Constitución Del Estado Anzoátegui

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CONSTITUCIÓN DEL ESTADO ANZOÁTEGUI CONSTITUCIÓN TÍTULO I PRINCIPIOS FUNDAMENTALES Artículo 1 . La presente Constitución tiene como objeto organizar los Poderes Públicos del Estado Anzoátegui y sus municipios; la división politicoterritorial; la adecuación de los nuevos Poderes e instituciones a los intereses del Estado; el desarrollo de los deberes, derechos y garantías ciudadanas; los lineamientos del sistema socioeconómico; la administración e inversión de sus recursos; la creación, recaudación y control de los tributos y el aprovechamiento racional de los recursos naturales renovables. De conformidad con la Constitución de la República y la ley. Artículo 2 . La Constitución del Estado es la norma estadal de mayor jerarquía y tanto a esta como a la Constitución de la República y a las leyes dictadas conforme a ella, se deben ajustar todas las leyes y demás instrumentos legales que le competa dictar a los órganos del Poder Público del Estado Anzoátegui. Artículo 3 . El Estado Anzoátegui es y será por siempre una entidad politicoterritorial autónoma, con personalidad jurídica plena y patrimonio propio, obligada a mantener la independencia, soberanía e integridad nacional, conforme a los principios de federalismo, participación social, cooperación, descentralización cogestionaria, corresponsabilidad, solidaridad y concurrencia, consagrados en la Constitución de la República. Artículo 4 . Son fines esenciales del Estado el desarrollo y respeto a la persona y su dignidad, el logro de una sociedad justa, la promoción del bienestar de sus pobladores, el ejercicio democrático de la voluntad popular, cumplir y hacer cumplir los principios, derechos y deberes, consagrados en la Constitución de la República ésta Constitución y la ley. Artículo 5 . La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directa e indirectamente, en la forma prevista en la Constitución de la República, esta Constitución y la ley. Artículo 6 . Los deberes y derechos consagrados en el ordenamiento jurídico nacional y estadal son irrenunciables. Artículo 7 . Todo acto ejecutado en el ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos y garantías establecidas en la Constitución de la República, esta Constitución y la ley, es nulo, y los funcionarios públicos que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil, administrativa y política, según los casos, sin que le sirva de excusa órdenes superiores. Artículo 8 . El idioma oficial es el castellano. El Kariña y otros idiomas indígenas son también oficiales para los pueblos indígenas del Estado y deben ser respetados en todo el territorio por constituir patrimonio cultural del Estado, la Nación y la humanidad. Artículo 9 . El Estado Anzoátegui reconoce la existencia de los pueblos y comunidades indígenas como parte integral de nuestro colectivo, en igualdad de condiciones, con derecho a que se respete su organización social, costumbres, al preservación de sus recursos genéticos, cultura, derecho de propiedad intelectual colectiva, propiedad colectiva de la tierra, hábitat específico, religiones y modelo socioeconómico de subsistencia; en consecuencia, creará los mecanismos necesarios para su protección integral, en los términos que establece la Constitución de la República y la ley. Artículo 10 . Los símbolos del Estado Anzoátegui son la Bandera con sus colores amarillo, azul celeste y verde; el Himno y el Escudo de Armas que históricamente nos han identificado y que simbolizan nuestra esencia y espiritualidad regional. La ley regulará sus usos, significados y características. Artículo 11 . El Cereipo (Myrospermun Fruttescens) representa el árbol emblemático y el Maremare el canto y baile de nuestra entidad federal. TITULO II DEL TERRITORIO, EL ESPACIO GEOGRÁFICO Y SU DIVISIÓN POLÍTICA Capítulo I Del territorio y demás espacios geográficos Artículo 12 . El territorio y el espacio geográfico del Estado Anzoátegui, son los definidos históricamente por la Ley de División Político Territorial del 28 de abril de 1856, con las modificaciones que han resultado o que resulten de los actos jurídicamente válidos celebrados con posterioridad a dicha ley, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente. Artículo 13 . El espacio geográfico del Estado Anzoátegui lo conforma el espacio continental, aéreo e insular, con sus áreas marinas y submarinas, que comprenden la plataforma continental, mar territorial, zona contigua, zona económica exclusiva, aguas internas y todo ello que especifique la ley. Artículo 14 . El Estado Anzoátegui se obliga a defender la soberanía plena que la República tiene en los espacios de esta entidad federal, incluido el espacio marítimo, con sus islas, islotes, cayos y bancos, conforme a la Constitución de la República y la ley. Artículo 15 . El Estado ejerce la administración de las tierras baldías y los municipios la de sus ejidos, con las limitaciones que establezca la ley. Los terrenos adjudicados que han perdido su función social serán desafectados, rescatado y traspasados a la entidad político administrativa correspondiente, en concordancia con el ordenamiento jurídico vigente. Artículo 16 . Los Poderes Públicos Estadales cooperarán con el proceso de regularización de la tenencia de la tierra, tanto en asentamientos urbanos populares como en los rurales, de acuerdo a sus competencias y de conformidad con la ley. Artículo 17 . Los litigios o conflictos limítrofes de carácter interestadales, intermunicipales o interparroquiales, serán resueltos conforme al ordenamiento jurídico vigente. Capítulo II De la división territorial Artículo 18 . El Territorio del Estado se divide para los fines de su organización político administrativa, en municipios y estos en parroquias, garantizando la autonomía municipal, transferencia de competencias, descentralización y cogestión, de conformidad con la Constitución de la República y la ley. Artículo 19 . La demarcación geográfica del Estado se hará de conformidad con los lineamientos establecidos por el ente oficial de demarcación y representación cartográfica territorial venezolano, que será el órgano asesor del Consejo Legislativo Estadal y de los concejos municipales en esta materia. La creación y delimitación de sus municipios y parroquias serán los que señale la ley que se dicte al efecto. Artículo 20 . El territorio y el espacio geográfico del Estado Anzoátegui, no podrán ser cedidos, traspasados, arrendados, ni en forma alguna enajenados, ni aún temporal o parcialmente, a estados extranjeros u otros sujetos de derecho internacional. Lo relativo a las sedes diplomáticas que existen en la entidad se regirá conforme a la Constitución de la República y la ley. Artículo 21 . Pertenecen al Estado Anzoátegui los minerales no metálicos no reservados al patrimonio nacional; las salinas y ostrales que se encuentran o surjan en su territorio, incluyendo su zona marítima, dentro de las líneas de base recta en dirección norte de sus límites este y oeste desde sus costas y, todo aquello que siendo del dominio público nacional le sea transferido por ley. Artículo 22 . El Estado promoverá la creación de áreas de desarrollo económico para el aprovechamiento integral de las ventajas comparativas y competitivas en zonas limítrofes con otras entidades federales, y aportará recursos de fondo de compensación interterritorial, sujeto a la aprobación de leyes especiales y acuerdos, conforme al ordenamiento jurídico. Artículo 23 . El plan estadal de ordenación del territorio se ajustará a la ley respectiva, y en él se estudiará, ordenará y preverá una justa y equilibrada distribución espacial que englobe el sistema de ciudadanos y el uso del espacio en sus vertientes agrícolas, pecuarias, urbanas, industriales, forestales, hídricas, minero energéticas, turísticas, recreacionales, pesqueras, comerciales y áreas bajo régimen de administración especial con el fin de alcanzar el equilibrio demográfico y socio económico. TÍTULO III DE LOS DEBERES, DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS CIUDADANAS Capítulo I Disposiciones generales Artículo 24 . El Estado reconoce los derechos, garantías y deberes de los ciudadanos consagrados en la Constitución de la República, esta Constitución y la ley sin discriminación alguna, como principios básicos para garantizar la seguridad y convivencia pacífica y armónica en todo su territorio. Artículo 25 . Son deberes de los ciudadanos cumplir y acatar la Constitución de la República, ésta Constitución, las leyes y demás actos que en el ejercicio de sus funciones dicten los órganos del Poder Público Estadal. Toda persona tiene el deber de cumplir con sus responsabilidades sociales y participar solidariamente en la vida política, civil, comunitaria y económica del Estado, promoviendo y defendiendo los derechos humanos como fundamento de la convivencia democrática y de la paz social. Artículo 26 . En casos de conflictos surgidos en el ejercicio de derechos y garantías Constitucionales, el Estado velará para que prevalezca la concordancia o armonía entre tales derechos, considerando la preeminencia de la vida y otros derechos humanos como valores superiores del ordenamiento jurídico, de modo que todos conserven su entidad. Capítulo II De los deberes Artículo 27 . Son deberes de los ciudadanos, los contemplados en la Constitución de la República, esta Constitución y las leyes, y en especial los concernientes a: • 1. Respetar, acatar y defender los mandatos de la Constitución de la República, esta Constitución y las leyes. • 2. Honrar y respetar los derechos de los ciudadanos, especialmente los correspondientes al niño, al adolescente, a los discapacitados, a la mujer y a los ancianos. • 3. Honrar las fechas patrias y los símbolos nacionales, estadales y locales. • 4. Cumplir con las responsabilidades inherentes a la vida política, civil y comunitaria. • 5. Participar activamente en la promoción y defensa de la salud y en la elaboración de las políticas que se formulen en la materia, en los términos establecidos en la ley. • 6. Velar por la educación y formación de sus hijos, y participar en las actividades intra y extracurriculares. • 7. Participar en la planificación y ejecución de operativos de seguridad ciudadana, alimentarios y otros de interés social. • 8. Preservar su salud y la de los demás. • 9. Conservar y proteger el medio ambiente, evitar la contaminación del aire, la tala, la quema y la caza indiscriminada, y contribuir con otras medidas de salubridad pública ambiental. • 10. Cuidar y proteger a animales y plantas. • 11. Cooperar con los órganos del Estado en las denuncias e investigaciones de actos contrarios a derecho. • 12. Mantener y preservar el buen aspecto de las fachadas, frentes de viviendas, locales y otros inmuebles. • 13. Velar y contribuir con la conservación y mantenimiento de aceras, calles, avenidas, monumentos, plazas, parques, centros educativos, asistenciales y demás infraestructuras de uso público. • 14. Contribuir a mantener y preservar el aspecto arquitectónico del casco histórico de las ciudades y pueblos declarados como patrimonio histórico. • 15. Restituir los daños causados a bienes públicos, aún cuando estos se hagan con el fin de proveerse de servicios públicos. • 16. Participar en la elaboración, ejecución y vigilancia de los proyectos comunitarios. • 17. Participar en la planificación y coordinación de políticas públicas. • 18. Participar en el Plan de Desarrollo Estadal. • 19. Participar en la elaboración del Plan de Ordenación Estadal y Municipal del Territorio. • 20. Cumplir con otros deberes que contribuyan y garanticen una mejor convivencia social. Capítulo III De los derechos políticos y el referendo popular Sección Primera: De los derechos políticos Artículo 28 . El Estado reconoce los derechos políticos y de participación ciudadana relacionados con la elección a cargos públicos, referendo, consulta popular, iniciativa legislativa, cabildo abierto, asamblea de ciudadanos, y participación en la planificación y coordinación de políticas públicas, y demás derechos consagrados en la Constitución de la República, esta Constitución y la ley. Artículo 29 . El Estado garantizará el derecho de participación ciudadana en los procesos de autogestión y cogestión, y el fomento de los modelos organizativos, cooperativos y otras formas de asociación comunitaria, atendiendo a las políticas nacionales, regionales y locales en dichas materias. Artículo 30 . Los pueblos indígenas del Estado tienen derecho a la participación política en los términos y formas que lo consagra la Constitución de la República de esta Constitución y la ley. El Estado reconocerá las formas organizativas y de participación autóctona y tradicional de dichos pueblos. Sección segunda: Del referendo popular Artículo 31 . El referendo popular puede ser aprobatorio, abrogatorio, consultivo y revocatorio. Serán sometidas a referendo, las materias de especial trascendencia en lo estadal, municipal y parroquial, por iniciativa del Gobernador, Alcaldes, Legisladores, o a solicitud de un número no menor al diez por ciento del total de inscritos en el registro electoral de la circunscripción correspondiente, de conformidad con la Constitución de la República y la ley. Artículo 32 . Serán sometidos a referendo aprobatorio aquellos proyectos de ley en discusión por el Consejo Legislativo, cuando así lo decidan por lo menos las dos terceras partes de los integrantes de la Cámara Legislativa. Si el referendo concluye en un si aprobatorio, siempre que haya concurrido el veinticinco por ciento de los electores inscritos en el registro civil y electoral de la circunscripción del Estado, el correspondiente proyecto será sancionado como ley. Artículo 33 . Serán sometidas a referendo para ser abrogadas, total o parcialmente, aquellas leyes cuya abrogación fuere solicitada por iniciativa de un número no menor del diez por ciento de los electores inscritos en el registro civil y electoral de la circunscripción del Estado, o por el Gobernador. Para la validez del referendo abrogatorio será indispensable la concurrencia de, por lo menos, el cuarenta por ciento de los electores inscritos en el registro civil y electoral de la circunscripción del Estado. No podrán ser sometidas a referendo abrogatorio las leyes de presupuesto, las que establezcan o modifiquen impuestos y las de crédito público. No podrá hacerse más de un referendo abrogatorio en un período constitucional para la misma materia. Artículo 34 . Serán sometidas a referendo consultivo las materias de especial trascendencia parroquial, municipal y estadal. La iniciativa corresponde a la Junta Parroquial, al Concejo Municipal o al Consejo Legislativo, por mayoría de las dos terceras partes de sus integrantes, al Gobernador, al Alcalde, o a solicitud de un número de electores no menor del diez por ciento del total de inscritos en la circunscripción correspondiente. Artículo 35 . Los cargos y magistraturas de elección popular, son revocables, una vez transcurrida la mitad del período para el cual fueron electos. La revocatoria del mandato de estos funcionarios podrá ser solicitada por un número no menor del veinte por ciento de los electores inscritos en la circunscripción correspondiente. Para su validez deben concurrir al referendo revocatorio un número de electores igual o superior al veinticinco por ciento de los inscritos en la circunscripción correspondiente y ese considerará revocado el mandato del funcionario cuando igual o mayor número de electores que lo eligieron, hubieren votado a favor de la revocatoria, procediéndose de inmediato a cubrir la falta absoluta conforme a lo dispuesto en la Constitución de la República, esta constitución y la ley. Capítulo IV De la protección a la familia Artículo 36 . El Estado protegerá a la familia como asociación natural de la sociedad y como el espacio fundamental para el desarrollo integral de las personas. La familia como núcleo social, es responsable en forma prioritaria e inmediata de asegurar a cada uno de sus miembros el ejercicio y disfrute pleno y efectivo de sus derechos y garantías y es corresponsable ante la sociedad por el desarrollo y bienestar de los mismos, de manera cooperativa y espontánea, de conformidad con la Constitución de la República, las convenciones internacionales y la legislación nacional aplicable. El Estado garantizará protección a quienes ejerzan la jefatura de la familia. Sección primera: Del niño y el adolescente Artículo 37 . El Estado, con la participación de la comunidad organizada y los particulares, propiciará las condiciones necesarias para asegurar el ejercicio y disfrute pleno y efectivo de los derechos y garantías del niño y del adolescente, así como el cumplimiento de sus deberes, de conformidad con los tratados internacionales suscritos y ratificados por la República, la Constitución de la República, esta Constitución y la ley. Artículo 38 . Los derechos fundamentales del niño se inician con el proceso de gestación y continúan durante su desarrollo biopsicosocial hasta la adolescencia. El Estado, la familia y la sociedad son corresponsables de asegurar con prioridad absoluta la protección integral del niño y el adolescente, basados en su interés superior. Artículo 39 . Los órganos a través de los cuales opera el sistema de protección del niño y el adolescente, en el ámbito estadal y municipal, son el Administrativo, el Judicial y el Ministerio Público. El administrativo está conformado por los Consejos Estadales y Municipales de Derecho por los Consejos de Protección en cada Municipio, quienes operarán de conformidad a la Constitución de la República, esta Constitución y la ley. Sección segunda: De la mujer Artículo 40 . Los Poderes Públicos Estadal y Municipal, los demás entes administrativos y las personas naturales y jurídicas deben procurar y garantizar de forma permanente y prioritaria, el ejercicio y disfrute pleno de los derechos y deberes de la mujer que le están consagrados universalmente en forma natural, social y política sin ningún tipo de discriminación y sin menoscabo de la igualdad de las personas ante la ley. Artículo 41 . El Estado protegerá la maternidad o tal efecto asegurará que las mujeres cuenten con servicios y programas de atención durante el embarazazo, el parto y la fase post natal. Así mismo, garantizará las condiciones mínimas requeridas que permitan la lactancia materna, como proceso natural fundamental en el desarrollo biopsicosocial del niño y las madre. Sección tercera: De los ancianos Artículo 42 . El Estado reconoce al anciano como un valor social por su experiencia vivencial, cultural, política, moral y laboral por lo cual le otorga beneficios que le garanticen una adecuada calidad de vida y el goce de los demás derechos y garantías que establece la Constitución de la República, esta Constitución y la ley. Artículo 43 . El Estado, con la participación solidaria de la familia y la sociedad, establecerá programas y políticas de acción pública, para la ejecución de actividades que estimulen y garanticen el bienestar biopsicosocial del anciano y satisfagan sus necesidades, a tal efecto fomentará y creará centros de atención y protección integral, en especial para los desamparados. Artículo 44 . El anciano tiene derecho a un trabajo acorde a su voluntad y capacidad biopsíquica. El Estado le garantiza una existencia digna, a través de su incorporación al Sistema de Seguridad Social Integral. Sección cuarta: De los discapacitados y enajenados mentales Artículo 45 El Estado, con la participación solidaria de la familia y la sociedad, garantiza a los discapacitados, el respeto a la dignidad, a la igualdad de oportunidades y condiciones laborales satisfactorias, y promoverá políticas para su formación, capacitación y acceso a empleos, de conformidad con la ley. Artículo 46 . El Estado reconoce y estimulará las formas de expresión o comunicación de los sordos, mudos, ciegos y los que tengan impedimentos fisicomotores. De igual manera velará por el cumplimiento y aplicación de las normativas relacionadas a la ambientación, demarcación y acceso de áreas de urbanismos, edificaciones, vialidad, transporte y sociocreativas a fin de garantizar su desenvolvimiento. Artículo 47 . El Estado diseñará políticas y programas regionales para promover la creación de instituciones de atención integral a las personas excepcionales, discapacitados y a los enajenados mentales. Capítulo V De los derechos y deberes a la salud Artículo 48 . Toda persona tiene derecho a la salud como derecho social fundamental a la vida. El Estado está obligado a proporcionar los servicios de salud conforme a los principios de gratuidad, integralidad, universalidad, equidad, integración social, autogestión y solidaridad, sin ningún tipo de discriminación; entendiéndose como salud, el equilibrio biopsicosocial del ser humano en armonía con el medio ambiente, de acuerdo a los criterios establecidos por la Organización Mundial en esta materia. Artículo 49 . El Estado garantizará la promoción y la atención médica integral preventiva, curativa y de rehabilitación, y velará para que los centros dispensadores de salud dispongan de infraestructura, dotación de equipos e insumos, cuenten con la capacidad operativa y resolutiva, el personal suficiente especializado, eficiente, con vocación para la prestación óptima del servicio. A tales efectos asegurará un presupuesto suficiente que permita cumplir con los objetivos en materia de salud en correspondencia con el plan de salud y desarrollo social, integrado al sistema de seguridad social. Artículo 50 . El Estado, a través del órgano rector de la salud, con la participación activa de la comunidad organizada, definirá las políticas diseñará los planes y ejecutará las acciones y programas que garanticen la prestación del servicio de salud a la población, en coordinación con las políticas nacionales del sector y de conformidad con la ley, y vigilará por el cumplimiento de las normativas procedimentales de las instituciones dispensadoras de salud pública nacionales, estadales, municipales, privadas en coordinación con las políticas nacionales del sector y de conformidad con la ley. Artículo 51 . El Estado velará porque las instituciones dispensadoras de salud públicas y privadas que presten el servicio médico de emergencia atiendan a toda persona en los casos de urgencia y emergencias médicas, cuando peligre la vida del paciente o se presenten causas que puedan generar discapacidad. El traslado de pacientes a otros centros de salud en estas condiciones de riesgo, requerirá la evaluación y autorización médica. Los criterios de emergencia médica se determinarán de acuerdo a la ley. En ningún caso se podrá negar la atención médica de emergencia. Artículo 52 . El Estado con la participación de la comunidad organizada velará por la presentación del servicio permanente de suministro y dotación de hemoplasma y por lo concerniente a la donación, conservación y transplante de órganos, de conformidad con la ley nacional vigente. Artículo 53 . El Estado garantizará la creación y dotación de las unidades de atención médica exclusivas y excepcionales, con la cooperación y aportes mixtos entre los entes públicos y privados, dotándolos de los recursos tecnológicos de avanzada, que permitan atender de manera inmediata y en cualquier situación de eventualidad a los afectados por accidentes, siniestros y enfermedades endémicas y epidémicas. Artículo 54 . El Estado diseñará políticas y promoverá la prestación de servicios clínicos para enfermedades infectocontagiosas de alto riesgo crónicas, riesgos ocupacionales y otras similares de alto impacto colectivo o poblacional. Artículo 55 . Es Estado promoverá la creación de un consejo científico-técnico estadal de salud, en coordinación con entes nacionales, internacionales, universidades y centros de investigación, destinado al diseño de políticas de investigación clínica, capacitación y formación de recursos humanos en el área de salud y al fomento de la producción de equipos e insumos para este sector. De conformidad con la Constitución de la República, esta Constitución y la ley. Artículo 56 . El Estado garantizará la cooperación intersectorial entre los órganos dispensadores de salud en el ámbito estadal, municipal y parroquial a través de los Consejos de Salud respectivos. Las funciones específicas y de organización de dichos Consejos serán definidas de conformidad con la ley. Capítulo VI De los deberes y derechos a la educación Artículo 57 . Todo ciudadano tiene derecho a la educación. Es un deber fundamental del Estado, garantizarlo, sin ningún tipo de discriminación, según sea su aspiración, vocación y aptitud personal. El Estado impartirá educación gratuita y obligatoria en las instituciones oficiales y aplicará medidas que permitan erradicar y prevenir el analfabetismo. Artículo 58 . El Estado garantizará una educación actualizada, innovadora, creativa, participativa, crítica, humanista, técnica y científica, fundamentada en principios bolivarianos, el respeto al ambiente y a los derechos humanos; considerando las particularidades históricas, geográficas, productivas, sociales y culturales de la región de conformidad con la Constitución de la República, Legislación Nacional en la materia y el Plan de Desarrollo del Estado. Artículo 59 . El Estado promoverá la participación activa y corresponsable de la escuela, la familia, los medios de comunicación, la iglesia y otros sectores de la sociedad, en el diseño de políticas del individuo, con apego a los valores morales, institucionales y servicios suficientemente dotados, para asegurar el acceso, permanencia y culminación de los ciudadanos en el sistema educativo. Artículo 60 . El Estado promoverá la participación activa y corresponsable de los ciudadanos en la enseñanza, formación y capacitación del proceso y conocimiento del sistema cooperativo, para el aprovechamiento de los recursos humanos y tecnológicos y la incorporación de los ciudadanos al campo laboral. Asimismo convalidará reconocerá a través de sus instituciones los sistemas de enseñanza en materias conexas al cooperativismo, de conformidad con la ley. Artículo 61 . El Estado promoverá en el ámbito de su competencia, la difusión, análisis y discusión permanente de la Constitución de la República y esta Constitución, en los distintos niveles de la educación y demás sectores de la sociedad. Artículo 62 . El Estado fomentará, en coordinación con los entes públicos y privados, la red de bibliotecas públicas y escolares, a los fines de promover y fortalecer el sistema educativo, la educación integral, el hábito a la lectura y la investigación, garantizando la información y el aprovechamiento de los avances tecnológicos y científicos, procurando los recursos necesarios y la tecnología adecuada para la preservación, actualización y correcta prestación del servicio. Artículo 63 . El Estado fomentará la participación de las instituciones educativas de nivel superior, públicas y privadas, en la formulación de propuestas y alternativas de solución a problemas fundamentales de la región, a través del conocimiento, la innovación y la aplicación de la ciencia y la tecnología. Artículo 64 . El Estado apoyará a las instituciones oficiales de educación superior en nuestra entidad , en aquellas actividades que fortalezcan los servicios sociales estudiantiles en materia de salud, alimentación, biblioteca transporte, deporte, cultura, programas sociales y otros de relevancia para el fortalecimiento del proceso educativo; a tales fines, podrá establecer convenios de ayuda orientados por los principios de cooperación, solidaridad y progresividad. Artículo 65 . El Estado velará porque el proceso educativo en los niveles de educación preescolar, básica, diversificada y profesional, del sector oficial y privado, se imparta de conformidad con la ley. Artículo 66 . El Estado proveerá los medios necesarios para que a todo ciudadano con características excepcionales, se le garantice el derecho a una educación especial, para su incorporación y permanencia en el sistema educativo. Artículo 67 . El Estado velará porque la enseñanza deportiva se imparta con obligatoriedad, en la educación pública y privada, hasta el ciclo diversificado, e incentivará la participación y practica activa del deporte en el nivel de educación superior, de conformidad con la ley. Artículo 68 . El Estado promoverá la formación y concientización de la ciudadanía, en materia de conservación y aprovechamiento de los recursos naturales, a través de la educación ambiental en todas las instancias del sistema educativo. Artículo 69 . El Estado velará porque el contenido de los mensajes de los medios de comunicación social que funcionen en su territorio, contribuyen a la educación del ciudadano y a la consolidación de los valores democráticos, éticos, morales y culturales de la población, al fortalecimiento de la identidad regional, al espíritu de pertenencia y elevación de la autoestima. Sin menoscabo de la libertad de expresión y de conformidad con la ley. Capítulo VII De los deberes y derechos a la cultura Artículo 70 . El patrimonio cultural del Estado está compuesto por sus monumentos históricos, tradiciones y costumbres, creencias y religiones, valores artísticos contemporáneos y ancestrales, valores artísticos tangibles e intangibles y sus recursos humanos creativos y cultóricos. El Estado establecerá las políticas pertinentes y garantizará los recursos para su preservación, difusión y fortalecimiento. Artículo 71 . El Estado diseñará políticas, planes y proyectos relativos al desarrollo cultural, en forma cogestionaria y coordinada con los organismos nacionales, municipales y las comunidades organizadas, de conformidad con la ley. Artículo 72 . El Estado fomentará el conocimiento y la práctica de las manifestaciones populares, tradicionales, artísticas y turísticas, en las instituciones de educación pública y privada, de conformidad con la ley. Artículo 73 . El Estado fomentará la participación de instituciones públicas y privadas y de las comunidades organizadas, en el financiamiento, promoción y ejecución de planes, programas, proyectos y actividades de desarrollo cultural, en forma cogestionaria y conforme a la Constitución de la República, esta Constitución y la ley. Artículo 74 . El Estado velará por la preservación de los monumentos y sitios históricos ubicados en su territorio, como parte de su patrimonio cultural, de conformidad con la ley. Artículo 75 . El Estado apoyará a las personas naturales y jurídicas dedicadas a la divulgación del patrimonio cultural, símbolos históricos, emblemáticos, ecológicos y de identidad regional y local, y del acervo histórico y cultural, de conformidad con la ley. Artículo 76 . El Estado velará porque en los estudios de impacto ambiental requeridos para la aprobación de proyectos de desarrollo, se incluyan los impactos y efectos generados sobre las culturas populares. CAPÍTULO VIII De los deberes y derechos al deporte y a la recreación Artículo 77 . Todo ciudadano tiene derecho al deporte y a la recreación. El Estado promoverá, protegerá y difundirá el deporte y la recreación como actividades que contribuyen a la salud física y mental de las personas, y por ser parte integral de su formación y educación, fomenta las participación, organización y solidaridad ciudadana. Artículo 78 . El Estado a través del ente rector y en forma cogestionaria con los municipios, parroquias y la comunidad organizada, planificará, programará y organizará la actividad deportiva y recreativa, promoverá la elaboración de proyectos, procurará el financiamiento y la administración cogestionaria. La comunidad organizada velara y participará en el aprovechamiento, buen uso y mantenimiento de las instalaciones deportivas y recreativas. Artículo 79 . El Estado fomentará el deporte para la salud, el deporte de competencia y las actividades recreativas populares y tradicionales de la región, garantizará la atención integral a los deportistas que forman parte de las selecciones o representan al Estado en competencias nacionales e internacionales. Propiciará y creará programas deportivos especiales destinados a las personas de la tercera edad, a los discapacitados y niños excepcionales. Artículo 80 . El Estado promoverá y velará para que los desarrollos urbanísticos y residenciales, así como las instalaciones educativas públicas y privadas, ubicadas en su territorio, destinen áreas para usos recreativos, sociales y deportivos, de conformidad con la ley. Artículo 81 . El Estado garantizará la atención integral a los deportistas destacados para mejorar sus condiciones físicas y competitivas, igualmente establecerá programas especiales para aquellos que en representación del Estado logren una actuación relevante en competencias nacionales e internacionales. Capítulo IX De los deberes y derechos a la seguridad ciudadana Sección primera: Disposiciones generales Artículo 82 . Toda persona tiene derecho a la protección de su integridad física, psicológica, moral, y de sus bienes. El Estado diseñará políticas para prevenir y mitigar las condiciones de riesgos por causas naturales, tecnológicas y sociales, capaces de causar daños a las personas y a sus bienes, e implementará programas para atención a este tipo de emergencias. Artículo 83 . El Estado, en el ámbito de sus competencias, garantizará la seguridad y protección de los hogares y las familias, y mantendrá el orden público, a través de sus órganos competentes y con la participación de las comunidades organizadas, en los términos que determine la ley. Artículo 84 . Los organismos de seguridad pública o privada están obligados a brindar protección a las personas que se encuentren en estado de emergencia o cuando peligre su integridad física. Los cuerpos de seguridad del Estado respetarán la dignidad y los derechos humanos de todas las personas. El uso de armas por parte de funcionarios policiales y de seguridad, estará regulado por la ley. Artículo 85 . Toda persona está en el deber de cooperar con los órganos de seguridad y protección ciudadana, y cumplir con los requisitos y permisos exigidos para la instalación de industrias, comercios y construcción de edificaciones, entre otras. El incumplimiento de lo dispuesto en este Artículo acarreará las responsabilidades civiles y penales conforme a la ley. Capítulo X De los deberes y derechos de los indígenas Artículo 86 . El Estado reconoce la existencia de pueblos y comunidades de origen indígena Kariña, Cumanagoto y otros, como antiguos pobladores de su territorio, y cuyos aportes socioculturales e históricos han sido de relevancia para la identidad cultural de la región. El Estado garantizará y promoverá sus valores socioculturales, históricos, autóctonos y tradicionales. Artículo 87 . El Estado reconoce los derechos de los pueblos y comunidades indígenas Kariña, Cumanagoto y otros, que mantengan y fomenten los valores socioculturales y conserven el idioma indígena, el uso y la propiedad comunitaria de la tierra, las formas tradicionales de producción e intercambio, la producción artesanal, el hábitat, medio ambiente y la organización social de carácter comunitario y familiar. A tales efectos serán considerados los procesos y cambios generados por el desarrollo social. Artículo 88 . El Estado velará en las Comunidades Indígenas por la aplicación del régimen de educación intercultural bilingüe en el sistema educativo y promoverá las prácticas educativas propias que permitan la transmisión del conocimiento ancestral y su revitalización sociocultural. A tales fines coordinará con los organismos nacionales los planes, programas y proyectos en esta materia. Artículo 89 . Los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a una salud integral, al uso y práctica de la medicina tradicional y las terapias complementarias que la acompañan, con sujeción a principios bioéticos. El Estado garantizará tales derechos de conformidad con la Constitución de la República, esta Constitución y le ley. Artículo 90 . El Estado reconocerá a los pueblos indígenas los derechos originarios a la propiedad colectiva de la tierra que tradicionalmente ocupan y que sean necesarias para su desarrollo socio cultural y económico, soportados jurídicamente en la continuidad de la posesión, de conformidad con la Constitución de la República y la ley. Artículo 91 . El Estado velará por que los pueblos indígenas reciban capacitación, asistencia técnica y financiera para el fomento de su desarrollo socioeconómico, mantengan sus prácticas económicas y productivas tradicionales y adopten otras técnicas que les garanticen un desarrollo armónico y sustentable de conformidad con los planes de desarrollo del Estado y la ley. TÍTULO IV DEL PODER PÚBLICO ESTADAL Capítulo I Disposiciones fundamentales Artículo 92 . El Poder Público Estadal está integrado por el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y los órganos con autonomía funcional como la Contraloría y la Procuraduría General del Estado. Su ejercicio atribuciones y competencias se derivan de la Constitución de la República, esta Constitución y la ley. En el Estado tienen asiento y representación órganos del Poder Público Nacional, Ciudadano, Judicial y Electoral, sin menoscabo de que los mismos sean objeto de descentralización a través de leyes que desarrollen los preceptos constitucionales en la materia. Artículo 93 . El ejercicio del Poder Público Estadal acarrea responsabilidad individual por abuso o desviación de poder o violación de esta constitución y la ley. Los funcionarios estadales infractores serán responsables administrativa, política, civil y penalmente de conformidad con la ley. Artículo 94 . Toda Autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos. Sección primera: De la Administración Pública Estadal Artículo 95 . La administración pública estadal se fundamenta en los principios de capacidad, honestidad, celeridad, simplicidad administrativa, pertinencia, equidad, transparencia, eficacia, eficiencia, participación y responsabilidad y está obligada a rendir cuentas ante la autoridad estadal y nacional competente y ante la comunidad, de conformidad con la ley. Artículo 96 . El Estado fomentará y creará institutos y empresas públicas mediante ley, de manera autogestionaria y cogestionaria con el sector público, privado, organismos municipales, nacionales e internacionales, cuando las exigencias de la prestación de los servicios, ventajas comparativas y del desarrollo regional así lo requieran. Dichos entes están sujetos a los mecanismos de la regulación y supervisión establecidos en la Constitución de la República y la legislación nacional aplicable. Sección segunda: De la función pública Artículo 97 . La función pública se fundamenta en principios éticos y morales, en la vocación de servicio y capacidad profesional, y está orientada al servicio del Estado y no de parcialidad alguna. El nombramiento y remoción de los funcionarios públicos, no podrá estar determinado por la afiliación u orientación política. El ingreso, deberes y derechos, promoción, conducta, sanciones, servicios profesionales y egresos de los funcionarios, serán establecidos de conformidad con la ley. Artículo 98 . El sistema remunerativo de los funcionarios públicos, de carrera o no, queda sujeto a lo establecido en las leyes que rigen la materia. Artículo 99 . El Estado responderá patrimonialmente por los daños que sufran los particulares en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea imputable al funcionamiento de la administración pública. La ley que dicte al efecto normará todo lo conducente. Sección Tercera: De la competencia del Poder Público Estadal Artículo 100 . Es de la competencia exclusiva del Poder Público Estadal: • 1. Las materias que le atribuya la Constitución de la República. • 2. Velar por el estricto cumplimiento de la Constitución de la República, esta Constitución y las leyes. • 3. Dictar, reformar y enmendar su Constitución, de conformidad con las disposiciones en ella contenidas. • 4. Organizar los Poderes Públicos Estadales. • 5. Organizar su territorio, espacio geográfico y su división político territorial. • 6. Organizar sus municipios, parroquias y demás comunidades locales y promover la relación y cooperación entre ellos. • 7. Crear, regir y organizar los servicios públicos estadales. • 8. Ejecutar, conservar, administrar y aprovechar las vías de comunicación en el ámbito de su territorio. • 9. Organizar la policía y determinar las ramas de este servicio atribuidas a la competencia municipal, conforme lo dispuesto en la legislación nacional aplicable. • 10. Crear, organizar, recaudar, controlar y administrar los tributos propios, así como los de las ramas del papel sellado, timbre y estampilla. • 11. Regir y aprovechar los minerales no metálicos, no reservados al Poder Nacional, las salinas y ostrales y la administración de las tierras baldías en su jurisdicción, de conformidad con la ley. • 12. Administrar los bienes, la inversión y administración de sus recursos, incluyendo los que provengan de transferencias, subvenciones o asignaciones especiales del Poder Nacional, así como de aquellos que se le asignen como participación en los tributos nacionales. • 13. Planificar y coordinarlas políticas públicas estadales. • 14. Legislar sobre las materias que no correspondan de conformidad con la Constitución de la República, a la competencia nacional o municipal. • 15. Cualquier otra competencia no atribuida al Poder Público Nacional o Municipal o que le asignare esta Constitución y la ley. Artículo 101 . El Poder Público Estadal tiene como competencias concurrentes: • 1. Asegurar, conjuntamente con los Municipios, el mantenimiento o restablecimiento del orden público, la protección de la familia, al hogar y a los ciudadanos. • 2. Ejercer a través de sus órganos las funciones de seguridad ciudadana en los términos establecidos en la Constitución de la República y la ley. • 3. Conservar, administrar y aprovechar las carreteras y autopistas nacionales, así como los puertos y aeropuertos de uso comercial, en coordinación con el Ejecutivo Nacional. • 4. Cualquier otra no contemplada en esta Constitución. Artículo 102 . El Estado creará los mecanismos para descentralizar y transferir a los municipios, los servicios y competencias que gestionen y que estén en capacidad de prestar, así como la administración de los respectivos recursos, en las áreas de su competencia. La ley creará mecanismos abiertos y flexibles para descentralizar y transferir a las comunidades y grupos organizados los servicios que éstos gestionen, previa demostración de su capacidad para prestarlos. Sección cuarta: De los contratos de interés público Artículo 103 . Los contratos de interés público estadal requerirán la aprobación del Consejo Legislativo, en los casos que determine la ley. En los contratos de interés público celebrados por el Estado se exigirán condiciones y garantías especiales y se requerirá la aprobación de la Contraloría General del Estado, con la debida opinión del Procuraduría General del Estado, de conformidad con la ley. Artículo 104 . Es Estado no podrá celebrar contratos de interés público con Estados o entidades financieras extranjeras, o con sociedades no domiciliadas en Venezuela, ni traspasarse a ellos sin la aprobación de la Asamblea Nacional, oída la opinión del Consejo Legislativo. Artículo 105 . El Ejecutivo establecerá convenios de cooperación con entes públicos, privados, comunidades organizadas y entes no gubernamentales, mediante distintas formas de asociaciones estratégicas con fines socioeconómicos y de gestión pública, de conformidad con la Constitución de la República y la ley. Sección quinta: De las relaciones con otros Poderes Públicos Artículo 106 . Las ramas del Poder Público Estadal, tienen sus funciones propias y están obligadas a colaborar entre sí en la realización de los fines del Estado y del beneficio colectivo a nivel nacional, municipal y parroquial. Artículo 107 . Las ramas del Poder Público Estadal están obligadas a mantener una estrecha relación y cooperación con los poderes públicos judicial, ciudadano y electoral, dada su importancia y trascendencia para los intereses del Estado y de conformidad con la Constitución de la República y la ley. Artículo 108 . El Poder Público Estadal a través del Consejo Legislativo, propiciará, promoverá y velará por la participación de la comunidad organizada en la integración de las mesas de diálogo que seleccionará las ternas que se postulen ante la Asamblea Nacional, para conformar el Poder Ciudadano y el Poder Electoral, de conformidad con la Constitución de la República y la ley. Capítulo II Del Poder Legislativo Sección Primera: Disposiciones generales Artículo 109 . El Poder Legislativo lo ejerce el Consejo Legislativo, órgano parlamentario, al cual le corresponde legislar sobre las materias de competencia estadal y las demás atribuciones que le asigne la Constitución de la República, ésta Constitución y la ley. Artículo 110 . El Consejo Legislativo estará integrado por legisladores en un número no mayor de quince ni menor de siete, quienes proporcionalmente representarán a la población del Estado y de los municipios, elegidos de conformidad con la ley. Cada legislador tendrá un suplente. Las comunidades indígenas elegirán conforme a la Constitución de la República, a la ley electoral y sus costumbres, un legislador que los represente. Artículo 111 . La obligación de rendir cuentas, el cumplimiento de los demás deberes y obligaciones inherentes a su cargo, y la inmunidad de los legisladores en el ejercicio de sus funciones, se regirán por las disposiciones de la Constitución de la República y la ley. Artículo 112 . Los actos del Consejo Legislativo, en ejercicio de sus atribuciones privativas, no están sometidos al veto, examen o control del Poder Público Nacional, ni de los órganos de la rama ejecutiva del Poder Público Estadal, y sólo podrán ser impugnados por inconstitucionalidad o ilegalidad por ante el Tribunal Supremo de Justicia conforme a la Constitución de la República y la ley. Sección segunda: De las atribuciones del Consejo Legislativo Artículo 114 . Son atribuciones del Consejo Legislativo: • 1. Sancionar el Proyecto de Constitución Estadal y presentar iniciativas de enmiendas o reformas de conformidad con lo dispuesto en la Constitución de la República. • 2. Velar por el cumplimiento de la Constitución de la República, de ésta Constitución, las leyes y por el respeto de los derechos humanos. • 3. Dictar su Reglamento Interno y de organización y aplicar las sanciones que en el se establecen. • 4. Nombrar su Directiva, la Comisión Delegada y las demás comisiones, dentro o fuera de su seno, que considere necesarias conforme a la Constitución de la República, esta Constitución y las leyes. • 5. Organizar su servicio de vigilancia y custodia. • 6. Aprobar, modificar y ejecutar su presupuesto de acuerdo a su autonomía funcional y administrativa de conformidad con la ley correspondiente. • 7. Decidir sobre el allanamiento de la inmunidad de los Legisladores que lo integran cuando le sea solicitado por el Tribunal Supremo de Justicia. La decisión se tomará en sesión expresamente convocada a tal efecto, con no menos de veinticuatro horas de anticipación y mediante acuerdo razonado aprobado por las dos terceras partes de sus miembros. • 8. Realizar las investigaciones pertinentes sobre actos de la administración pública. Todos los funcionarios de la administración pública y los particulares, están obligados a comparecer ante el Consejo Legislativo y su Comisiones, a objeto de suministrar las informaciones que se les solicite, so pena de las sanciones que establezca la ley, sin menoscabo de los derechos y garantías constitucionales. • 9. Interpelar a cualquier funcionario público de la administración centralizada y descentralizada del Estado y, si el caso lo ameritara, solicitar su destitución ante las instancias competentes. • 10. Requerir a los entes centralizados y descentralizados dependientes de la administración pública estadal, los proyectos de desarrollo y la presentación de cuentas, anualmente y cuando lo considere pertinente, de conformidad con la ley. • 11. Solicitar la convocatoria del referendo consultivo de las materias de especial trascendencia estadal, los proyectos de desarrollo y la presentación de cuentas anualmente y cuando lo considere pertinente, de conformidad con la ley. • 12. Ejercer funciones de control, seguimiento y evaluación parlamentaria de los órganos de la administración pública estadal, en los términos consagrados en la Constitución de la República, esta Constitución y la ley. • 13. Sancionar las leyes de desarrollo de aquellas leyes de bases dictadas por el Poder Nacional, que regulen las competencias concurrentes y residuales. • 14. Sancionar la Ley de Presupuesto del Estado, dentro de los lapsos establecidos por la ley. • 15. Autorizar los créditos adicionales a los presupuestos estadales. • 16. Sancionar las leyes de descentralización y transferencia de los servicios públicos a los municipios y a las comunidades organizadas, y aquellas que promuevan la participación ciudadana en los asuntos de competencia estadal. • 17. Dictar la Ley de División Político territorial del Estado y resolver acerca de la creación, fusión, modificación o eliminación de municipios y demás entidades locales territoriales, determinando sus denominaciones oficiales, límites y demás elementos constitutivos de organización y funcionamiento, de conformidad con la Constitución y las leyes. • 18. Sancionar la Ley de Hacienda Pública Estadal, conformes a los principios del régimen presupuestario y del sistema tributario establecido en la Constitución y la ley. • 19. Aprobar las líneas generales del Plan de Desarrollo del Estado que será presentado por el Poder Ejecutivo Estadal, en el transcurso del tercer trimestre del primer año de cada período Constitucional. • 20. Recibir para la su evaluación el informe del Gobernador sobre su gestión del año inmediato anterior. A tales efectos, el Consejo Legislativo fijará dentro de los treinta días siguientes a su instalación anual, la sesión en la cual el ciudadano Gobernador presentara dicho informe. • 21. Autorizar la salida del Gobernador del Estado del Espacio Geográfico Venezolano, cuando su ausencia se prolongue por un lapso superior a cinco días consecutivos. • 22. Autorizar al Ejecutivo Estadal para enajenar bienes muebles e inmuebles de conformidad con la ley. • 23. Autorizar al Gobernador para nombrar al Procurador General del Estado, de acuerdo a lo establecido en esta Constitución y la ley. • 24. Solicitar la remoción o retiro del Secretario General de Gobierno y de los Directores Generales sectoriales, que con abuso de autoridad, negligencia e imprudencia en el ejercicio de sus funciones violen o menoscaben los derechos constitucionales o causen perjuicios patrimoniales a la administración o a los particulares, cuando la solicitud de destitución o remoción se apruebe con el voto de las dos terceras partes de los legisladores presentes, su acatamiento será obligatorio para el Gobernador. • 25. Participar en la designación del Contralor del Estado, juramentarlo y destituirlo, de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República y la ley. • 26. Designar su representante ante el Consejo de Planificación de Políticas Públicas. • 27. Organizar y promover la participación ciudadana e implementar los mecanismos que garanticen la inclusión de las opiniones que emanen de los diferentes sectores, en el ejercicio de las funciones propias del órgano legislativo. • 28. Acordar honores a quienes hayan prestado servicios meritorios a la República, al Estado o a los Municipios. Es de su exclusiva competencia legislar sobre la creación de órdenes y condecoraciones de carácter estadal, dejando a salvo la autonomía municipal. • 29. Legislar sobre aquellas materias de interés Estadal, no previstas en la Legislación Vigente. • 30. Las demás que señale la Constitución de la República, esta Constitución la ley. Sección tercera: De los legisladores Artículo 115 . Para ser elegido representante al Consejo Legislativo del Estado se requiere ser venezolano por nacimiento o naturalizado con quince años de residencia permanente en el país, mayor de veintiún años de edad, haber residido cuatro años consecutivos en el Estado o en la circunscripción que pretenda representar antes de la fecha de la elección, estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, y no estar sujeto a las prohibiciones establecidas en la Constitución de la República. Artículo 116 . Los Legisladores del Consejo Legislativo representan a la población del Estado y están obligados a cumplir sus labores a dedicación exclusiva, deben dar cuenta anualmente de su gestión a los electores de la circunscripción por la cual fueron elegidos y estarán sometidos al referendo revocatorio del mandato en los términos previstos en la Constitución de la República y la ley. Están obligados a presentar la declaración jurada de bienes ante la autoridad competente, en los términos que establezca la ley. El legislador cuyo mandato fuere revocado no podrá optar a cargos de dirección pública durante el lapso de la revocatoria ni a cargo de elección popular en el siguiente período. Sección cuarta: De la Comisión Delegada Artículo 117 . Durante el receso del Consejo Legislativo, funcionará la Comisión Delegada integrada por el Presidente del Consejo quien la presidirá y un número no mayor de cuatro de sus integrantes quienes representarán en lo posible la composición política del cuerpo en pleno. Sección quinta: De la formación de las leyes Artículo 118 . La Ley Estadal es el acto sancionado por el Consejo Legislativo como cuerpo legislador del Estado. El Consejo Legislativo podrá dictar leyes, acuerdos y reglamentos. Artículo 119 . El Consejo Legislativo o las Comisiones Permanentes durante la discusión y aprobación de los proyectos de leyes, consultarán a los otros órganos del Estado, a los ciudadanos y a la sociedad organizada para oír su opinión. Cuando se trate de materias relativas a las comunidades y a los municipios, serán consultados mediante los mecanismos que establezca la ley. Para las discusiones de leyes, tendrán derecho de palabra ante la Comisión de Mesa y las Comisiones Permanentes respectivas, el Gobernador, el Procurador, el Contralor, el Defensor del Pueblo, el Juez Rector, los Correlatores del Proyecto de Ley y la Comunidad Organizada, en los términos que establezca la ley y su reglamento interno. El Estado establecerá, además de los mecanismos previstos, otros medios de consulta y participación ciudadana para estos fines. Artículo 120 . Para convertirse en ley, todo proyecto recibirá dos discusiones, en días diferentes siguiendo las reglas establecidas en la Constitución y el reglamento interno. Aprobado el proyecto de ley, el Presidente del Consejo Legislativo la declarará sancionada y la enviará al Gobernador del Estado a los fines de su promulgación. Artículo 121 . El Gobernador del Estado promulgará la ley dentro de los diez días siguientes al de su recibo. Dentro de ese lapso podrá con acuerdo de su Gabinete, solicitar al Consejo Legislativo mediante exposición razonada, que modifique alguna de sus disposiciones o levante la sanción total o parcial de la ley. El Consejo Legislativo decidirá acerca de las objeciones planteadas por el Gobernador, por mayoría absoluta de los Legisladores presentes y le remitirá la ley para su promulgación. El Gobernador debe proceder a promulgar la ley dentro de los cinco días siguientes a su recibo, sin poder formular nuevas observaciones. Cuando la objeción se fundare en la inconstitucionalidad de la ley o de alguno de sus artículos, el Gobernador solicitará, dentro del término fijado para promulgar la ley, a la Sala Constitucional de Tribunal Supremo de Justicia su pronunciamiento acerca de la inconstitucionalidad alegada, en cuyo caso se aplicará lo previsto en la Constitución de la República. Artículo 122 . Cuando el Gobernador del Estado no promulgase la ley en los lapsos señalados, el Presidente del Consejo Legislativo, procederá a su promulgación, ordenando la publicación, con su correspondiente “Cúmplase” o “Ejecútese”, en la Gaceta Oficial del Estado. La promulgación por el Consejo Legislativo no eximirá al Gobernador de su responsabilidad por omisión. Artículo 123 . Las leyes se derogan por otras leyes y se abrogan por referéndum, salvo las excepciones expresas en la Constitución de la República, pudiendo ser reformadas total o parcialmente. La ley que sea objeto de reforma parcial se publicará en un solo texto que incorpore las modificaciones aprobadas. Artículo 124 . La ley entrará en vigencia desde su publicación en la Gaceta Oficial del Estado o en la fecha posterior que ella misma señale. CAPITULO III Del Poder Ejecutivo Sección primera: Del Gobernador del Estado Artículo 125 . El gobierno y la administración del Estado corresponde al Gobernador, quien es el Jefe del Ejecutivo Estadal, de acuerdo con la Constitución del a República, esta Constitución y las leyes. Para ser Gobernador se requiere: • 1. Ser venezolano por nacimiento, o por naturalización con domicilio y residencia ininterrumpida en Venezuela por un lapso no menor de quince años. • 2. Mayor de veinticinco años de edad. • 3. De estado seglar. • 4. Haber residido cuatro años consecutivos en el Estado antes de la fecha de la elección. • 5. De comprobada solvencia moral. • 6. No estar sometido a condena mediante sentencia definitivamente firme, ni haber sido condenado por delitos cometidos durante el ejercicio de funciones públicas y otros que afecten el patrimonio público. • 7. Estar en pleno goce de sus derechos políticos y civiles. Artículo 126 . El Gobernador será elegido por un período de cuatro años por mayoría de las personas que voten en el Estado y podré ser reelegido, de inmediato y por una sola vez, para un nuevo período. Artículo 127 . El Gobernador electo prestará juramento ante el Consejo Legislativo y tomará posesión del cargo, dentro de los diez primeros días siguientes a su proclamación. Si por cualquier motivo sobrevenido no pudiese juramentarse ante ese órgano, lo hará ante un Juez Superior de la Circunscripción Judicial del Estado. Artículo 128 . Cuando el Gobernador electo no tomare posesión de su cargo dentro del término previsto en esta Constitución, el Presidente del Consejo Legislativo ejercerá el cargo provisoriamente con el carácter de Gobernador Encargado del Estado, hasta que el Gobernador electo o quien deba llenar la falta absoluta proceda a tomar posesión del cargo, según sea el caso. Artículo 129 . Cuando se produzca la falta absoluta del Gobernador electo antes de la toma de posesión o durante los primeros dos años del período constitucional, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los treinta días, consecutivos siguientes: Mientras se elige y toma posesión el nuevo Gobernador electo, se encargará de la Gobernación del Estado el Presidente del Consejo Legislativo. En ambos casos el nuevo Gobernador electo completará el período constitucional correspondiente, de acuerdo a la ley. Artículo 130 . Serán faltas absolutas del Gobernador del Estado: • 1. La muerte. • 2. Su renuncia. • 3. La destitución decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. • 4. La incapacidad física o mental permanente certificada por una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia y con aprobación del Consejo Legislativo. • 5. El abandono del cargo, declarado por el Consejo Legislativo. • 6. Por la revocatoria popular de su mandato. Artículo 131 . Las faltas temporales del Gobernador del Estado serán suplidas por el Secretario General de Gobierno con el carácter de Gobernador encargado, hasta por un lapso de noventa días, prorrogables por decisión del Consejo Legislativo por noventa días más. Si la falta temporal se prolonga por más de noventa días consecutivos sin que hayan sido prorrogados por el Consejo Legislativo, este decidirá por la mayoría de sus integrantes, si debe considerarse que existe falta absoluta. Artículo 132 . La ausencia del Gobernador del Estado, fuera del territorio nacional por un lapso superior a cinco días consecutivos, requiere autorización del Consejo Legislativo o de la Comisión Delegada. Artículo 133 . El Poder Ejecutivo tendrá su asiento principal en la Ciudad de Barcelona, capital del Estado Anzoátegui, pero podrá actuar transitoriamente fuera de ella cuando por Decreto razonado lo resuelva, previa autorización del Consejo Legislativo o la Comisión Delegada. Sección segunda: De las atribuciones y deberes del Gobernador del Estado. Artículo 134 . Son atribuciones y obligaciones del Gobernador del Estado: • 1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República, esta Constitución y las leyes, dentro del ámbito de su autoridad. • 2. Administrar la Hacienda Pública Estadal. • 3. Dirigir la acción del Gobierno Estadal. • 4. Presidir el Consejo de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas. • 5. Presidir la Comisión Estadal de Ordenación del Territorio. • 6. Reglamentar total o parcialmente las leyes del Estado sin alterar su espíritu, propósito o razón. • 7. Representar al Estado en el Consejo Federal de Gobierno y ante cualquier otra instancia Nacional o instancia Internacional. • 8. Convocar al Consejo Legislativo a sesiones extraordinarias. • 9. Suscribir contratos, acuerdos y convenios de interés para el Estado Anzoátegui con personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o internacionales, con sujeción a la Constitución de la República, ésta Constitución y la ley. • 10. Decretar créditos adicionales al Presupuesto del Estado, previo cumplimiento de los requisitos legales y con la aprobación del Consejo Legislativo o su Comisión Delegada. • 11. Negociar los empréstitos que apruebe el Consejo Legislativo con sujeción a la ley que regule la materia. • 12. Defender la igualdad, autonomía y personalidad jurídica del Estado contra todo hecho que la comprometa, así como su territorio, fueros y derechos. • 13. Dictar las medidas que crea conducentes para dirimir las controversias que se susciten con los otros Estados, siempre que no se refieran a sus límites y a su autonomía. • 14. Nombrar y remover a los empleados y funcionarios al servicio del Poder Ejecutivo Estadal, de acuerdo a la Constitución y de conformidad con la ley. • 15. Rendir, anual y públicamente, cuenta de su gestión ante el Contralor del Estado y presentar un informe de la misma ante el Consejo Legislativo y el Consejo de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas, dentro de los lapsos establecidos por esta Constitución y de conformidad con la ley. • 16. Presentar anualmente ante el Consejo Legislativo, el Proyecto de Ley de Presupuesto de Ingresos y Gastos Públicos, dentro de los primeros quince días del mes de octubre, para su discusión y aprobación. • 17. Presentar ante el Consejo Legislativo el Plan de Desarrollo del Estado Anzoátegui, antes de los sesenta días de la consignación del Proyecto de Ley de Presupuesto de Ingresos y Gastos Públicos. • 18. Comparecer ante el Consejo Legislativo para informar sobre la Administración Estadal, a requerimiento de la Cámara o por propia decisión. • 19. Participar en las discusiones de las leyes en el seno de las Comisiones internas de Consejo Legislativo, o en Cámara Plena, si fuere el caso, con voz pero sin voto. • 20. Decretar y ejecutar las obras públicas del Estado, y vigilar la correcta inversión de los recursos que a ellas se destinen, garantizando la calidad de las mismas. • 21. Solicitar al Presidente de la República que decrete el estado de emergencia o de alarma. Igualmente solicitar la delegación de su ejecución. • 22. Ejercer la suprema autoridad jerárquica de los órganos estadales de seguridad ciudadana, con sujeción a las normas y políticas emanadas del Poder Público Estadal y Nacional. • 23. Proponer ante el Consejo Legislativo la terna para la elección del Procurador del Estado. • 24. Garantizar los derechos y velar por el ámbito de sus competencias. • 25. Las demás que le señalen la Constitución de la República, esta Constitución y la ley. Sección tercera: Secretario General de Gobierno y Directores del Gabinete Artículo 135 . El Secretario General de Gobierno es órgano directo y colaborador inmediato del Gobernador del Estado en su condición de jefe del Ejecutivo Estadal, suple las faltas temporales del mismo y dirige al gabinete ejecutivo de gobierno. Los actos del Gobernador deberán ser refrendados por éste con excepción del decreto de su nombramiento. Artículo 136 . El Secretario General de Gobierno y los directores del gabinete ejecutivo deberán ser venezolanos, mayores de veinticinco años de edad, estado seglar, de conocida solvencia moral y cumplir con los demás requisitos exigidos por ley. Artículo 137 . El Secretario General de Gobierno y los directores del Gabinete ejecutivo, serán funcionarios de libre nombramiento y remoción. Las atribuciones del Secretario General de Gobierno, el número de directores, su denominación, competencias y atribuciones estarán definidas por la ley respectiva. Capítulo IV De la Contraloría y Procuraduría General del Estado Artículo 138 . La Contraloría General del Estado es el órgano de control, vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos, bienes públicos y estadales, así como de las operaciones relativas a los mismos. Goza de plena autonomía funcional, administrativa y organizativa, y orienta su actuación a las funciones de inspección de los organismos y entidades sujetas a su control. Artículo 139 . La Contraloría General del Estado implementará un sistema de control de gestión que le permitirá evaluar el cumplimiento y resultado de las decisiones y políticas públicas de los órganos, entidades y personas jurídicas del sector público del Estado sujetos a su control, relacionadas con sus ingresos, gastos y bienes. Artículo 140 . La Contraloría General del Estado actuará bajo la responsabilidad y dirección del Contralor General del Estado, el cual durará cinco años en ejercicio de sus funciones y será designado mediante concurso público en los términos establecidos en la ley. La organización, funciones, atribuciones y faltas, tanto absolutas como temporales, así como las condiciones para el ejercicio del cargo, serán establecidas por ley. Artículo 141 . El Contraloría General del Estado presentará anualmente al Consejo Legislativo un informe de su gestión sobre la actuación de la administración pública estadal y municipal, centralizada y descentralizada, dentro del lapso y parámetros establecidos por la ley orgánica, sin menoscabo de las facultades, atribuidas a la Contraloría General de la República. Artículo 142 . El Presupuesto asignado a la Contraloría General del Estado, en todo lo que se refiere a su elaboración, formulación y ejecución, estará sujeto a la ley que regule la materia. Artículo 143 . Para ser Contralor General del Estado se requiere cumplir con los requisitos establecidos en la ley que rige la designación y destitución del contralor o contralora del Estado. Artículo 144 . No podrá ser Contralor General del Estado quien se encuentre ligado por parentesco dentro del cuarto grado de consaguinidad o segundo de afinidad entre sí, con el Gobernador del Estado, Secretario General de Gobierno, Directores del Gabinete Ejecutivo, Procurador General del Estado, Tesorero General del Estado y Contralor Interno de la Gobernación del Estado. Artículo 145 El Contralor General del Estado será designado, juramentado y destituido con la participación del Consejo Legislativo. La forma y oportunidad de este procedimiento se hará de acuerdo a lo establecido en la ley. Artículo 146 . El Contralor General del Estado será responsable administrativa, civil, penal y disciplinariamente por los actos y omisiones ilícitas en que incurra en el ejercicio de sus funciones. Serán causales de su destitución las establecidas en la ley nacional aplicable. Artículo 147 . La Contraloría General del Estado, de oficio o a solicitud del Consejo Legislativo, podrá ejercer en todo momento actos de control sobre las actuaciones de la administración pública y ésta deberá acatar las decisiones que adopte el ente contralor. Sección Segunda: De la Procuraduría General del Estado Artículo 148 . La Procuraduría General del Estado asesora, defiende y representa judicial y extrajudicialmente los intereses patrimoniales del Estado Anzoátegui. La ley desarrollará lo relativo a su organización, competencia y funcionamiento. Artículo 149 . El Procurador General del Estado será seleccionado por el Consejo Legislativo de la terna presentada por el Ejecutivo Estadal, de conformidad con la ley. Artículo 150 . Para ser Procurador del Estado se requiere ser venezolano, abogado, de estado seglar, de comprobada capacidad profesional, de reconocida solvencia moral y ética, y los demás requisitos que determine la ley. Artículo 151 . El procurador General del Estado ejercerá sus funciones por el mismo período previsto para el Gobernador del Estado. La ley establecerá los mecanismos para su designación y causales para su remoción. Artículo 52 . La faltas temporales y absolutas del Procurador General del Estado será cubiertas por le Su-Procurador, quien será designado en la misma oportunidad y condiciones que el Procurador del Estado. Sus funciones y atribuciones serán determinadas por la ley. TÍTULO V DEL PODER MUNICIPAL Capítulo I Disposiciones generales Artículo 153 . Los municipios constituyen la unidad política primara de la organización nacional, con personalidad jurídica propia y autonomía dentro de los límites establecidos en la Constitución de la República y la ley. La autonomía municipal comprende: • 1. La elección de sus autoridades. • 2. La gestión de las materias de su competencia. • 3. La creación, recaudación e inversión de sus ingresos. Artículo 154 . El Municipio tiene como competencia el gobierno, administración y gestión de sus intereses, y todas aquellas materias que le sean asignadas por la Constitución de la República y la legislación nacional aplicable. Artículo 155 . La actuaciones del Municipio en el ámbito de sus competencias se cumplirán incorporando la participación ciudadana al proceso de definición y ejecución de la gestión pública, así como al control y evaluación de sus resultados, de manera oportuna, suficiente y efectiva, conforme a la ley. Los actos del Municipio solo podrán ser impugnados ante los tribunales competentes, de conformidad con la Constitución de la República y la ley. Artículo 156 . El número, ámbito territorial, denominación y capital de los municipios del Estado Anzoátegui, serán expresamente establecidos por la Ley de División Político Territorial, la cual debe desarrollar los principios constitucionales y las bases establecidas en la legislación nacional aplicable. Artículo 157 . La ley que regula la materia municipal establecerá todo lo relativo al sistema de mancomunidades entre los municipios y la creación de modalidades asociativas Intergubernamentales con otros entes públicos territoriales en asuntos de su competencia. Artículo 158 . Cuando dos o mas municipios pertenecientes a una misma entidad federal tengan relaciones económicas, sociales y físicas que den al conjunto características de un área metropolitana, podrán organizarse en distritos metropolitanos. La ley determinará todo lo relativo a su creación, garantizando el carácter democrático y establecerá sus competencias funcionales, régimen fiscal, financiero y de control, así como las condiciones de población, desarrollo económico y social, situación geográfica y otros aspectos de importancia. Artículo 159 . El Consejo Legislativo, previo pronunciamiento favorable, mediante consulta popular de la población afectada, definirá los límites del Distrito Metropolitano y lo organizará según lo establecido en la legislación nacional aplicable, determinando cuales de las competencias metropolitanas serán asumidas por los órganos de gobierno del respectivo Distrito Metropolitano. Cuando los municipios, que deseen constituirse en un Distrito Metropolitano pertenezcan a entidades federales distintas, corresponderá a la Asamblea Nacional su creación y organización. Artículo 160 . Los municipios, con aprobación del Consejo Legislativo, podrán crear parroquias y otras entidades locales dentro de su territorio, conforme a las disposiciones que determine la ley, a los fines de promover la descentralización y la desconcentración de la administración municipal, la participación ciudadana y la mejora en la prestación de los servicios públicos, previendo los recursos necesarios para la consecución de los fines asignados. Su creación atenderá a la iniciativa vecinal o comunitaria. En ningún caso, las parroquias serán asumidas como divisiones exhaustivas o imperativas del territorio del municipio. Artículo 161 . Los municipios podrá transferir la prestación de servicios a las comunidades o grupos vecinales organizados que lo soliciten, previa demostración de su capacidad para prestarlos, conforme a la Constitución de la República y la ley. Capítulo II De la organización y división del Poder Público Municipal Artículo 162 . En cada Municipio se ejercerá una función ejecutiva que le corresponde al Alcalde y una función legislativa que le corresponde al Concejo Municipal, integrado por concejales. Tolo lo relativo a la forma de elección, el número, condiciones de elegibilidad y de residencia, prohibiciones, causales de inhibición e incompatibilidad para la postulación y el ejercicio de las funciones de Alcaldes y concejales se regirá por lo que al respecto establezcan la Constitución de la República y la ley. Artículo 163 . Cada Municipio tendrá una Contraloría Municipal dirigida por un Contralor quien ejercerá el control, vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes municipales así como de las operaciones relativas a los mismos, sin menoscabo de las atribuciones de la Contraloría General de la República. La ley determinará los requisitos, mecanismos de selección y designación del Contralor Municipal y demás normas relativas al a Contraloría Municipal. Artículo 164 . En cada Municipio habrá una Sindicatura a cargo de un Síndico Procurador designado por el Concejo, quien representará y defenderá judicial y extrajudicialmente los intereses del Municipio, asesorará jurídicamente al Alcalde y al Concejo en los asuntos que por naturaleza requiera dictamen legal. La ley determinará los requisitos y mecanismos para el nombramiento del Síndico Procurador Municipal, así como sus competencias y atribuciones. Artículo 165 . Los ingresos, lo ejidos y las limitaciones legales que tienen los municipios se regirán por las disposiciones contempladas en la Constitución de la República, esta Constitución y la ley. Artículo 166 . En cada Municipio se creará un Consejo Local de Planificación Pública, cuya conformación y funcionamiento estará regidos por la Constitución de la República y la ley. Artículo 167 . El Municipio promoverá la definición y creación de zonas y asociaciones complementarias de desarrollo económico en los límites con otros municipios, que reúnan las condiciones de interés geoestratégicos, sociales, económicas y limítrofes, sujetas a la aprobación de estatutos especiales; así como las iniciativas para favorecer el aprovechamiento integral de las ventajas comparativas de dichas zonas. El Consejo Legislativo dictaminará las pautas de estos modelos asociativos con las modalidades que establezca la ley en la adjudicación de su situado constitucional y otros recursos económicos. Artículo 168 . El Municipio creará un Consejo Municipal de Derechos del Niño y del Adolescente, el cual será un órgano de naturaleza pública, deliberativa, consultiva y contralora que, con representación paritaria del sector público municipal y de la sociedad, se encargará de velar por el cumplimiento de los derechos difusos y colectivos de los niños y adolescentes, consagrados en la Constitución de la República, esta Constitución y la ley. Este órgano, así como el Consejo de Protección Local del Niño y del Adolescente, se regirán por lo dispuesto en las leyes y en las ordenanzas municipales que se dicten sobre la materia. TITULO VI DEL CONSEJO DE PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS Artículo 169 . El Consejo de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas se rige por la Constitución de la República y la ley, y actuará de acuerdo a con los principios constitucionales de integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia, corresponsabilidad, coordinación, interdependencia y subsidiaridad. Artículo 170 . El Consejo de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas es el órgano del Poder Público Estadal para la planificación concertada, la participación y cooperación entre actores institucionales, de la comunidad organizada, y de las comunidades y pueblos indígenas en el ámbito intraterritorial a los fines de alcanzar el desarrollo armónico, equilibrado y sustentable del Estado. Su organización y funcionamiento, así como las relaciones con el Poder Público serán establecidas por ley. Artículo 171 . El Consejo de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas tendrá su sede en la Ciudad de Barcelona y estará constituido por el Gobernador quién lo presidirá, los Alcaldes, los Directores o Representantes Estadales de los Ministerios, una representación de los Diputados electos por el Estado a la Asamblea Nacional, una representación de los Legisladores del Consejo Legislativo, una representación de los Concejales por cada municipio, una representación de la comunidad organizada equivalente al número de actores institucionales que integran el Consejo y una representación de las comunidades indígenas, de conformidad con la Constitución de la República y la ley. Artículo 172 . Las políticas acordadas por el Consejo de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas serán vinculantes. Artículo 173 . El Consejo de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas laborará mancomunadamente con los Consejos Locales de Planificación Pública con asiento en el Estado, en todas aquellas materias relacionadas con el desarrollo armónico, capacidad para generar ingresos fiscales propios, situación geográfica, elementos históricos y culturales, otros factores relevantes para cada Municipio. Así mismo podrá desarrollar acciones de cooperación entre Consejos Locales de Planificación Públicas de diferentes entidades en pro de sus competencias. TITULO VII DEL SISTEMA SOCIOECONÓMICO Capítulo I Disposiciones generales Artículo . 174 El régimen socioeconómico del Estado Anzoátegui se adhiere a los principios de justicia social, democracia participativa, productividad, eficiencia, protección del ambiente, solidaridad y libre competencia, a los fines de asegurar el desarrollo humano integral y una existencia digna y provechosa para la comunidad. El Poder Público Estadal conjuntamente con la iniciativa privada promoverá el desarrollo armónico de la economía regional, elevará el nivel de vida de la población y fortalecerá la autonomía económica de la entidad, garantizado la permanencia, dinamismo y equidad del crecimiento de la economía que conlleve a una justa distribución de la riqueza social. Artículo 175 . El Estado garantizará las libertades económicas, el derecho de propiedad, la participación en la actividad económica, sin más limitaciones que las previstas en la Constitución de la República, esta Constitución y la ley. Sección segunda: De la participación del Estado en la actividad económica Artículo 176 . El Ejecutivo creará entidades funcionalmente descentralizadas para la realización de proyectos de desarrollo económico de interés público, en sectores estratégicos procurando asegurar la razonable productividad económica y social de los recursos públicos que se inviertan. Esta actividad y sus resultados, serán sometidos a revisión por parte del Consejo Legislativo y la Contraloría General del Estado, tanto en la fase de ejecución como en el control posterior de su ejercicio económico, en los términos y lapsos establecidos por la Constitución de la República y la ley. Artículo 177 . El Ejecutivo podrá convenir la construcción, operación o administración de obras y servicios públicos, en concesión, comodato, arrendamiento o la figura que mejor convenga a los intereses del Estado y de conformidad con la Constitución de la República, esta Constitución y la ley. Sección tercera: Del fomento, promoción e incentivos socioeconómicos Artículo 178 . El Estado, en coordinación con el Gobierno Nacional y Municipal, y con la participación de la comunidad organizada, promoverá políticas para el desarrollo agropecuario y agroindustrial, asegurando el aprovechamiento y uso racional de los recursos naturales, a fin de garantizar el crecimiento económico, la seguridad agroalimentaria de su población, la producción y comercialización de los bienes agrícolas y el financiamiento oportuno y necesario al sector, para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Artículo 179 . El Estado fomentará la creación de un fondo regional de financiamiento a los sectores agrícola, pecuario, pesquero, pequeña y mediana industria, artesanal y turístico, sin menoscabo de que puedan ser creados fondos para actividades específicas cuando las exigencias del desarrollo así lo determinen; asimismo promoverá las redes de distribución y comercialización estadal, nacional e internacional, con énfasis en la exportación y consumo de los productores locales tradicionales. Artículo 180 . El Estado promoverá y fomentará el aprovechamiento y explotación racional de los recursos minerales metálicos y no metálicos de acuerdo con las políticas dispuestas en la ley que regula la materia y a las disposiciones contenidas en el Plan de Ordenación del Territorio del Estado Anzoátegui. Artículo 181 . El Estado ejercerá, de manera coordinada armónica y con sujeción a las directrices nacionales en materia de turismo, las acciones conducentes para garantizar le tratamiento integral previsto en esta materia y fomentar la actividad turística en los planes de desarrollo estadal, de conformidad a la Constitución de la República, esta Constitución y la ley. Artículo 182 . El Estado propiciará las condiciones para el desarrollo rural integral sustentable, a través de la promoción y el fortalecimiento del cooperativismo y otras formas asociativas de producción, el impulso de la competitividad agrícola y agroindustrial, el establecimiento de centros de copio, la construcción de sistemas de riego, el uso óptimo de la tierra, la construcción y mejoras de las vías agrícolas y ferroviarias, el acceso a los servicios básicos, la generación de empleo, la dotación de insumos, el otorgamiento de créditos, la capacitación y asistencia técnica , entre otros: a fin de garantizar el crecimiento económico del sector y el desarrollo humano de la población. Artículo 183 . El Estado dictará medidas para la promoción organización, financiamiento, transferencia tecnológica, comercialización y vigilancia de la actividad pesquera y de acuacultura, a objeto de desarrollar y fortalecer el sector y garantizar la seguridad alimentaria de su población, dentro de un marco de desarrollo integral sustentable que propenda al aprovechamiento racional de los recursos hidrológicos, la conservación de los ecosistemas marinos costeros, mejorar las condiciones de vida de los pescadores artesanales y otras personas vinculadas a esta actividad, de conformidad con la Constitución de la República, esta Constitución y la ley. Artículo 184 . El Estado diseñará políticas para el fortalecimiento del sector servicios, promoviendo la participación de los entes públicos y privados y la inversión nacional e internacional, a fin de facilitar la operatividad de los otros sectores de la economía y garantizar el desarrollo social sustentable, de conformidad con el plan de desarrollo estadal y la ley. Artículo 185 . El Estado dictará medidas para la promoción, organización, financiamiento, transferencia tecnológica, comercialización y vigilancia de la actividad pesquera y de acuacultura, a objeto de desarrollar y fortalecer el sector y garantizar la seguridad alimentaria de su población, dentro de un marco de desarrollo integral sustentable que propenda al aprovechamiento racional de los recursos hidrológicos, la conservación de los ecosistemas marinos costeros, mejorar las condiciones de vida de los pescadores artesanales y otras Personas vinculadas a esta actividad, de conformidad con la Constitución del a República, esta Constitución y la ley. Artículo 184 . El Estado diseñará políticas para el fortalecimiento del sector servicios, promoviendo la participación de los entes públicos y privados y la inversión nacional e internacional, a fin de facilitar la operatividad de los otros sectores de la economía y garantizar el desarrollo social sustentable de conformidad con el plan de desarrollo estadal y la ley. Artículo 185 . El Estado creará y fortalecerá los centros de educación, investigación y experimentación para el fomento y desarrollo de la agricultura, la pesca y la acuacultura, facilitando la incorporación de los egresados al proceso productivo de la región. Artículo 186 . El Estado diseñará políticas que permitan a toda persona incorporarse al sistema de producción y comercialización, mediante su organización en microempresas, cooperativas, unidades familiares y artesanales, cualquier otra forma asociativa, y su afiliación al sistema integral de seguridad social de conformidad con la ley. Artículo 187 . El Estado fomentará y fortalecerá la creación y desarrollo de la microempresa, las cooperativas, asociaciones productivas, las unidades de producción artesanal, las empresas de servicios; las pequeña, mediana y gran industria a través de programas de capacitación asistencia técnica, financiamiento oportuno, mejora de la capacidad productiva; garantizando las preferencias de compras del sector público y la adjudicación de concesiones de servicios, según corresponda; de conformidad con el Plan de Desarrollo Estadal y la ley. Artículo 188 . El Estado diseñará políticas orientadas a promover e incentivar la inversión pública y privada en la creación, desarrollo y consolidación del sistema regional de distribución física masiva de cargas y personas que por vía terrestre, aérea, marítima y fluvial. Lo concerniente a esta materia será regulado por ley Artículo 189 . El Estado promoverá las inversiones privadas en aquellas rutinas operativas orientadas a conformar centros integrados de servicios de movilización de personas y cargas, reservando el carácter público de las mismas y las de seguridad estratégica, de conformidad con la Constitución de la República y la ley. Sección Cuarta: De la corresponsabilidad del Estado en la actividad económica Artículo 190 . El Estado velará porque las industrias, empresas y explotaciones del sector público o privado, constituidas o por constituirse o que realicen operaciones, en su territorio, cuenten con la perisología de la instalación y funcionamiento, circunscriban sus actividades al espacio geográfico expresamente autorizado, y cumplan con las demás exigencias que establezca la constitución de la República y la ley. El Estado promoverá la suscripción de convenios con estos entes, orientados ala inversión de planes sociales y dotación de servicios públicos en las comunidades aledañas a sus actividades. Artículo 191 . El Estado adoptará medidas necesarias a los fines de que toda persona pueda obtener ocupación productiva y reciba la debida capacitación e inducción. A tales efectos promoverá la celebración de convenios con las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, domiciliadas o no, instaladas o por instalarse, que desarrollen actividades económicas en su territorio, de conformidad con la ley. Artículo 192 . El Estado velará porque en la prestación del servicio de educación, como actividad económica, se cumplan los requisitos éticos, académicos, científicos, económicos, de infraestructura y las demás que la ley establezca. Asimismo, procurará que las matrículas y las mensualidades sean acordes a la calidad de las instalaciones y los servicios que presenten, y que la remuneración del personal docente esté sujeta a la legislación vigente en la materia. Artículo 193 . El Estado velará porque la prestación del servicio de salud, como actividad económica, cumpla con las exigencias mínimas para la eficiencia del servicio y esté sujeto a los principios bioéticos y demás condiciones y requisitos establecidos en la Constitución de la República, esta Constitución y la ley. Artículo 194 . El Estado velará porque los eventos deportivos, culturales, recreativos y turísticos, realizados por iniciativa pública o privada, no sean contrarios a la moral y las buenas costumbres, y cumplan con las normas de seguridad pertinentes. Los niños y ancianos gozarán de trato preferencial. Artículo 195 . El Estado promoverá la industria deportiva para la producción de instrumentos, equipos y accesorios, necesarios para la práctica y masificación del deporte, a fin de impulsar y diversificar el desarrollo estadal. Artículo 196 . El Estado velará porque las empresas de servicio de seguridad, cumplan los requisitos y exigencias para su organización y funcionamiento, garanticen a su personal seguridad y protección social, y demás exigencias para su operación de conformidad con la Constitución de la República y la ley. Artículo 197 . El Estado velará porque las personas vinculadas con actividades económicas de manipulación de alimentos, despacho de mercancía, productos comestibles y medicinales, atención al público y operaciones que impliquen manejo de equipos o maquinarias, cumplan con los requisitos exigidos en materia de seguridad y salubridad pública, de conformidad con la legislación nacional aplicable. Capítulo II De la Hacienda Pública Estadal Artículo 198 . La Hacienda Pública del Estado Anzoátegui está constituida por los bienes, rentas, derechos y acciones que conforman el activo y por las deudas, compromisos y obligaciones, legítimamente contraídas, que forman el pasivo de la entidad y todos los demás bienes e ingresos cuya administración le corresponda. El Estado tendrá los mismos privilegios y prerrogativas fiscales y procesales de que goza la República. Artículo 199 . La Hacienda Pública Estadal estará bajo la responsabilidad del Gobernador del Estado, quien la administra y gestiona, de conformidad con la ley. El Contralor General, el Procurador General del Estado y el Consejo Legislativo, velarán por su mejor administración, defensa y custodia. Artículo 200 . En la ley de Presupuesto de Ingresos y Gastos Públicos del Estado se incluirá anualmente una partida que expresa la Participación municipal en el situado, que será distribuida entra las entidades municipales que integran el Estado, conforme a la Constitución de la República y la ley. Artículo 201 . No se cubrirá ningún gasto o inversión que no haya sido previsto en la ley de Presupuesto. Sólo podrán decretarse créditos adicionales al presupuesto para gastos no previstos o cuyas partidas resulten insuficientes, siempre que el tesoro estadal cuente con recursos para cubrir la respectiva erogación. A este efecto se requiere la autorización previa del Consejo Legislativo o en su defecto de la Comisión Delegada. Artículo 202 . El Estado no reconocerá otras obligaciones, deudas o compromisos que las contraídas por órganos legítimos del Poder Público Estadal, de conformidad con la ley. Artículo 203 . En los presupuestos públicos anuales del Estado, en todos sus niveles de gobierno, se establecerá de manera clara, para cada crédito presupuestario, el objetivo específico a que esté dirigido, los resultados concretos que se espera obtener y los funcionarios públicos responsables para el logro de tales resultados, lo cuales se establecerá en términos cuantitativos, mediante indicadores de desempeño, siempre que ello sea técnicamente posible. El ejecutivo estadal, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento al ejercicio anual, presentará al Consejo Legislativo la rendición de cuentas y el balance de la ejecución presupuestaria correspondiente a dicho ejercicio. Artículo 204 . El Estado debe remitir al Ejecutivo Nacional, a los fines de información, la ley de presupuesto y los informes parciales de la ejecución presupuestaria, dentro de los lapsos establecidos, de conformidad con la legislación aplicable. Capítulo III De los ingresos públicos estadales Sección primera: De los ingresos Artículo 205 . Forman parte de la Hacienda Pública Estadal los ingresos que perciba el Estado provenientes de fuentes u operaciones ordinarias, extraordinarias y especiales. Artículo 206 . Son ingresos ordinarios de la Hacienda Pública Estadal: • 1. Los recursos que le corresponden al Estado por concepto del situado constitucional, conforme a la Constitución de la República y la ley. • 2. Los ingresos provenientes de las transferencias de ramas tributarias. • 3. Los ingresos procedentes de su patrimonio y la administración de sus bienes. • 4. Los ingresos que se produzcan por la venta de especies fiscales. • 5. Las tasas por uso de bienes y servicios. • 6. Los provenientes de las multas y sanciones. • 7. Los intereses devengados por colocaciones de dinero. • 8. Los dividendos producidos por las entidades descentralizadas. • 9. Los provenientes de tributaciones transitorias para fondos de emergencia. • 10. Los provenientes de impuestos creados y los cedidos por la Nación, mediante ley. Artículo 207 . Son ingresos Especiales los recursos que provienen del Fondo de Compensación Interterritorial, Fondo Intergubernamental para la Descentralización, Ley de Asignaciones Especiales y los de cualquier otra transferencia, subvención o asignación especial, así como también los fondos que le asigne el Poder Nacional y la participación en los tributos nacionales, de conformidad con la ley. Artículo 208 . De los ingresos obtenidos como producto de los beneficios o dividendos de las entidades descentralizadas, se harán apartados para un fondo de contingencia destinado a cubrir daños o desastres naturales y emergencias sociales, de conformidad con la ley. Artículo 209 . El Estado solicitará al Poder Público Nacional recursos económicos y competencias político administrativas que faciliten la ejecución de planes y proyectos de desarrollo territorial equilibrado y la transferencia de recursos a los municipios y parroquias. Sección segunda: Del sistema tributario Artículo 210 . El sistema tributario procurará la Justa distribución de las cargas públicas, según la capacidad económica del contribuyente, atendiendo al principio de progresividad. Igualmente estará integrado por el conjunto de principios, órganos, normas y procedimientos que rigen la creación, administración, organización, recaudación y control de los tributos por parte del Estado, conforme a los principios constitucionales y legales establecidos. Artículo 211 . El Estado podrá contratar la recaudación de sus tributos tanto con el Ejecutivo Nacional, con los municipios, institutos autónomos o empresas públicas, mixtas o privadas, de reconocida solvencia, y siempre que con ello se asegure una recaudación más eficaz y de menor costo, de conformidad con la ley. Artículo 212 . Los funcionarios responsables de las gestiones de recaudación y administración de los tributos y demás ingresos y bienes, deberán prestar caución suficiente en los montos y condiciones, ante los órganos competentes, establecidos por ley. Artículo 213 . No podrá cobrarse impuestos, tasas y contribuciones que no estén establecidos por la ley, ni concederse exenciones, exoneraciones, rebajas ni otras formas de incentivos fiscales, sino en los casos previstos en la ley. Artículo 214 . El Estado regulará la creación, organización, recaudación, fiscalización, administración y control de tributos en los ramos de papel sellado, timbre y estampillas, los aplicables sobre explotaciones de minerales no metálicos no reservados al poder nacional, las salinas y ostrales, la administración de tierras baldías y las tasas referidas a servicios de puertos, aeropuertos y peajes, y a los demás impuestos, tasas y contribuciones especiales que se les asigne por ley nacional. Artículo 215 . Las leyes que desarrollen las materias tributarias y económicas del Estado, contemplará regímenes de incentivo fiscal a la inversión privada, especialmente en el área turística, agropecuaria, pesquera, agroindustrial, vivienda e infraestructura de servicios sociales, por ser prioritarias para el desarrollo económico sustentable del Estado. TÍTULO VIII DEL AMBIENTE Y APROVECHAMIENTO RACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES Capítulo I Disposiciones generales Artículo 216 . Es un deber y un derecho de los ciudadanos, proteger y mantener el medio ambiente, la diversidad biológica y genética, los procesos ecológicos, los parques y monumentos naturales, áreas bajo régimen de administración especial, y otras de importancia ecológica; así como el uso y aprovechamiento racional de los recursos naturales, en beneficio de las generaciones presentes y futuras. Los órganos del Poder Público Estadal, colaborarán en el cumplimiento y aplicación de las leyes que rigen la materia. Capítulo II De los mecanismos de aprovechamiento y protección al medio ambiente Artículo 217 . El Estado velará por el cumplimiento de las políticas dirigidas al saneamiento ambiental y a la solución de problemas de contaminación, con especial atención los referidos a la contaminación de cuerpos de aguas, los que ocasionasen graves daños a la salud y los que afecten a las comunidades. Artículo 218 . El Estado vigilará que las instancias competentes atiendan y resuelvan los asuntos, conflictos y reclamos que en materia de seguridad ambiental afecten a las comunidades. Artículo 219 . El estado velará por que las empresas que desarrollen actividades económicas en su territorio susceptibles de generar daños a los ecosistemas, cumplan con el requisito de presentación previa de los estudios de impacto ambiental y sociocultural, el plan de inversión para la restauración de l medio ambiente intervenido y el plan de seguimiento y control de conformidad con la legislación nacional aplicable. Artículo 220 . El Estado fomentará la preservación y atención a las especies animales y vegetales, en especial alas declaradas en peligro de extinción y establecerá medidas preventivas y correctivas en los casos excepcionales de brotes epidémicos, contaminación y situaciones de peligro que amenacen la salubridad pública y ambiental. Artículo 221 . Es responsabilidad del Estado velar por las áreas bajo régimen de administración o protección especial. Las modificaciones de dichas áreas se harán sólo cuando estén destinadas a su protección y constituyan una jerarquía superior en el orden de preservación y conservación de las mismas, de conformidad con la ley. TÍTULO IX DE LA PROTECCIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN Capítulo I De la protección a la constitución Artículo 222 . Esta Constitución no perderá su vigencia su dejare de observarse por un acto de fuerza o porque la Constitución de la República fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, el pueblo de Anzoátegui seguirá el mandato de la Constitución Nacional y estará en el deber de organizarse y colaborar en el restablecimiento del orden constitucional. Capítulo II De las enmiendas y de las reformas de la constitución Artículo 223 . La enmienda tiene por objeto la adición o modificación de uno o varios artículos de la Constitución, sin alterar su estructura fundamental. Artículo 224 . La reforma constitucional tiene por objeto una revisión parcial de esta Constitución y la sustitución de una o varias de sus normas que no modifiquen la estructura y principios fundamentales del texto constitucional. Artículo 225 . Esta Constitución podrá ser enmendada o reformada por el Consejo Legislativo del Estado, a solicitud del quince por ciento de los electores inscritos en el registro civil y electoral; o de un treinta por ciento de los integrantes del Consejo Legislativo, o del Gobernador. Su aprobación deberá contar con el voto favorable de las dos terceras partes de los legisladores. El Consejo Legislativo aprobará el proyecto de reforma constitucional en un plazo no mayor de dos años, contados a partir de la fecha de aprobación de la solicitud. El proyecto de enmienda reforma será sometido a referendo aprobatorio dentro de los treinta días siguientes a su sanción, conforme lo determina la Constitución de la República y la ley. Capítulo III De los estados de emergencia y alarma Artículo 226 . El Gobernador podrá solicitar al Presidente de la República que decrete el estado de emergencia o de alarma cuando se produzcan catástrofes, hechos de fuerza o acontecimientos que amenacen o pongan en peligro la seguridad de la ciudadanía o de un sector del territorio del Estado y sus habitantes o por la inminencia de acontecimientos de fenómenos naturales catastróficos pronosticados por organismos oficiales especializados. Igualmente solicitará la delegación de su ejecución de conformidad con la Constitución de la República y la ley. Artículo 227 . El Gobernador podrá solicitar al Presidente de la República que decrete el estado de emergencia económica cuando se susciten circunstancias económicas extraordinarias que afecten gravemente la vida económica del Estado. Igualmente solicitará la delegación de su ejecución de conformidad con la Constitución de la República y la ley. DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA . Queda derogada la Constitución del Estado Anzoátegui, sancionada el día 25 de noviembre de 1985, promulgada el día 18 de Diciembre del mismo años, publicada en Gaceta Oficial del Estado, Número 32 Extraordinario del día 20 del mes de Diciembre del año 1985 y reformada en fecha 13 de Julio de 1993, publicada en Gaceta Oficial Número 124 Extraordinario, de fecha 23 de agosto de 1993; el resto del ordenamiento jurídico estadal mantendrá su vigencia en todo lo que no contradiga esta Constitución. DISPOSICIONES TRANSITORIAS PRIMERA Si el primer mandato constitucional bajo potestad de esta Constitución se produjese en período diferente al previsto, las autoridades nombradas por elección de primer y segundo grado ejercerán sus mandatos desde y hasta la fecha o fechas que indique el Poder Electoral. Se procederá de igual manera en los casos de mandatos diferidos en lapsos distintos a los establecidos por la Constitución de la República en caso de duda conocerá en forma privativa la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. SEGUNDA. El Consejo legislativo dictará las leyes para adecuar el ordenamiento jurídico estadal en los términos que indica la Constitución de la República, esta Constitución y la ley. TERCERA . En un lapso no mayor a ciento ochenta días continuos a partir de la entrada en vigencia de esta Constitución, el Consejo Legislativo, iniciará la reforma o elaboración de las leyes relativas a: Ley de la Tercera Edad; Ley de Cultura; Ley de Simplificación de Trámites y Procedimientos Administrativos; Ley que crea el Consejo de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas. Y en un lapso no mayor a dos años, las leyes las leyes relacionada con: Ley de Timbre Fiscal; Ley de Protección Ambiental; Ley de División Político Territorial; Ley de Minas; Ley de Salinas; Ley que crea el Fondo de Desarrollo y financiamiento Agrícola, Pecuario, pesquero, turístico, artesanal y pequeña y mediana industria; Ley sobre el régimen de contratación por la Administración Pública Estadal para la Ejecución de Obras y la Adquisición de Bienes y Servicios; Reforma de la Ley de Contraloría; Reforma a la Ley de Procuraduría del Estado; Ley Estadal de Administración Financiera del Sector Público; Reforma de la Ley de Administración Pública; las leyes que crean las Zonas Territoriales de Desarrollo Económico; Reforma a la Ley de Deportes; Ley de Salud Pública; Ley que rige el Sistema Integral de Atención Médica de Emergencia; Ley de Participación Ciudadana; Ley sobre Seguridad Pública y Ciudadana; Ley Regional de Ciencia y Tecnología y las demás que se deriven de esta Constitución y las leyes nacionales. CUARTA. El Estado, una vez que entre en vigencia esta Constitución, traducirá su contenido en el idioma oficial de los pueblos indígenas de su territorio. DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA . Esta Constitución entrará en vigencia el mismo día de su publicación en la Gaceta Oficial del Estado Anzoátegui y la misma por ser derivada de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y aprobada por el pueblo en Diciembre de 1.999, no necesita ser sometida a Referendo y será sancionada por el Consejo Legislativo de conformidad con el Artículo quince, ordinal primero, sección primera del capítulo tercero, de la Ley Orgánica de los Consejos Legislativos de los Estados, de fecha Jueves trece de Septiembre de dos mil uno, Gaceta Oficial número 37.282 de la República Bolivariana de Venezuela. Dado, Firmado y Sellado en el salón de Sesiones, sede del Consejo Legislativo del Estado Anzoátegui en Barcelona, a los treinta días del mes de Mayo de Dos mil dos, Año 192 º de la Independencia y 143 º de la Federación. El Presidente del Consejo Legislativo Rafael Ángel Vásquez El Vicepresidente del Consejo Legislativo Jesús Antonio Díaz López Legisladores del Consejo Legislativo del Estado Pedro Celestino Contreras Guevara Álvaro José Díaz García Harold José Padilla Carrasco Orlando Álvarez Orta Ramón Celestino Martínez Francisco Javier Guacarán Adelmo Francisco Rondón Martínez Jesús Gustavo Orellana León El Secretario de la Cámara del Consejo Legislativo del Estado Gonzalo José Barreto Comisión Ciudadana Ricardo Antonio Franceschi Guaipo Jesús Rafael Galindo Alfredo José Peña Ramos Moisés Uberto Tolosa Picón Julian Villarroel Ruíz Luís Germán Pérez Rodríguez Rafael Dum Francia Josefina Tovar Parada Berthing León Oscar Pereira Leidis Josefina Vilarroel Ruíz Víctor Gómez Marín Juan Bautista Ortiz Jiménez