Ley. Art. 139º Corresponde al Ejecutivo del Estado elaborar el proyecto de Presupuesto de Ingresos y Gastos Públicos. El Gobernador presentará el proyecto al Consejo Legislativo del Estado Apure, previo análisis de su composición financiera, objetivos y metas por parte del Consejo de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas, dentro de los dos primeros meses del último trimestre de cada año. A falta de presentación del proyecto de Ley de Presupuesto de Ingresos y Gastos Públicos en el plazo establecido, o presentado éste fuere rechazado, seguirá vigente el presupuesto del ejercicio fiscal en curso. Art. 140º El Consejo Legislativo del Estado Apure podrá modificar las partidas presupuestarias, pero no autorizará medidas que conduzcan a la disminución de los ingresos públicos, ni gastos que excedan el monto de las estimaciones de ingresos previstos en el proyecto de Ley de Presupuesto de Ingresos y Gastos Públicos. Art. 141º No se hará ningún tipo de gasto que no haya sido previsto en la Ley de Presupuesto. Sólo podrán decretarse créditos adicionales al presupuesto para gastos necesarios no previstos o cuyas partidas resulten insuficientes, con cargo a las reservas del Tesoro Estadal, con la autorización del Consejo Legislativo del Estado Apure o su Comisión Delegada. Art. 142º En la Ley de Presupuesto de Ingresos y Gastos Públicos del Estado, de cada ejercicio fiscal, se preverá una partida denominada Situado Municipal y un Fondo de Compensación Interterritorial Municipal, para atender con criterio y equidad los desequilibrios entre los municipios. Los montos y su distribución entre los Municipios, de cada uno de los conceptos señalados, se hará de conformidad con la Ley. CAPITULO IV FONDO DE ESTABILIZACIÓN MACROECONÓMICA Art. 143º Concluido cada año fiscal, el Ejecutivo Estadal elaborará y presentará al Consejo Legislativo del Estado Apure, en el trimestre siguiente, un informe cuantitativo y analítico sobre la participación de la Entidad y sus Municipios en el Fondo de Estabilización Macroeconómica, previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los aportes que obtengan aquellos para atender las fluctuaciones de los ingresos ordinarios. Los Poderes Públicos del Estado velarán por la eficiencia, equidad e indiscriminación entre las entidades públicas que conforman el Fondo, según las normas que lo regulan. TITULO X DEL PODER CIUDADANO CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES Art. 144º El Poder Ciudadano Estadal se ejerce por el Consejo Moral Estadal, el cual estará integrado por el Defensor Estadal del Pueblo asignado al Estado Apure, el Contralor del Estado y el Fiscal Superior del Ministerio Público asignado al Estado. Los órganos del Poder Ciudadano son la Defensoría del Pueblo, la Contraloría del Estado y el Ministerio Público, uno de cuyos titulares será designado por el Consejo Moral Estadal, como su Presidente por períodos de un (1) año, pudiendo ser reelecto. Art. 145º De los tres órganos del Poder Ciudadano, el único de origen estadal gozará de autonomía funcional, financiera y administrativa y con tal propósito el Estado asignará a la Contraloría del Estado, una partida anual variable dentro del presupuesto general. Art. 146º La Ley Nacional determinará lo relativo a la organización y funcionamiento de la Defensoría del Pueblo y del Ministerio Público, en el ámbito estadal y municipal, en atención a los cometidos y atribuciones establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta Constitución y las leyes. Art. 147º La designación de los titulares de los órganos del Poder Ciudadano Estadal, se hará de conformidad con las normas establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes que regulen la materia. CAPITULO II DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO Art. 148º La Contraloría General del Estado es el órgano de control, vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes estadales, así como de las actividades que realizan los órganos del Poder Público Estadal en operaciones relativas a los mismos, sin menoscabo del alcance de las funciones de la Contraloría General de la República. Gozará de autonomía orgánica y funcional. La Ley Estadal respectiva, determinará su organización, competencia y funcionamiento. Art. 149º La Contraloría General del Estado estará a cargo de un Contralor General del Estado, quien tendrá la colaboración de los funcionarios que señale la Ley Estadal. Art. 150º La ley nacional establecerá los conceptos y procedimientos que regularán el proceso de designación y destitución del Contralor General del Estado. Art. 151º No podrá ser Contralor General del Estado, quien se encuentre ligado por parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad con el Gobernador del Estado y el Secretario General de Gobierno. Art. 152º Corresponde a la Contraloría General del Estado: 1. 1. Recibir del Gobernador, anual y públicamente, cuenta de su gestión. 2. 2. Presidir el sistema estadal de control fiscal al cual están adscritos los Contralores Internos de la Administración Pública del Estado. 3. 3. Controlar la deuda pública del Estado. 4. 4. Inspeccionar y fiscalizar los órganos, entidades y personas jurídicas del sector público sometidos a su control, practicar fiscalizaciones, disponer el inicio de investigaciones sobre irregularidades contra el patrimonio público, así como dictar las medidas, imponer reparos y aplicar las sanciones administrativas de conformidad con la Ley. 5. 5. Instar al Fiscal Superior o al Fiscal General de la República, según sea el caso, a que ejerzan las acciones judiciales pertinentes por las supuestas infracciones o delitos cometidos contra el patrimonio público y de los cuales tengan conocimiento en el ejercicio de sus atribuciones. 6. 6. Ejercer el control de gestión y evaluar el cumplimiento y resultado de las decisiones y políticas públicas de los órganos, entidades y personas jurídicas de derecho público sujetos a su control, relacionadas con sus ingresos, gastos y bienes. 7. 7. Las demás que le atribuyan está Constitución y las Leyes. TITULO XI FRONTERA E INTEGRACIÓN CAPITULO I DISPOSICIONES GENERALES Art. 153º Con el propósito de desarrollar los principios contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Estado asume su obligación de establecer a través de las autoridades estadales y municipales involucradas, conjuntamente con el Poder Nacional y otras entidades federales fronterizas de nuestro país, una política integral en los linderos sur y oeste que forman la franja fronteriza internacional de la entidad apureña, que preserve la integridad territorial, la soberanía, la seguridad, la defensa, la identidad nacional, la diversidad y el ambiente, acorde con el desarrollo cultural, tecnológico, social, económico y con el proceso de integración. Por medio de asignaciones económicas especiales se promoverá el concepto de frontera viva, mejorando progresivamente las condiciones de vida, especialmente de los nacionales, con el fin de impulsar y fomentar el desarrollo y crecimiento armónico e integral. Art. 154º Dentro del aspecto de seguridad y defensa, el Estado Apure asume como parte de su política, la no incursión ni presencia en el territorio de la entidad de individualidades o grupos pertenecientes a la guerrilla extranjera, de paramilitares, ni de factores del delito, cualquiera sea su origen. CAPITULO II EL ÁMBITO TERRITORIAL FRONTERIZO Art. 155º El Estado, como región fronteriza, promoverá que los Municipios adyacentes a la línea demarcada como límite internacional, cumplan con los fines de la defensa nacional, integridad y soberanía. Art. 156º Sin menoscabo de los principios contenidos en la legislación nacional, los municipios fronterizos deben ser objeto de una regulación especial dentro de la organización territorial del Estado, para que pueda celebrar acuerdos directamente con las entidades territoriales limítrofes del país vecino, programas de cooperación e integración dirigidos al intercambio comercial, la prestación de servicios públicos y la preservación del ambiente. TITULO XII VIGENCIA DE LA CONSTITUCIÓN CAPITULO I GARANTÍA DE LA CONSTITUCIÓN Art. 157º Esta Constitución no pierde vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza, o fuere derogada por cualquier otro medio distinto al que ella dispone. En tal eventualidad todo ciudadano, investido o no de autoridad, estará en el deber y gozará del derecho de restablecer las libertades y la democracia usurpada, así como colaborar activamente en el establecimiento de su efectiva vigencia. CAPITULO II DE LA REFORMA Y ENMIENDAS DE LA CONSTITUCIÓN. Art. 158º La presente Constitución puede ser modificada parcial o totalmente mediante los mecanismos de enmienda, reforma parcial o reforma general. Art. 159º La enmienda tiene por objeto la adición o modificación de uno o varios artículos de la Constitución sin alterar su estructura fundamental. Se tramitará de la forma siguiente: 1. 1. La iniciativa podrá partir del diez por ciento (10%) de lo ciudadanos inscritos en el Registro Electoral del Estado o de la mayoría absoluta de los legisladores o mediante acuerdo aprobado por la mayoría absoluta de los Concejos Municipales del Estado. 2. 2. La discusión del proyecto se iniciará en sesiones ordinarias pero su tramitación podrá continuar en las sesiones extraordinarias. 3. 3. El proyecto se discutirá según el procedimiento establecido para la formación de leyes. 4. 4. Las enmiendas serán numeradas consecutivamente y se publicarán a continuación en la Constitución, sin alterar el texto de ésta, pero anotando al pié del artículo o artículos enmendados la referencia a número y fecha de la enmienda que la modifique. Art. 160º La Reforma a la Constitución se tramitará del modo siguiente: 1. 1. La iniciativa podrá partir del diez por ciento (10%) de los ciudadanos inscritos en el Registro Electoral del Estado o de las dos terceras partes de los miembros del Consejo Legislativo del Estado Apure o de las dos terceras partes de los Concejos Municipales del Estado, mediante acuerdo de sus miembros. 2. 2. Las discusiones del proyecto se iniciarán en las sesiones ordinarias, pero su tramitación podrá continuar en las sesiones extraordinarias. 3. 3. El proyecto se discutirá según el procedimiento establecido para la formación de las leyes. 4. 4. El Consejo Legislativo del Estado Apure aprobará el proyecto dentro de un plazo no mayor de ciento ochenta (180) días contínuos contados a partir de la fecha de su admisión. Art. 161º La reforma parcial no debe alterar la estructura y principios fundamentales de la Constitución. Su aprobación se hace mediante la votación de las dos terceras partes, como mínimo, de los integrantes del Consejo Legislativo del Estado Apure. La reforma general, mediante la cual se dicta un nuevo texto constitucional, debe ser aprobada, como mínimo, por las dos terceras partes de los integrantes del Consejo Legislativo del Estado Apure. TITULO XIII DISPOSICIÓN SOBRE EL GENERO FEMENINO Art. 162º Esta Constitución reconoce y auspicia la igualdad de sexos. En consecuencia, la Constitución asume la precisión semántica de los géneros puesta en práctica en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de lo cual debe entenderse que todas las expresiones escritas en género masculino en este texto Constitucional Estadal no son excluyentes del género femenino. Así, doquiera que se mencionan palabras en masculino como Gobernador implica también Gobernadora, y en el mismo orden entiéndase Legislador o Legisladora, Secretario o Secretaria, Contralor o Contralora, funcionario o funcionaria, etc. El uso del género masculino en el lenguaje de este texto constitucional, solamente tiene un propósito práctico, como en toda literatura, donde lo femenino va indisolublemente implícito, en aras de la fluidez lingüística y legislativa. DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA.- Se deroga la Constitución del Estado Apure publicada en la Gaceta Oficial del Estado Apure número 467 extraordinario, de fecha 02 de agosto de 2000. Las demás disposiciones del ordenamiento jurídico del Estado mantendrán su vigencia en lo que no colinden con esta Constitución y con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. DISPOSICIONES TRANSITORIAS PRIMERA: El Período del titular de la Contraloría del Estado, comenzará desde su nombramiento, conforme a la ley que regule la designación y destitución del Contralor de Estado, y culminará de conformidad con lo que señale la ley respectiva. SEGUNDA: Las prefecturas continuarán en sus funciones arbítrales y la de conciliación entre vecinos, hasta tanto el Poder Municipal ponga en vigencia la Justicia de Paz, lo cual hará de conformidad con la Ley respectiva, debiendo prever lo conducente durante el ejercicio fiscal 2003. TERCERA: El Consejo Legislativo del Estado Apure establecerá un cronograma legislativo, que consultará con la sociedad civil, a fin de dictar y reformar, en el menor tiempo posible las leyes prioritarias que se adapten a esta Constitución, las cuales se sujetaran a los principios constitucionales de federalismo, descentralización y desconcentración. CUARTA: Dentro de un lapso de Ciento ochenta (180) días, el Consejo Legislativo del Estado Apure aprobara la reforma de la Ley de Licitaciones del Estado Apure. Hasta tanto dicha ley no sea sancionada y promulgada, continuara en vigor la Ley de Licitaciones del Estado Apure, vigente para la fecha de publicación en la Gaceta Oficial del Estado, de esta Constitución DISPOSICION FINAL ÚNICA.- La presente Constitución entrará en vigencia a partir de su Publicación en la Gaceta Oficial del Estado Apure. Esta Constitución no necesita ser sometida a referéndum, de conformidad con el numeral 1 del artículo 164 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela Constitución del Estado Apure, dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones del Consejo Legislativo del Estado Apure, en la ciudad de San Fernando de Apure, ciudad Capital del Estado Apure, a los Quince ( 15 ) días del mes de Octubre del año 2002. Año 192º de la Independencia y 143º de la Federación. L.S. Leg. Crispín Lara Presidente Leg. José Omar Panza Vicepresidente Werner Landaeta Secretario Leg. Francisco Javier Loreto Leg. Cornelio Díaz Leg. Héctor Aliza Leg. Darío Aguilar Leg. Hugo Velásquez Gobernación del Estado Apure, en la ciudad de San Fernando de Apure, ciudad Capital del Estado Apure, a los Quince (15 ) días del mes de Octubre del año 2002.Año 192º de la Independencia y 143º de la Federación. CUMPLASE: L.S. Dr. Gian Luis Lippa Gobernador del Estado Refrendado: L.S. Dr. Carlos Alberto Cipolla Secretario General de Gobierno